sábado, 9 de febrero de 2008

El PRI pide juicio político contra González Márquez

La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados y el Comité Directivo Estatal del tricolor en el estado de Jalisco presentaron una solicitud de juicio político contra el gobernador Emilio González Márquez, a quien se le acusa de haber violado el articulo 134 de la Constitución, al promocionar su imagen con recursos públicos.
Héctor Padilla Gutiérrez, presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, y el presidente del PRI en Jalisco, Javier Guízar Macías, dieron a conocer la denuncia que sustenta la solicitud contra el gobernador panista, quien “ha promocionado su nombre, imagen y voz en programas de gobierno pagados con recursos públicos; los priístas en Jalisco no impedimos que el gobernador promueva mensajes para resaltar los programas de su gobierno, como lo está haciendo Felipe Calderón de manera institucional, sino que salga su nombre, su imagen y su voz”, explicaron.
Se documenta que el 28 de enero pasado, González Márquez inició una campaña en diversos canales de televisión y radio, “con la difusión de mensajes propagandísticos del gobierno estatal, en los cuales aparece su imagen y su voz”.
Guízar Macías dijo que públicamente se le solicitó ordenar el retiro de dichos mensajes, pero el llamado no fue atendido y, en cambio, se intensificó la transmisión hasta el 6 de febrero.

Exigen senadores aclarar abuso en envío de cartas

Sepomex debe dar explicaciones, dice González Alcocer
Andrea Becerril
Senadores de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) exigieron que se aclare el abuso con las franquicias postales en el que habría incurrido el priísta Jorge Mendoza Garza, quien envió millón y medio de cartas a ciudadanos de Nuevo León, con cargo al erario.
La senadora perredista Rosario Ibarra dijo que el empresario de medios de comunicación actuó mal, ya que aunque no esté del todo reglamentado, es obvio que las franquicias son para asuntos oficiales del Congreso, no para que los senadores hagan propaganda electoral. “Si el senador Mendoza se quiere promover como candidato a gobernador de Nuevo León, que lo haga, pero con sus propios recursos”, agregó.
Igualmente, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador panista Alejandro González Alcocer, expresó molestia, ya que, dijo, el hecho “es reprobable desde cualquier ángulo que se le quiera ver”, pues, entre otras cosas, da motivo para que los ciudadanos tengan una “mala imagen del Congreso”.
La legisladora Ibarra recordó que a finales del año pasado uno de sus vecinos –en la ciudad de Monterrey– le mostró la carta que Mendoza le había hecho llegar, con su fotografía, teléfonos de una oficina de enlace y un texto en el que se ponía a su disposición.
“Mi vecino estaba extrañado, me dijo que no entendía por qué le había enviado la carta a su domicilio, si él ni lo conocía”, detalló la luchadora social, y resaltó que ese millón y medio de cartas pueden cubrir a los residentes en Monterrey y el área conurbada.
Lamentó que un integrante del Senado actúe de esa manera y exponga a los demás legisladores a ser catalogados también de abusivos. “En forma alguna se justifica lo que hizo y más cuando se trata de un empresario con recursos, que fue ejecutivo de una televisora, pero no quiere arriesgar su dinero”.
A su vez, González Alcocer dijo que todo se origina en que Mendoza Garza “está esperando ser candidato a gobernador”, pero “lo que hizo habla muy mal de él”.
Entrevistados por separado, ambos legisladores coincidieron en señalar que el asunto debe investigarse a fondo en el Senado y valorar incluso si deben mantenerse las franquicias. González Alcocer hizo notar que la directora del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), Purificación Carpinteyro, está obligada también a explicar cómo es que se autorizó el año pasado al ex vicepresidente de Televisión Azteca el envío gratuito de millón y medios de cartas a ciudadanos de Nuevo León.
Ibarra señaló, en tanto, que “es una lástima que el Senado y Sepomex se echen la bolita”, en lugar de poner remedio al abuso. Coincidió en señalar que, por lo pronto, debe aclararse si los senadores pueden usar las franquicias postales y en qué porcentaje.
Al senador Mendoza Garza tampoco ayer se le pudo localizar. No contestó el teléfono y en sus oficinas la respuesta fue que está fuera de la ciudad de México.

