lunes, 25 de febrero de 2008

INVITACION IMPORTANTE

HOY LUNES 25 DE FEBBRERO EL LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR PRESIDENTE LEGITIMO DE MEXICO ESTARA EN EL PROGRAMA DE RADIO CON SALDAÑA A LAS 10:00 HORAS POR EL 760 DE AM

NOTIBOTE 38 (La escuelita NOTIBOTE)

VIDEO: El plan de acciones de Resistencia Civil Pacífica para la Defensa del Petróleo



Cortesía de AMLO TV

http://soberaniapopular.blogspot.com

URGENTE, Acciones contra la Reforma Judicial, Ley Gestapo

México D.F., 23 de febrero de 2008

Al Pueblo de México

A Las Organizaciones Sociales

A los Sindicatos

Hacemos un llamado urgente para integrarse a las actividades que desarrollaremos el próximo martes 26 en las inmediaciones del Palacio Legislativo de San Lázaro, con la finalidad de fijar la posición del FNCR y de un amplio sector de la sociedad mexicana ante la muy posible aprobación de la iniciativa de reforma en materia judicial.

Allí, el Frente Nacional Contra la Represión expresará su decisión de iniciar una etapa de lucha en todos los espacios necesarios para echar abajo estas reformas que expondrían de manera peligrosa al abuso policiaco a todo el pueblo de México.

Las siguientes son las acciones que realizaremos y a las cuáles hacemos una invitación amplia a participar:

8:30 Ya que por lo general a partir de las 9:00 horas los legisladores sostienen reuniones plenarias con sus respectivos grupos parlamentarios, y allí fijan sus posiciones ante la agenda legislativa del día, convocamos a expresarnos en los accesos de San Lázaro con materiales visuales que expresen nuestro rechazo a la reforma judicial, y nuestras exigencias a los legisladores.

Simultáneamente se desarrollarán acciones de propagandización, las cuáles tendrán por objetivo informar a la gente sobre lo que ese día decidirán los legisladores, repartiendo volantes, el cómic de El Fisgón, y con mantas en esquinas y cruceros.

Para desarrollar lo anterior hacemos un llamado a todas las personas para que impriman sus propios materiales, lleven volantes, y hagan sus mantas y pancartas, para lo cual compartimos algunos materiales y frases, a la vez de pedirles su creatividad (Ver Anexo1)

12:00 Acto político - cultural en la entrada principal al palacio de San Lázaro.

Además hacemos un llamado a todas las organizaciones y personas a lo largo y ancho del país, así como a los frentes estatales contra la represión, a que se pronuncien de las maneras que consideren convenientes en torno a este tema.

Atentamente,

Comisión de Difusión, Prensa y Propaganda

Anexo 1

Las siguientes son frases que consideramos oportunas para imprimir en pancartas, mantas y volantes, además enviamos en archivos adjuntos el logotipo del FNCR, y un cartel de Mujeres sin Miedo.

1. ¿Confías en la policía, la quieres adentro de tu casa? No a la Reforma Judicial

2. ¿Confías en el criterio de autoridades que solapan la pederastia? No a la Reforma Judicial

3. ¿El poder judicial mexicano es confiable? Ya no te respaldará ni la Constitución No a la Reforma Judicial

4. ¿Va a desaparecer la corrupción con una ley que instiga la impunidad de las autoridades corruptas? No a la Reforma Judicial

5. El narcotráfico y las autoridades están coludidos, la ley se aplicará a discreción del poder ¿tienes el poder para defenderte de la impunidad? No a la Ley Judicial

6. La impunidad será legal No a la Reforma judicial

7. Menos garantías para los ciudadanos, más poder para la policía. No a la ley judicial

8. Los gorilas salen a las calles, van a entrar a tu casa ¿te sientes más seguro? No a la Ley Judicial

9. Tus cuentas bancarias van a ser botín de las "autoridades" No a la Reforma Judicial

10. Tus teléfonos van a estar intervenidos, ¿estás dispuesto a la extorsión de autoridades corruptas? No a la Reforma Judicial

11. Hasta Soberanes está en contra de esta reforma. No a la Ley Judicial

12. Si aprueban la Reforma Penal vamos directo a una sociedad cavernaria No a la Ley Judicial

13. La violencia institucionalizada, el asalto a los hogares, la confiscación de tu bienes ¿así quieres vivir? No a la Ley Judicial

14. La reunión de tres amigos puede convertirlos en criminales bajo esta ley. No a la Reforma Penal

15. Reforma penal/ Ley judicial/ Ley Penal todas estos nombres describen la infamia de quien no sabe gobernar y requiere de la violencia para mantenerse

Para los diputados:

16. El fuero no dura eternamente, todas las acciones tienen su merecido ¿están seguros de no arrepentirse de ésta? No a la Reforma Judicial

17. Señores Diputados ¿Usted confiaría a su familia con un policía? El Fuero no es eterno, No a la Reforma Judicial

18. ¿Alguien a escuchado hablar sobre el abuso policial? No a la Reforma Judicial

