Si por mí fuera, echaba a patadas en 10 minutos a los de los 400 Pueblos

Lo dijo firme, convencido: “si por mí fuera, yo los sacaba a patadas”. La declaración provino del jefe de la policía capitalina, Manuel Mondragón y Kalb, quien en ese tono respondió a la pregunta de una de las representantes de los empresarios agrupados en la Confederación Patronal de la República Mexicana en la ciudad de México, sobre el plantón que mantienen, desde mayo de este año, los integrantes del Movimiento de los 400 Pueblos en el Monumento a la Madre, que colinda con el Paseo de la Reforma, donde protestan, desnudos, casi todos los días.
¿Y saben cuánto tiempo nos tardaría sacarlos?, preguntó a los empresarios. ¡Diez minutos!, contestó momentos antes de firmar un convenio de colaboración entre la Coparmex, la SSPDF y el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal, para que los empresarios pudieran denunciar delitos de forma expedita.
No conforme con su primera respuesta, Manuel Mondragón agregó: “además es muy bonita la visión. Ellas están muy guapas y ellos muy atractivos. Muy interesante”, dijo en tono irónico, lo que desató la risa de los empresarios asistentes al desayuno.
Inmediatamente después, el funcionario volteó hacia enfrente, donde estaban instaladas varias cámaras de televisión y se encontraban los reporteros que dan seguimiento a las actividades del funcionario.
Al caer en cuenta que sus declaraciones serían públicas y estaban grabadas, Mondragón se preguntó en tono jocoso por el cómo lo iban a tratar los medios de comunicación al día siguiente, cuando sus declaraciones se dieran a conocer.
“Ellos son mis amigos. Todos son mis amigos”, dijo todavía sonriendo a los empresarios con quienes compartía la mesa, al referirse a los reporteros.
El jefe de la policía del DF explicó entonces que la problemática de los integrantes del Movimiento de los 400 Pueblos se había originado en el estado de Veracruz, y se trataba de un asunto federal, por lo que la policía capitalina no intervendría.
Enfatizó que estos manifestantes buscaban una intervención y por lo menos que hubiera un muerto, “porque ya nadie los pela”. Lo que quieren es un muerto “para que tenga sentido que estemos aquí, porque nadie nos hace caso”.
Al final, Mondragón, Meyer Klip Gervitz, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del Distrito Federal y Juan de Dios Barba Nava, presidente de la Coparmex en el DF, suscribieron formalmente dicho convenio de colaboración.
Antes, al ser interrogado por los integrantes de Coparmex sobre la evaluación ciudadana realizada a los cuerpos de seguridad de la ciudad de México, Meyer Klip explicó que los resultados obtenidos hasta ahora señalan que 52 por ciento de la gente se siente segura en su calle y 28 por ciento en su colonia, es decir, 80 por ciento se siente más seguro en su entorno y las causas de ello se deben analizar para aplicarlas en las colonias que tienen una percepción negativa.
Agregó que se han recibido un millón 583 mil evaluaciones, de las cuales se han capturado 800 mil, de donde se desprende una cobertura de 59 por ciento de las colonias, con mil 305, además, esta población ha señalado a 5 mil policías que han desarrollado correctamente sus acciones.