Perredistas se inclinan por “construir”

El coordinador de la bancada perredista en el Senado, Carlos Navarrete, se comprometió ante sus colegas Santiago Creel (PAN) y Manlio Fabio Beltrones (PRI) a que los senadores de su partido se sentarán sin tardanza a discutir los temas fundamentales para el país en el contexto de la reforma del Estado, promesa que fue bien recibida por el priísta y el panista.
“El país requiere de reformas y éstas o se acuerdan en el Congreso o no hay forma de poder impulsarlas. O se construyen en la pluralidad del Congreso con un presidente en las actuales circunstancias (que no tiene) mayoría parlamentaria, o dejamos pasar la oportunidad de lograr reformas fundamentales en la vida política y económica del país”, señaló el legislador.
Al participar en el seminario internacional ¿Cómo hacer que funcione el sistema presidencial?, organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Navarrete aseveró que la “fuerza de izquierda” que representa el PRD tiene dos opciones en el actual contexto político: “o reformamos para preparar nuestro acceso al poder o bloqueamos para acelerar el desgaste del (actual) gobierno, acceder al poder y luego reformar desde el gobierno; yo me inscribo en la primera tendencia”.
El perredista manifestó que entre los temas a analizar están la relección de legisladores –con un tiempo límite para una correcta rendición de cuentas–, que los miembros del gabinete presidencial sean ratificados por el Senado y que se proponga que el secretario de Gobernación sea el jefe de ese cuerpo y que en su nombramiento exista opción a veto por parte del Legislativo.
Otras de esas reformas, destacó, serían la tramitación de leyes prioritarias y urgentes, establecer un régimen de responsabilidades al Ejecutivo y sus colaboradores en caso de que violen la Constitución, dar autonomía al Ministerio Público, modificar el esquema del Informe presidencial e inclusive reformar al propio Legislativo, propuestas presentadas minutos antes por Jorge Carpizo, ex procurador general de la República e investigador del IIJ durante su participación en el seminario.
Posteriormente, en entrevista, Navarrete aclaró que esta propuesta no significa que los legisladores de su partido analicen dialogar con Felipe Calderón. “Aquí no se ha abierto ningún diálogo con Calderón, se ha ratificado la voluntad del PRD de seguir transitando en los canales parlamentarios, sobre todo en el Senado, para explotar las reformas que hacen falta en el país”.

Campesinos piden al Congreso albergar diálogo con el gobierno sobre el TLCAN

El líder de la UNTA descarta mantener negociaciones en la Secretaría del Trabajo
Gabriel León Zaragoza
Las organizaciones campesinas y sindicales que marcharon el pasado 31 de enero consensan con legisladores federales la propuesta de que una de las cámaras del Congreso de la Unión funja como sede de la mesa de diálogo ofrecida por el gobierno federal para atender sus demandas, y que el Poder Legislativo sea testigo y garante de los acuerdos que se alcancen.
De aprobarse esta proposición –que pretenden anunciar la próxima semana, luego que la depuren– líderes campesinos informaron que quedaría inoperante el espacio de diálogo que el gobierno federal ha mantenido abierto desde enero del año pasado en la Secretaría del Trabajo.
Hasta el momento las dirigencias campesinas y sindicales han convenido que el centro de la respuesta que darán a la postura asumida por Felipe Calderón –quien la semana pasada fijó su posición ante los problemas del campo, en reunión que sostuvo con líderes priístas– es “la demanda inamovible” de que el gobierno de la República y el Senado inicien un proceso de argumentación para solicitar la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
“El espacio oficial que se ha mantenido abierto por 12 meses está totalmente descartado. Estamos por la integración de una comisión de gobierno en la que estén las secretarías de Gobernación, Hacienda, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social. No nos oponemos a que estén las otras (dependencias) que propone el gobierno, ya que no habrá una comisión exclusiva (como la que opera con Agricultura, Economía y Trabajo), que no ha servido”, afirmó el líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López.
Sostuvo en entrevista que dentro del bloque campesino se impulsa el diálogo con la administración calderonista bajo la supervisión de una instancia “que testifique y garantice los acuerdos a los que lleguemos, para que después el gobierno no se eche para atrás”.
Esta medida, precisó, pretende evitar la “negra” experiencia que tuvieron con el gobierno de Vicente Fox, con quien los campesinos lograron en 2003 la firma del Acuerdo Nacional para el Campo en un espacio neutro, el cual se trató de un pacto en el que “nadie tuvo la encomienda de vigilar y ser garante”, por lo que sus alcances no se concretaron.
“Luego de la firma, el entonces secretario de Agricultura, Javier Usabiaga, y sus colegas hicieron todo lo posible por incumplir lo pactado, como la puesta en marcha de un programa emergente con recursos extraordinarios por dos mil 600 millones de pesos para vivienda, salud y becas. Tampoco se abrió en la Secretaría de Economía una oficina de investigación comercial para monitorear estas actividades en Estados Unidos y Canadá.
“Además, no se realizaron las consultas para llevar el tema de la renegociación del capítulo agropecuario al Comité Administrador del TLCAN, con el fin de realizar adecuaciones y ver la posibilidad de alcanzar acuerdos paralelos. Se incumplió con impulsar una evaluación de las reformas agrarias para ver la pertinencia de otorgar mayores garantías a la propiedad social.”

