miércoles, 3 de diciembre de 2008
Se opone el Vaticano a que se despenalice la homosexualidad
Reuters
Ciudad del Vaticano, 2 de diciembre. Grupos de derechos de gays y editoriales de diarios condenaron el martes al Vaticano por oponerse a una resolución propuesta por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que pide a los gobiernos de todo el mundo que despenalicen la homosexualidad.
La disputa surgió después de que el observador permanente del Vaticano en la ONU dijo a una agencia de noticias católica francesa que ese Estado se iba a oponer a la resolución, que Francia tiene previsto proponer más tarde este mes en nombre de los 27 miembros de la Unión Europea.
El arzobispo Celestino Migliore expresó que el Vaticano estaba en contra de la resolución, porque “agregaría nuevas categorías a los protegidos de la discriminación”, y podría llevarla hacia el tradicional matrimonio heterosexual.
“Si se adopta, creará nuevas e implacables discriminaciones”, dijo Migliore. “Por ejemplo, estados que no reconocen las uniones del mismo sexo como ‘matrimonios’ quedarían en la picota y serían objeto de presión”, señaló.
Un duro editorial publicado en el diario italiano La Stampa aseveró que el razonamiento del Vaticano era “grotesco”. Al destacar que la homosexualidad sigue siendo causa de pena de muerte en algunos países islámicos, el editorial consideró que lo que el Vaticano teme es una “reacción en cadena en favor de reconocer legalmente las uniones homosexuales en países que, como Italia, no tienen legislación al respecto”. Franco Grillini, fundador y presidente honorario de Arcigay, grupo líder de derechos homosexuales de ese país, dijo que el razonamiento tiene un dejo de “total imbecilidad y locura.
“La resolución francesa, que tiene el apoyo de los 27 miembros de la Unión Europea, no tiene nada que ver con el casamiento homosexual, sino con evitar la cárcel y la pena de muerte a los homosexuales”, aseguró.
Pena de muerte
Grupos de derechos humanos reportan que en más de 85 países la homosexualidad es penada por la ley, y en otros como Afganistán, Irán, Arabia Saudita, Sudán y Yemen, supone la pena de muerte.
El portavoz del Vaticano, el reverendo Federico Lombardi, dijo que “nadie quiere la pena de muerte o la cárcel para los homosexuales”, pero defendió los comentarios de Migliore, y añadió que el Vaticano tenía mayoría en la cuestión.
“No por nada menos de 50 estados miembros de la ONU se han adherido a la propuesta en cuestión y más de 150 no. El Vaticano no está solo”, dijo.
El diario italiano de izquierda La Repubblica publicó en un editorial que esa posición “deja a uno estupefacto”, y Margherita Boniver, prominente líder del Partido Democrático, de izquierda, la llamó “sorprendentemente anacrónica”.
La Iglesia católica enseña que la homosexualidad no es un pecado, pero sí lo son los actos homosexuales. Sin embargo, un funcionario de alto rango del Vaticano dijo en octubre que la homosexualidad era “una desviación, una irregularidad y una herida”.
Ciudad del Vaticano, 2 de diciembre. Grupos de derechos de gays y editoriales de diarios condenaron el martes al Vaticano por oponerse a una resolución propuesta por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que pide a los gobiernos de todo el mundo que despenalicen la homosexualidad.
La disputa surgió después de que el observador permanente del Vaticano en la ONU dijo a una agencia de noticias católica francesa que ese Estado se iba a oponer a la resolución, que Francia tiene previsto proponer más tarde este mes en nombre de los 27 miembros de la Unión Europea.
El arzobispo Celestino Migliore expresó que el Vaticano estaba en contra de la resolución, porque “agregaría nuevas categorías a los protegidos de la discriminación”, y podría llevarla hacia el tradicional matrimonio heterosexual.
“Si se adopta, creará nuevas e implacables discriminaciones”, dijo Migliore. “Por ejemplo, estados que no reconocen las uniones del mismo sexo como ‘matrimonios’ quedarían en la picota y serían objeto de presión”, señaló.
