Marcha contra REFORMA JUDICIAL 19-Feb-2008
miércoles, 20 de febrero de 2008
VIDEO: Represión contra activistas de la Resistencia Civil Pacífica
Lo prometido es deuda, les dejo el video que un compañero de la RCP nos hizo favor de compartirnoslo al equipo del blog Soberanía Popular y AMLO TV, donde se muestra como la SSP DF.
Represión contra activistas de la Resistencia Civil Pacífica
18 de Febrero de 2008. Al equipo de Soberanía Popular y AMLO TV se nos hizo llegar un material fotográfico y de video respecto al PELELE ALERT que se llevó a cabo en el Centro Histórico de
*En unas horas el video donde se muestra la represión.
ESCUCHA RADIO AMLO DESDE PROYECTO SIDA CHIAPAS
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Se crucifican perredistas en Oaxaca; piden nueva elección
Octavio Vélez Ascencio, corresponsal
Oaxaca, Oax., 19 de febrero. Simpatizantes perredistas de la agencia municipal Santa María Ixcotel, perteneciente al municipio de Santa Lucía del Camino –conurbado a esta capital–, se crucificaron simbólicamente ante la alcaldía para exigir al edil priísta Alejandro Díaz Hernández convocar a nuevos comicios. Omar Emmanuel Sumano Alonso, Ricardo Blas Morales, Narciso Jesús Ramírez y Víctor Hugo Ortiz Téllez están inconformes con los resultados de la elección por usos y costumbres celebrada el pasado 10 de enero. Todos se sujetaron con mecates a cruces de madera, que colocaron en los portales de la alcaldía donde desde hace 13 días están en ayuno.
Oaxaca, Oax., 19 de febrero. Simpatizantes perredistas de la agencia municipal Santa María Ixcotel, perteneciente al municipio de Santa Lucía del Camino –conurbado a esta capital–, se crucificaron simbólicamente ante la alcaldía para exigir al edil priísta Alejandro Díaz Hernández convocar a nuevos comicios. Omar Emmanuel Sumano Alonso, Ricardo Blas Morales, Narciso Jesús Ramírez y Víctor Hugo Ortiz Téllez están inconformes con los resultados de la elección por usos y costumbres celebrada el pasado 10 de enero. Todos se sujetaron con mecates a cruces de madera, que colocaron en los portales de la alcaldía donde desde hace 13 días están en ayuno.
Demanda diputado indagar a Pemex y a Ramírez Corzo
Ciro Pérez Silva y Roberto Garduño
La Procuraduría General de la República y el Congreso deben investigar tanto a Petróleos Mexicanos (Pemex) como a Luis Ramírez Corzo, ex director de la paraestatal, por el otorgamiento de al menos tres contratos a la arrendadora Ocean Mexicana con un sobreprecio de 38 mil 500 dólares diarios, denunció el legislador por Convergencia José Manuel del Río Virgen.
Esta empresa –del consorcio Blue Marine Group, fundada por Antonio Juan Marco Issa, coordinador de asesores de los pasados tres directores de Pemex, Rogelio Montemayor, Raúl Muñoz y Ramírez Corzo, que cuenta entre sus cabilderos a personajes como el senador verde Arturo Escobar y Vega– es conocida por enviar regalos onerosos a servidores públicos, de los cuales al menos 50 debieron ser devueltos debido a su alto costo.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, los contratos 4500176478; 4500155808 y 4500171600, por la renta de un buque tanque durante cuatro meses, incumplieron con las mejores condiciones para el Estado –economía, imparcialidad y honradez–, pues otra empresa ofrecía el servicio a menos de la mitad del costo.
“El contratismo en Pemex se ha convertido en los años recientes en una fuga de recursos que sólo beneficia a unos cuantos funcionarios corruptos y a empresas contratistas”, aseveró Del Río, quien exigió a la paraestatal transparentar todos los contratos con Blue Marine Group.
La Procuraduría General de la República y el Congreso deben investigar tanto a Petróleos Mexicanos (Pemex) como a Luis Ramírez Corzo, ex director de la paraestatal, por el otorgamiento de al menos tres contratos a la arrendadora Ocean Mexicana con un sobreprecio de 38 mil 500 dólares diarios, denunció el legislador por Convergencia José Manuel del Río Virgen.
Esta empresa –del consorcio Blue Marine Group, fundada por Antonio Juan Marco Issa, coordinador de asesores de los pasados tres directores de Pemex, Rogelio Montemayor, Raúl Muñoz y Ramírez Corzo, que cuenta entre sus cabilderos a personajes como el senador verde Arturo Escobar y Vega– es conocida por enviar regalos onerosos a servidores públicos, de los cuales al menos 50 debieron ser devueltos debido a su alto costo.
De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, los contratos 4500176478; 4500155808 y 4500171600, por la renta de un buque tanque durante cuatro meses, incumplieron con las mejores condiciones para el Estado –economía, imparcialidad y honradez–, pues otra empresa ofrecía el servicio a menos de la mitad del costo.
“El contratismo en Pemex se ha convertido en los años recientes en una fuga de recursos que sólo beneficia a unos cuantos funcionarios corruptos y a empresas contratistas”, aseveró Del Río, quien exigió a la paraestatal transparentar todos los contratos con Blue Marine Group.
Ahora si! Josè Valenzuela en el Josè Martì, Iruegas en el Club de Periodistas y concentraciòn el dìa 24!!!
Continuamos los Cìrculos de Estudio, en esta semana decisiva para el Movimiento Nacional en Defensa del Petòleo, y para ello, necesitamos organizarnos, por lo cual los invitamos a la charla con el Dr. Josè Valenzuela Feijóo, asi como a la charla con el Lic. Gustavo Iruegas. Para el día 24, los esperamos a las 11 en la Torre de Pemex.
AGENDA SEMANAL DE LOS CÍRCULOS DE ESTUDIOMiércoles.
Círculo de Estudios del José MartíPresentación del libro: "Organización para el cambio"Dentro del trabajo de los Círculos de Estudio esta la organización de la ciudadanía, por ello los invitamos a la charla con el Profesor e Investigado: José Valenzuela Feijóo, quien nos presentara su libro, que detalla la formación política básica para el ciudadano.La cita es el miércoles 20 de febrero a las 19 hrs. en el Teatro del Centro Cultural 'José Martí' (Dr. Mora #1, Col. Centro, saliendo del Metro Hidalgo).Jueves
Círculo de Estudios CentralLas tareas del Gobierno Legítimo en el Movimiento Nacional en Defensa del PetróleoComo es de todos conocido, el Gobierno Legítimo impulsa el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, ya para contestarnos algunas dudas sobre las acciones a seguir nos acompañara este jueves el Lic. Gustavo Iruegas (Secretario de Relaciones Internacionales del Gobierno Legítimo).Asimismo, nos acompaña como todos los jueves Rafael Barajas "El Fisgón".La cita es en el jueves 21 de febrero a las 19 hrs. en el Club de Periodistas (Filomeno Mata # 8, Col. Centro, cerca del Metro Allende)DomingoConcentración en la sede de PEMEX en la ciudad de México (Torre de PEMEX).La cita para todos es a las 11 hrs. Nos pondremos de acuerdo el miércoles y jueves sobre las acciones a seguir para los asistentes a los Círculos de Estudio, que podemos hacer, y como podemos llevar a cabo algunas acciones más lúdicas en esta concentración.
Informes y Consulta:redesuniversitarias@hotmail.comredesuniversitarias@gmail.comhttp://redescirculodeestudios.blogspot.comhttp://redesuniversitarias.blogia.com
AGENDA SEMANAL DE LOS CÍRCULOS DE ESTUDIOMiércoles.