Un mito, la escasez de recursos para modernizar Pemex: PRD

El argumento gubernamental en torno a la escasez de recursos en Petróleos Mexicanos (Pemex) para reinversión y modernización “es un mito insostenible”, porque la paraestatal es la segunda empresa petrolera que genera el mayor monto de utilidades a escala mundial, refiere la Coordinación de Desarrollo Económico del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Cámara de Diputados.
Tan sólo en 2007 los ingresos petroleros del gobierno federal ascendieron a 880 mil 459 millones de pesos. Un análisis elaborado por el diputado Alejandro Sánchez Camacho señala que Pemex, sin descontar los impuestos que el gobierno le cobra cada año, se ha convertido en la segunda empresa petrolera más rentable del mundo.
“En 2006, los ingresos de Pemex superaron 102 mil millones de dólares y sus utilidades, antes de impuestos, alcanzaron 72 mil 100 millones, cantidad que sólo fue superada por la trasnacional Exxon, que obtuvo ganancias por 76 mil 300 millones de dólares en ese rubro”, dijo.
La tercera empresa mundial, la angloholandesa Shell, captó 53 mil 300 millones de dólares de utilidades antes de impuestos; es decir, 21 mil 800 millones menos que Pemex. La brasileña Petrobras ganó 24 mil millones de dólares en utilidades antes de impuestos.
En el caso de Pemex, el costo total de su operación es inferior a 10 por ciento de sus ingresos totales y su nómina representa apenas 3.5 por ciento de sus ingresos.
“Como el señor (Felipe) Calderón y sus cómplices parecen ignorarlo, es menester subrayar también que Pemex está considerada la décima empresa integrada del mundo, la tercera en producción y la undécima en reservas de crudo, la decimotercera en producción de gas natural y capacidad de refinación, y la segunda surtidora de crudo a Estados Unidos”, señaló Sánchez Camacho.
El análisis refiere que desde hace décadas los ingresos petroleros han sido utilizados como sustitutos de los impuestos que “debería entregar al fisco el gran capital nacional y extranjero”. De tal forma que 40 por ciento de la recaudación fiscal es aportada por Pemex.
La dependencia fiscal de recursos no se circunscribe al pago de impuestos y derechos, éste incluye el llamado superávit primario que se impone a la paraestatal con el fin de incrementar la capacidad de endeudamiento del gobierno, sin que se refleje en su balance presupuestal.
“En 2007 los ingresos petroleros de la administración federal, conforme a la información proporcionada por la Secretaría de Hacienda, alcanzaron 880 mil 459 millones de pesos y se calculó un superávit primario de 147 mil millones. Para 2008, se le impuso un elevado superávit primario por casi 135 mil millones de pesos. Al finalizar este año, Pemex tendrá congelados 457 mil millones, sin otro objetivo que financiar la ficción contable del equilibrio presupuestal.”