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LO ESTAMOS LOGRANDO‏

El consorcio Puerto Mío pertenece a McCarthy, director del Fonatur con Vicente Fox
ROBERTO RAMIREZ BRAVO, I
Los documentos dejan poco lugar a dudas: con recursos públicos se prepara la construcción de un muelle de cruceros para el desarrollo Puerto Mío en la bahía de Zihuatanejo.
Durante 17 años la empresa Desarrolladora Punta Mar, SA de CV, propietaria de ese consorcio turístico, hizo todos los trámites legales: obtuvo la concesión federal, pagó la licencia de construcción, presentó su manifestación de impacto ambiental, y todavía en 2005 contrató con la UNAM una opinión técnica con respecto a este último documento, y sólo tuvo como freno a su proyecto, que de otro modo iría viento en popa, a la oposición permanente de los integrantes de la Red de Organizaciones Ambientalistas de Zihuatanejo (Rogaz) y en últimas fechas, del Movimiento del Pueblo en Defensa de la Bahía.
Confrontado con estas organizaciones, que han impulsado desde la movilización hasta la acción legal y la denuncia internacional, Puerto Mío no lograba concretar su proyecto, hasta que en marzo del año pasado la intervención del alcalde Silvano Blanco Deaquino destrabó una gestión largamente frenada. El 7 de noviembre de 2006, mediante oficio PM/0642/2006, el munícipe solicitó al presidente Felipe Calderón la construcción de un muelle de cruceros, y el 5 de marzo siguiente reiteró la solicitud, misma que fue atendida de inmediato, y en menos de un año se elaboró el proyecto y se anunció que en febrero comenzarían los trabajos para construir el muelle que Punta Mar no pudo en tanto tiempo.
Sin embargo, los documentos que la empresa utilizó para sus trámites, así como el proyecto que ahora es adjudicada por la SCT, con base en la petición del alcalde, todos en poder de La Jornada Guerrero, constatan que en realidad se trata de la misma obra.
Según los ambientalistas de la Rogaz, el fondo del asunto es la versión, que ha persistido durante los últimos 17 años, de que el propietario real del consorcio Puerto Mío no es otro más que John McCarthy Sandland, el director del Fondo Nacional de Turismo (Fonatur) del gobierno de Vicente Fox.
La historia documental
El 28 de mayo de 1991, el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari dio comienzo a esta historia al emitir un decreto para desincorporar diversas superficies del recinto portuario de Zihuatanejo y autorizar a la ya desaparecida Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología (Sedue, cuyo titular era el ahora perredista Manuel Camacho Solís) a enajenarlas en favor de Promotora Turística para construir “un desarrollo náutico-turístico”.
Tres años más tarde, el 29 de agosto de 1993, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó la concesión por 30 años en favor de Inmobiliaria Punta del Mar SA de CV para la “construcción, operación y explotación de una terminal portuaria para cruceros turísticos”.
Esta empresa desataría uno de los más intensos movimientos de oposición luego de que el 14 de abril de 1994, tres años después, la dirección general de Normatividad Ambiental del Instituto Nacional de Ecología, con oficio DGN-2833, autorizó a Punta del Mar SA la Manifestación de Impacto Ambiental, con la que se construiría un espigón frente al hotel Puerto Mío, que “afectaba el flujo de las corrientes marinas, además de contribuir a la desaparición de la playa El Almacén y laterar el azolve con lodos en esa zona de la bahía, afectando los bancos de ostiones, almejas”, según se lee en un punto de acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria del 28 de septiembre de ese año.
Una prueba de que el muelle que ahora se anuncia con recursos de la SCT, es la licencia de construcción para el mismo, con número 0567, que se expidió el 21 de noviembre de 2000 durante el gobierno municipal del priísta Jorge Allec Galeana, en favor de Inmobiliaria Punta del Mar, SA de CV.
En ese documento, firmado además del alcalde, por la directora de Desarrollo Urbano, Concepción del Carmen Rivera Martell, no tiene ninguna especificación más que la indicación de un área total de 336 metros cuadrados. Por la obtención de este documento, básico para el desarrollo de la obra, la empresa pagó al día siguiente –según recibo 2618– la cantidad de 15 mil 160 pesos a pesar que, según denunció en su momento el ex encargado del proyecto, Eligio Peñaloza, debieron pagar 1 por ciento del costo del mismo. El director responsable de la obra que no apareace en la licencia de construcción, sino sólo en una solicitud anexa, es el ingeniero José Ascencio Peñaloza Bustos.
A pesar de toda la oposición, Punta del Mar SA continuó con sus gestiones, y en abril de 2005 contrató a los especialistas Dení Rodríguez Vargas, Carlos Candelaria Silva y Norma López Gómez, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, para elaborar una opinión técnico-científica respecto a la Manifestación de Impacto Ambiental que ya les había sido autorizada en 1994.
Entre esta larga historia de trámites y de constante esfuerzo por consolidar su proyecto del puerto de cruceros, de manera repentina desaparece Punta del Mar SA y, un año más tarde, en noviembre de 2006, entra en acción el alcalde, a cuya petición, según informó el secretario de Fomento Turístico, Ernesto Rodríguez Escalona en septiembre pasado, “ya se terminaron todos los estudios” y sólo falta la decisión final para ponerlo en marcha.