Círculo de Estudios del José MartíPresentación del libro: "Organización para el cambio"Dentro del trabajo de los Círculos de Estudio esta la organización de la ciudadanía, por ello los invitamos a la charla con el Profesor e Investigado: José Valenzuela Feijóo, quien nos presentara su libro, que detalla la formación política básica para el ciudadano.La cita es el miércoles 20 de febrero a las 19 hrs. en el Teatro del Centro Cultural 'José Martí' (Dr. Mora #1, Col. Centro, saliendo del Metro Hidalgo).Jueves
Círculo de Estudios CentralLas tareas del Gobierno Legítimo en el Movimiento Nacional en Defensa del PetróleoComo es de todos conocido, el Gobierno Legítimo impulsa el Movimiento Nacional en Defensa del Petróleo, ya para contestarnos algunas dudas sobre las acciones a seguir nos acompañara este jueves el Lic. Gustavo Iruegas (Secretario de Relaciones Internacionales del Gobierno Legítimo).Asimismo, nos acompaña como todos los jueves Rafael Barajas "El Fisgón".La cita es en el jueves 21 de febrero a las 19 hrs. en el Club de Periodistas (Filomeno Mata # 8, Col. Centro, cerca del Metro Allende)DomingoConcentración en la sede de PEMEX en la ciudad de México (Torre de PEMEX).La cita para todos es a las 11 hrs. Nos pondremos de acuerdo el miércoles y jueves sobre las acciones a seguir para los asistentes a los Círculos de Estudio, que podemos hacer, y como podemos llevar a cabo algunas acciones más lúdicas en esta concentración.
Informes y Consulta:redesuniversitarias@hotmail.comredesuniversitarias@gmail.comhttp://redescirculodeestudios.blogspot.comhttp://redesuniversitarias.blogia.com
La defensa de Pemex, “más dura” que las acciones contra el fraude: Monreal
Muy aparte de la lucha electoral interna, los perredistas “vamos juntos”, afirma
Será resistencia civil pacífica, pero “elevada al extremo”, con movilizaciones callejeras
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
El grupo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado se sumó al Plan de Defensa del Petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que incluirá acciones de resistencia civil pacíficas, pero “mucho más duras que las producidas después del fraude electoral de 2006”, informó el vicecoordinador de la bancada, Ricardo Monreal.
Expresó que tras una reunión de los senadores con la secretaria de patrimonio nacional del “gobierno legítimo”, Claudia Sheinbaum, se concretó la estrategia, que incluye la cancelación de todos los viajes internacionales de los legisladores, a fin de que permanezcan en el país, pendientes ante un posible albazo legislativo.
“No vaya a ser que nos quieran mandar fuera del país, a Europa o más lejos, mientras se presenta la iniciativa para privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex)”, comentó Monreal Ávila.
Los senadores se comprometieron, dijo, a asumir como prioritaria la batalla por impedir que el petróleo regrese a manos extranjeras y para ello harán un frente de lucha desde el Congreso de la Unión y participarán paralelamente en las movilizaciones.
Detalló que los senadores perredistas se están incorporando a los comités estatales de defensa del petróleo y participarán en comités que se conformarán en fábricas, escuelas y barrios.
“La prioridad es la defensa del petróleo”
Aseguró que existe unidad en torno a esa lucha, más allá del proceso electoral interno del sol azteca. “Todos vamos juntos; impedir la privatización de los energéticos es muy superior a la elección de la dirigencia de cualquier (partido). La prioridad es la defensa del petróleo, incluso los aspirantes a la presidencia perredista se sumaron a esta lucha, que no tendrá cuartel ni tregua.”
Rechazó precisar las medidas de resistencia civil que se discutieron con Sheinbaum, durante la reunión a puerta cerrada del lunes por la noche; sólo comentó que se trata de resistencia civil pacífica, pero “elevada al extremo”, con marchas y movilizaciones en las calles y acciones al interior del Senado y la Cámara de Diputados.
Por lo pronto, detalló, los senadores asistirán a la concentración convocada por López Obrador fuera de la torre de Pemex, el próximo domingo 24, en la que se dará a conocer el plan concreto de defensa de Pemex . “Ese día se definirá la línea de conducción y todas las medidas que se pondrán en marcha, no sólo en el Distrito Federal, sino en todo el país.”
–¿Qué tan duras serán las acciones? –se le preguntó.
–Eso se dará a conocer el domingo; sólo puedo adelantar que las acciones que se pusieron en marcha luego del 2 de julio de 2006, entre ellas el plantón de casi tres meses en el Zócalo capitalino, no se comparan con lo que ahora se está diseñando.
De acuerdo con versiones de otros perredistas que asistieron a la reunión con Claudia Sheinbaum, se habló también de la posibilidad de que se presente la reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, a principios de marzo y por ello decidieron estar alertas.
Será resistencia civil pacífica, pero “elevada al extremo”, con movilizaciones callejeras
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
El grupo del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado se sumó al Plan de Defensa del Petróleo que encabeza Andrés Manuel López Obrador, que incluirá acciones de resistencia civil pacíficas, pero “mucho más duras que las producidas después del fraude electoral de 2006”, informó el vicecoordinador de la bancada, Ricardo Monreal.
Expresó que tras una reunión de los senadores con la secretaria de patrimonio nacional del “gobierno legítimo”, Claudia Sheinbaum, se concretó la estrategia, que incluye la cancelación de todos los viajes internacionales de los legisladores, a fin de que permanezcan en el país, pendientes ante un posible albazo legislativo.
“No vaya a ser que nos quieran mandar fuera del país, a Europa o más lejos, mientras se presenta la iniciativa para privatizar Petróleos Mexicanos (Pemex)”, comentó Monreal Ávila.
Los senadores se comprometieron, dijo, a asumir como prioritaria la batalla por impedir que el petróleo regrese a manos extranjeras y para ello harán un frente de lucha desde el Congreso de la Unión y participarán paralelamente en las movilizaciones.
Detalló que los senadores perredistas se están incorporando a los comités estatales de defensa del petróleo y participarán en comités que se conformarán en fábricas, escuelas y barrios.
“La prioridad es la defensa del petróleo”
Aseguró que existe unidad en torno a esa lucha, más allá del proceso electoral interno del sol azteca. “Todos vamos juntos; impedir la privatización de los energéticos es muy superior a la elección de la dirigencia de cualquier (partido). La prioridad es la defensa del petróleo, incluso los aspirantes a la presidencia perredista se sumaron a esta lucha, que no tendrá cuartel ni tregua.”
Rechazó precisar las medidas de resistencia civil que se discutieron con Sheinbaum, durante la reunión a puerta cerrada del lunes por la noche; sólo comentó que se trata de resistencia civil pacífica, pero “elevada al extremo”, con marchas y movilizaciones en las calles y acciones al interior del Senado y la Cámara de Diputados.
Por lo pronto, detalló, los senadores asistirán a la concentración convocada por López Obrador fuera de la torre de Pemex, el próximo domingo 24, en la que se dará a conocer el plan concreto de defensa de Pemex . “Ese día se definirá la línea de conducción y todas las medidas que se pondrán en marcha, no sólo en el Distrito Federal, sino en todo el país.”
–¿Qué tan duras serán las acciones? –se le preguntó.
–Eso se dará a conocer el domingo; sólo puedo adelantar que las acciones que se pusieron en marcha luego del 2 de julio de 2006, entre ellas el plantón de casi tres meses en el Zócalo capitalino, no se comparan con lo que ahora se está diseñando.
De acuerdo con versiones de otros perredistas que asistieron a la reunión con Claudia Sheinbaum, se habló también de la posibilidad de que se presente la reforma a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional, a principios de marzo y por ello decidieron estar alertas.
SERVICIO INFORMATIVO 356
Ciudad de México, 19 de febrero de 2008
Servicio informativo núm. 356
ESCONDEN 5 MIL MILLONES DE PESOS DE SUBEJERCICIO DE 2007 EN EL SEGURO POPULAR, AFIRMA ASA CRISTINA LAURELL
El Informe de actividades de 2007 de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud (CNPSS) demuestra que quedaron sin gastar 5 mil millones de pesos del Seguro Popular, aseguró la secretaria de Salud del gobierno legítimo de México, Asa Cristina Laurell.
La funcionaria lopezobradorista precisó: “Hemos denunciado trimestre con trimestre este subejercicio porque dejar de transferir recursos a los estados redunda en escasez de medicamentos, personal y mantenimiento que redunda a su vez en malos servicios en las unidades médicas de todo el país. Es engañar al público alardear con el incremento del presupuesto de salud como lo hacen sistemáticamente las autoridades federales y luego no usarlo en la atención de los enfermos o en prevención”, añadió.