El PRD está unido para defender el petróleo, asegura López Obrador








Atlatlahucan, Mor., 8 de febrero. Andrés Manuel López Obrador convocó desde este municipio a la asamblea que tendrá lugar el domingo 24 de febrero en la torre de Petróleos Mexicanos, donde, junto con los partidos que integran el Frente Amplio Progresista (FAP), dará a conocer el plan de acción para evitar que el petróleo o la energía eléctrica se entreguen a los extranjeros. “Nos vamos a dar, como dicen en mi tierra, piedra con coyol, porque de ninguna manera vamos a permitir que estos vendepatrias entreguen el petróleo, que es de todos”.
En el recorrido de hoy, con el que terminó de visitar todas las cabeceras municipales de la entidad, el ex candidato presidencial enfatizó que si se mantiene el petróleo como propiedad de la nación se puede crear empleos e industrializar el país y convertirlo en potencia energética. “El petróleo es clave. ¿Por qué lo ambicionan tanto? Porque es el mejor negocio del mundo; extraer un barril cuesta cuatro dólares, y se vende en más de 80”, dijo.
Aun cuando existen diversas convocatorias de grupos internos del PRD, en las que se llama a la sociedad a “oponerse a la estrategia de los potentados para despojar a los mexicanos del patrimonio nacional”, López Obrador enfatizó que si en algo hay unidad es justamente en la defensa de Pemex.
“Yo dije, por ejemplo, que no estoy de acuerdo con el nombramiento de los integrantes del Instituto Federal Electoral (que avaló la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara de Diputados), y esa es mi opinión. En un partido democrático es natural que se escuchen voces distintas, pero en la defensa del petróleo estamos todos unidos. No hay nada que agradaría más a la derecha que vernos divididos, pero no va a ser así”, enfatizó.
Dijo que existe esa misma unidad en la condena generalizada a una política neoliberal que ha “empobrecido al pueblo” y ha entregado ya los bancos, las minas y los ferrocarriles, y ha empezado a privatizar silenciosamente la industria eléctrica.
“En estos meses no han hecho más que seguir al pie de la letra las reglas que les impone el Fondo Monetario Internacional (FMI); así hicieron con la Ley del ISSSTE, por lo que ahora los trabajadores tendrán que laborar más años para jubilarse y sólo van a recibir la mitad de sus salarios. Da gusto que ante este agravio, cerca de un millón de trabajadores al servicio del Estado interpusieron amparos, y tienen que ser atendidos”, dijo, y desde el zócalo de Cuernavaca, último punto de su recorrido, ofreció que “cuando se den las condiciones, vamos a derogar esa ley”.
Se refirió también a la reciente reforma fiscal, “que trajo más pobreza al país, y ahora sigue el intento de privatizar el petróleo, como hicieron con Teléfonos de México, las dos líneas aéreas (Mexicana y Aeroméxico) y los bancos. “Muchos no lo saben, pero violando la Constitución, que en el artículo 27 establece que sólo el Estado puede generar energía eléctrica, estos usurpadores han dado concesiones al sector privado para producirla, con la garantía de que la Comisión Federal de Electricidad se las comprará; este gobierno espurio es el más tenaz violador de la Carta Magna, y por eso tenemos que evitar que se queden con lo que más ambicionan, que es el petróleo”.
Es mentira del gobierno espurio –continuó– que haga falta dinero para modernizar la paraestatal, ya que en los últimos años el precio del barril de crudo ha estado muy por encima de lo que se presupuestó; hoy se venden un millón 300 mil barriles diarios, y sólo de excedentes, en 2007 el “gobierno usurpador recibió miles de millones de pesos, de modo que no es un problema de que falte dinero, ya que este año van a obtener más de 200 mil millones de pesos por el mismo concepto, con lo que se puede convertir Pemex en palanca del desarrollo”.
Enfatizó que “otra falacia” es que México no tiene tecnología para extraer petróleo de aguas profundas: “es mentira, porque el mayor porcentaje lo tenemos en tierra o en aguas poco profundas. ¿Qué hay detrás de todo esto? La voracidad, la rapiña. El pueblo, que es respetuoso, los ve como autoridad, pero en realidad son unos rateros que inventan pretextos para despojar a los mexicanos de lo que les pertenece”.