Un duro editorial publicado en el diario italiano La Stampa aseveró que el razonamiento del Vaticano era “grotesco”. Al destacar que la homosexualidad sigue siendo causa de pena de muerte en algunos países islámicos, el editorial consideró que lo que el Vaticano teme es una “reacción en cadena en favor de reconocer legalmente las uniones homosexuales en países que, como Italia, no tienen legislación al respecto”. Franco Grillini, fundador y presidente honorario de Arcigay, grupo líder de derechos homosexuales de ese país, dijo que el razonamiento tiene un dejo de “total imbecilidad y locura.
“La resolución francesa, que tiene el apoyo de los 27 miembros de la Unión Europea, no tiene nada que ver con el casamiento homosexual, sino con evitar la cárcel y la pena de muerte a los homosexuales”, aseguró.
Pena de muerte
Grupos de derechos humanos reportan que en más de 85 países la homosexualidad es penada por la ley, y en otros como Afganistán, Irán, Arabia Saudita, Sudán y Yemen, supone la pena de muerte.
El portavoz del Vaticano, el reverendo Federico Lombardi, dijo que “nadie quiere la pena de muerte o la cárcel para los homosexuales”, pero defendió los comentarios de Migliore, y añadió que el Vaticano tenía mayoría en la cuestión.
“No por nada menos de 50 estados miembros de la ONU se han adherido a la propuesta en cuestión y más de 150 no. El Vaticano no está solo”, dijo.
El diario italiano de izquierda La Repubblica publicó en un editorial que esa posición “deja a uno estupefacto”, y Margherita Boniver, prominente líder del Partido Democrático, de izquierda, la llamó “sorprendentemente anacrónica”.
La Iglesia católica enseña que la homosexualidad no es un pecado, pero sí lo son los actos homosexuales. Sin embargo, un funcionario de alto rango del Vaticano dijo en octubre que la homosexualidad era “una desviación, una irregularidad y una herida”.
Es hora de reconocer derechos de la comunidad gay, dice director de Censida
La mayoría aprende a ocultarlo, durante años o toda la vida, por miedo a las burlas, la discriminación o a perder el empleo. Lo ven como algo “tan normal” que incluso se ríen con los chistes sobre homosexuales; sin embargo, ya es hora de que se reconozcan los derechos de la comunidad gay y se garantice el acceso, por ejemplo, a la seguridad social para las parejas del mismo sexo, afirma Jorge Saavedra, director del Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida (Censida).
En agosto pasado, durante la Conferencia Internacional de Sida, que se realizó en la ciudad de México, Saavedra asumió públicamente su homosexualidad y dio a conocer que está casado con otro hombre, al amparo de la ley que así lo permite en Connecticut, Estados Unidos.
Ahora, en entrevista, explica los motivos que lo llevaron a informar sobre su orientación sexual: “Durante muchos años me callé, pero cuando llegaron los visitantes extranjeros, alabaron la campaña contra la homofobia y también el director de Naciones Unidas se pronunció en favor de estas estrategias, así que no era posible que, si yo he encabezado el programa nacional, por miedo a la homofobia siguiera oculto”.
Asegura que a causa de justificaciones absurdas se mantiene privadas de sus derechos a miles o tal vez millones de personas, quienes son excluidas de prácticamente todo. Sólo algunas, de manera excepcional, alcanzan sus objetivos, principalmente en su desarrollo profesional.
Saavedra, quien desde 2003 es el responsable de la aplicación del programa nacional para la prevención y control del VIH/sida, plantea que negar el ejercicio de derechos previstos en la Constitución es una aberración que sólo se compara con situaciones como las ocurridas en los años 60, cuando en Estados Unidos estaban prohibidos los matrimonios entre personas de razas diferentes, o en el siglo XIX, cuando existía la esclavitud.
Destaca que en diversos ámbitos ha habido avances significativos y el tema de los derechos sexuales y reproductivos no ha sido la excepción. Un ejemplo es el reconocimiento del derecho que tienen las parejas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, y el de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Además, que estrategias como la promoción del uso del condón sean parte de una política nacional de salud dan cuenta de ello.