Laurell puso énfasis en que en el mencionado Informe, entregado al Congreso de la Unión, en el que se presentan los datos como si el subejercicio a finales de octubre se hubiese corregido muy tarde, pero antes de terminar el año. Sin embargo, aclaró, una lectura acuciosa del Informe muestra que el dinero no se ejerció, sino que se escondió en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. “Es como tener dinero en el banco pero carecer de comida en la casa”, estimó.
La encargada del área de salud del gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador manifestó que en primer lugar hay que señalar que la CNPSS dejó de transferir 3 mil millones de pesos a las entidades federativas, lo que corresponde a 14 por ciento del monto que deberían de haber recibido.
Para esconder esta omisión, se depositaron 5 549 millones en el Fideicomiso en vez de los 2 638 millones de pesos programados, es decir, más del doble. Sin embargo, el problema no termina allí, porque los egresos previstos del Fideicomiso tampoco se realizaron, explicó.
Los dos fondos del Fideicomiso —detalló—, el Fondo de Gastos Catastróficos y el Fondo de Previsión Presupuestal, sólo gastaron 23 y 54 por ciento de los egresos programados, respectivamente.
De esta manera, el Seguro Popular terminó el año con un subejercicio de 20 por ciento de su presupuesto inicial que representa 5 mil millones de pesos. Esto quiere decir que del incremento autorizado en 2007 al Seguro Popular —7 500 millones— sólo se gastó 35 por ciento, resaltó.
“Hemos insistido en la ineficiencia e ineficacia del Seguro Popular como mecanismo para incrementar el raquítico gasto público de salud en México. De qué sirve tener el dinero para salud en un Fideicomiso cuyos recursos crecen año con año”, informó la miembro del equipo de gobierno lopezobradorista, y añadió: “A finales de 2006, el fideicomiso disponía de 7 129 millones y cerró en 2007 con 10 388 millones. El dinero del Fondo para Gastos Catastróficos debería dedicarse a atender a pacientes con enfermedades graves o costosas y el sobrante del Fondo de Previsión Presupuestal a construir centros de salud y hospitales”, mencionó.
Por otra parte, es de señalar que el presupuesto del Seguro Popular sólo se puede gastar en las familias mientras que el resto de la población no tiene acceso a él, añadió.
La secretaria de Salud del Gobierno Legítimo hizo eco de un reclamo de millones de mexicanos: “Requerimos más recursos para salud en todas las instituciones —los institutos de seguridad social y las secretarías de salud de los estados—. Esperamos que los diputados dejen de aumentar año con año el presupuesto para el Seguro Popular y diseñen otro presupuesto que garantice un incremento anual suficiente a todo el sistema público de salud y su uso eficiente”.
La funcionaria lopezobradorista precisó: “Hemos denunciado trimestre con trimestre este subejercicio porque dejar de transferir recursos a los estados redunda en escasez de medicamentos, personal y mantenimiento que redunda a su vez en malos servicios en las unidades médicas de todo el país. Es engañar al público alardear con el incremento del presupuesto de salud como lo hacen sistemáticamente las autoridades federales y luego no usarlo en la atención de los enfermos o en prevención”, añadió.
Laurell puso énfasis en que en el mencionado Informe, entregado al Congreso de la Unión, en el que se presentan los datos como si el subejercicio a finales de octubre se hubiese corregido muy tarde, pero antes de terminar el año. Sin embargo, aclaró, una lectura acuciosa del Informe muestra que el dinero no se ejerció, sino que se escondió en el Fideicomiso del Sistema de Protección Social en Salud. “Es como tener dinero en el banco pero carecer de comida en la casa”, estimó.
La encargada del área de salud del gobierno que preside Andrés Manuel López Obrador manifestó que en primer lugar hay que señalar que la CNPSS dejó de transferir 3 mil millones de pesos a las entidades federativas, lo que corresponde a 14 por ciento del monto que deberían de haber recibido.
Para esconder esta omisión, se depositaron 5 549 millones en el Fideicomiso en vez de los 2 638 millones de pesos programados, es decir, más del doble. Sin embargo, el problema no termina allí, porque los egresos previstos del Fideicomiso tampoco se realizaron, explicó.
Los dos fondos del Fideicomiso —detalló—, el Fondo de Gastos Catastróficos y el Fondo de Previsión Presupuestal, sólo gastaron 23 y 54 por ciento de los egresos programados, respectivamente.
De esta manera, el Seguro Popular terminó el año con un subejercicio de 20 por ciento de su presupuesto inicial que representa 5 mil millones de pesos. Esto quiere decir que del incremento autorizado en 2007 al Seguro Popular —7 500 millones— sólo se gastó 35 por ciento, resaltó.
“Hemos insistido en la ineficiencia e ineficacia del Seguro Popular como mecanismo para incrementar el raquítico gasto público de salud en México. De qué sirve tener el dinero para salud en un Fideicomiso cuyos recursos crecen año con año”, informó la miembro del equipo de gobierno lopezobradorista, y añadió: “A finales de 2006, el fideicomiso disponía de 7 129 millones y cerró en 2007 con 10 388 millones. El dinero del Fondo para Gastos Catastróficos debería dedicarse a atender a pacientes con enfermedades graves o costosas y el sobrante del Fondo de Previsión Presupuestal a construir centros de salud y hospitales”, mencionó.
Por otra parte, es de señalar que el presupuesto del Seguro Popular sólo se puede gastar en las familias mientras que el resto de la población no tiene acceso a él, añadió.
La secretaria de Salud del Gobierno Legítimo hizo eco de un reclamo de millones de mexicanos: “Requerimos más recursos para salud en todas las instituciones —los institutos de seguridad social y las secretarías de salud de los estados—. Esperamos que los diputados dejen de aumentar año con año el presupuesto para el Seguro Popular y diseñen otro presupuesto que garantice un incremento anual suficiente a todo el sistema público de salud y su uso eficiente”.
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Golpean militares a cura tamaulipeco y 3 colaboradores
José Antonio Román
El obispo de la diócesis de Matamoros, Tamaulipas, Faustino Armendáriz Jiménez, denunció que el sacerdote Guadalupe Barbosa Cruz, de San Fernando, junto con tres colaboradores, fueron “brutalmente golpeados” y despojados de sus pertenencias por elementos del Ejército Mexicano en un retén, “sin causa alguna”.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) condenó el hecho y pidió abrir una investigación. “El combate al crimen organizado no justifica los crímenes que se cometen contra ciudadanos inocentes por parte de quienes deberían velar por su seguridad”, dijo el secretario general, José Leopoldo González.
Según las primeras versiones de la diócesis tamaulipeca, los cuatro fueron bajados del automóvil donde viajaban y los golpearon “por largo tiempo”, hasta que uno de los agredidos le dijo a los soldados que había un sacerdote entre ellos.
En su denuncia, Armendáriz Jiménez dice que los obispos han expresado su apoyo al Ejército y cuerpos policiacos contra el narcotráfico y el crimen organizado, esperando que esas acciones contribuyan a la seguridad de la población.
Sin embargo, agrega, junto con estos esfuerzos se ha suscitado el acto denunciado, y lo que los salvó fue que uno de ellos es sacerdote. “Son hechos que esperamos y pedimos no se vuelvan a repetir con ningún ciudadano, y las fuerzas armadas hagan lo correspondiente contra los elementos que cometen estos atropellos”.
La CEM condenó los hechos, recordó el apoyo que ha dado la Iglesia católica a los gobiernos federal y estatal, y a las policías que han trabajado en los operativos contra el narcotráfico. También expresó la necesidad de una estricta vigilancia para que haya respeto a la vida, la dignidad y los derechos de las personas.
“Hoy queremos manifestar nuestra condena a estas acciones, y hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen las medidas necesarias para que hechos como éstos no vuelvan a ocurrir. Expresamos nuestra solidaridad a las personas afectadas, y brindamos nuestro apoyo a la diócesis de Matamoros, de manera particular al padre Guadalupe Barbosa Cruz, y a la comunidad a la que sirve en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en San Fernando”
El obispo de la diócesis de Matamoros, Tamaulipas, Faustino Armendáriz Jiménez, denunció que el sacerdote Guadalupe Barbosa Cruz, de San Fernando, junto con tres colaboradores, fueron “brutalmente golpeados” y despojados de sus pertenencias por elementos del Ejército Mexicano en un retén, “sin causa alguna”.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) condenó el hecho y pidió abrir una investigación. “El combate al crimen organizado no justifica los crímenes que se cometen contra ciudadanos inocentes por parte de quienes deberían velar por su seguridad”, dijo el secretario general, José Leopoldo González.
