miércoles, 27 de febrero de 2008
Priísta propone castigar a quien “promueva” el aborto
El pleno de la Cámara de Diputados dio entrada a una iniciativa que reforma el artículo 330 bis del Código Penal, con el propósito de impedir que se lucre y genere riqueza con la práctica del aborto.
Enrique Serrano, legislador del PRI, expuso que se aplicaría de uno a tres años de prisión a la persona, dirigente, gerente o representante legal de empresa o asociación que promueva, anuncie o incite al aborto, así como cuando se obtenga una remuneración en dinero o en especie por efectuar un legrado.
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, en México se practican mil legrados clandestinos, lo cual representa una de las causales de mortalidad más altas del país, pues al día cuatro mujeres fallecen por complicaciones en el aborto.
En su exposición de motivos, la iniciativa expone que la autorización legal del aborto “no soluciona un problema de salud pública” ni es una alternativa de solución a las mujeres embarazadas y que por distintas razones no desean ser madres.
El documento fue enviado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, a la Comisión de Justicia.
También los legisladores federales aprobaron un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Felipe Calderón, a los gobiernos de los estados y al del Distrito Federal a poner en marcha campañas de difusión y elaborar estudios cuantitativos y cualitativos para desarrollar un diagnóstico y, consecuentemente, diseñar políticas públicas con el objeto de combatir la trata de personas.
La Comisión de Grupos Vulnerables, promotora del punto de acuerdo, advierte que la trata y el tráfico de personas son delitos que se han incrementado en forma alarmante en los años recientes a causa de las difíciles condiciones de vida en las naciones menos desarrolladas, al endurecimiento de las políticas migratorias y al hecho de no ser considerado un problema estructural.
La trata de personas, se advierte en la exposición de motivos, es el tercer negocio más rentable para la delincuencia organizada a escala mundial, sólo superado por el tráfico de drogas y el de armas.
En México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia ha detectado que 16 mil menores son sujetos de explotación sexual cada año y 85 mil son usados en actos de pornografía, mientras que en 21 de las 32 entidades hay turismo sexual.
También la presidencia de la Cámara envió a la comisión de Relaciones Exteriores la minuta por la cual se concede autorización al presidente Felipe Calderón para ausentarse del territorio nacional los días 4, 5, 6 y 7 de marzo, con objeto de realizar visitas oficiales a El Salvador y a la República de Panamá. El periplo, en caso de ser aceptado por la Cámara de Diputados en los próximos días, también contempla la participación de Calderón en la 20 Reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana.
Enrique Serrano, legislador del PRI, expuso que se aplicaría de uno a tres años de prisión a la persona, dirigente, gerente o representante legal de empresa o asociación que promueva, anuncie o incite al aborto, así como cuando se obtenga una remuneración en dinero o en especie por efectuar un legrado.
De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, en México se practican mil legrados clandestinos, lo cual representa una de las causales de mortalidad más altas del país, pues al día cuatro mujeres fallecen por complicaciones en el aborto.
En su exposición de motivos, la iniciativa expone que la autorización legal del aborto “no soluciona un problema de salud pública” ni es una alternativa de solución a las mujeres embarazadas y que por distintas razones no desean ser madres.
El documento fue enviado por la presidenta de la Cámara de Diputados, Ruth Zavaleta, a la Comisión de Justicia.
También los legisladores federales aprobaron un punto de acuerdo para exhortar al gobierno de Felipe Calderón, a los gobiernos de los estados y al del Distrito Federal a poner en marcha campañas de difusión y elaborar estudios cuantitativos y cualitativos para desarrollar un diagnóstico y, consecuentemente, diseñar políticas públicas con el objeto de combatir la trata de personas.
La Comisión de Grupos Vulnerables, promotora del punto de acuerdo, advierte que la trata y el tráfico de personas son delitos que se han incrementado en forma alarmante en los años recientes a causa de las difíciles condiciones de vida en las naciones menos desarrolladas, al endurecimiento de las políticas migratorias y al hecho de no ser considerado un problema estructural.
La trata de personas, se advierte en la exposición de motivos, es el tercer negocio más rentable para la delincuencia organizada a escala mundial, sólo superado por el tráfico de drogas y el de armas.
En México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Historia ha detectado que 16 mil menores son sujetos de explotación sexual cada año y 85 mil son usados en actos de pornografía, mientras que en 21 de las 32 entidades hay turismo sexual.
También la presidencia de la Cámara envió a la comisión de Relaciones Exteriores la minuta por la cual se concede autorización al presidente Felipe Calderón para ausentarse del territorio nacional los días 4, 5, 6 y 7 de marzo, con objeto de realizar visitas oficiales a El Salvador y a la República de Panamá. El periplo, en caso de ser aceptado por la Cámara de Diputados en los próximos días, también contempla la participación de Calderón en la 20 Reunión de jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo Permanente de Consulta y Concertación Política, a celebrarse en Santo Domingo, República Dominicana.
Integrante de la APPO pide ayuda para concluir exilio
Oaxaca, Oax., 26 de febrero. María del Carmen López Vásquez, profesora de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y locutora de la estación de radio La Ley 710 cuando fue ocupada por integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), en 2006, demandó al magisterio estatal que tome las “resoluciones pertinentes” para brindarle la protección legal y política que ponga fin a su exilio en el Distrito Federal y regrese al estado.