Niegan amparo a 2 maestros de Oaxaca acusados de pederastia

En una decisión histórica, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó ayer el amparo contra la orden de aprehensión de dos maestros acusados de violar a un menor en el Instituto San Felipe, en Oaxaca.
Los ministros prácticamente asumieron la defensa de la víctima y dejaron sin efecto la actuación parcial del Ministerio Público local en favor de los acusados.
La sentencia, que no tiene antecedentes, también sentó un criterio que obliga a los juzgados, autoridades e instituciones del país a dar prioridad al “interés superior”de los menores en asuntos que los afecten.
Así, los juzgadores deberán “suplir la deficiencia de la queja” cuando, en un proceso, el Ministerio Público o incluso sus padres o abogados no actúen adecuadamente en favor de los intereses de los menores afectados.
Entrevistada al término de la sesión, la madre del menor, Leticia Valdez Martell, manifestó su beneplácito por la decisión de la SCJN; señaló que los ministros actuaron apegados a derecho, “como deberían hacerlo en todas las instancias de justicia”, y acusó al gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, de actuar en forma autoritaria para proteger a los responsables.
Añadió que seguirá en su lucha hasta que sean castigados quienes agredieron a su hijo cuando éste tenía cuatro años (2006); denunció que sigue recibiendo amenazas y agresiones, de lo que también responsabilizó a Ulises Ruiz, y cuestionó el trabajo de los abogados de los demandados, José Eduardo Franco Jiménez y Humberto Castillejos Cervantes.
“Esta resolución protege a nuestros niños de criminales que abusan de ellos causándoles un daño irremediable, considerado de lesa humanidad. Así (la SCJN) respaldó el dicho de mi hijo y dejó de considerarlo un niño fantasioso”, agregó.
Valdez Martell dijo esperar que la decisión de la SCJN contra el amparo solicitado por Adán Salvador Pérez Ramírez y Javier Constantino o Hugo Gabriel Constantino García sea el primer paso para sentenciar a otro maestro involucrado en la violación y a la directora del plantel, quienes, aseguró, ha protegido a los mentores.
Valdez Martell denunció que Franco Jiménez pidió a su amigo Marcos Castillejos Escobar –asesinado el 9 de junio en la ciudad de México– atender el expediente del Instituto San Felipe.
“Este tráfico de influencias explicaría por qué estas personas no han sido detenidas”, apuntó.
La decisión de los ministros Juan N. Silva Meza, Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls y José Ramón Cossío (sólo José de Jesús Gudiño Pelayo votó en contra) tuvo un origen inédito y una resolución sin precedentes.
Inicialmente se presentó ante autoridades oaxaqueñas una denuncia por violación agravada, y al ver que el Ministerio Público local actuaba parcialmente en favor de los acusados, a quienes el menor reconoció como sus atacantes, el juez que atiende la causa libró orden de aprehensión contra dos maestros y una maestra, pero los señalados promovieron un amparo.
El juez de distrito confirmó el cuerpo del delito y la probable responsabilidad, pero señaló que la orden de aprehensión carecía de fundamentación, porque no tomó en cuenta la agravante de que los agresores son maestros, y ordenó al juez de la causa emitir una nueva orden de aprehensión.
Esta decisión fue impugnada por los acusados y por el Ministerio Público. Ante el riesgo de que los primeros quedaran libres, en febrero la madre de la víctima solicitó a la SCJN que ejerciera su facultad de atracción.
Como la mujer no tiene personalidad jurídica para hacer esta petición, la ministra Sánchez Cordero hizo suya la petición y la primera sala atrajo el caso en mayo.
Con la decisión de ayer la orden de aprehensión sigue firme y con ello se confirma que la justicia oaxaqueña tiene elementos suficientes para actuar penalmente en contra de los profesores del Instituto San Felipe.
El niño de cuatro años identificó a la profesora Magdalena García Soto, al profesor de computación Adán Salvador Pérez Ramírez y a Hugo Gabriel Constantino García, esposo de la propietaria del plantel, como sus agresores.
García Soto está encarcelada por complicidad en la penitenciaría central de Santa María Ixcotel, acusada de violación equiparada, y la defiende Humberto Castillejos Cervantes, quien hasta mayo fue coordinador de asesores del titular de la Procuraduría General de la República, Eduardo Medina Mora.
Pero Pérez Ramírez y Constantino García, prófugos, así como la dueña del plantel, Yolanda León, son asesorados por ex senador priísta y ex procurador general de Justicia del estado Jorge Franco Jiménez, padre del líder estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Jorge Franco Vargas.