Según las primeras versiones de la diócesis tamaulipeca, los cuatro fueron bajados del automóvil donde viajaban y los golpearon “por largo tiempo”, hasta que uno de los agredidos le dijo a los soldados que había un sacerdote entre ellos.
En su denuncia, Armendáriz Jiménez dice que los obispos han expresado su apoyo al Ejército y cuerpos policiacos contra el narcotráfico y el crimen organizado, esperando que esas acciones contribuyan a la seguridad de la población.
Sin embargo, agrega, junto con estos esfuerzos se ha suscitado el acto denunciado, y lo que los salvó fue que uno de ellos es sacerdote. “Son hechos que esperamos y pedimos no se vuelvan a repetir con ningún ciudadano, y las fuerzas armadas hagan lo correspondiente contra los elementos que cometen estos atropellos”.
La CEM condenó los hechos, recordó el apoyo que ha dado la Iglesia católica a los gobiernos federal y estatal, y a las policías que han trabajado en los operativos contra el narcotráfico. También expresó la necesidad de una estricta vigilancia para que haya respeto a la vida, la dignidad y los derechos de las personas.
“Hoy queremos manifestar nuestra condena a estas acciones, y hacer un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen las medidas necesarias para que hechos como éstos no vuelvan a ocurrir. Expresamos nuestra solidaridad a las personas afectadas, y brindamos nuestro apoyo a la diócesis de Matamoros, de manera particular al padre Guadalupe Barbosa Cruz, y a la comunidad a la que sirve en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en San Fernando”
Llama Rosario Ibarra a frenar la ley Gestapo
“Todavía se puede frenar la reforma judicial”, aseguró anoche la senadora Rosario Ibarra de Piedra durante un mitin frente al Palacio Legislativo de San Lázaro, al que asistieron varios miles de personas para exigir que sea desechada la que se conoce también como ley Gestapo, que permitiría a la policía ingresar a un domicilio en cualquier momento y sin permiso escrito de un juez.
Faltan “sólo cuatro votos en contra”, expresó la legisladora perredista, dirigente del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), oradora central de un acto en el que participaron campesinos de Atenco, militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), de la Convención Nacional Democrática (CND), de la otra campaña y de otras organizaciones.
Para sorpresa de los asistentes, doña Rosario explicó que todos los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP), incluso los 44 del PRD que se habían manifestado inicialmente en favor del proyecto, decidieron rechazarlo en bloque y negocian con otras fuerzas políticas para impedir que la mayoría formada por PRI, PAN y PVEM reúna las dos terceras partes de votos que se necesitan para aprobar esa reforma constitucional.
Luego de subrayar que, ayer por la mañana, Amnistía Internacional (AI) envió una carta al Congreso de la Unión para solicitar que no se apruebe la reforma judicial, porque “es contraria a las disposiciones de la Convención de Ginebra”, ya que autoriza hasta por 80 días la incomunicación de los detenidos y propicia la tortura, entre otras violaciones graves a los derechos humanos, doña Rosario dijo que “el gobierno de Felipe Calderón debe emitir un decreto de amnistía general para todos los presos políticos del país”.
La menuda e incansable luchadora social regiomontana alertó que mañana, jueves, la Cámara de Diputados conocerá en primera lectura la minuta de reforma judicial que le envió el Senado, y que el pleno la votará el martes de la próxima semana.
“Todavía se puede frenar, compañeras y compañeros, pero debemos seguir movilizándonos y aumentar la presión para que los diputados entiendan que no pueden aprobar una ley que eleva la represión a rango constitucional”, abundó.
Edgar Sánchez, dirigente del PRT, explicó, en entrevista para La Jornada, cómo se están cocinando los acuerdos entre los partidos antes de la votación definitiva del martes venidero. Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del PRD, “propondrá una moción suspensiva para que el proyecto no se vote, porque nunca fue discutido suficientemente en el seno de la sociedad”, dijo el antiguo colaborador de doña Rosario Ibarra.
En tanto, los diputados de PRD, PT y Convergencia, que integran el FAP, resolvieron votar en contra y “están en conversaciones con los del Partido Alternativa, de Patricia Mercado, por lo que, si éstos aceptan sumarse, faltarían sólo cuatro votos más, por supuesto en contra, para evitar que el PRIAN y el Verde reúnan la mayoría constitucional”, señaló.
Tampoco se descarta, agregó, que “de las filas del PRI pudieran surgir los votos en contra que faltan, porque en los sectores liberales de ese partido han hecho mella las críticas de juristas como Sergio García Ramírez, Diego Valadés y Raúl Carrancá y Rivas, que han expresado que esta reforma es un retroceso gravísimo, porque eleva a rango constitucional una serie de violaciones a los derechos humanos”.
Desde el templete en el que acababa de tomar la palabra doña Rosario, un orador anónimo leyó la posición oficial del FNCR; destacó que si la Cámara de Diputados y los congresos estatales aprueban la reforma judicial, “nadie podrá ampararse contra ella, y la última instancia que tendremos para derogarla sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Síntoma de la preocupación que la llamada ley Gestapo ha causado en todos los sectores y colores de la izquierda, fue la participación –tanto en la marcha que a las cinco de la tarde salió del Hemiciclo a Juárez como en el mitin frente a la mole de San Lázaro– de militantes de todas las fuerzas, desde los travestis adscritos a Brigada Callejera, que apoyan al subcomandante Marcos, hasta los de los círculos de estudio de Coapa, El Ajusco, Tlalpan, Ciudad Satélite y otros, que pertenecen a la CND.
Y entre ambos extremos, además de los campesinos de Atenco y de los indígenas de la APPO, había colonos de Zimapán, Hidalgo –que luchan contra la instalación de un depósito de residuos tóxicos en sus tierras–, el Partido de los Comunistas Mexicanos, la Alianza de Tranviarios, el Comité Eureka y familiares de presos políticos de Cintalapa, Chiapas, y de otros lugares del país.
Desde hoy, estas organizaciones intensificarán sus labores de propaganda para que el martes próximo, cuando la ley se discuta, haya un mitin más nutrido que el de ayer, que pasadas las siete de la noche se disolvió pacíficamente.
Faltan “sólo cuatro votos en contra”, expresó la legisladora perredista, dirigente del Frente Nacional Contra la Represión (FNCR), oradora central de un acto en el que participaron campesinos de Atenco, militantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), de la Convención Nacional Democrática (CND), de la otra campaña y de otras organizaciones.
Para sorpresa de los asistentes, doña Rosario explicó que todos los diputados del Frente Amplio Progresista (FAP), incluso los 44 del PRD que se habían manifestado inicialmente en favor del proyecto, decidieron rechazarlo en bloque y negocian con otras fuerzas políticas para impedir que la mayoría formada por PRI, PAN y PVEM reúna las dos terceras partes de votos que se necesitan para aprobar esa reforma constitucional.
Luego de subrayar que, ayer por la mañana, Amnistía Internacional (AI) envió una carta al Congreso de la Unión para solicitar que no se apruebe la reforma judicial, porque “es contraria a las disposiciones de la Convención de Ginebra”, ya que autoriza hasta por 80 días la incomunicación de los detenidos y propicia la tortura, entre otras violaciones graves a los derechos humanos, doña Rosario dijo que “el gobierno de Felipe Calderón debe emitir un decreto de amnistía general para todos los presos políticos del país”.
La menuda e incansable luchadora social regiomontana alertó que mañana, jueves, la Cámara de Diputados conocerá en primera lectura la minuta de reforma judicial que le envió el Senado, y que el pleno la votará el martes de la próxima semana.
“Todavía se puede frenar, compañeras y compañeros, pero debemos seguir movilizándonos y aumentar la presión para que los diputados entiendan que no pueden aprobar una ley que eleva la represión a rango constitucional”, abundó.
Edgar Sánchez, dirigente del PRT, explicó, en entrevista para La Jornada, cómo se están cocinando los acuerdos entre los partidos antes de la votación definitiva del martes venidero. Javier González Garza, coordinador del grupo parlamentario del PRD, “propondrá una moción suspensiva para que el proyecto no se vote, porque nunca fue discutido suficientemente en el seno de la sociedad”, dijo el antiguo colaborador de doña Rosario Ibarra.
