Enrique Méndez y Roberto Garduño
La bancada perredista en la Cámara de Diputados promoverá un paquete de iniciativas de ley en materias de seguridad y derechos humanos, con el argumento de que la crisis de impartición de justicia y combate al narcotráfico “no se va a resolver con medidas estrictamente policiacas”, ya que “el país está sufriendo una de las peores épocas, debido a varias razones, la fundamental es la tremenda desigualdad y la exclusión social”.
Los legisladores del sol azteca Javier González Garza, Andrés Lozano y Alfonso Suárez del Real presentaron la propuesta en paquete porque, adujeron, los índices de criminalidad han llegado a niveles insospechados.
“En muchas ocasiones nos hemos percatado, con asombro e impotencia, de que los delincuentes son las mismas personas que deben estar combatiendo este flagelo social. La sociedad ha alzado la voz esta vez con más fuerza y contundencia que nunca. El reclamo de mejores condiciones de vida a las autoridades es muy sentido y vemos con impaciencia que la situación no mejora”, expresó Lozano.
En las iniciativas se plantea como base el proyecto de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que permitiría diseñar e instrumentar políticas transversales en la prevención del delito.
En esa ley se regulará, expone, el servicio civil de carrera en las instituciones de seguridad pública, con el fin de que sea obligatoria y permanente.
“Que se establezcan las obligaciones mínimas que deben cumplir los cuerpos policiacos y las garantías mínimas para el desarrollo de sus funciones. Estos procedimientos de certificación policial y ministerial incluirán, entre otros, la aplicación de exámenes de conocimiento y de control de confianza, estudios de evolución patrimonial y la verificación de los antecedentes penales. Se propone que este sistema nacional sea el encargado de llevar a cabo los procedimientos de certificación de las instituciones de seguridad pública y de sus integrantes. Se propone la creación del registro nacional de armamento y equipo de las instituciones de seguridad pública dentro del sistema nacional”.
En segunda instancia, la iniciativa de ley que regula el uso de la fuerza por los integrantes de las instituciones de seguridad pública federal refiere que la coacción se utilizará sólo cuando sea estrictamente necesario.
Responsabilidad sobre decisiones operativas
En el cuerpo del proyecto se busca responsabilizar a los servidores públicos que tomen decisiones políticas y operativas.
A lo anterior se suma un capítulo relativo a las armas y el equipo de apoyo que pueden ser usados por los funcionarios y por los integrantes de las instituciones de seguridad pública. Se plantea instaurar la ley federal para crear el sistema procesal acusatorio.
El propósito es que exista una coordinación para instrumentar ese sistema, que esté integrado por el Congreso de la Unión, los poderes Ejecutivo y Judicial, las conferencias de seguridad pública y procuración de justicia y de presidentes de tribunales, el sector académico y la sociedad civil.
Los legisladores plantean reformar la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados y el Código Federal de Procedimientos Penales (sobre las facultades de investigación de la policía, con objeto de que el Ministerio Público decida qué corporación debe hacer la pesquisa respectiva).
También buscan modificar las leyes Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la Policía Federal Preventiva, Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públi- cos (que señalan sanciones para los miembros de los cuerpos policiacos y los agentes del Ministerio Público) y de Acceso a la Justicia.
Proponen la creación de la ley sobre la extinción de dominio y en torno a la responsabilidad civil que genera el daño social causado por los miembros de la delincuencia organizada.