narco infiltra justicia, gobierno, interpol y embajada de EEUU en Mexico‏

Gálvez: vi tanto pendejo con Fox que lamenté no ser secretaria de Estado

Muchos eran del Tec, ¿eh?, dice la ex titular de la CNDI ante alumnos
Carlos Camacho (Corresponsal)
Pachuca, Hgo., 29 de octubre. En el gabinete de Vicente Fox Quesada “vi tanto pendejo que me arrepentí de no haber sido secretaria de Estado”, dijo hoy Xóchitl Gálvez al definir el perfil de algunos funcionarios que colaboraron con el ex presidente, con quien ella misma fue titular de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Xóchitl Gálvez acudió al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec), donde ofreció una conferencia y envió un mensaje a los alumnos: “si se van a dedicar a la política no sean mediocres ni ratas; robar es malo, pero robarle a los jodidos, aunque se confiesen, se van al infierno. No sean mamones, sean medio ojetes, pero mamones no”.
Recordó que en más de cinco ocasiones Fox le insistió que ocupara la titularidad de una secretaría de Estado, pero se negó “porque no tenía la preparación”.
Trajo a su memoria la antesala de lo que fue su incursión al gobierno federal: “recibí una llamada de un head hunter diciéndome que estaba entre los posibles que podrían integrarse al gabinete de Fox. Yo le dije: ‘no mames’”.
En una segunda llamada –dijo–, Ramón Muñoz, encargado de integrar el gabinete, le insistió que aceptara un cargo en el gobierno federal, lo cual fue rechazado nuevamente, argumentando que “ni siquiera había votado por Vicente Fox” en las elecciones de 2000.
En tres ocasiones posteriores fue el propio Fox quien le pidió que se hiciera cargo de una secretaría de Estado, hasta que la ex funcionaria le planteó que aceptaría ser su asesora, pero en temas indígenas. “Fox creó para mí la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; era tanto su deseo de que yo colaborara con él, que eso hizo”, dijo.
Pero al transcurrir el sexenio, “vi tanto pendejo que me arrepentí de no haber sido secretaria. En serio, decían tantas estupideces, y muchos eran del Tec de Monterrey, ¿eh?”, señaló en tono sarcástico dirigiendo la vista a los estudiantes.
Se acordó de los roces que llegó a tener con connotados funcionarios foxistas, como el entonces secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, de quien aseguró: “le gustaba ser mamón, disfrutaba ser mamón”.
O como el actual gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, “a quien le valían madre los jodidos y en más de una ocasión amenacé con exhibirlo ante la prensa” si no atendía a los pueblos indígenas. “Así entendió el cabrón; los gobernantes sólo entienden a periodicazos, como los perros”, dijo.

Priístas y perredistas pondrán candados al clientelismo de delegados de la Sedeso

Becerril
Las reformas a la Ley de Desarrollo Social avanzan en el Senado y hay ya consenso entre los grupos parlamentarios de PRD y PRI para modificar esa legislación e impedir que los programas de combate a la pobreza se utilicen con fines electorales.
El proyecto no propone la desaparición de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedeso), pero sí poner los candados necesarios para que los delegados de esa dependencia no hayan ocupado cargos partidistas ni de elección popular los cinco años anteriores a su nombramiento.
El presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Graco Ramírez Garrido Abreu, informó que el nuevo marco jurídico podría aprobarse durante noviembre, con el propósito de que pueda regir para las elecciones de 2009 y garantizar que no se hará uso clientelar ni partidistas de los programas sociales.
El senador perredista rechazó que esa reforma lleve dedicatoria al PAN y al gobierno federal. Inclusive sostuvo que se pospuso su aprobación –durante el periodo extraordinario del pasado junio– para llegar a un consenso con la bancada de Acción Nacional.
Es importante aprobar esa reforma, dijo, ya que en algunos estados de la República “los recursos enviados para el gasto social están apareciendo en las nóminas de campañas electorales. No quiso detallar de qué gobiernos se trata y sólo mencionó que “son de distinto signo” y patrocinan candidaturas, incluso en otras entidades, con recursos federales.
La reforma a la Ley de Desarrollo Social busca evitar que ello siga ocurriendo, con reglas muy claras y condiciones de transparencia en el manejo de los programas para el combate a la pobreza.
“Tendremos reglas muy precisas en esta ley para la aplicación del monitoreo y evaluación de los programas sociales, que tanto la Federación como los estados y los municipios realizan”, añadió.
La reforma busca, detalló, “trascender la visión asistencialista de la política social, por una transferencia de recursos focalizados”, con una coordinación efectiva de los programas en los tres niveles de gobierno, para evitar duplicidades y opacidad en la aplicación de los recursos.
Asimismo, abundó, se fortalecerán los indicadores de desarrollo social, se crearía un programa nacional de inclusión y de equidad social, para poder articular las actividades en los estados y en las zonas prioritarias, por estar en situación de marginación.
Ramírez Garrido Abreu consideró que el dictamen puede estar listo en dos semanas. Sólo falta ponerse de acuerdo con los legisladores panistas en esa reforma que, insistió, “no está hecha contra el gobierno federal ni en favor de los intereses de ningún partido, sino con la mira de que sirva a todos los actores políticos.
“Si se promulga la ley este año, podríamos perfectamente aplicarla a partir del próximo ejercicio fiscal del presupuesto y garantizar que en las siguientes elecciones no haya manipulación del gasto social con fines electorales”, concluyó el senador perredista.