En tanto, los diputados de PRD, PT y Convergencia, que integran el FAP, resolvieron votar en contra y “están en conversaciones con los del Partido Alternativa, de Patricia Mercado, por lo que, si éstos aceptan sumarse, faltarían sólo cuatro votos más, por supuesto en contra, para evitar que el PRIAN y el Verde reúnan la mayoría constitucional”, señaló.
Tampoco se descarta, agregó, que “de las filas del PRI pudieran surgir los votos en contra que faltan, porque en los sectores liberales de ese partido han hecho mella las críticas de juristas como Sergio García Ramírez, Diego Valadés y Raúl Carrancá y Rivas, que han expresado que esta reforma es un retroceso gravísimo, porque eleva a rango constitucional una serie de violaciones a los derechos humanos”.
Desde el templete en el que acababa de tomar la palabra doña Rosario, un orador anónimo leyó la posición oficial del FNCR; destacó que si la Cámara de Diputados y los congresos estatales aprueban la reforma judicial, “nadie podrá ampararse contra ella, y la última instancia que tendremos para derogarla sería la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.
Síntoma de la preocupación que la llamada ley Gestapo ha causado en todos los sectores y colores de la izquierda, fue la participación –tanto en la marcha que a las cinco de la tarde salió del Hemiciclo a Juárez como en el mitin frente a la mole de San Lázaro– de militantes de todas las fuerzas, desde los travestis adscritos a Brigada Callejera, que apoyan al subcomandante Marcos, hasta los de los círculos de estudio de Coapa, El Ajusco, Tlalpan, Ciudad Satélite y otros, que pertenecen a la CND.
Y entre ambos extremos, además de los campesinos de Atenco y de los indígenas de la APPO, había colonos de Zimapán, Hidalgo –que luchan contra la instalación de un depósito de residuos tóxicos en sus tierras–, el Partido de los Comunistas Mexicanos, la Alianza de Tranviarios, el Comité Eureka y familiares de presos políticos de Cintalapa, Chiapas, y de otros lugares del país.
Desde hoy, estas organizaciones intensificarán sus labores de propaganda para que el martes próximo, cuando la ley se discuta, haya un mitin más nutrido que el de ayer, que pasadas las siete de la noche se disolvió pacíficamente.
CONFERENCIA "LA MILITARIZACIÓN EN MÉXICO Y LA SEGURIDAD NACIONAL"
El Círculo de Estudio Coapa te invita a
CONFERENCIA
"Militarización en México y Seguridad Nacional"
A cargo de
GENERAL JOSE FRANCISCO GALLARDO RODRIGUEZ
El Jueves 21 de Febrero de 2008 a las 19:00 hrs.
Auditorio JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN Ave. Canal de Miramontes esq. Cárcamo ( junto a la glorieta de Vaqueritos)Subdelegación Villa Coapa. ( Registro Civil).
ENTRADA LIBRE
circulocoapa@gmail.com
Agradeceremos el reenvío de esta información a sus contactos. -- Por favor solicitamos acusar recibo para poder corroborar direcciones, suspender o seguir enviando la info . Gracias.
CONFERENCIA
"Militarización en México y Seguridad Nacional"
A cargo de
GENERAL JOSE FRANCISCO GALLARDO RODRIGUEZ
El Jueves 21 de Febrero de 2008 a las 19:00 hrs.
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Inminente, la aprobación de la reforma judicial
Roberto Garduño y Ciro Pérez Silva
La aprobación de la reforma judicial es inminente, porque en las comisiones unidas de Justicia y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron la minuta con el voto en contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), razón por la cual prevalecerá la aplicación de allanamientos y cateos a domicilios, sin orden judicial.
Al realizarse la reunión, el PRD solicitó más tiempo para revisar el documento devuelto por el Senado, porque fue distribuido a discreción entre algunos legisladores de ambas comisiones. “¿Cómo podemos tener certeza, sin haber leído, de que en estas 26 cuartillas se expresa lo que se votó en la minuta? Lo que se deja ver es un trato distinto entre los que somos diputados de esta legislatura”, reclamó Andrés Lozano, coordinador de Seguridad y Procuración de Justicia del grupo perredista.
Enseguida, Aleida Alavez Ruiz, diputada del sol azteca, demandó que antes de que los integrantes de las comisiones votaran fueran distribuidas las cartas con observaciones que el alto comisionado de Naciones Unidas en México y Amnistía Internacional enviaron con respecto a la reforma judicial.
“Las cartas hacen alusión a cómo se trasgreden tratados internacionales y el artículo 133 constitucional con estas reformas. Yo no comparto esta percepción de los diputados de que (como) ya viene del Senado… nada más es de trámite, ya que es una violación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, expuso.
A esa posición se sumó Alfonso Suárez del Real, quien recordó que desde 1814 se prevé en México la inviolabilidad del domicilio particular, y “con la redacción del dictamen lo que se está facilitando es que quienes la ejecuten violen los derechos humanos, porque el problema es la policía, no confiamos en ella, y prueba de ello es que para la lucha contra el narcotráfico se utiliza al Ejército”.
La negativa perredista fue endurecida por Humberto Zazueta Aguilar, quien preguntó a los diputados priístas y panistas: “¿Vamos a dejar que decidan las policías –a las que se está desarmando hoy por el vínculo con el crimen organizado–, que sean ellas las que decidan cuando hay amenaza para entrar a las casas? Compañeros, están cometiendo un grave error, porque estamos dando marcha atrás a conquistas históricas de la sociedad en lo referente a las garantías individuales”.
Por el contrario, el coordinador del tricolor, Emilio Gamboa, consideró lacónica e infundada la visión perredista en torno a los allanamientos. “Hay jurisprudencia de la Suprema Corte, ya se hace; es una preocupación del PRD que respetamos, pero infundada. El jueves se le va a dar primera lectura y el martes ustedes estarán pendientes de lo que decida el pleno. Necesitamos dos terceras partes y si no se dan no vamos a lograrlo. Mi impresión es que la gran mayoría de los 500 diputados sí están de acuerdo con esta modificación al paquete de justicia”.
–¿Ya está la decisión tomada?
–Ya. El grupo parlamentario del PRI, en su gran mayoría, apoyará esta iniciativa que se convertirá en ley.
En ese tono, el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho, justificó legalmente el tema. “El allanamiento o el ingreso a domicilio sin autorización judicial, sólo se puede dar cuando haya peligro inminente o actual, es decir, que está por ocurrir o está ocurriendo, que afecte la vida de una persona o su integridad física, o tratándose de una persecución de un delito flagrante, es decir, una persecución que desemboca en el ingreso de una persona perseguida a un domicilio particular e ingresar allí. La idea en el fondo es evitar la pérdida de eficacia, que esos minutos preciados que van desde el momento en que se tiene ese conocimiento y que se actúa, se pueden, insisto, perder, y podría ser fatal esa pérdida”.
No obstante, Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia, emitió un criterio distinto. “Ellos lo llaman ingreso a los domicilios sobre la base de que hay una amenaza inminente o determinada; es un absurdo. La subjetividad de quién va a determinar la amenaza implica que si alguien pasa por tu casa y tiene agravio contigo, y le dice a un policía que cree que adentro hay un delito (sic) porque hay tres personas asociadas, y porque además en la definición de Palermo dicen que la delincuencia organizada es la asociación delictiva de dos o tres individuos que se unen para un fin ilegal. En ese sentido, estoy muy preocupado con el tema de los derechos humanos; los datos duros nos dicen que la segunda y tercera causas de las quejas en derechos humanos emanan de allanamientos y cateos, y en particular de visitas domiciliarias ilegales; este asunto, en mi opinión, va a generar una espiral sin fondo de futuros agravios a la sociedad, porque ni las policías ni el Ministerio Público están preparados” para ello.
La aprobación de la reforma judicial es inminente, porque en las comisiones unidas de Justicia y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobaron la minuta con el voto en contra del Partido de la Revolución Democrática (PRD), razón por la cual prevalecerá la aplicación de allanamientos y cateos a domicilios, sin orden judicial.