“Han transcurrido 15 meses de actividad constante y de exilio lejos de mi familia; es importante que la asamblea estatal del magisterio resuelva cómo terminar con este destierro forzoso”, señaló.
En una carta, la también consejera estatal de la APPO expuso que recibió ofertas de asilo político en “países amigos y solidarios”, como Cuba, Venezuela, Bolivia, Francia y Canadá, pero decidió quedarse en México a pesar de poner en riesgo su seguridad personal y la de su familia, pues, añadió, “se han dado intentos de detenerme, los que hasta el momento he librado”.
“Han transcurrido 15 meses de actividad constante y de exilio lejos de mi familia; es importante que la asamblea estatal del magisterio resuelva cómo terminar con este destierro forzoso”, señaló.
En una carta, la también consejera estatal de la APPO expuso que recibió ofertas de asilo político en “países amigos y solidarios”, como Cuba, Venezuela, Bolivia, Francia y Canadá, pero decidió quedarse en México a pesar de poner en riesgo su seguridad personal y la de su familia, pues, añadió, “se han dado intentos de detenerme, los que hasta el momento he librado”.
“El caso Ascensión, feminicidio extremo”
Andrés Timoteo Morales (Corresponsal)
Jalapa, Ver., 26 de febrero. El manoseo y las negociaciones políticas sobre el caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, “asesinada hace un año y a la fecha impune”, perfiló la política presidencial sobre temas de la milicia y el respeto a los derechos humanos, aseguraron defensores de esas garantías que participaron en el foro Ernestina, reclamo de justicia un año después.
El caso de la anciana es un “feminicidio extremo” que sentó un precedente peligroso para los derechos humanos en México por la colusión de autoridades y actores políticos para pervertir las investigaciones y evitar la aplicación de justicia, señalaron.
La danza de “personajes siniestros” sobre los restos de doña Ernestina “tuvo a sus bailarines principales en el presidente Felipe Calderón; el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, y el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera”.
El foro fue convocado por el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara Corona y la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), y se efectuó en esta ciudad como un homenaje luctuoso a la mujer de 73 años fallecida el 26 de febrero de 2006, tras supuestamente ser atacada por un grupo de militares en la comunidad de Tetlaltzinga, del municipio de Soledad Atzompa.
Montserrat Díaz, representante del Colectivo Feminista de Jalapa y de la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz, sostuvo que además de la agresión física y del ataque sexual, que en su agonía la misma anciana atribuyó a los soldados, también sufrió la “vendimia política” de su caso y la degradación de su testimonio.
“Desde Los Pinos, los aliados al poder la victimizaron hasta convertirla en cómplice de su propia muerte, por ser pobre, anciana y estar enferma”, indicó.
Díaz manifestó que la Presidencia de la República tejió una red de mentiras para desvirtuar las indagatorias que apuntaban al Ejército, y para ello usó los servicios de Soberanes Fernández, quien fue el encargado de “ocultar un crimen del Estado contra su propia población”.
“La muerte oficial de Ernestina se acordó la noche del 24 de abril, dos meses después de su deceso físico, cuando el gobernador Fidel Herrera acudió a la oficina de Soberanes para, en privado, definir el fallecimiento de la indígena”.
Por ello, agregó, se ratifica que fue un “feminicidio extremo”, porque no bastó el ataque físico, sino que intervinieron funcionarios de alto rango e instituciones que se supone deben velar por el bienestar de la población, para sepultar la memoria de una persona que reunió cuatro niveles de marginación: mujer, indígena, pobre y anciana.
Julio Atenco Vidal, dirigente de la CROISZ, recordó que el 27 de febrero de 2007, cuando 5 mil indígenas se concentraron en Tetlaltzinga para exigir justicia por la muerte de Ascensión Rosario, el gobernador Fidel Herrera prometió que el crimen no quedaría impune.
“Al paso del tiempo comprobamos que el reclamo de justicia fue procesado por su mente (de Herrera Beltrán) como una oportunidad de negociar. Le cayó de perlas la muerte de doña Ernestina, porque le facilitó llegar a una concertacesión con el gobierno federal; todo fue un negocio a cambio de recursos para su administración y para los comicios de septiembre de ese año”.
Jalapa, Ver., 26 de febrero. El manoseo y las negociaciones políticas sobre el caso de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, “asesinada hace un año y a la fecha impune”, perfiló la política presidencial sobre temas de la milicia y el respeto a los derechos humanos, aseguraron defensores de esas garantías que participaron en el foro Ernestina, reclamo de justicia un año después.
El caso de la anciana es un “feminicidio extremo” que sentó un precedente peligroso para los derechos humanos en México por la colusión de autoridades y actores políticos para pervertir las investigaciones y evitar la aplicación de justicia, señalaron.
La danza de “personajes siniestros” sobre los restos de doña Ernestina “tuvo a sus bailarines principales en el presidente Felipe Calderón; el titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), José Luis Soberanes, y el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera”.