Darán el PRD a Ortega como pago a NI por su apoyo a la reforma energética: Saucedo

El voto que los legisladores de Nueva Izquierda (NI) dieron para la aprobación de la reforma energética propició ayer que integrantes de Izquierda Unida advirtieran que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) se apresta a “pagarles la colaboración” con un fallo favorable a Jesús Ortega Martínez para que asuma la presidencia nacional del PRD.
La acusación hecha por Mario Saucedo y David Cervantes, en conferencia de prensa en la sede nacional del partido, fue rebatida por el presidente nacional interino, Guadalupe Acosta Naranjo, quien aseguró que esos dichos carecen de fundamento. Se mostró dispuesto a debatir con sus compañeros de partido para demostrarles que los de su corriente no son traidores y que los legisladores cumplieron con el compromiso de impedir cualquier intento de privatización del petróleo.
Saucedo, dirigente del Movimiento Cívico, afirmó que conocen por “algunos” perredistas, “incluidos de Nueva Izquierda”, que el TEPJF está por resolver lo relativo a los controvertidos comicios del pasado 16 de marzo obviando el fallo por la anulación que dio la Comisión Nacional de Garantías.
“Nuestro temor es que el tribunal tenga una intromisión directa en la vida interna del partido declarando presidente a Jesús Ortega, tras un proceso muy cuestionado”, pues sabemos –indicó–que sus integrantes “recibieron presiones” de parte de NI y de “algunos de sus aliados”, hecho que para nosotros representa, insistió, “el pago a los favores que ahora han hecho (los de esa corriente) en este proceso de la reforma energética”.
De antemano, advirtió que no aceptarán esa imposición, como tampoco abandonarán el partido. Entendemos, añadió, que lo ocurrido en la votación profundiza la crisis de legalidad perredista, porque ésta aún “no toca fondo”, pero también que “está en riesgo el proyecto ideológico en manos de Nueva Izquierda, “porque parece que más bien que es nueva derecha”.
Saucedo los acusó de recurrir a la vía del fraude electoral y la corrupción para allegarse puestos en el partido, como en Oaxaca, “donde se aliaron con un asesino que se llama Ulises Ruiz (el gobernador)”. Además de que, dijo, cuentan con “diputados vendidos, maiceados en muchos estados. Por ejemplo, cuando aprueban la cuenta pública.
“El grupo de Nueva Izquierda –remató– está dando muestras claras de ser colaboracionista de la derecha en el poder”. Y añadió: “Acosta Naranjo está gestionando la alianza con el PAN para enfrentar al PRI en el estado de México, dicho de su propia voz, por cierto”. La preocupación aumenta, planteó David Cervantes, de Izquierda Social, por el voto favorable que dieron los legisladores de NI a la reforma energética.
Más tarde, Acosta Naranjo emitió su postura, arropado por senadores y diputados federales de NI y de Alternativa Democrática Nacional, con quienes sostuvo un encuentro previo para asumir cuatro acuerdos. Entre ellos, que la dirección nacional del PRD reitere su reconocimiento a los legisladores que “cumplieron con su papel” en cuanto a la reforma energética, y que éstos emprendan una campaña nacional de difusión en universidades, congresos locales y medios de comunicación sobre el contenido y alcances de lo aprobado.
Manifestó que no se sienten avergonzados por el voto que otorgaron. Más bien, “orgullosos de haber parado la privatización”. Resaltó que es fiel a sus principios y no a una persona, en alusión a López Obrador.
Calificó de mentiras las acusaciones de Izquierda Unida. Lo de la eventual resolución del tribunal, afirmó, es una incongruencia. “Ellos dicen que no van a reconocer si le da el triunfo a Ortega. Si anula, entonces es bueno. Y si le da el triunfo a Encinas u ordena un nuevo cómputo, ¿no lo van a reconocer tampoco?”