ONU: la justicia civil debe castigar abusos militares en lucha antinarco








La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Louise Arbour, pidió al gobierno mexicano que asuma el compromiso de combatir con toda energía los feminicidios, los asesinatos de periodistas, las redes de pornografía y pederastia, como lo está haciendo con el narcotráfico, “es decir, con todos los esfuerzos, porque eso es lo que pide la gente”.
En conferencia de prensa efectuada al concluir su visita de trabajo a México, Arbour subrayó: “El gobierno debe invertir para reconstruir el sistema civil de aplicación de la ley. Tiene que destinar importantes recursos –todos los que sean necesarios– para fortalecer las instituciones civiles y combatir la corrupción que existe en las corporaciones policiacas, por lo que éstas no pueden hacer frente a la delincuencia organizada”.
La alta comisionada, quien permaneció cuatro días en el país y escuchó numerosos testimonios de violaciones a derechos humanos, destacó que “el gobierno tiene que invertir recursos para reconstruir el sistema de justicia civil, mejorar la capacitación de los policías y el sistema judicial. Es necesario que realice inversiones para cerciorarse de que el cumplimiento de la ley se da en México”.
Arbour, quien se reunió esta semana con funcionarios de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores, y con los titulares de Seguridad Pública y Defensa Nacional, así como con el Presidente de la República y el de la Corte, acusó:
“Los militares han cometido violaciones a derechos humanos en el combate al crimen organizado –violaciones de mujeres y adolescentes, asesinatos, detenciones arbitrarias, robos y saqueos– que deben ser investigadas por la justicia civil. Los abusos perpetrados por militares tienen que ser atendidos por tribunales civiles y no sólo por la disciplina del Ejército”.
Advirtió que el uso de las fuerzas armadas para combatir el narcotráfico y el crimen organizado “puede generar mayor violencia y provocar que civiles inocentes salgan afectados o pierdan la vida, particularmente cuando los militares utilizan la fuerza para confrontarse con grupos fuertemente armados, lo que lleva a tipos letales de confrontación. Considero que la guerra contra las drogas, si es que existe tal, o la guerra contra el crimen organizado, estas llamadas guerras tienen que ganarse no en las calles, sino en los tribunales”.
Luego abundó que el peligro “es que haya una escalada, un aumento de las acciones violentas –del Ejército y el crimen organizado–, algunas de las cuales pueden presentarse en áreas pobladas por civiles, en las cuales personas inocentes accidentalmente pueden ser convertidas en víctimas de las confrontaciones armadas tan robustas; esto es un peligro y el Ejército debe estar atento a ello”.
Enseguida, ante los insistentes cuestionamientos por la participación de militares en violaciones a derechos humanos que han cometido en el desarrollo de sus tareas, Arbour sostuvo:
“Debe recordarse al Ejército la prohibición estricta a los asesinatos o muertes de civiles. En principio, debe arrestarse a los responsables, a los acusados, para que se les siga juicio y se determine su responsabilidad o culpabilidad. Uno tiene que asegurar que el Ejército entienda que el uso de la fuerza tiene que estar diseñado para activar un proceso judicial, no para realizar o aplicar una fuerza extraordinaria; no puede llegarse a sacrificios o asesinatos extrajudiciales.
“El Estado, que tiene el monopolio sobre el uso legítimo de la fuerza, tiene que estar muy consciente de los límites y las fronteras que tienen que aplicarse en estas operaciones.”
Luego, la alta comisionada –quien fue fiscal en jefe de los tribunales penales internacionales para la ex Yugoslavia y Ruanda– destacó que “he visto y escuchado que la situación de los derechos humanos en el ámbito nacional plantea persistentes preocupaciones en varias áreas. Entre los principales temas que se me presentaron estuvo el de militares que toman parte en actividades destinadas a hacer cumplir la ley. Quiero enfatizar que la primera obligación del Estado es proteger y defender la vida y la seguridad física.
“Es una situación de serios desafíos a la autoridad del Estado por parte de organizaciones fuertemente armadas (crimen organizado), y de severas deficiencias en las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley, donde se advierte una corrupción extendida. Reconozco el dilema al que se enfrentan las autoridades en el cumplimiento de su responsabilidad de proteger” a la sociedad.
Insistió en que “la utilización de militares en tareas civiles continúa siendo problemática y es fundamentalmente inapropiada por su capacitación, filosofía, equipamiento y las perspectivas de hacer cumplir la ley”.
La alta comisionada indicó que otro tema clave para México es la reforma de la Constitución y del sistema de justicia penal: “Hago un llamado al gobierno y a los legisladores para que aseguren que las normas de derechos humanos adoptadas y firmadas por México en los tratados que ha ratificado el país, reciban rango constitucional y sean aplicadas como ley suprema en los procesos que se llevan ante los tribunales”.
Arbour también se refirió “a las crecientes limitaciones a las libertades de expresión y de reunión. La concentración de los poderes de los medios de comunicación en pocas manos sugiere intensamente la necesidad de un mayor pluralismo y una mayor protección de la diversidad de opiniones, necesaria en una saludable sociedad democrática”.
Por otro lado, hizo notar que los asesinatos y abusos no resueltos contra periodistas contribuyen a un clima de impunidad que afecta el derecho de la libre expresión. Subrayó que hacen falta espacios genuinos para la expresión de la protesta social y de los disensos de la sociedad civil.
Además, señaló que en el caso de la confrontación de los medios masivos de comunicación “debo decir lo siguiente: en una sociedad democrática, le toca al gobierno asegurar que haya un campo de juego parejo para la sociedad. No tengo una receta para México, pero claramente tiene que haber una situación igualitaria, un gran espacio para el pluralismo, para la libertad de expresión y el papel del gobierno es asegurar que haya esto”.