Al realizarse la reunión, el PRD solicitó más tiempo para revisar el documento devuelto por el Senado, porque fue distribuido a discreción entre algunos legisladores de ambas comisiones. “¿Cómo podemos tener certeza, sin haber leído, de que en estas 26 cuartillas se expresa lo que se votó en la minuta? Lo que se deja ver es un trato distinto entre los que somos diputados de esta legislatura”, reclamó Andrés Lozano, coordinador de Seguridad y Procuración de Justicia del grupo perredista.
Enseguida, Aleida Alavez Ruiz, diputada del sol azteca, demandó que antes de que los integrantes de las comisiones votaran fueran distribuidas las cartas con observaciones que el alto comisionado de Naciones Unidas en México y Amnistía Internacional enviaron con respecto a la reforma judicial.
“Las cartas hacen alusión a cómo se trasgreden tratados internacionales y el artículo 133 constitucional con estas reformas. Yo no comparto esta percepción de los diputados de que (como) ya viene del Senado… nada más es de trámite, ya que es una violación a la Convención Interamericana de Derechos Humanos”, expuso.
A esa posición se sumó Alfonso Suárez del Real, quien recordó que desde 1814 se prevé en México la inviolabilidad del domicilio particular, y “con la redacción del dictamen lo que se está facilitando es que quienes la ejecuten violen los derechos humanos, porque el problema es la policía, no confiamos en ella, y prueba de ello es que para la lucha contra el narcotráfico se utiliza al Ejército”.
La negativa perredista fue endurecida por Humberto Zazueta Aguilar, quien preguntó a los diputados priístas y panistas: “¿Vamos a dejar que decidan las policías –a las que se está desarmando hoy por el vínculo con el crimen organizado–, que sean ellas las que decidan cuando hay amenaza para entrar a las casas? Compañeros, están cometiendo un grave error, porque estamos dando marcha atrás a conquistas históricas de la sociedad en lo referente a las garantías individuales”.
Por el contrario, el coordinador del tricolor, Emilio Gamboa, consideró lacónica e infundada la visión perredista en torno a los allanamientos. “Hay jurisprudencia de la Suprema Corte, ya se hace; es una preocupación del PRD que respetamos, pero infundada. El jueves se le va a dar primera lectura y el martes ustedes estarán pendientes de lo que decida el pleno. Necesitamos dos terceras partes y si no se dan no vamos a lograrlo. Mi impresión es que la gran mayoría de los 500 diputados sí están de acuerdo con esta modificación al paquete de justicia”.
–¿Ya está la decisión tomada?
–Ya. El grupo parlamentario del PRI, en su gran mayoría, apoyará esta iniciativa que se convertirá en ley.
En ese tono, el presidente de la Comisión de Justicia, César Camacho, justificó legalmente el tema. “El allanamiento o el ingreso a domicilio sin autorización judicial, sólo se puede dar cuando haya peligro inminente o actual, es decir, que está por ocurrir o está ocurriendo, que afecte la vida de una persona o su integridad física, o tratándose de una persecución de un delito flagrante, es decir, una persecución que desemboca en el ingreso de una persona perseguida a un domicilio particular e ingresar allí. La idea en el fondo es evitar la pérdida de eficacia, que esos minutos preciados que van desde el momento en que se tiene ese conocimiento y que se actúa, se pueden, insisto, perder, y podría ser fatal esa pérdida”.
No obstante, Alejandro Chanona, coordinador de Convergencia, emitió un criterio distinto. “Ellos lo llaman ingreso a los domicilios sobre la base de que hay una amenaza inminente o determinada; es un absurdo. La subjetividad de quién va a determinar la amenaza implica que si alguien pasa por tu casa y tiene agravio contigo, y le dice a un policía que cree que adentro hay un delito (sic) porque hay tres personas asociadas, y porque además en la definición de Palermo dicen que la delincuencia organizada es la asociación delictiva de dos o tres individuos que se unen para un fin ilegal. En ese sentido, estoy muy preocupado con el tema de los derechos humanos; los datos duros nos dicen que la segunda y tercera causas de las quejas en derechos humanos emanan de allanamientos y cateos, y en particular de visitas domiciliarias ilegales; este asunto, en mi opinión, va a generar una espiral sin fondo de futuros agravios a la sociedad, porque ni las policías ni el Ministerio Público están preparados” para ello.
El Observatorio: México: Campaña de difamación y hostigamiento contra la Sra. Yara Fernández Moreno
MEX 001 / 0208 / OBS 022
Hostigamiento / Campaña de difamación
MÉXICO
20 de febrero de 2008
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido con preocupación informaciones de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), sobre la campaña de difamación y los actos de hostigamiento sufridos por la Sra. Yara Fernández Moreno, doctorante en ecología, investigadora1 y trabajadora del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro" (ZOOMAT), en hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas.
De acuerdo con las informaciones, el 6 de febrero de 2008, varias notas periodísticas difamando y calumniando a la Sra. Yara Fernández Moreno fueron pegadas en su lugar de trabajo al tiempo que fueron arrancadas las informativas sobre la deforestación de "El Zapotal", reserva ecológica en Tuxtla Gutiérrez. .
El autor de las difamaciones acusó también a la Sra. Yara Fernández Moreno en varios medios de comunicación de "crear conflictos al Estado; involucrar el nombre del gobernador, Juan Sabines Guerrero; faltar de respeto a la investidura del jefe del Poder Ejecutivo del Estado y de congraciarse con organizaciones atípicas a la paz social de nuestro Estado".
Según las denuncias, el Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE), empleador de la Sra. Yara Hernández, la estaría obligando con medios coercitivos y jurídicos a que ella salga de las instalaciones del mismo y que se traslade a unas oficinas ubicadas fuera de El Zapotal.
Los hechos de difamación ocurrieron con base en el artículo 378 del Código Penal en Chiapas que fue aprobado el 17 de enero de 2008, y que reforma el Código Penal de Chiapas, prohibiendo la "incitación a la violencia" y justificando la detención ilegal por cualquier actitud, idea, expresión o acción que no vaya acorde con los intereses del Estado, lo cual violaría derechos constitucionales tales como la libertad de expresión, de manifestación, de organización, la libertad de pensamiento, el derecho a dar una opinión y el derecho del pueblo a estar informado.
Ante esto, la Sra. Yara Fernández Moreno, quien ha pedido protección, declaró que: "no es la primera vez que se ejercen medios coercitivos contra mi para intentar forzar mi salida del ZOOMAT y que suben de tono las aseveraciones contra mi persona al emitir una opinión a los medios locales. Pese a que, desde el pasado 17 de diciembre, se levantó en mi contra el acta administrativa3 # UAJ/0032/07, me he sostenido con dignidad profesional en el ZOOMAT y poniendo al servicio de los tuxtlecos las investigaciones en pro de la conservación de la Reserva Ecológica "El Zapotal", último pulmón de Tuxtla Gutiérrez e importante refugio de vida silvestre. Preocupada por resguardar la seguridad a mi persona, pido la intervención de organismos de Derechos Humanos".
Según las informaciones, los hechos arriba mencionados estarían relacionados con la denuncia hecha por la Sra. Yara Fernández sobre la devastación de la zona de amortiguamiento de la reserva natural de "El Zapotal". En efecto, según la denuncia de la Sra. Yara Fernández Moreno, la Dirección General del Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE) habría intervenido para que se otorgaran permisos a la empresa Constructora Sauce S.A. para la construcción de un nuevo fraccionamiento de 7 hectáreas y de alta densidad poblacional en la zona de amortiguamiento de "El Zapotal".
El Observatorio condena estos nuevos actos de hostigamiento, que, de acuerdo con las denuncias, se producen dentro un clima de frecuente hostigamiento que han sufrido diversos movimientos sociales y defensores de derechos humanos, en particular aquellos involucrados en la defensa del medio ambiente en México y manifiesta su preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de la Sra. Yara Fernandez Moreno y en general de todos los demás los defensores de derechos humanos en México, a la vez que solicita a las autoridades mexicanas que tomen todas las medidas necesarias para garantizarlos.