El foro fue convocado por el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara Corona y la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica (CROISZ), y se efectuó en esta ciudad como un homenaje luctuoso a la mujer de 73 años fallecida el 26 de febrero de 2006, tras supuestamente ser atacada por un grupo de militares en la comunidad de Tetlaltzinga, del municipio de Soledad Atzompa.
Montserrat Díaz, representante del Colectivo Feminista de Jalapa y de la Red de Organizaciones Civiles de Veracruz, sostuvo que además de la agresión física y del ataque sexual, que en su agonía la misma anciana atribuyó a los soldados, también sufrió la “vendimia política” de su caso y la degradación de su testimonio.
“Desde Los Pinos, los aliados al poder la victimizaron hasta convertirla en cómplice de su propia muerte, por ser pobre, anciana y estar enferma”, indicó.
Díaz manifestó que la Presidencia de la República tejió una red de mentiras para desvirtuar las indagatorias que apuntaban al Ejército, y para ello usó los servicios de Soberanes Fernández, quien fue el encargado de “ocultar un crimen del Estado contra su propia población”.
“La muerte oficial de Ernestina se acordó la noche del 24 de abril, dos meses después de su deceso físico, cuando el gobernador Fidel Herrera acudió a la oficina de Soberanes para, en privado, definir el fallecimiento de la indígena”.
Por ello, agregó, se ratifica que fue un “feminicidio extremo”, porque no bastó el ataque físico, sino que intervinieron funcionarios de alto rango e instituciones que se supone deben velar por el bienestar de la población, para sepultar la memoria de una persona que reunió cuatro niveles de marginación: mujer, indígena, pobre y anciana.
Julio Atenco Vidal, dirigente de la CROISZ, recordó que el 27 de febrero de 2007, cuando 5 mil indígenas se concentraron en Tetlaltzinga para exigir justicia por la muerte de Ascensión Rosario, el gobernador Fidel Herrera prometió que el crimen no quedaría impune.
“Al paso del tiempo comprobamos que el reclamo de justicia fue procesado por su mente (de Herrera Beltrán) como una oportunidad de negociar. Le cayó de perlas la muerte de doña Ernestina, porque le facilitó llegar a una concertacesión con el gobierno federal; todo fue un negocio a cambio de recursos para su administración y para los comicios de septiembre de ese año”.
Indígenas adherentes a la otra campaña se unen al ayuno de catequista preso
Zacario Hernández, quien lleva dos semanas sin probar alimento, fue encarcelado por afectar los intereses de caciques de Chamula, considera el Centro Fray Bartolomé
Hermann Bellinghausen (Enviado)
San Cristóbal de las Casas, Chis. 26 de febrero. Diez indígenas miembros de la organización La Voz del Amate, adherentes a la otra campaña, recluidos en el penal de Cintalapa, se unieron este martes a la huelga de hambre del catequista de Tres Cruces (San Juan Chamula) Zacario Hernández Hernández, quien inició el ayuno hace dos semanas en demanda de su liberación.
Otros cuatro presos, quienes se reivindican como bases zapatistas, se sumaron a la protesta. Así, hay ya 15 personas en huelga de hambre. Dos reclusas, también de La Voz de Amate, realizan hoy un ayuno en respaldo a sus compañeros.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Zacario Hernández es acusado falsamente de haber cometido varios homicidios en el paraje Tres Cruces, en el municipio de San Juan Chamula, en enero de 2003. Hernández Hernández y otros compañeros practicaban la religión católica y daban catequesis, lo que afecta los intereses económicos y políticos de los cacicazgos en Chamula.
“Frente a la lucha de Zacario Hernández Hernández y sus hermanos no existe un planteamiento serio y congruente del gobierno del estado para llegar a su liberación, pues ha planteado un beneficio de sentencia suspendida que parece burla, puesto que el compañero no se encuentra sentenciado y ello significaría que lo culparían de un delito que ni él ni sus hermanos han cometido”, dijo La Voz del Amate, que demanda la liberación de todos los que considera presos políticos.
Las autoridades han ofrecido el beneficio de preliberación para algunos presos, pero no se aplica a los delitos atribuidos a la mayoría de ellos. El otro recurso ofrecido por el gobierno, la ley de sentencia suspendida, implica que acepten la culpabilidad de delitos que niegan haber cometido.
Defensores de los indígenas señalaron hoy a La Jornada: “Lo que queda es que el gobierno pida el desistimiento de los cargos, recurso que las autoridades no consideran en este momento”. Trascendió que otros presos indígenas en los penales de San Cristóbal y Playas de Catazajá valoran la posibilidad de unirse a la protesta.
Hermann Bellinghausen (Enviado)
San Cristóbal de las Casas, Chis. 26 de febrero. Diez indígenas miembros de la organización La Voz del Amate, adherentes a la otra campaña, recluidos en el penal de Cintalapa, se unieron este martes a la huelga de hambre del catequista de Tres Cruces (San Juan Chamula) Zacario Hernández Hernández, quien inició el ayuno hace dos semanas en demanda de su liberación.
Otros cuatro presos, quienes se reivindican como bases zapatistas, se sumaron a la protesta. Así, hay ya 15 personas en huelga de hambre. Dos reclusas, también de La Voz de Amate, realizan hoy un ayuno en respaldo a sus compañeros.