Presentación de danza folclórica
Quisiera invitar al público en general que guste de la danza folclórica al décimo aniversario del grupo folclórico Xcaret, del profesor Carlos Campos, el 9 de febrero a las 16 horas en el Teatro de la Ciudadela. La entrada es libre y podrán disfrutar de cuadros de los estados de Jalisco, Veracruz, Sinaloa, Yucatán y Nuevo León, así como sones huastecos. Esperamos a todos los que crean que “la danza se canta con los pies y se baila con el corazón”.
Lilia Oropeza García, integrante del grupo.

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Cineclub en el Museo de los Ferrocarrileros
Sábado 9 de febrero, 16 horas: El exprés de Berlín (1948), con Merle Oberon, Robert Ryan, Charles Korvin y Paul Lukas. D: Jacques Tourneur. 86 minutos. Entrada gratuita.
Museo de los Ferrocarrileros. Alberto Herrera s/n, colonia Aragón La Villa, junto a la estación del Metro La Villa-Basílica de la línea 6. Teléfonos 5118-6407 y 5118-6409.
Salvador Zarco, director.
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En defensa del petróleo
Invitamos al pueblo en general a participar en la jornada político-cultural en defensa del petróleo, que se llevará a cabo el sábado 9 de febrero a partir de las 12 horas en el Zócalo de la ciudad de México.
Participan: Gabino Palomares, Cruz Mejía, Ana de Alba, Los Nakos, Raymundo Colín, Cayo Vicente, El Llanero Solitito y Alberto Arista, entre otros.
Juan José Sánchez, Arturo de Molina, Manuel Othón, Froylán Yescas y Agustín Guerrero.
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Asamblea ciudadana
Acompáñanos mañana domingo 10 de febrero a las 10 horas en la sexta asamblea ciudadana, que en esta ocasión se realizará en el centro de información en defensa del petróleo, instalado en el Zócalo capitalino (entre el Museo Nómada y 20 de Noviembre).
Flor y Canto: Mayté Barrera, Benny Tapia, Martha Munive, Roberto González y Luz María Ortega.