Buscan en San Lázaro frenar activismo de curas

Enrique Méndez
El PRD en la Cámara de Diputados buscará acotar desde la Constitución la intervención de jerarcas de la Iglesia católica en favor o en contra de actores políticos, así como sancionar a los sacerdotes que cometan abusos sexuales y exigir a sus asociaciones religiosas la indemnización a las víctimas.
En una iniciativa de reforma a los artículos 40 y 130 constitucionales suscrita por el coordinador perredista Javier González Garza y los diputados Susana Monreal Ávila y José Antonio Almazán, se señala que es necesario “poner coto a los abusos cometidos por religiosos” y terminar con la impunidad de los ministros de culto, que al ser protegidos para evitar ser juzgados disfrutan “de un auténtico fuero religioso”.
Ejemplo de ello, aseguran los perredistas, es el del cura Nicolás Aguilar Rivera, “caso paradigmático del alto grado de impunidad y encubrimiento del que aún gozan los delitos sexuales cometidos por integrantes de asociaciones religiosas”, pues fue ayudado a escapar, afirman, a Estados Unidos por su entonces superior, Norberto Rivera Carrera.
El documento plantea que se considere a los sacerdotes y ministros de otras asociaciones religiosas como profesionales y se les pueda atribuir responsabilidad civil y penal si no denuncian cualquier delito, en específico los sexuales, cometido por compañeros de religión.
Como parte de la exposición de motivos para esta reforma, se plantea que el Estado laico es constantemente cuestionado por las iglesias y grupos políticos de poder, “que aspiran al restablecimiento de un Estado confesional”, y resalta que en los años recientes, desde el púlpito, en las calles o los medios de información “diversas iglesias han sido firmes opositoras a reformas como la de los derechos reproductivos y las sociedades de convivencia, pero también intervinieron en la campaña presidencial de 2006”.
La iniciativa considera que si bien las reformas que la Cámara de Senadors aprobó al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, en materia de explotación sexual infantil para instituir el término de corrupción de menores de edad o de personas sin capacidad para comprender el significado del abuso –que duplican las sanciones si el delito es cometido por ministros religiosos– son un buen paso para frenar la pederastia, se requiere fortalecer el marco legal.
Por ello plantean adiciones al artículo 130 de la Constitución para establecer la obligación de las autoridades religiosas de denunciar cualquier delito sexual cometido por sus ministros y personal administrativo.
Plantean que el Estado debe asumir mayor vigilancia y transparencia en el registro de las asociaciones religiosas, de su padrón de miembros, de las propiedades que poseen y a título de quién, así como del conocimiento de sus ingresos y del cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Se propone agregar en el artículo 130 que la Secretaría de Gobernación publique un informe trimestral del padrón y su actualización, delimitar que el gobierno federal no podrá intervenir en la vida interna de las asociaciones religiosas o de los ministros, siempre y cuando no interfieran en actividades con fines políticos, “inicien o participen en mensajes provocativos y ofensivos contra un ciudadano, institución o partido político ni perturben el orden público o provoquen daños a terceros”.
También se considera sancionar al candidato a algún cargo de elección popular que de manera pública utilice signos o imágenes religiosas en campaña.
La iniciativa define que los gobiernos federal, estatales y municipales podrían tener facultades para cobrar indemnización al o a los ministros que incurran en esas responsabilidades.
Y, finalmente, que se defina en el citado artículo que el Estado es laico y está basado en la tolerancia, la libertad de cultos “y cuyas instituciones políticas están legitimadas por el voto popular y no por elementos religiosos”.

Informes sobre admisión de amparos contra la reforma judicial‏


El Poder Judicial de la Federación, por conducto del decimoprimer juzgado de distrito en materia administrativa del Distrito Federal, admite las primeras demandas de amparo dentro del procedimiento ciudadano nacional constitucional para impedir que se consume la mutilación de la inviolabilidad constitucional del domicilio en la Constitución, contra todos los legisladores, por no haber explicado ni justificado hasta el momento, por escrito debidamente fundado y motivado, las causas o razones de la reforma que permite ingresar a la policía sin orden de juez y los arraigos de más de 80 días, por lo que se invita a la ciudadanía a recibir información sobre la admisión de estas demandas, hoy, a las 15:30 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a un costado de Palacio Nacional, con Guadalupe Marisol Martínez, Roberto Villaseñor Aceves, José T. Cardoza, Javier Matus, Arturo Rivera, María Teresa Guzzy, Roberto Villaseñor, Gerardo Durán y Román Díaz Vázquez.

Mayores informes en los teléfonos: 044 55 39 34 45 97 y 044 55 35 51 70 49 o el correo
apimac_2003@yahoo.com.mx, página www.pcmdeapimac.org
Plataforma Constitucionalista de México y Consejo Nacional de Organizaciones APN, entre otras. Movimiento Ciudadano Obradorista