De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, Zacario Hernández es acusado falsamente de haber cometido varios homicidios en el paraje Tres Cruces, en el municipio de San Juan Chamula, en enero de 2003. Hernández Hernández y otros compañeros practicaban la religión católica y daban catequesis, lo que afecta los intereses económicos y políticos de los cacicazgos en Chamula.
“Frente a la lucha de Zacario Hernández Hernández y sus hermanos no existe un planteamiento serio y congruente del gobierno del estado para llegar a su liberación, pues ha planteado un beneficio de sentencia suspendida que parece burla, puesto que el compañero no se encuentra sentenciado y ello significaría que lo culparían de un delito que ni él ni sus hermanos han cometido”, dijo La Voz del Amate, que demanda la liberación de todos los que considera presos políticos.
Las autoridades han ofrecido el beneficio de preliberación para algunos presos, pero no se aplica a los delitos atribuidos a la mayoría de ellos. El otro recurso ofrecido por el gobierno, la ley de sentencia suspendida, implica que acepten la culpabilidad de delitos que niegan haber cometido.
Defensores de los indígenas señalaron hoy a La Jornada: “Lo que queda es que el gobierno pida el desistimiento de los cargos, recurso que las autoridades no consideran en este momento”. Trascendió que otros presos indígenas en los penales de San Cristóbal y Playas de Catazajá valoran la posibilidad de unirse a la protesta.
Exige PRD la renuncia de Sojo por ineficiente
Aun con el cobijo que le dieron los diputados de PAN y PRI ante las críticas por su ineficiencia, la bancada del PRD exigió al secretario de Economía, Eduardo Sojo, renuncie a su cargo, y denunció que la dependencia ha distorsionado el objetivo del Fondo de Pequeñas y Medianas Empresas (Pyme), al subsidiar a trasnacionales como la automotriz Ford, a la que entregó casi mil millones de pesos.
En respuesta, el funcionario se remitió a cifras del Banco de México y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de que la inflación para febrero de este año fue menor a la del mismo mes en 2007 y que se crearon 150 mil empleos más que los 600 mil previstos. Afirmó que el gobierno federal no renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues ha contribuido “a disciplinar los precios” y a garantizar el abasto de productos.
Una de las críticas recurrentes, que presentaron los diputados Alejandro Sánchez Camacho, del PRD, y Joaquín Vela, del PT, fue la transferencia de mil millones de pesos que el gobierno de Vicente Fox, entre 2005 y 2006, realizó a Ford Motor Company, mediante el Fondo Pyme, subsidio que fue cuestionado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la cuenta pública 2005.
Sánchez Camacho refirió que esos recursos se entregaron aun cuando la Ford es una trasnacional y “mientras 80 por ciento de pequeños comercios fracasan”. Ante la exigencia de que explicara por qué se entregaron esos recursos, Sojo afirmó que en la secretaría existe el concepto de “empresas tractoras” que, adujo, “nos ayudan a jalar a las Pyme.
“Tenemos una oportunidad de entregar 27 mil 900 millones de pesos, que pueden ser surtidos por las Pymes a las tractoras, hay automotrices, maquiladoras, empresas turísticas y las del gobierno, que como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad o el IMSS nos pueden ayudar a jalar a las pequeñas, así les damos apoyo para desarrollar proveedores y a generar empleos”, afirmó.
Sin embargo, el diputado Joaquín Vela plateó que “la Ford ni es emprendedora ni nacional, y aquí se trata de esconder la responsabilidad que se tiene al subsidiar trasnacionales. Están más preocupados por los consorcios”.
Al servicio de los emporios económicos
El perredista Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Turismo, consideró “vergonzante” la actitud del secretario, debido a que, afirmó, la dependencia no ha podido frenar el alza de los productos de la canasta básica en los supermercados, a pesar del acuerdo que firmó el gobierno de Felipe Calderón. “Esta administración sólo ha servido a los emporios económicos, no pudo evitar el aumento de la tortilla, y continúa la complicidad con las empresas que financiaron la campaña del presidente espurio”, afirmó.
Panistas y priístas defendieron al funcionario. Incluso, para burlarse de la protesta que con cartulinas realizaron legisladores del PRD con los precios de alimentos, el priísta Joel Guerrero se mofó: “quiero pedir a los diputados leche y jitomate que presenten propuestas y no denigren la política mexicana”.
Las pullas entre los legisladores se avivaron luego de que Octavio Martínez regaló a Sojo una canasta con huevos. “Le dejo esta canasta para que verifique de cuánto fue el aumento, y no venga a mentir al Congreso, de que no se incrementó el precio”.
De su saco, el panista Marco Heriberto Orozco Ruiz sacó el boleto de un supermercado al que fue a hacer su mandado, para defender que los precios en esas tiendas no están sin control, y señaló: “aquí está, el jitomate saladet a 11.90 el kilo. ¡Aquí está el tíquet! Cuando promovemos e incitamos al temor a los comerciantes, somos quienes afectamos a la ciudadanía. Los números son claros y contundentes. Como país estamos mejor que nunca”.