Discurso de Alejandro Encinas Rodríguez

5 de Febrero 2008.
Uno de los grandes logros y conquistas de la Revolución Mexicana y que quedaron plasmados en nuestra Constitución de 1917, fue establecer la propiedad de la Nación sobre la tierra del espacio aéreo, el subsuelo y las riquezas naturales. Con esta medida nuestra Constitución se hizo prevalecer el interés público por encima del interés privado, lo que creo un profundo conflicto con los Estados Unidos y otros países que consideraron esta medida como un atentado contra sus intereses y contra sus propiedades en México, es ya desde entonces un conflicto legal alegando que no podía establecerse retroactividad en la ley, la era un absurdo, ya que la Constitución renovó nuestro pacto social y esta es la base constitutiva de hoy de nuestra nación.
Los intereses extranjeros y las empresas trasnacionales impulsaron desde entonces, enormes presiones por modificar el artículo 27 Constitucional, sin embargo, el Gobierno de Venustiano Carranza mantuvo la vigencia del nuevo pacto, sin embargo Álvaro Obregón un desvergonzante pacto de Bucareli, y que a cambio de la búsqueda de su reconocimiento por los Estados Unidos a su Gobierno, el cual había sido negado a Carranza reconoció la no retroactividad de la aplicación del artículo 27 Constitucional y se restablecieron los intereses extranjeros en la exploración y explotación de nuestro petróleo, pero es con el Presidente Lázaro Cárdenas cuando se diera el paso definitivo para hacer valer plenamente el mandato constitucional, se expropian los bienes de las empresas extranjeras y se modifica el esquema de relación con las empresas trasnacionales, las que se componen de un embargo económico y tecnológico que busca revertir la expropiación, de ahí las medidas de Cárdenas para formar Petróleos Mexicanos del Instituto Politécnico Nacional para contar con los elementos técnicos para el desarrollo de nuestro país.
El se quiere dar marcha atrás y regresar al pasado, argumentando que no se cuenta con la capacidad tecnológica y financiera para el aprovechamiento de los hidrocarburos y por tanto se quiere permitir, al igual que los tratados de Bucareli, simular una acción legal que encubre la apropiación privada de nuestros recursos energéticos, esta propuesta de reformar leyes secundarias en la Constitución, es regresar a los tratados de Bucareli en forma secreta, que prometieron la soberanía de nuestro país.
El planteamiento de la apertura de PEMEX al capital privado nacional e internacional, se da en el contexto de un deliberado debilitamiento de PEMEX, del olvido presupuestario por décadas del abandono por parte del gobierno federal, la falta de inversión en todas las áreas de la empresa, desde la exploración de nuevas reservas, la explotación del crudo hasta la industria petroquímica, ha provocado que México sea hoy un país deficitario de hidrocarburos a pesar de nuestra enorme riqueza petrolera del país.
PEMEX ha sido manejada mediante una lógica financiera donde se le retiran los recursos económicos que genera y que permitirían contar con inversión suficiente, para su sano desarrollo, para destinarlos a gastos reproductivos. PEMEX ha manejado con eficiencia y se ha buscado debilitarla para justificar su privatización

La estrategia de priorizar las extracciones masivas de petróleo para su venta al exterior, olvidándose de la obtención de productos con valor agregado, ha reducido rápidamente las reservas de petróleo y beneficiado a nuestros compradores externos de quienes adquirimos gasolinas, a costos crecientes y posponiendo la construcción de operación de refinerías propias.
La corrupción y la burocracia de la empresa, y la complicidad de los líderes de su sindicato, ha tenido un sustento político para el financiamiento de las campañas del PRI del pago de facturas del gobierno actual en su alianza con el sindicalismo corporativo más corrupto del país, deteriorando aún más la situación financiera de la empresa.
Sin embargo y a pesar de todos los intentos por desmantelar a PEMEX, PEMEX es hoy la empresa más rentable y solvente de América Latina. Solamente en 2006, los ingresos de PEMEX superaron los 100 mil mdd y sus utilidades, sin impuestos, sólo fueron superadas a nivel mundial por la transnacional EXXON. El costo de operación de PEMEX es apenas superior al 10% de sus ingresos totales, lo que la hace la empresa petrolera más rentable del mundo.
PEMEX, está considerada como la décima empresa integrada del mundo; la tercera en producción y la onceava en reservas de crudo; así como la treceava en producción de gas natural y capacidad de refinación. Es también PEMEX la segunda surtidora de crudo a los Estados Unidos, quieren desmantelar PEMEX no para que se recupere su financiamiento, sino para apropiarse de esta riqueza que nos corresponde a todos los mexicanos.
Recientemente PEMEX ha informado que sólo ha explorado el 25% del territorio geológicamente susceptible de almacenar hidrocarburos, al igual que la plataforma continental, con tirantes de agua menores de 300 metros. Se tienen identificadas cerca de 300 localizaciones para perforar pozos de exploración.
PEMEX cuenta con más de 20,000 millones de barriles de aceite crudo de reservas probables y posibles, de estas reservas, más de 10,000 millones se localizan en yacimientos que actualmente se explotan.
Por todo lo anterior, manifiesto con toda claridad mi oposición a la apertura de PEMEX al capital privado, PEMEX no debe privatizarse, PEMEX es una empresa rentable, que puede garantizar la exclusividad del estado en materia de exploración, explotación, transporte, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos, el petróleo es un recurso natural de la nación, con carácter estratégico para el desarrollo de nuestro país y que pertenece a todas y todos los mexicanos.
Se debe eficientar la operación y administración de PEMEX, para lo cual, además de hacer un esfuerzo considerable en reducir el tamaño y el gasto corriente del gobierno y tener recursos adicionales para inversión en el sector, se requiere de un manejo con austeridad, con eficacia y eficiencia, erradicando la corrupción, democratizando la vida sindical y fundamentalmente impulsando su desarrollo tecnológico.
Se requiere unificar en una sola empresa a las cuatro subsidiarias, invertir en la empresa íntegramente la renta petrolera, sanear sus finanzas, ampliar su infraestructura de gasoductos y oleoductos que conecten a todo el país, construir nuevas refinerías para ganar la autosuficiencia en gasolina y reactivar la petroquímica básica y secundaria aprovechando plenamente la capacidad de instalar.
El día de hoy a 91 años de haberse aprobado la Constitución Política de 1927, refrendamos nuestro compromiso con la defensa de nuestra soberanía en el manejo de recursos de la nación.
El intento de privatizar PEMEX pondrá de nueva cuenta en prueba a todo nuestro movimiento y nuestra capacidad para defender el Proyecto Alternativo de Nación que representamos, hoy no caben dudas ni vacilaciones, nuestro compromiso total es con este movimiento y con la defensa de recursos que pertenecen a todos los mexicanos;
aquellos que creen que no tenemos la fuerza para defender PEMEX, que busquen otro espacio, aquí estamos los mexicanos, los patriotas y estamos conscientes que vamos a salir adelante, y de nuevo digo la patria no se vende, la patria se defiende, la patria no se vende, la patria se defiende………..