En ningún caso se cederán derechos sobre las reservas petroleras: Pemex

El impacto de los cambios legales se observará dentro de tres años, señala Georgina Kessel
Víctor Cardoso
El director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Jesús Reyes Heroles, afirmó que se mantendrá el dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos y rechazó que vayan a cederse derechos sobre las reservas petroleras o pactarse porcentajes de producción; en todo contrato de servicios, agregó, las remuneraciones al proveedor siempre serán en efectivo.
Aseveró que con la reforma energética, en adelante la paraestatal podrá operar con más eficiencia y transparencia, y mejorar la rendición de cuentas.
Pemex, agregó, “podrá hacer un uso más libre de su presupuesto; explotar con rentabilidad los yacimientos más complejos y costosos en tierra y en aguas profundas, y a la vez cumplir con sus metas y no aumentar su gasto en servicios personales, con la creación de plazas o el crecimiento de sus pasivos por pensiones”.
Reforma perfectible
Ayer por la noche la secretaria de Energía, Georgina Kessel, calculó que será hasta dentro de tres años cuando se comenzará a observar el impacto de la reforma energética en la situación financiera y productiva de Pemex.
Entrevistada antes de que inaugurara la 50 convención del Instituto Mexicano de Ingenieros Químicos, comentó sobre los cambios legales aprobados en el Congreso de la Unión. “Es una buena reforma que nos permitirá contar con las herramientas para que Pemex pueda enfrentar los retos que tiene por delante, particularmente en lo que se refiere a exploración y producción. La reforma nos permitirá hacer muchas cosas en esta área y también está fortaleciendo y modernizando a nuestra empresa estatal”, dijo.
Kessel señaló que, como todas las reformas, la aprobada el pasado martes “es perfectible”, no obstante que cumple con la mayor parte de los objetivos planteados desde el inicio del proceso.
Acerca de los nuevos contratos, indicó que su elaboración y puesta en marcha permitirá su aplicación hasta finales de 2009, y sobre los recursos de que podrá disponer Pemex, señaló que dependerá de la evolución tanto en la producción como de los precios internacionales del crudo, que han tenido variaciones importantes.
A menos de 24 horas de haberse aprobado la reforma energética, Pemex se apresuró a distribuir un comunicado a inversionistas y medios de comunicación, en el cual Reyes Heroles sintetiza en 14 puntos los beneficios que alcanzará la paraestatal con la nueva normatividad, y hace un reconocimiento “al Ejecutivo, al Congreso y a la ciudadanía por una reforma histórica”.
Por su parte, Reyes Heroles sostuvo que asume el compromiso de “responder a la confianza que se otorga a la paraestatal en su funcionamiento”. Indicó que a partir de la aprobación de los cambios legales, “el organismo inicia una nueva etapa de desarrollo, que compromete a directivos y trabajadores para mejorar su eficiencia, y a operar con mayor transparencia y rendición de cuentas”.
El director de la principal empresa del país aseveró que “en esta nueva etapa” Pemex podrá mejorar el mantenimiento de sus instalaciones, así como la seguridad operativa; elevar más las inversiones para aumentar las reservas petroleras del país, en particular aquellas que permitan sustituir la declinación de Cantarell (el principal yacimiento mexicano) a partir del desarrollo de otros campos; canalizar más recursos para ampliar su capacidad de refinación de gasolinas y diesel, así como cuidar mejor del medio ambiente “y multiplicar sus proyectos de remediación del rezago histórico”.
Todo eso, afirmó, “manteniendo el dominio directo de la nación sobre los hidrocarburos”, sin la concesión de derechos sobre las reservas petroleras o pactando porcentajes de la producción, del valor de las ventas de hidrocarburos o comprometiendo las utilidades de Pemex y mucho menos con esquemas de producción compartida”.
Para Reyes Heroles lo más destacado de la reforma es la práctica de contar con un gobierno corporativo que permite la inclusión de cuatro consejeros profesionales al consejo de administración, que serán ratificados por el Congreso, y los cambios en materia de transparencia, mediante la cual se refuerzan los mecanismos de control y vigilancia en la paraestatal.
Entre los puntos que destaca el funcionario se mencionan los bonos ciudadanos, que generarán una nueva fuente de financiamiento para Pemex y un “novedoso” mecanismo de contraloría social, así como el nuevo régimen fiscal, que permitiría a la paraestatal explotar rentablemente los yacimientos más complejos y costosos, en tierra y en aguas profundas.
También menciona lo que denomina flexibilidad presupuestal, con la que Pemex tendrá mayor libertad en el ejercicio de su presupuesto, sin que eso represente aumento gastos personales (que forman parte del gasto corriente o administrativo).
Además, destaca las medidas encaminadas a garantizar un contenido nacional en compras, adquisiciones y contrataciones; manejo de deuda; establecimiento de un régimen dual que diferencia las actividades productivas de las administrativas; mayor capacidad de ejecución; creación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, así como las leyes para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía y para el Aprovechamiento de Energías Renovables; mayor autonomía a la Comisión Reguladora de Energía y el fortalecimiento de la Secretaría de Energía.