La perredista Susana Monreal reviró que Sojo no necesitaba de priístas y panistas, e ironizó: “creo que ya se puede defender solito”. En ese tono, Sánchez Camacho calificó a Jorge Guerrero de “gladiador” y le pidió al PRI “tener dignidad”.
En respuesta, el funcionario se remitió a cifras del Banco de México y del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de que la inflación para febrero de este año fue menor a la del mismo mes en 2007 y que se crearon 150 mil empleos más que los 600 mil previstos. Afirmó que el gobierno federal no renegociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues ha contribuido “a disciplinar los precios” y a garantizar el abasto de productos.
Una de las críticas recurrentes, que presentaron los diputados Alejandro Sánchez Camacho, del PRD, y Joaquín Vela, del PT, fue la transferencia de mil millones de pesos que el gobierno de Vicente Fox, entre 2005 y 2006, realizó a Ford Motor Company, mediante el Fondo Pyme, subsidio que fue cuestionado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión de la cuenta pública 2005.
Sánchez Camacho refirió que esos recursos se entregaron aun cuando la Ford es una trasnacional y “mientras 80 por ciento de pequeños comercios fracasan”. Ante la exigencia de que explicara por qué se entregaron esos recursos, Sojo afirmó que en la secretaría existe el concepto de “empresas tractoras” que, adujo, “nos ayudan a jalar a las Pyme.
“Tenemos una oportunidad de entregar 27 mil 900 millones de pesos, que pueden ser surtidos por las Pymes a las tractoras, hay automotrices, maquiladoras, empresas turísticas y las del gobierno, que como Petróleos Mexicanos, la Comisión Federal de Electricidad o el IMSS nos pueden ayudar a jalar a las pequeñas, así les damos apoyo para desarrollar proveedores y a generar empleos”, afirmó.
Sin embargo, el diputado Joaquín Vela plateó que “la Ford ni es emprendedora ni nacional, y aquí se trata de esconder la responsabilidad que se tiene al subsidiar trasnacionales. Están más preocupados por los consorcios”.
Al servicio de los emporios económicos
El perredista Octavio Martínez, presidente de la Comisión de Turismo, consideró “vergonzante” la actitud del secretario, debido a que, afirmó, la dependencia no ha podido frenar el alza de los productos de la canasta básica en los supermercados, a pesar del acuerdo que firmó el gobierno de Felipe Calderón. “Esta administración sólo ha servido a los emporios económicos, no pudo evitar el aumento de la tortilla, y continúa la complicidad con las empresas que financiaron la campaña del presidente espurio”, afirmó.
Panistas y priístas defendieron al funcionario. Incluso, para burlarse de la protesta que con cartulinas realizaron legisladores del PRD con los precios de alimentos, el priísta Joel Guerrero se mofó: “quiero pedir a los diputados leche y jitomate que presenten propuestas y no denigren la política mexicana”.
Las pullas entre los legisladores se avivaron luego de que Octavio Martínez regaló a Sojo una canasta con huevos. “Le dejo esta canasta para que verifique de cuánto fue el aumento, y no venga a mentir al Congreso, de que no se incrementó el precio”.
De su saco, el panista Marco Heriberto Orozco Ruiz sacó el boleto de un supermercado al que fue a hacer su mandado, para defender que los precios en esas tiendas no están sin control, y señaló: “aquí está, el jitomate saladet a 11.90 el kilo. ¡Aquí está el tíquet! Cuando promovemos e incitamos al temor a los comerciantes, somos quienes afectamos a la ciudadanía. Los números son claros y contundentes. Como país estamos mejor que nunca”.
La perredista Susana Monreal reviró que Sojo no necesitaba de priístas y panistas, e ironizó: “creo que ya se puede defender solito”. En ese tono, Sánchez Camacho calificó a Jorge Guerrero de “gladiador” y le pidió al PRI “tener dignidad”.
Comienza hoy reunión de la ASPAN
Fabiola Martínez
Este miércoles se inicia la reunión ministerial de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Ese mecanismo trilateral (México, Estados Unidos y Canadá) se abrió en marzo de 2005 y tiene como eje rector la noción de que la seguridad está intrínsecamente relacionada con los flujos económicos y comerciales.
Por México integran la comisión de funcionarios el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien está a cargo del tema de seguridad; la canciller, Patricia Espinosa, y el titular de Economía, Eduardo Sojo, quienes tienen programados encuentros bilaterales con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá.
La reunión ministerial, que se realizará en un hotel de Los Cabos, Baja California Sur, dará seguimiento a los acuerdos del conclave pasado –realizado en agosto de 2007 en Montebello, Canadá–, en torno a la protección en la región de amenazas externas, prevenir y responder ante éstas y aumentar la eficiencia del tránsito seguro en las fronteras compartidas.
Cabe precisar que en la agenda de seguridad, definida con anterioridad, se aprobaron los mecanismos para el intercambio y almacenamiento de información sobre presuntos criminales y terroristas.
Los representantes de los empresarios de los tres países también participan mediante el Consejo Interamericano de la Competitividad. El miércoles se efectuarán las reuniones trilaterales y se desarrollarán los trabajos propios del encuentro trinacional. Se espera que el jueves por la mañana los funcionarios, entre éstos el responsable de la seguridad interna estadunidense, Michael Chertoff, ofrezcan una conferencia de prensa.