Médico forense ratifica que en el caso Ascensión Rosario hubo ataque sexual


El médico forense que hace un año realizó la autopsia al cuerpo de la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario en Orizaba, Pablo Mendizábal, ratificó las conclusiones que registró el 26 de febrero en el acta ministerial y asegura, contra viento y marea: “No hubo error. Los desgarres en la zona rectal, la fractura de costillas y la cirrosis hepática que yo detecté se confirmaron en el peritaje posterior a la exhumación”.
En los resultados de la primera necropsia, Mendizábal concluyó que la muerte de Ernestina Ascensión se debió a una “mecánica traumática, un traumatismo craneoencefálico y a una anemia aguda producto de una hemorragia”.
La familia de la mujer nahua de 73 años y las autoridades de su comunidad, Tetlalzinga, en la sierra Zongolica, denunciaron inicialmente que la anciana fue agredida y violada, y que las lesiones que le provocaron le causaron la muerte. Las sospechas se dirigieron hacia los soldados que acampaban cerca de donde fue encontrada doña Ernestina por sus hijas y nietos, en un pinar. De Tetlalzinga, en los altos de la Zongolica, fue trasladada al Hospital Regional de Río Blanco el 25 de febrero. El 26 en la madrugada falleció.
La Procuraduría Militar abrió una investigación paralela a la civil, pero sus avances y resultados no se han hecho públicos.
Los médicos y peritos que participaron en la atención de doña Ernestina antes de morir y en la posterior autopsia llegaron a la misma conclusión: la anciana fue víctima de una brutal violación. Aportaron múltiples indicios a la prensa y a la Procuraduría de Justicia veracruzana. Días más tarde se lanzó desde las oficinas del titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, una campaña para desvirtuar las evidencias e inhibir a quienes sostenían la versión de muerte por hemorragia provocada por un grave desgarre en la región anal. Tres –incluido Mendizábal– están sujetos a dos procesos, uno administrativo y otro penal, por recomendación de la CNDH.
En mayo del 2007, dando un drástico viraje a la línea de investigación original, el gobierno veracruzano cerró el caso como un deceso natural, por enfermedad.
De la docena de especialistas, médicos, peritos y funcionarios que hace un año iniciaron la línea de investigación por agresión sexual, la mayor parte cambiaron declaraciones ministeriales, incluso modificaron conclusiones médicas y forenses para ajustarse a la línea de la CNDH, la famosa “gastritis crónica” que anticipó el presidente Felipe Calderón.
La familia, que al principio rechazó con dignidad la versión de un deceso por enfermedad y pidió a las comunidades serranas apoyo para exigir justicia por el asesinato de su madre, terminó por doblegarse.
Una de las pocas voces que aún sostienen lo dicho a finales de febrero de 2007 es el médico forense que trabaja de perito de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz. Pablo Mendizábal Pérez, de 48 años, con maestría en ciencias penales y un diplomado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, está sujeto a investigación judicial, acusado de haber realizado la necropsia de doña Ernestina Ascensión en la funeraria Hermanos Vázquez de Orizaba y no en un anfiteatro autorizado. “Pero aquí y en los alrededores no hay un solo anfiteatro. A la fecha, un año después, no disponemos de un lugar así”.
El Ministerio Público estatal –la misma instancia que ahora lo investiga– fue quien le instruyó, mediante oficio, que se trasladara a dicha funeraria a hacer esa necropsia. “La procuraduría no puede fincar responsabilidades por tareas que ella misma ordena ni nos puede culpar por las carencias de la institución”, señala.
En su defensa ha aportado al menos 30 oficios, emitidos por el mismo Ministerio Público, donde se le ordena acudir a ésa y a otras funerarias de la ciudad a realizar autopsias. Además, sigue fungiendo como perito forense de la dependencia. Asegura tener el apoyo del gobernador Fidel Herrera. “Porque si fuera por la voluntad de Soberanes, yo estaría vendiendo semillas en la calle.”
Otro elemento de la demanda es por omisión, al no haber embalado y enviado los hisopos con muestras de un líquido encontrado en el área rectal y vaginal de la víctima al área de servicios periciales en Xalapa. Del examen de esa materia se concluyó que, en efecto, era líquido seminal y contenía dos elementos presentes únicamente en fluidos masculinos, fosfatasa y enzima P 30. El forense admite que, al carecer de refrigeradores adecuados, los peritos guardan esas muestras en biseles envueltos con hielo. Tampoco les proporcionan los medios para llevar personalmente o enviar las muestras a la capital del estado. Los directivos de la procuraduría estatal en Xalapa no enviaron a recoger las muestras sino dos días y medio después. Aun así se examinaron en laboratorio y se concluyó que era líquido seminal.
La CNDH desechó este resultado y presionó a los peritos en química forense a cambiar su versión inicial y convertir la substancia analizada, de líquido seminal, en “gel de laboratorio”.
Luego de la intervención de la CNDH, se ordenó la exhumación del cadáver. En la segunda necropsia, realizada 11 días después del deceso, asegura Mendizábal, se confirmaron los desgarros en la región rectal siete horas antes de que muriera, consistentes con el primer reporte médico que firmó la ginecóloga María Catalina Rodríguez Rosas, adscrita a la agencia especializada en delitos sexuales de la procuraduría del estado el 25 de febrero.
Esta especialista, que fue llamada de urgencia por la dirección del hospital de Río Blanco, certificó que “al tacto rectal se detecta una ámpula con contenido líquido al parecer con perforación de pared posterior de recto”. Asienta además: “se alcanza a palpar sacro, doloroso a la palpación”. Concluye que hay “al parecer un cuadro de perforación de recto (...) sus condiciones son graves, con riesgo de muerte”. La ginecóloga Rodríguez Rosas también está sujeta a investigación penal.
La segunda necropsia, el 9 de marzo, bajo la conducción de la CNDH, certificó la presencia de los desgarros consignados, pese al estado de descomposición del cuerpo, pero modificó la causa, atribuyéndoselos a “estreñimiento crónico y parasitosis”. La fractura de costillas, que también fue confirmada, fue atribuida a “ejercicios de reanimación cardiopulmonar”.
Pero Rodríguez Rosas y otros especialistas más que estuvieron en contacto con el caso en sus inicios ya no aceptan dar su versión a la prensa. Incluso el director del hospital de Río Blanco, Hugo Zárate, se desdijo y cambió todas sus declaraciones. “Más que indiferencia, hay temor. Todos están amenazados.”
Para el forense, la simple sucesión de hechos demuestra que la versión oficial, de muerte por gastritis aguda, no es consistente: “si llega una paciente mayor de edad muy grave al hospital y no hay indicios de desgarre anal, ¿para qué llaman al Ministerio Público pidiendo la intervención del área especializada en delitos sexuales? Luego del deceso, ¿por qué no se levantó un certificado de defunción por causas naturales y en lugar de eso se pidió nuestra intervención (servicio forense de la procuraduría estatal)?”