Postura de estudiantes de la UAM

Frente a la decisión del SITUAM de estallar su huelga hace unos días, estudiantes de las cuatro unidades académicas de la Universidad Autónoma Metropolitana llevamos a cabo una reunión el pasado martes 5 de febrero para discutir cuál sería la postura que, como parte de la comunidad universitaria, tomaríamos respecto al movimiento de huelga.
Tras discutir los motivos que condujeron al estallamiento de la huelga, analizar el discurso que en el contexto de la crisis económica nos amenaza y conscientes de que en la UAM los ataques contra la educación pública han avanzado en forma vertiginosa, los estudiantes hemos decidido no mantenernos al margen, defender nuestra “casa abierta al tiempo” y nuestra universidad pública.
No permitiremos que la forma mercantilista en la que quieren hacer funcionar nuestra universidad avance más. Nos pronunciamos en contra de los ataques al carácter público de la educación superior. Porque como parte de la vida universitaria queremos ser escuchados, exigimos la participación real de los estudiantes en la toma de decisiones que guían esta universidad.
Es por esto que hemos decidido hacer pública nuestra postura, porque queremos una universidad de calidad, abierta al diálogo plural, pública y democrática. Lucharemos y apoyaremos a los trabajadores del SITUAM, porque esta huelga también concierne a los estudiantes que en esta universidad nos formamos. Nos atañe porque es desde este sitio y en estos momentos, en que la dirección de la educación pública corre el riesgo de sufrir un duro revés, que podemos impulsar la defensa de la misma.
Por lo anterior, convocamos a una reunión estudiantil el martes 12 de febrero a las 13 horas en el local del SITUAM, para escucharnos y juntos hacernos escuchar. La ubicación: Tlalpan 1036, a cuadra y media del Metro Nativitas.
Responsables: María del Carmen Gutiérrez Hernández, Julieta Rincón Carreño y Salvador Toledo Núñez

CARTONES DE LA JORNADA










Firmas por la Dignidad y Soberanía Nacional

Como recordarán el pasado 5 de febrero dio inicio la Jornada por la Dignidad y Soberanía Nacional, en el Zócalo de la Cd. de México, en aquella ocasión se comenzaron a recabar firmas en un libro, en el cual se coloca un pensamiento alusivo a la defensa del petróleo, así es que aquí les dejo unas imágenes de las firmas que aparecen en la primer hoja, que fue firmada entre otros por Alejandro Encinas y Claudia Sheinbaum.





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