Este miércoles se inicia la reunión ministerial de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Ese mecanismo trilateral (México, Estados Unidos y Canadá) se abrió en marzo de 2005 y tiene como eje rector la noción de que la seguridad está intrínsecamente relacionada con los flujos económicos y comerciales.
Por México integran la comisión de funcionarios el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, quien está a cargo del tema de seguridad; la canciller, Patricia Espinosa, y el titular de Economía, Eduardo Sojo, quienes tienen programados encuentros bilaterales con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá.
La reunión ministerial, que se realizará en un hotel de Los Cabos, Baja California Sur, dará seguimiento a los acuerdos del conclave pasado –realizado en agosto de 2007 en Montebello, Canadá–, en torno a la protección en la región de amenazas externas, prevenir y responder ante éstas y aumentar la eficiencia del tránsito seguro en las fronteras compartidas.
Cabe precisar que en la agenda de seguridad, definida con anterioridad, se aprobaron los mecanismos para el intercambio y almacenamiento de información sobre presuntos criminales y terroristas.
Los representantes de los empresarios de los tres países también participan mediante el Consejo Interamericano de la Competitividad. El miércoles se efectuarán las reuniones trilaterales y se desarrollarán los trabajos propios del encuentro trinacional. Se espera que el jueves por la mañana los funcionarios, entre éstos el responsable de la seguridad interna estadunidense, Michael Chertoff, ofrezcan una conferencia de prensa.
Conferencia con el Maestro Luis Linares Zapata
EL CIRCULO DE ESTUDIOS "LA RESTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA"
INVITA
A LA CONFERENCIA SOBRE
"LA DISFRAZADA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX "
CON LA PARTICIPACIÓN DEL MAESTRO LUIS LINARES ZAPATA
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ECOLOGÍA DEL "GOBIERNO LEGITIMO DE MÉXICO"
TE ESPERAMOS ESTE MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO A LAS 19 HRS.
EN EL CAMPO XOCHITL (ex módulo de RTP, sobre la calle de Corregidora esquina con calle Campo Xochitl, Colonia Miguel Hidalgo frente a Plaza Cuicuilco, Delegación Tlalpan a solo tres calles de la tienda Elecktra (ESTACIÓN METROBUS "CORREGIDORA")
ENTRADA LIBRE.
circulo.restauracion@yahoo.com.mx
ESTARA A LA VENTA LA REVISTA "EL CHAMUCO" Y OTROS LIBROS MÁS, ASÍ COMO EL DISCO DE LAS PARODIAS DEL MAESTRO "JORGE SALDAÑA"
Agradeceremos el reenvío de esta información.
INVITA
A LA CONFERENCIA SOBRE
"LA DISFRAZADA PRIVATIZACIÓN DE PEMEX "
CON LA PARTICIPACIÓN DEL MAESTRO LUIS LINARES ZAPATA
SECRETARIO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y ECOLOGÍA DEL "GOBIERNO LEGITIMO DE MÉXICO"
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EN EL CAMPO XOCHITL (ex módulo de RTP, sobre la calle de Corregidora esquina con calle Campo Xochitl, Colonia Miguel Hidalgo frente a Plaza Cuicuilco, Delegación Tlalpan a solo tres calles de la tienda Elecktra (ESTACIÓN METROBUS "CORREGIDORA")
ENTRADA LIBRE.
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Agradeceremos el reenvío de esta información.
Reculan diputados en el tema de los allanamientos
La mayoría en la Cámara de Diputados aprobó la minuta de reforma constitucional en materia de justicia penal y, cobijada con la premisa de mostrarse sensible a los reclamos de la sociedad, desechó el párrafo íntegro referente a los allanamientos, que permitiría a la policía “ingresar sin orden judicial a un domicilio cuando exista amenaza actual o inminente a la vida o a la integridad corporal de las personas”.
La decisión de los legisladores fue considerada en San Lázaro un triunfo, pero en los hechos el pleno camaral consiguió una victoria discutible al dejar inalterada la minuta en temas tan importantes para los derechos humanos como los siguientes:
En el caso de la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada.
A pesar de que se prevé que las comunicaciones privadas son inviolables y la ley sancionará cualquier acto que atente contra la libertad y confidencialidad de las mismas, habrá una excepción cuando las conversaciones sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.
A los internos de reclusorios que requieran de medidas especiales de seguridad y que tengan que ver con delincuencia organizada se les destinarán centros especiales. En ese caso, en el que la clasificación de delincuencia organizada queda en el limbo, se podría incluir tanto a delincuentes comunes como a luchadores sociales, y las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados, salvo cuando se trate de su defensa.
De tal forma, la determinación de excluir el párrafo referente a los allanamientos obedeció a la presión ejercida por diputados inconformes del PRI, y en menor medida del PAN, quienes obligaron a los coordinadores parlamentarios, Héctor Larios y Emilio Gamboa, a establecer un acuerdo con el líder de la bancada del PRD, Javier González Garza, con objeto de deshacerse del párrafo de marras por el cual se pretendía autorizar a las policías el allanamiento a domicilios sin orden judicial. Ese malestar no garantizaba a Larios y Gamboa conjuntar las dos terceras partes del pleno camaral para votar en favor la minuta enviada por el Senado.