SERVICIO INFORMATIVO 362





Ciudad de México, 25 de febrero de 2008

Servicio informativo núm. 362
http://serviciodenoticiasisa.blogspot.com


SUMARIO:


I. Huelga legislativa, cercos y bloqueos ciudadanos y paro patriótico nacional: presenta la Comisión Coordinadora en Defensa del Petróleo el Plan de Acción para detener la privatización de Pemex


II. Contra los rapaces y sus aliados, crónica de La Lámpara de Diógenes


III. Siempre presentes, crónica de La Lámpara de Diógenes



LEGISLATIVA, CERCOS Y BLOQUEOS CIUDADANOS Y PARO PATRIÓTICO NACIONAL: PRESENTA LA COMISIÓN COORDINADORA EN DEFENSA DEL PETRÓLEO EL PLAN DE ACCIÓN PARA DETENER LA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX


Discurso de la senadora Rosalinda López, en la Asamblea General por la Defensa de la Constitución y del Petróleo, realizada frente a la Torre de Petróleos el 24 de febrero de 2008


El día de hoy, el movimiento en defensa del petróleo vislumbra una nueva etapa que ratificará nuestra firme decisión de proteger el patrimonio de la nación a través de acciones de resistencia civil pacífica.


Nuestro movimiento pacífico se inscribe en el marco de las acciones admitidas en una auténtica democracia, porque ésta no se agota con el simple ejercicio del voto; eso quisieran los adversarios políticos: que el pueblo se mantuviera callado, sumiso, sereno ante la entrega irresponsable, inmoral del patrimonio nacional.


Por el contrario, quienes libremente formamos parte de este movimiento estamos obligados a ejercer en forma integral nuestros derechos civiles y políticos, sí por la vía pacífica, pero sin ceder ni un centímetro en la defensa de la riqueza energética.


Sabemos que los riesgos de la represión estarán presentes y que los medios de comunicación dominados por la mafia arreciarán sus vulgares ataques para tratar de desacreditarnos.


Pero contamos con el apoyo popular, nos anima que después de casi 70 años de la expropiación petrolera decretada por el general Lázaro Cárdenas del Río, el pueblo de México mantenga la firme convicción de que el petróleo debe seguir bajo dominio de la nación y de que Pemex genera los recursos suficientes para su fortalecimiento.


Privatizar la riqueza del país ofende doblemente al pueblo de México, primero porque se trata de un acto de traición a la patria, y segundo, porque la intentona privatizadora proviene de un gobierno usurpador, de esa minoría voraz que se siente dueña de México y que en el 2006 robó la voluntad popular.


No nos engañan: bursatilización, asociación, coinversión, autonomía de gestión y demás propuestas similares que se hacen en nombre de la modernización de Pemex no son otra cosa que una privatización disfrazada, que busca sacar al Estado de la toma de decisiones con respecto a la paraestatal.


¡Pobre modernización, cuántos crímenes y atracos se comenten en su nombre!


Ante esta situación de emergencia en que se encuentra el país y en nombre de la Comisión Coordinadora en Defensa del Petróleo, ponemos a consideración de esta Asamblea la propuesta de acciones de resistencia civil pacífica que se pondrían en marcha progresivamente en todo el país.


Como parte de esta primera etapa continuaremos con las jornadas de constitución de los Comités Coordinadores Estatales, de Brigadas Patrióticas y Brigadas Permanentes de Información en plazas públicas, universidades, foros, municipios, villas, pueblos, rancherías, colonias y barrios.


En el momento en que sea presentada la iniciativa privatizadora, nuestra segunda etapa consistirá en:


1. Huelga Legislativa, a cargo de los Grupos Parlamentarios en el Congreso de la Unión de los partidos políticos que integran el Frente Amplio Progresista;


2. Inmediatamente, se instalarán cercos ciudadanos en las instalaciones de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados;


3. En los Estados, reforzaremos las acciones de los legisladores federales con cercos ciudadanos en los palacios de gobiernos estatales y Congresos locales.


En caso de que la iniciativa privatizadora no sea retirada, el movimiento será convocado por el Frente Amplio Progresista, legisladores federales, y la Comisión Coordinadora en Defensa del Petróleo a iniciar las siguientes acciones escalonadamente:


1. Cercos ciudadanos a los aeropuertos del país;


2. Cercos ciudadanos a las instalaciones administrativas estratégicas petroleras y financieras;


3. Bloqueos ciudadanos a carreteras en todo el país; y


4. Paro Patriótico Nacional


Mexicanos y mexicanas:


No hay de otra. Es la única opción que nos dejan quienes mantienen una alianza vergonzante en contra de la nación.


Hoy les decimos a los enemigos de México que, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, la resistencia civil pacífica crecerá y no dejará de movilizarse hasta que cesen los intentos de entregar el patrimonio del país al capital privado, nacional y extranjero.


La historia nos llama, el destino de la patria está en nuestras manos.



CONTRA LOS RAPACES Y SUS

de La Lámpara de Diógenes




La gran sombra que proyectaba la Torre de Petróleos Mexicanos (Pemex) a las 11 de la mañana cubría a los miles de ciudadanos que asistieron a la Asamblea General por la Defensa de la Constitución y el Petróleo para escuchar los planes y las acciones que se llevarán a cabo si se llega a presentar una iniciativa para privatizar la paraestatal.

El acto comenzó con los oradores del Partido Convergencia y del Partido del Trabajo, los cuales refrendaron su apoyo para impedir la privatización del petróleo; luego le llegó el turno al diputado Javier González Garza, pero en cuanto comenzó a hablar, los chiflidos y abucheos no se hicieron esperar, a tal grado que su discurso tuvo que ser interrumpido por el mismo Andrés Manuel López Obrador para acallar los gritos de la gente que crecían más y más: “Tenemos por encima de todo estar unidos y ser respetuosos con nuestros compañeros. Nada de gritos, aquí todos nos vamos a escuchar porque todos nos hacemos falta en esta lucha para sacar adelante al país. Yo les pido a ustedes que escuchemos con atención y con respeto al compañero Javier González Garza”. Se hizo el silencio y González Garza pudo continuar con su discurso.