Acción solicitada:
Favor escribir a las autoridades mexicanas urgiéndolas a:
i. levantar inmediatamente el acta administrativo en contra de la Sra. Yara Fernández Moreno, y dejar de interferir en sus investigaciones;
ii. realizar declaraciones oficiales para garantizar el restablecimiento de la verdad acerca de los actos de hostigamiento contra el trabajo llevado a cabo por la Sra. Yara Fernández Moreno y poner fin a toda forma de hostigamiento en su contra y en contra de todos los defensores de los derechos ambientales en México;
iii. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona "individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1) y a "garantizar la protección de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración" (Art. 12.2);
iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por México.
Direcciones:
· Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel: +52 (55) 27891100 Fax: +52 (55) 527 72 376. + 52 (55) 27 89 11 13. E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
· Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 16, Avenue du Budé. 1202, Ginebra, Case postale 433. Fax: +4122.748.07.08. E-mail: mission.mexico@ties.itu.int
· Embajada de México en Bruselas, 94 avenue F.D. Roosevelt, 1050 Ixelles, Bélgica. Fax: +32 2 644 08 19
· Licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, Secretario de Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX (55) 5093 34 14 E-Mail: frjramirez@segob.gob.mx
· Licenciado José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Periférico sur 3469, Col. San Jerónimo Lidice 10200 México D.F. Tel.: +52 (55) 5490 7400 Fax: +52 (55) 5681 7199 E-mail: correo@cndh.org.mx / correo@fmdh.cndh.org.mx / aasatashvili@cndh.org.mx Tel.: +52 (55) 5490 7400 Fax: +52 (55) 5681 7199 / 56 35 / + 55.568 18125
· Licenciado Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la República, Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MÉXICO, Fax: +52 55 53 46 09 08; + 52 55 27 89 11 13 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor"). E-mail: ofproc@pgr.gob.mx
También pueden escribir a las autoridades del Estado de Chiapas:
Licenciado Juan José Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas,
Palacio de Gobierno 1er. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Conmutador: 01(961) 8-80-50 Ext. 21121 Teléfono: 61 8-80-86, 61 8-80-87, 61 8-80-88
Fax: Ext. 21120, 21122 E-mail: juansabines@chiapas.gob.mx
Licenciado Amador Rodríguez Lozano, Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas,
Libramiento Norte Oriente S/N, Col. Infonavit El Rosario, C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Conmutador: (961) 6 17 23 00. Ext. 17117, 17118 Fax: Ext.17119
E-mail: fiscaliachiapas@prodigy.net.mx
Licenciado Juan Carlos Moreno Guillen, Presidente de la Comisión de los Derechos humanos del Estado de Chiapas, Boulevard Comitán 143 Col. Moctezuma, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Tel. (961) 602 8980 y 602 8981 Lada sin costo: 01 800 55 28 242 E-mail: cdh@cdh-chiapas.org.mx
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.
***
Ginebra-París, 20 de febrero de 2008
Agradeceremos informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones, proporcionándoles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible. Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998
Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:
Tel. y fax FIDH: (+33 1) 4 355.20.11 / 4355.18.80
Tel. y fax OMCT: + 41 22 809.49.39 / 809.49.29 E-mail: Appeals@fidh-omct.org
1 La Sra. Yara Fernández Moreno trabaja hace cerca de 17 años en el Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE), realizando investigaciones en la reserva ecológica El Zapotal, lugar en donde se encuentra el zoológico "Miguel Álvarez del Toro". Ella ha escrito trabajos que son referencia necesaria en el tema de las reservas ecológicas urbanas y ha denunciado los planes de convertir a la mencionada reserva en un destino turístico, lo cual traería un irremediable daño ecológico.
3 El acta fue levantada en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Historia Natural y Ecologíao (IHNE), el cual pretende despedirla de ésta institución por no haber salido de su oficina del ZOOMAT y no haber dejado sus investigaciones el pasado 30 de noviembre.
Hostigamiento / Campaña de difamación
MÉXICO
20 de febrero de 2008
El Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos, programa conjunto de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita su intervención URGENTE ante la siguiente situación en México.
Descripción de la situación:
El Observatorio ha recibido con preocupación informaciones de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos (LIMEDDH), sobre la campaña de difamación y los actos de hostigamiento sufridos por la Sra. Yara Fernández Moreno, doctorante en ecología, investigadora1 y trabajadora del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro" (ZOOMAT), en hechos ocurridos en Tuxtla Gutiérrez, en el Estado de Chiapas.
De acuerdo con las informaciones, el 6 de febrero de 2008, varias notas periodísticas difamando y calumniando a la Sra. Yara Fernández Moreno fueron pegadas en su lugar de trabajo al tiempo que fueron arrancadas las informativas sobre la deforestación de "El Zapotal", reserva ecológica en Tuxtla Gutiérrez. .
El autor de las difamaciones acusó también a la Sra. Yara Fernández Moreno en varios medios de comunicación de "crear conflictos al Estado; involucrar el nombre del gobernador, Juan Sabines Guerrero; faltar de respeto a la investidura del jefe del Poder Ejecutivo del Estado y de congraciarse con organizaciones atípicas a la paz social de nuestro Estado".
Según las denuncias, el Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE), empleador de la Sra. Yara Hernández, la estaría obligando con medios coercitivos y jurídicos a que ella salga de las instalaciones del mismo y que se traslade a unas oficinas ubicadas fuera de El Zapotal.
Los hechos de difamación ocurrieron con base en el artículo 378 del Código Penal en Chiapas que fue aprobado el 17 de enero de 2008, y que reforma el Código Penal de Chiapas, prohibiendo la "incitación a la violencia" y justificando la detención ilegal por cualquier actitud, idea, expresión o acción que no vaya acorde con los intereses del Estado, lo cual violaría derechos constitucionales tales como la libertad de expresión, de manifestación, de organización, la libertad de pensamiento, el derecho a dar una opinión y el derecho del pueblo a estar informado.
Ante esto, la Sra. Yara Fernández Moreno, quien ha pedido protección, declaró que: "no es la primera vez que se ejercen medios coercitivos contra mi para intentar forzar mi salida del ZOOMAT y que suben de tono las aseveraciones contra mi persona al emitir una opinión a los medios locales. Pese a que, desde el pasado 17 de diciembre, se levantó en mi contra el acta administrativa3 # UAJ/0032/07, me he sostenido con dignidad profesional en el ZOOMAT y poniendo al servicio de los tuxtlecos las investigaciones en pro de la conservación de la Reserva Ecológica "El Zapotal", último pulmón de Tuxtla Gutiérrez e importante refugio de vida silvestre. Preocupada por resguardar la seguridad a mi persona, pido la intervención de organismos de Derechos Humanos".
Según las informaciones, los hechos arriba mencionados estarían relacionados con la denuncia hecha por la Sra. Yara Fernández sobre la devastación de la zona de amortiguamiento de la reserva natural de "El Zapotal". En efecto, según la denuncia de la Sra. Yara Fernández Moreno, la Dirección General del Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE) habría intervenido para que se otorgaran permisos a la empresa Constructora Sauce S.A. para la construcción de un nuevo fraccionamiento de 7 hectáreas y de alta densidad poblacional en la zona de amortiguamiento de "El Zapotal".
El Observatorio condena estos nuevos actos de hostigamiento, que, de acuerdo con las denuncias, se producen dentro un clima de frecuente hostigamiento que han sufrido diversos movimientos sociales y defensores de derechos humanos, en particular aquellos involucrados en la defensa del medio ambiente en México y manifiesta su preocupación por la seguridad y por la integridad física y psicológica de la Sra. Yara Fernandez Moreno y en general de todos los demás los defensores de derechos humanos en México, a la vez que solicita a las autoridades mexicanas que tomen todas las medidas necesarias para garantizarlos.
Acción solicitada:
Favor escribir a las autoridades mexicanas urgiéndolas a:
i. levantar inmediatamente el acta administrativo en contra de la Sra. Yara Fernández Moreno, y dejar de interferir en sus investigaciones;
ii. realizar declaraciones oficiales para garantizar el restablecimiento de la verdad acerca de los actos de hostigamiento contra el trabajo llevado a cabo por la Sra. Yara Fernández Moreno y poner fin a toda forma de hostigamiento en su contra y en contra de todos los defensores de los derechos ambientales en México;
iii. asegurar la aplicación de lo dispuesto por la Declaración sobre los defensores de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea general de la ONU el 9 de diciembre de 1998, en particular en lo referente a la protección del Derecho de toda persona "individual o colectivo, de promover la protección y el respeto de los derechos humanos, de las libertades fundamentales, tanto en el plano nacional como internacional y a esforzarse por ellos" (Art.1) y a "garantizar la protección de toda persona, individual y colectivamente, frente a toda violencia, amenaza, represalia, discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo de los derechos mencionados en la Declaración" (Art. 12.2);
iv. de manera general, conformar sus acciones a lo dispuesto por los Pactos y Convenciones Internacionales ratificados por México.