El acuerdo forzado, la inconformidad de priístas y panistas y la férrea oposición del PRD, fue considerado a priori un éxito al desecharse los allanamientos. La rebelión, matizada como inconformidad, sobre todo de los priístas, cobró relevancia desde el pasado fin de semana cuando Emilio Gamboa recibió noticias del enojo que provocaba el tema de los allanamientos entre los electores priístas, y la preocupación que esto generó en la dirigencia del Revolucionario Institucional por los costos políticos que sobrevendrían sí sostenía la postura de impulsar la reforma judicial en sus términos.
Del lado panista, los reproches fueron mínimos, pero aun así la molestia persistía al considerarse las incursiones policiacas sin orden judicial un acto violatorio de la Constitución. Anteayer, al percatarse de que la mayoría de los diputados priístas votarían contra la reforma judicial, Gamboa ordenó a su compañero Raúl Cervantes se reuniera con senadores priístas y panistas para explicarles la naturaleza de una posible modificación a la minuta con la desaparición del párrafo integro referente a los allanamientos.
Cervantes terminó por convencer a los senadores, quienes se comprometieron a aceptar la modificación a la minuta y aprobarla una vez que la Cámara de Diputados la regresara.
Con esa previsión, Emilio Gamboa inició ayer una operación política tendiente a restañar todas las heridas que había provocado el PRI a sus electores con el respaldo a una reforma antipopular. Al llegar ayer a la reunión plenaria del tricolor en San Lázaro, alrededor de 80 legisladores de ese partido se oponían definitivamente a sostener el tema del allanamiento.
Al medir aquella tendencia, Gamboa Patrón consiguió que sus compañeros aprobaran un acuerdo para que César Camacho ofreciera en esos momentos una conferencia de prensa y ahí anunciara que el PRI proponía deshacerse del párrafo citado, y de esa forma empatarse con las demandas de ciudadanos y organizaciones civiles.
Camacho, quien se había constituido en el defensor de la minuta, se vio obligado a desdecirse: “Creemos que la medida es intrínsecamente buena, pero eventualmente en su instrumentación puede haber riesgos que en este momento no vale la pena correr y poner a la sociedad mexicana en una situación de eventual amago, alteración o afectación de sus derechos fundamentales”, dijo.
Y es que, desde las 9 de la mañana, el coordinador perredista, Javier González Garza, Larios y Gamboa se habían reunido para acordar una estrategia que otorgara legalidad a la devolución de la minuta al Senado. La encontraron en el inciso E del artículo 72 de la Constitución, donde se establece que “si un proyecto de ley o decreto es desechado en parte, modificado o adicionado por la cámara revisora (el Senado), la nueva discusión en la cámara de origen versará únicamente sobre lo desechado o las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones de la revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los presentes, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo federal.
“Si las adiciones o reformas hechas por la revisora fueran reprobadas por la mayoría de votos de la cámara de origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos se desecharan en la segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobada por ambas cámaras, se pasará al Ejecutivo”.
De tal forma, la Cámara de Diputados sólo necesitaba aprobar por mayoría calificada la exclusión del párrafo que permitía los allanamientos domiciliarios, para que el resto de la reforma, en la minuta votada ayer, sea aprobada por el Senado. El resultado final de la votación fue de 462 votos a favor de legisladores de todos los grupos parlamentarios, seis de perredistas en contra y dos abstenciones.
La próxima semana, confiaron diputados del PRI, la minuta será aceptada en los términos aprobados ayer y enviados por la Cámara de Diputados al Senado, para que sea avalada también por la mayoría de los congresos estatales, y cuando se declare que fue votada por el Constituyente Permanente, el Ejecutivo federal la publique para su entrada en vigor.
La decisión de los legisladores fue considerada en San Lázaro un triunfo, pero en los hechos el pleno camaral consiguió una victoria discutible al dejar inalterada la minuta en temas tan importantes para los derechos humanos como los siguientes:
En el caso de la autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona, con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de tres o más personas, para cometer delitos en forma permanente o reiterada.
A pesar de que se prevé que las comunicaciones privadas son inviolables y la ley sancionará cualquier acto que atente contra la libertad y confidencialidad de las mismas, habrá una excepción cuando las conversaciones sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas.
A los internos de reclusorios que requieran de medidas especiales de seguridad y que tengan que ver con delincuencia organizada se les destinarán centros especiales. En ese caso, en el que la clasificación de delincuencia organizada queda en el limbo, se podría incluir tanto a delincuentes comunes como a luchadores sociales, y las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados, salvo cuando se trate de su defensa.
De tal forma, la determinación de excluir el párrafo referente a los allanamientos obedeció a la presión ejercida por diputados inconformes del PRI, y en menor medida del PAN, quienes obligaron a los coordinadores parlamentarios, Héctor Larios y Emilio Gamboa, a establecer un acuerdo con el líder de la bancada del PRD, Javier González Garza, con objeto de deshacerse del párrafo de marras por el cual se pretendía autorizar a las policías el allanamiento a domicilios sin orden judicial. Ese malestar no garantizaba a Larios y Gamboa conjuntar las dos terceras partes del pleno camaral para votar en favor la minuta enviada por el Senado.