AMLO y el FAP afinan plan de acción

Alma Muñoz
Andrés Manuel López Obrador se reunió anoche con legisladores integrantes del Frente Amplio Progresista (FAP) para afinar los detalles sobre el plan de acción general de la tercera etapa de la resistencia civil pacífica, el cual será presentado este jueves a las 17 horas en el Hemiciclo a Juárez.
Alberto Anaya y Ricardo Cantú, dirigente nacional y coordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT), respectivamente, informaron que todo se encuentra listo para la concentración convocada por el ex candidato presidencial.
Los dirigentes petistas señalaron que, como ha manifestado el ex candidato presidencial, se pondrá en el centro del debate la lucha por la economía popular y el tema del otorgamiento de bloques del territorio nacional a empresas extranjeras para la exploración y producción del petróleo.
Cantú adelantó que la próxima semana López Obrador se reunirá con legisladores del FAP para definir el plan de acción correspondiente a la defensa de la economía popular y preparar la próxima visita del movimiento a la Cámara de Diputados, en el contexto de la discusión del Presupuesto Federal 2009.

Legisladores que votaron contra la reforma a Pemex analizan caminos para inconformarse

Un día después de la aprobación de la reforma petrolera, los senadores y diputados que votaron en contra de la misma informaron que analizan todos los caminos legales posibles a fin de inconformarse contra esa legislación “que tiene fisuras, rendijas y ambigüedades, por donde se puede colar la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex)”, declaró el legislador perredista Ricardo Monreal.
Al mismo tiempo, en la Cámara de Diputados, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) denunció que la “corrupción en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) se mantendrá como uno de los principales vicios, al que no se le dio solución por parte del PAN y del PRI en la reforma” al régimen legal de Petróleos Mexicanos.
El senador Monreal hizo notar que el hecho de que panistas y priístas hubieran pretendido modificar de manera subrepticia la exposición de motivos de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en Materia del Petróleo, a fin de introducir los contratos incentivados, prueba que la intención de privatizar los hidrocarburos sigue viva. Por ello, explicó, la lucha contra la privatización de la paraestatal sigue firme.
Rechazó igualmente los señalamientos que desde una corriente del PRD se han formulado en el sentido de que Andrés Manuel López Obrador dilapidó una supuesta victoria. Para el zacatecano, las siete leyes reformadas no son la panacea y en todo caso se trata de una “victoria pírrica”, toda vez que el peligro de la privatización sigue latente.
Monreal descartó también la posibilidad de que López Obrador salga del PRD, pues aunque la reforma energética colocó al tabasqueño y a parte del perredismo en bandos separados, sería un error histórico una ruptura. “Tanto el PRD como López Obrador se necesitan mutuamente” y pueden coexistir, aun con las diferencias, en un propósito común: el país.
A su vez, Antonio Ortega Martínez, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), advirtió que la participación del sindicato petrolero en actividades exclusivas de la empresa ha propiciado que “el cáncer de la corrupción” ahora se traduzca en que el pasivo laboral le cuesta 528 mil millones de pesos, cifra acumulada durante los últimos 20 años, y que representa el 5.4 por ciento del PIB a 2007.
Esta cifra, explicó, supera a la deuda total consolidada que Pemex aún tiene por concepto de proyectos de inversión diferida en el registro del gasto (Pidiregas), correspondiente al mismo año.
“El pasivo laboral de la empresa está aumentando sin control, debido a que el contrato colectivo de trabajo establece las reglas, y la historia reciente de la paraestatal en materia de pensiones refleja cómo el manejo de recursos para seguridad y previsión social está sujeto a batallas sindicales y no a criterios técnicos”, expresó.
Dijo también que derivado de la discusión para modificar el marco operativo y regulatorio de Pemex, la empresa confirmó que para los próximos años 46 por ciento de sus mandos superiores habrán de jubilarse, pero no existen recursos suficientes para el pago de sus pensiones. Además, para cubrir las obligaciones financieras de 75 mil pensionados en 2007, Pemex erogó 16 mil 748 millones de pesos, lo cual equivale a 30 por ciento de la nómina destinada para ese año.

Atenta Invitación al Srio Carstens‏

Rayuela
Invitamos cordialmente al secretario de Economía a que vaya a cualquier mercado a contarles a las amas de casa cómo están bajando los precios.

Se aleja la canasta básica del alcance del salario mínimo
Con ese ingreso las familias no pueden comprar ni cuatro artículos.