La senadora Rosalinda López, una de las coordinadoras del movimiento, dio a conocer que, de presentarse una iniciativa para privatizar Pemex, iniciarán una huelga legislativa en San Lázaro y en el Senado; esta acción irá a la par con actos de resistencia civil pacífica, realizando cercos en ambas cámaras, así como en los palacios legislativos de cada estado para exigir a sus legisladores y gobernadores que se manifiesten en contra de la privatización; y en caso de no ser retirada dicha iniciativa, se realizarán cercos ciudadanos en aeropuertos, carreteras y oficinas estratégicas administrativas y financieras de Pemex; sin embargo, si con todo y eso no retiran la iniciativa de privatización, se convocará a un paro patriótico nacional.

Estas propuestas, junto con otras, como la de formación de brigadas patrióticas y concentraciones en plazas públicas para difundir información por la defensa del petróleo, fueron aprobadas en unanimidad, a mano levantada, por la Asamblea ahí reunida y conformada por cerca de cinco mil ciudadanos.

En esta Asamblea, Andrés Manuel López Obrador denunció a Juan Camilo Mouriño Terrazo como el principal promotor de la privatización de Pemex y entregó a los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) minutas, documentos y datos técnicos de los contratos millonarios que Mouriño obtuvo como subsecretario de Energía, para que impulsen la realización de las auditorías correspondientes.

A pesar de las incomodidades del lugar y de la extraña disposición del templete, pues mucha gente quedó detrás de la reja que divide la avenida Marina Nacional, se pudo escuchar, lejos y fuerte; todo el mundo estuvo atento al discurso y al llamado del presidente legítimo para defender lo que es de los mexicanos, formando brigadas de información para la defensa del petróleo.

Casi al finalizar, López Obrador expresó absoluto desacuerdo con la reforma judicial y solicitó a los dirigentes que integran el FAP a explorar y a agotar todas las posibilidades legales para lograr la libertad de los presos políticos de Atenco, de Flavio Sosa y de todos aquellos hombres y mujeres encarcelados por razones políticas o sociales. En ese instante, las miles de banderitas se levantaron y estallaron los gritos: “¡Presos políticos libertad!”, mientras, se veía cómo doña Rosario aplaudía, unos pasos atrás del presidente legítimo.





Para concluir, recordó la cita para el 18 de marzo a las 5:00 de la tarde, si no es que antes, en la Plaza de la Constitución para conmemorar los 70 años de la expropiación petrolera y se hizo el firme compromiso de no permitir que la derecha, esa minoría rapaz y sus aliados, cancelen el futuro de los mexicanos.

SIEMPRE PRESENTES

crónica de La Lámpara de Diógenes



El día de ayer, mientras el resto de la resistencia civil pacífica ondeaba sus banderas al pie de la torre de Pemex, en la Asamblea General por la Defensa de la Constitución y del Petróleo, unos cuantos compañeros, enterados de que el presidente usurpador aprovecharía la ocasión para estar presente durante la inauguración de la CXXX Asamblea Ordinaria de la CTM, en la cerrada de Vallarta, en la colonia Tabacalera, fueron a recordarle que para él no hay ni perdón ni olvido por haberse robado la presidencia de la República.


Tal vez el Estado Mayor Presidencial (EMP) supuso que en esta ocasión no estarían los ubicuos miembros de la resistencia civil pacífica, ya que la hora del evento al que asistiría el presidente espurio coincidía con el mitin con Andrés Manuel López Obrador a sólo dos mil doscientos metros de ahí.


No estaban los siempre presentes miembros del EMP con sus overoles, botas y cachuchas color negro; tampoco estaban los granaderos de la Policía Federal Preventiva (PFP) y ni siquiera los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del DF que acostumbran “encapsular” a los manifestantes que quieren expresar su repudio a quien usurpa el cargo de presidente del país. Tal vez pensaron que el día de ayer se podría ahorrar ese gasto.


Pero para sorpresa de todos, incluido el presidente usurpador, la resistencia civil pacífica sí estuvo ahí, y directamente le gritaron en su cara que era un espurio, un falso, un mero pelele.
Y así, una vez más, el usurpador saludó “como reina de la primavera” a quienes le increpaban, al tiempo que a los altos mandos del EMP les quedaba claro que, al haber fallado en la acción de impedir que el presidente espurio vea o escuche cualquier protesta, no se librarían de la segura reprimenda y castigo. Mientras, los valientes miembros de la resistencia civil pacífica eran fotografiados por elementos del EMP.