El acuerdo forzado, la inconformidad de priístas y panistas y la férrea oposición del PRD, fue considerado a priori un éxito al desecharse los allanamientos. La rebelión, matizada como inconformidad, sobre todo de los priístas, cobró relevancia desde el pasado fin de semana cuando Emilio Gamboa recibió noticias del enojo que provocaba el tema de los allanamientos entre los electores priístas, y la preocupación que esto generó en la dirigencia del Revolucionario Institucional por los costos políticos que sobrevendrían sí sostenía la postura de impulsar la reforma judicial en sus términos.
Del lado panista, los reproches fueron mínimos, pero aun así la molestia persistía al considerarse las incursiones policiacas sin orden judicial un acto violatorio de la Constitución. Anteayer, al percatarse de que la mayoría de los diputados priístas votarían contra la reforma judicial, Gamboa ordenó a su compañero Raúl Cervantes se reuniera con senadores priístas y panistas para explicarles la naturaleza de una posible modificación a la minuta con la desaparición del párrafo integro referente a los allanamientos.
Cervantes terminó por convencer a los senadores, quienes se comprometieron a aceptar la modificación a la minuta y aprobarla una vez que la Cámara de Diputados la regresara.
Con esa previsión, Emilio Gamboa inició ayer una operación política tendiente a restañar todas las heridas que había provocado el PRI a sus electores con el respaldo a una reforma antipopular. Al llegar ayer a la reunión plenaria del tricolor en San Lázaro, alrededor de 80 legisladores de ese partido se oponían definitivamente a sostener el tema del allanamiento.
Al medir aquella tendencia, Gamboa Patrón consiguió que sus compañeros aprobaran un acuerdo para que César Camacho ofreciera en esos momentos una conferencia de prensa y ahí anunciara que el PRI proponía deshacerse del párrafo citado, y de esa forma empatarse con las demandas de ciudadanos y organizaciones civiles.
Camacho, quien se había constituido en el defensor de la minuta, se vio obligado a desdecirse: “Creemos que la medida es intrínsecamente buena, pero eventualmente en su instrumentación puede haber riesgos que en este momento no vale la pena correr y poner a la sociedad mexicana en una situación de eventual amago, alteración o afectación de sus derechos fundamentales”, dijo.
Y es que, desde las 9 de la mañana, el coordinador perredista, Javier González Garza, Larios y Gamboa se habían reunido para acordar una estrategia que otorgara legalidad a la devolución de la minuta al Senado. La encontraron en el inciso E del artículo 72 de la Constitución, donde se establece que “si un proyecto de ley o decreto es desechado en parte, modificado o adicionado por la cámara revisora (el Senado), la nueva discusión en la cámara de origen versará únicamente sobre lo desechado o las reformas o adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones de la revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los presentes, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo federal.
“Si las adiciones o reformas hechas por la revisora fueran reprobadas por la mayoría de votos de la cámara de origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos se desecharan en la segunda revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobada por ambas cámaras, se pasará al Ejecutivo”.
De tal forma, la Cámara de Diputados sólo necesitaba aprobar por mayoría calificada la exclusión del párrafo que permitía los allanamientos domiciliarios, para que el resto de la reforma, en la minuta votada ayer, sea aprobada por el Senado. El resultado final de la votación fue de 462 votos a favor de legisladores de todos los grupos parlamentarios, seis de perredistas en contra y dos abstenciones.
La próxima semana, confiaron diputados del PRI, la minuta será aceptada en los términos aprobados ayer y enviados por la Cámara de Diputados al Senado, para que sea avalada también por la mayoría de los congresos estatales, y cuando se declare que fue votada por el Constituyente Permanente, el Ejecutivo federal la publique para su entrada en vigor.
El FNCR logra que se frene la Ley Gestapo
26 de Febrero de 2008. El Frente Nacional Contra La Represión realizó una protesta afuera del Palacio Legislativo de San Lázaro, donde los Diputados discutieron en el Pleno la Reforma Judicial, mejor conocida como Ley Gestapo. Desde las 10 hasta las 16 horas, diversas organizaciones agrupadas en torno al FNCR, aguardaron el resultado de la votación, el cual fue anunciado por los diputados del PRD, Aleida Alavéz, Barreiro, y José Antonio Almazán, quienes dieron a conocer que la iniciativa de Reforma Judicial se regresó a la Cámara de Senadores, toda vez que en la cámara revisora se echó atrás lo relativo al allanamiento de morada sin orden judicial de cateo, y las detenciones ilegales sin orden judicial.
Aunque para muchos lo ideal es echar por tierra toda la Reforma Judicial, se reconoce que el haber logrado quitar dos de las modificaciones más peversas que propuso al Pelele.
Aunque para muchos lo ideal es echar por tierra toda la Reforma Judicial, se reconoce que el haber logrado quitar dos de las modificaciones más peversas que propuso al Pelele.
Al cierre del mitin se anunció que la próxima reunión del FNCR es el próximo viernes a las 5pm en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
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