Para el secretario de Economía los precios de alimentos van a la baja (!!)
Miriam Posada y Erika Duarte

Ordena el TEPJF al IFE multar a PAN, PRI y Verde por tolerar espot ilegal contra AMLO

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó ayer al Instituto Federal Electoral (IFE) imponer una sanción “individual” a los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM), estos dos últimos integrantes de la extinta coalición Alianza por México, por haber asumido una conducta “pasiva y tolerante” ante la difusión del espot del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), durante el proceso electoral 2006, en perjuicio de Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato presidencial de la coalición Por el Bien de Todos.
Los magistrados de la Sala Superior del tribunal electoral aceptaron de esta forma la apelación que interpuso el Partido de la Revolución Democrática (PRD) contra la resolución del Consejo General del IFE, del 29 de septiembre pasado. El árbitro electoral determinó no acreditar la relación entre los ilícitos cometidos por el CCE y las actividades de los partidos que deberán ser sancionados, conclusión que fue calificada por los magistrados de “dogmática”.
Sin embargo, al ordenar al IFE que imponga una sanción “individual”, los magistrados delinearon diversos argumentos que resultarán en una sanción menor para PAN, PRI y PVEM, debido, principalmente a que los partidos políticos en referencia sí manifestaron su rechazo a los mensajes del organismo empresarial, pero no hicieron gran cosa por detenerlos.
La conducta infractora –precisó el TEPJF– se cometió por un tercero (CCE), “sin existir prueba de un acuerdo previo con los entes políticos denunciados”, del posible beneficio o perjuicio para uno y otro partido o coalición, así como el grado o trascendencia que era desconocido en el momento de presentarse la infracción, y la existencia de una manifestación de reproche en contra de la conducta del Consejo Coordinador Empresarial, aun cuando no fue idónea para detenerla.
“Aspectos todos éstos que podrían atenuar la reprochabilidad de la conducta y que, por tanto, podrían conducir a considerar a la infracción como debe”, concluye la resolución del tribunal, aprobada por unanimidad.
Este caso se desprende de una serie de apelaciones que interpusieron ante el TEPJF los partidos políticos contendientes en 2006, en rechazo a los resolutivos de la maratónica sesión de septiembre pasado, especialmente por la imposición u omisión (según el demandante que se trate) de multas millonarias que les impuso el IFE. En el caso del PRD, apeló que no se haya sancionado a nadie por las acciones nocivas del CCE, debidamente acreditadas como fuera de la norma por las autoridades electorales.
En la sesión de este martes, los magistrados partieron del hecho de que la conclusión del IFE en este caso fue “incorrecta”, al no acreditar la responsabilidad directa o indirecta de PAN, PRI y PVEM, aun cuando éstos deben ser garantes de que la conducta de sus militantes se ajuste a los principios del Estado democrático.
Esta Sala Superior, agregó, ha sustentado que también responden de actos de terceros que no necesariamente se encuentran dentro de su estructura interna, “pero que están relacionados con sus actividades”.
La resolución del tribunal electoral detalla que “la conducta pasiva y tolerante del partido político y coalición denunciados, conduce a sostener que se incumplieron con su deber de garantes, lo cual denota la falta de cuidado, previsión, control y supervisión, incurriendo por tal motivo en responsabilidad”.
El TEPJF avala de igual forma la existencia del espot del CCE (el cual advertía acerca de los supuestos riesgos de dar un viraje en la política económica, como lo propuso López Obrador), y que tal mensaje tuvo como finalidad influir en la percepción de la población respecto de un candidato o coalición determinados, lo cual constituyó –refiere– un ilícito, al contravenir lo dispuesto en el artículo 4 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Elecorales.
En la sesión de ayer, la Sala Superior del TEPJF resolvió 35 juicios para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, cuatro juicios de revisión constitucional electoral (uno de ellos relativo a una resolución del consejo electoral de San Luis Potosí), donde resolvió dar vista a la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de la existencia de un artículo de la ley electoral que es inconstitucional.
Dentro de este paquete de medios de impugnación, los magistrados refrendaron también varios casos en los que se ratifica como válidos los resolutivos de la Comisión Nacional de Garantías del PRD, aun cuando éstos ocurran sólo con el voto de dos de los tres integrantes de este órgano partidista.