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Paro patriótico y legislativo si se privatiza Pemex, advierten

Ayer se definió el plan de acción contra la privatización del petróleo y se decretó que los legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia entren en “estado de alerta”, mientras la senadora Rosalinda López anunció que por la lucha están dispuestos a llegar a un “paro patriótico nacional”.
Javier González Garza, coordinador de los diputados perredistas, manifestó que ante cualquier intento de imponer una reforma constitucional o legal para entregar la industria petrolera a particulares, realizarán un paro legislativo en el Congreso de la Unión.
Mientras, los integrantes del Movimiento en Defensa del Petróleo anunciaron que están decididos a realizar cercos ciudadanos en las cámaras de Diputados y de Senadores, en sedes de gobiernos estatales y congresos locales, en los aeropuertos del país, en instalaciones administrativas estratégicas, petroleras y financieras, y realizar bloqueos en carreteras hasta llegar al paro nacional.
Rosalinda López dijo que “no hay de otra. Es la única opción que nos dejan quienes mantienen una alianza vergonzante en contra de la nación. Pero les decimos a los enemigos de México”, agregó, que “pase lo que pase, ocurra lo que ocurra, la resistencia civil pacífica crecerá y no dejará de movilizarse hasta que cesen los intentos de entregar el patrimonio del país al capital privado, nacional y extranjero”.
Dijo que saben que “los riesgos de la represión estarán presentes, y los medios de comunicación dominados por la mafia arreciarán sus vulgares ataques para tratar de desacreditarnos, pero también sabemos que contamos con el apoyo popular”.
La senadora insistió en que ante esta “situación de emergencia”, impulsarán de manera progresiva el plan de acción asumido que incluye, en una primera etapa, constituir en los estados los comités coordinadores de defensa del petróleo.
Al mismo tiempo, mantener las “brigadas patrióticas y permanentes de información en plazas públicas, universidades, foros, municipios, villas, pueblos, rancherías, colonias y barrios”.
Pero si se presenta la iniciativa (privatizadora) por parte de PRI o PAN, pasarán a una segunda fase que, definió, consistirá en la huelga legislativa, a cargo de los grupos parlamentarios del Frente Amplio Progresista (FAP), y a la instalación inmediata de cercos ciudadanos en las cámaras de Diputados y de Senadores, palacios de gobierno y congresos estatales.
Y si pese a ello se insiste en privatizar, ampliarán los cercos a los aeropuertos del país, a instalaciones administrativas estratégicas petroleras y financieras, además de bloquear carreteras y finalmente llegar al “paro patriótico nacional”.
González Garza dijo, por su parte, que en el Congreso de la Unión tratarán de ganar el “debate técnico y moral para prevenir a la sociedad mexicana de las tentaciones neoliberales orientadas a desnacionalizar el petróleo”. Además, “realizar todas las acciones necesarias que permitan inhibir y derrotar definitivamente el intento de PRI y PAN por cumplir con ese cometido”.
Manifestó que no quieren ni buscan la violencia, y convocó a todos los sectores de la sociedad a sumarse a la causa, mientras los legisladores del FAP decretaron el estado de alerta en sus grupos parlamentarios, “suspendiendo viajes, concentrándonos e informándonos con el propósito de estar prestos a la acción”.
A la asamblea no acudieron –por acuerdo– los candidatos a presidentes nacionales del PRD, Jesús Ortega, Alejandro Encinas, Camilo Valenzuela y Alfonso Ramírez Cuellar, aunque ya expresaron su solidaridad con esta lucha.

Andrés Manuel López Obrador señaló al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, como el principal promotor de la entrega del petróleo a particulares y lo acusó de ser un “traficante de influencias”. Sostuvo que, gracias a su gestión en la función pública, “el funcionario obtuvo de Petróleos Mexicanos (Pemex) contratos millonarios mediante el procedimiento de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar”.
En el primer mitin que encabezó frente a la torre de la paraestatal en la ciudad de México, para convocar a la suma de esfuerzos que en torno al plan de resistencia civil pacífica llevará a cabo el movimiento que encabeza, advirtió que “el despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta, lo cual nos puede llevar a más sufrimiento, inestabilidad política y social, al predominio del uso de la fuerza, y no necesariamente a la emancipación del pueblo”.
Ante cientos de personas que se congregaron en el lugar –abarcando los dos sentidos de Marina Nacional– para expresarle su apoyo contra la privatización del sector, López Obrador entregó al coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza, “toda la documentación que poseo: minutas, contratos y datos técnicos para demostrar” los señalamientos en contra de Mouriño.
Lo anterior, con el propósito de que los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia soliciten, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la realización de las auditorías correspondientes a la paraestatal. Y que sirva además, dijo, para aclarar la relación que existe entre Felipe Calderón, el secretario de Gobernación y Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con empresas extranjeras para entregarles el sector energético.
“No le demos vueltas al asunto. Detrás de la pretensión de privatizar a Pemex está la codicia de las minorías rapaces y de funcionarios corruptos. Estos derechistas inmorales ignoran lo que decía don Jesús Reyes Heroles: ‘los únicos negocios que a los políticos o funcionarios nos deben interesar son los negocios públicos”’, parafraseó.
“Por eso digo que nunca como ahora es tan aplicable la frase de Bertolt Brecht, según la cual el peor de todos los ladrones es el político corrupto, lacayo de las empresas nacionales y multinacionales”.
El ex candidato presidencial enarboló como símbolo de lucha la bandera nacional, para reafirmar su decisión de no permitir que se concreten los propósitos que, aseguró, encabezan las cúpulas en el poder.
Sostuvo que ésa es la respuesta del porqué los gobiernos neoliberales dejaron de invertir en exploración, refinación, petroquímica, investigación y desarrollo tecnológico. Aunque parezca increíble, remató, “desde hace 25 años todos los gobernantes han mantenido como dogma la idea fija de privatizar a Pemex y no les ha importado arruinar a la industria petrolera para tener el pretexto de convertirla en un negocio de particulares”.
Desde 1983, recordó, han pasado a manos de particulares más de mil empresas públicas: Teléfonos de México, Ferrocarriles Nacionales, minas, aeropuertos, Mexicana, Aeroméxico, los bancos; ya privatizaron 35 por ciento de la industria eléctrica nacional y “ahora quieren montarse en el negocio del petróleo”.
Se manifestó en contra de la utilización de “eufemismos” para “ocultar” el propósito de concretar ese proyecto, al argumentar que falta dinero o tecnología para modernizar a la industria, cuando –planteó– extraer un barril de petróleo cuesta 4 dólares y se vende en 80. Además, recordó, la paraestatal pagó impuestos por 60 millones de dólares, tan sólo el año pasado, equivalentes a 38 por ciento del presupuesto federal, y tres veces más de lo pagado por todas las empresas privadas del país por impuesto sobre la renta.
Por eso, advirtió, “no aceptamos, que se oiga bien y que se oiga lejos, nada que tenga que ver con privatizar a Pemex o compartir la renta petrolera”. Es más, señaló, “esto huele” a lo que querían hacer con el Servicio de Administración Tributaria antes de las elecciones de 2006, para dejar la política de ingresos en manos de “los potentados y evitar que desde el Poder Ejecutivo se promoviera una verdadera reforma fiscal”.
O a lo mejor “quieren una especie de IFE, que supuestamente se maneja con independencia, cuando todos sabemos que sus integrantes no son más que empleados del PRIAN. Y, por si fuera poco, todo ello es violatorio de la Constitución”.
Apuntó que “sólo es cosa” de reducir el gasto burocrático y terminar con los privilegios de los altos funcionarios para fortalecer a la empresa pública o cuando menos –dijo– entregarle los excedentes petroleros.
Pero también, añadió, hace falta “combatir la corrupción”. Entonces se manifestó por las auditorías para aclarar la relación Calderón-Mouriño-Elías Ayub y para conocer realmente “quién es” el actual secretario de Gobernación.
“Es un traficante de influencias, como lo demuestra que, siendo presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y posteriormente subsecretario de Energía, con Calderón, obtuvo de Pemex contratos millonarios mediante el procedimiento de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar”, apuntó.
López Obrador pidió apoyar el plan de resistencia civil pacífica contra la privatización, y estar alertas ante cualquier intento al respecto. “Hagamos asambleas públicas, informemos a la gente y formemos las brigadas para la defensa del sector”, resaltó. Dijo que, de no ser necesario antes, la próxima reunión será el 18 de marzo a las 5 de la tarde, en el Zócalo capitalino.
Tras señalar que quienes integran su movimiento quieren la paz, aprovechó para reiterar su rechazo a la reforma judicial y llamó a los dirigentes del FAP a explorar todas las posibilidades legales para lograr la libertad de los presos de San Salvador Atenco, de Flavio Sosa y de todos aquellos encarcelados por motivos políticos o sociales.