Direcciones:
· Señor Presidente Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, Residencia Oficial de los Pinos, Casa Miguel Alemán, Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, México DF. Tel: +52 (55) 27891100 Fax: +52 (55) 527 72 376. + 52 (55) 27 89 11 13. E-mail: felipe.calderon@presidencia.gob.mx
· Misión Permanente de México ante las Naciones Unidas en Ginebra, 16, Avenue du Budé. 1202, Ginebra, Case postale 433. Fax: +4122.748.07.08. E-mail: mission.mexico@ties.itu.int
· Embajada de México en Bruselas, 94 avenue F.D. Roosevelt, 1050 Ixelles, Bélgica. Fax: +32 2 644 08 19
· Licenciado Francisco Javier Ramírez Acuña, Secretario de Gobernación, Bucareli 99, 1er. piso, Col. Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06600, México, FAX (55) 5093 34 14 E-Mail: frjramirez@segob.gob.mx
· Licenciado José Luis Soberanes Fernández, Presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Periférico sur 3469, Col. San Jerónimo Lidice 10200 México D.F. Tel.: +52 (55) 5490 7400 Fax: +52 (55) 5681 7199 E-mail: correo@cndh.org.mx / correo@fmdh.cndh.org.mx / aasatashvili@cndh.org.mx Tel.: +52 (55) 5490 7400 Fax: +52 (55) 5681 7199 / 56 35 / + 55.568 18125
· Licenciado Eduardo Medina-Mora Icaza, Procurador General de la República, Procuraduría General de la República, Paseo de la Reforma nº 211-213, Piso 16, Col. Cuauhtémoc, Del. Cuauhtémoc, México D.F., C.P. 06500, MÉXICO, Fax: +52 55 53 46 09 08; + 52 55 27 89 11 13 (si responde una voz, digan: "tono de fax, por favor"). E-mail: ofproc@pgr.gob.mx
También pueden escribir a las autoridades del Estado de Chiapas:
Licenciado Juan José Sabines Guerrero, Gobernador del Estado de Chiapas,
Palacio de Gobierno 1er. Piso, Centro C.P. 29000 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
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Fax: Ext. 21120, 21122 E-mail: juansabines@chiapas.gob.mx
Licenciado Amador Rodríguez Lozano, Fiscal General de Justicia del Estado de Chiapas,
Libramiento Norte Oriente S/N, Col. Infonavit El Rosario, C.P. 29049 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas Conmutador: (961) 6 17 23 00. Ext. 17117, 17118 Fax: Ext.17119
E-mail: fiscaliachiapas@prodigy.net.mx
Licenciado Juan Carlos Moreno Guillen, Presidente de la Comisión de los Derechos humanos del Estado de Chiapas, Boulevard Comitán 143 Col. Moctezuma, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México. Tel. (961) 602 8980 y 602 8981 Lada sin costo: 01 800 55 28 242 E-mail: cdh@cdh-chiapas.org.mx
Favor escribir también a las Representaciones Diplomáticas de México en sus respectivos países.
***
Ginebra-París, 20 de febrero de 2008
Agradeceremos informar al Observatorio acerca de cualquier acción emprendida, indicando el código del presente llamado.
El Observatorio, programa conjunto de la FIDH y la OMCT, está destinado a la protección de los defensores de los derechos humanos víctimas de violaciones, proporcionándoles una ayuda cotidiana tan concreta como sea posible. Premio de Derechos Humanos de la República Francesa, 1998
Para contactar el Observatorio, comuníquese a la Línea de Urgencia:
Tel. y fax FIDH: (+33 1) 4 355.20.11 / 4355.18.80
Tel. y fax OMCT: + 41 22 809.49.39 / 809.49.29 E-mail: Appeals@fidh-omct.org
1 La Sra. Yara Fernández Moreno trabaja hace cerca de 17 años en el Instituto de Historia Natural y Ecología (IHNE), realizando investigaciones en la reserva ecológica El Zapotal, lugar en donde se encuentra el zoológico "Miguel Álvarez del Toro". Ella ha escrito trabajos que son referencia necesaria en el tema de las reservas ecológicas urbanas y ha denunciado los planes de convertir a la mencionada reserva en un destino turístico, lo cual traería un irremediable daño ecológico.
3 El acta fue levantada en la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Historia Natural y Ecologíao (IHNE), el cual pretende despedirla de ésta institución por no haber salido de su oficina del ZOOMAT y no haber dejado sus investigaciones el pasado 30 de noviembre.
Indígenas guerrerenses narran abusos cometidos por soldados
Sergio Ocampo Arista (Corresponsal)
Chilpancingo, Gro., 19 de febrero. Durante la celebración del Día del Ejército, el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, afirmó que “el hostigamiento, así como los abusos, maltratos, matanzas, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales de mujeres indígenas” son algunas de las consecuencias que ha traído consigo la militarización en Guerrero; por ello, dijo, se hace necesario evaluar el papel que han tenido los militares y las nuevas atribuciones que se les han dado para combatir al narcotráfico.
Vía telefónica resaltó que la institución armada ha cometido “las más graves violaciones a derechos humanos contra pueblos y comunidades indígenas en el estado. Desde los años 70, el Ejército ha tenido una fuerte y constante presencia en la Montaña, Costa Chica y Costa Grande, con campamentos que instalan a las orillas o entradas principales de las comunidades, y con retenes de revisión que colocan sobre los caminos y carreteras”.
Recordó que en 1997 los militares masacraron a indígenas mixtecos que se encontraban en una escuela primaria de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, y en 2002 un grupo de soldados violó tumultuariamente a dos indígenas en este mismo lugar.
Dijo que en la actualidad el Ejército Mexicano ha tenido acciones hostiles contra indígenas, como es el caso de Obtilia Eugenio Manuel, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa, quien ha sido amenazada por personas vinculadas con la milicia.
“Otros pueblos indígenas que sufren represión son el nahua de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, en la Montaña, donde se instaló un campamento militar; en Juanacatlán, municipio de Metlatónoc, uno de los más pobres de México, el mes de agosto pasado un grupo militar irrumpió y encañonó a los pobladores, cuando pretendían detener a un menor de edad.”
Chilpancingo, Gro., 19 de febrero. Durante la celebración del Día del Ejército, el coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, afirmó que “el hostigamiento, así como los abusos, maltratos, matanzas, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales de mujeres indígenas” son algunas de las consecuencias que ha traído consigo la militarización en Guerrero; por ello, dijo, se hace necesario evaluar el papel que han tenido los militares y las nuevas atribuciones que se les han dado para combatir al narcotráfico.
Vía telefónica resaltó que la institución armada ha cometido “las más graves violaciones a derechos humanos contra pueblos y comunidades indígenas en el estado. Desde los años 70, el Ejército ha tenido una fuerte y constante presencia en la Montaña, Costa Chica y Costa Grande, con campamentos que instalan a las orillas o entradas principales de las comunidades, y con retenes de revisión que colocan sobre los caminos y carreteras”.
Recordó que en 1997 los militares masacraron a indígenas mixtecos que se encontraban en una escuela primaria de El Charco, municipio de Ayutla de los Libres, y en 2002 un grupo de soldados violó tumultuariamente a dos indígenas en este mismo lugar.
Dijo que en la actualidad el Ejército Mexicano ha tenido acciones hostiles contra indígenas, como es el caso de Obtilia Eugenio Manuel, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me´phaa, quien ha sido amenazada por personas vinculadas con la milicia.
“Otros pueblos indígenas que sufren represión son el nahua de Temalacatzingo, municipio de Olinalá, en la Montaña, donde se instaló un campamento militar; en Juanacatlán, municipio de Metlatónoc, uno de los más pobres de México, el mes de agosto pasado un grupo militar irrumpió y encañonó a los pobladores, cuando pretendían detener a un menor de edad.”
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