La PGR ocultó información sobre el padre de Mouriño, dice el IFAI

El organismo califica de “inusitada y grave acción” las “artimañas” en el caso de la presunta participación de Manuel Carlos Mouriño Atanes en operaciones con recursos de procedencia ilícita
Elizabeth Velasco C.
En una “inusitada, delicada y muy grave acción”, la Procuraduría General de la República (PGR) promovió, “sin derecho jurídico”, un juicio de amparo para mantener en secreto la respuesta del gobierno de España sobre la supuesta participación de Manuel Carlos Mouriño Atanes (padre del secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo) en operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En la sesión de ayer del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), los cinco comisionados expresaron lo anterior tras denunciar “las artimañas” usadas por la PGR para evitar la entrega de los documentos al organismo.
Adrián Franco, titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de la PGR, fue quien promovió el amparo ante la juez cuarta de distrito en materia administrativa en el Distrito Federal, María Guadalupe Rivera González, quien le otorgó la suspensión.
A pesar de que la Ley Federal de Transparencia (LFT) ordena a todas las dependencias y entidades federales abrir sus archivos a los comisionados del IFAI, para que éstos verifiquen si es válida o no la clasificación de documentos, la procuraduría se negó en dos ocasiones a presentar la información a ese instituto, y después Franco promovió el amparo para evitar la revisión de los documentos.
Así, mientras el Poder Judicial entrega una sentencia definitiva corre el plazo que la ley otorga al IFAI para resolver el recurso. La “estrategia dilatoria” puso en una encrucijada jurídica al instituto, que se vio imposibilitado a dictaminar el recurso 2832/08.
Durante la sesión, el comisionado Alonso Lujambio consideró “inaceptable la conducta de la PGR, por expresar absoluta desconfianza hacia el IFAI”. Es, enfatizó, “una estrategia dilatoria para que los plazos corran y el instituto no pueda resolver. Ostentosamente se trata de una chicanada”.
El también consejero del IFAI Juan Pablo Guerrero, ponente del caso, advirtió que “más allá de la desconfianza de la PGR, ésta es la primera vez que ocurre una situación así y en qué caso: nada más y nada menos que en una supuesta investigación de blanqueo de capitales de un señor de nombre Manuel Carlos Mouriño Atanes”.
Ante ello, Guerrero mencionó su decisión de revocar la clasificación como reserva y ordenar a la procuraduría la entrega de una versión pública del documento que el gobierno de España giró a esa dependencia. Indicó que la versión pública sería revisada por el IFAI y con ello se evitaría que ese instituto resultara responsable por dejar correr el plazo máximo para dictaminar.
Sin embargo, los comisionados Lujambio, María Marván Laborde, Alonso Gómez Robledo y Jacqueline Peschard se manifestaron por postergar el caso hasta que se resuelva en definitiva el amparo, aun cuando la PGR “no pudo comprobar ni acreditar las razones que motivaron la clasificación de la indagatoria” que involucra al padre del secretario de Gobernación.
Al respecto, Marván Laborde destacó que aun cuando no procede la causal por la cual la PGR clasificó como reserva el documento (artículo 13, fracción II de la Ley Federal de Transparencia), “estamos ante una trampa jurídica; no podemos resolver hasta que concluya el amparo”.
Por su parte, Gómez Robledo añadió que “aunque jurídicamente la PGR no tiene derecho a promover el amparo (…) no podemos hacer nada hasta que exista una sentencia del juez, porque el caso está subjudice”. Incluso, calificó la acción de la PGR como “inusitada, delicada y muy grave”.
Trampa jurídica
A su vez, Alonso Lujambio reiteró que no podían incurrir en un desacato a la orden de un juez, y se pronunció por que la Dirección de Asuntos Jurídicos del IFAI analice una “estrategia que nos permita salir fortalecidos y no debilitados”.
Además, los consejeros acordaron notificar al órgano interno de control (OIC) de la PGR el desacato en que incurrió el titular de la Unidad de Asuntos Internacionales de esa dependencia, Adrián Franco, presunto responsable.
Durante el debate, todos los comisionados expresaron su indignación por la “trampa jurídica” que les tendió la PGR, con su “aberrante argumento” que expresa “una extraordinaria desconfianza política hacia el IFAI”, y por su recurrente actitud de “incumplimiento”.
En entrevista, el comisionado Juan Pablo Guerrero señaló que “la Procuraduría General de la República ha venido buscando toda clase de recursos legales para eludir el cumplimiento de la Ley de Transparencia y éste fue uno más con el agravante de que, por un lado, impide al IFAI resolver en tiempo y forma con la integración completa y la sustentación satisfactoria del expediente y, por otro, es evidente del caso que se trata”.

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CARTONES DE LA JORNADA

NOTICIERO SDP 30-OCT-08

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30-OCT-08

Amigos, hoy BOT-ROKER entrevista a VICTOR HERNANDEZ, hablarán de las opiniones de NAVARRETE respecto a la REFORMA ENERGÉTICA y el ejemplo que puso para demostrar según él que el planteamiento LOPEZOBRADORISTA es impresiso, también hablaremos de como se pasan los GRUYEROS, tendremos también los TITULARES DEL PERIÓDICO EL SENDERO DEL PEJE DE HOY y también la participación de nuestra amiga YURIRIA RODRIGUEZ.

Esperando sea de su agrado.

Su amigo en resistencia EL BOTE.

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