CORTONES DE LA JORNADA





Asamblea AMLO en torre de pemex (24-Feb-08)


El repudio para Carlos Navarrete y González Garza

Están dos notas sobre el repudio para los dos líderes perredistas de las Cámaras, pero estas notas aparecen en El Universal. De González Garza, todos vimos el repudio de la gente, que lo abucheó. Sobre el caso Carlos Navarrete, tenemos que esperar a que presenten la queja y levanten el acta, porque sucedió fuera del área en el que se efectuó el acto para la defensa del petróleo y conociendo a estos políticos, pues dudamos de lo que digan.
La forma en la que se dio el repudio es inaceptable, porque no es así como se deben resolver los problemas, ni con ellos, ni con los panistas, ni con nadie, no por un grupo que busca cambiar a un país, un grupo que como primera tarea tiene el revolucionar las conciencias.

Ya son muchos sucesos en los últimos días, que se enfilan en la dirección de la violencia como método para impulsar el triunfo del movimiento a favor de López Obrador, pero sabemos que las personas que apoyan la violencia, no son Obradoristas convencidos, ya que buscan descarrilar este proceso de cambio, buscando la confrontación o la provocación, utilizando como excusa el estar "desesperados".
Abominan el carácter pacífico del movimiento Obradorista y nos señalan como tibios, pero muchos estamos de acuerdo en mantenernos dentro de la filosofía de la No violencia y dentro de la Resistencia Civil Pacífica, porque es la única via que nos llevará al triunfo.

Sabemos que el adversario no se debe de buscar entre los perredistas, ni entre los petistas, ni entre los de Convergencia porque el adversario se encuentra entre la gente de la derecha. Tampoco los buscaremos entre los panistas de abajo, de las bases de ese partido, porque el adversario está entre los que forman la clase dominante, la que gobierna de manera espuria, la que controla la banca, los medios de comunicación, en síntesis, la que forma la clase oligárquica.
Por eso le decimos a estas personas que defenderemos el carácter pacífico de este movimiento y que no permitiremos que lo desvien de sus objetivos principales:

Conseguir el poder político, construir la Cuarta República e imponer el Proyecto Alternativo de Nación, todo esto de manera pacífica, sin destruir nada, sin afectar a terceros, sin pintar ninguna pared, sin romper ni un solo vidrio.

No caeremos en provocaciones, ni permitiremos que busquen entrampar a los compañeros que resisten de diferentes maneras.

Tenemos un líder que además es Presidente Legítimo de México, así que sólo escucharemos sus indicaciones, las de él y las de la gente que él nos indique que son dignas de confianza. Nadie más será atendido, no por la Resistencia Civil Pacífica.
El pueblo no es tonto, así que como pueblo, nos mantendremos alertas para impedir que estas personas logren imponer la violencia sobre la No violencia.

EL LÍDER ES ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, NADIE MÁS. Y como dice el Presidente Legítimo de México: QUE SE ESCUCHE BIEN Y QUE SE ESCUCHE LEJOS