Más recientemente, la legalización de las sociedades de convivencia o pactos solidarios, a los que pueden acceder parejas del mismo sexo en el Distrito Federal y Coahuila, también representan avances, aunque insuficientes.
De acuerdo con Saavedra, la sociedad mexicana debe dar otros pasos hacia delante, garantizando plenamente los derechos ciudadanos de la comunidad gay, entre otros el del matrimonio y los beneficios que de manera “natural” tienen las parejas heterosexuales, como el acceso a la seguridad social y a créditos financieros, entre otros.
Carece de justificación que para los homosexuales se pretenda crear un estado de excepción ante la incapacidad de reconocerlos como iguales al resto de la población, sólo porque su orientación sexual es diferente a la heterosexual, dice.
Por eso, califica de acierto la iniciativa que se discute en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para modificar el Código Civil y reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Comenta que si el actual ordenamiento, que indica que entre los objetivos del matrimonio está la procreación, se aplicara cabalmente, tendrían que prohibirse los enlaces entre personas de la tercera edad, a mujeres que a causa de alguna enfermedad se les haya sido extraído el útero o a hombres estériles. Sería absurdo, además de ilegal, como lo es negar este derecho a los homosexuales.
Saavedra recuerda, por último, que iniciativas como ésta ya existen en algunas entidades de Estados Unidos, en Canadá, Bélgica, Holanda y Sudáfrica. De aprobarse el proyecto del Distrito Federal, México se colocaría a la vanguardia entre los países de América Latina, apunta.
En agosto pasado, durante la Conferencia Internacional de Sida, que se realizó en la ciudad de México, Saavedra asumió públicamente su homosexualidad y dio a conocer que está casado con otro hombre, al amparo de la ley que así lo permite en Connecticut, Estados Unidos.
Ahora, en entrevista, explica los motivos que lo llevaron a informar sobre su orientación sexual: “Durante muchos años me callé, pero cuando llegaron los visitantes extranjeros, alabaron la campaña contra la homofobia y también el director de Naciones Unidas se pronunció en favor de estas estrategias, así que no era posible que, si yo he encabezado el programa nacional, por miedo a la homofobia siguiera oculto”.
Asegura que a causa de justificaciones absurdas se mantiene privadas de sus derechos a miles o tal vez millones de personas, quienes son excluidas de prácticamente todo. Sólo algunas, de manera excepcional, alcanzan sus objetivos, principalmente en su desarrollo profesional.
Saavedra, quien desde 2003 es el responsable de la aplicación del programa nacional para la prevención y control del VIH/sida, plantea que negar el ejercicio de derechos previstos en la Constitución es una aberración que sólo se compara con situaciones como las ocurridas en los años 60, cuando en Estados Unidos estaban prohibidos los matrimonios entre personas de razas diferentes, o en el siglo XIX, cuando existía la esclavitud.
Destaca que en diversos ámbitos ha habido avances significativos y el tema de los derechos sexuales y reproductivos no ha sido la excepción. Un ejemplo es el reconocimiento del derecho que tienen las parejas a decidir el número y espaciamiento de sus hijos, y el de las mujeres a decidir sobre su maternidad. Además, que estrategias como la promoción del uso del condón sean parte de una política nacional de salud dan cuenta de ello.
Más recientemente, la legalización de las sociedades de convivencia o pactos solidarios, a los que pueden acceder parejas del mismo sexo en el Distrito Federal y Coahuila, también representan avances, aunque insuficientes.
De acuerdo con Saavedra, la sociedad mexicana debe dar otros pasos hacia delante, garantizando plenamente los derechos ciudadanos de la comunidad gay, entre otros el del matrimonio y los beneficios que de manera “natural” tienen las parejas heterosexuales, como el acceso a la seguridad social y a créditos financieros, entre otros.
Carece de justificación que para los homosexuales se pretenda crear un estado de excepción ante la incapacidad de reconocerlos como iguales al resto de la población, sólo porque su orientación sexual es diferente a la heterosexual, dice.
Por eso, califica de acierto la iniciativa que se discute en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para modificar el Código Civil y reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Comenta que si el actual ordenamiento, que indica que entre los objetivos del matrimonio está la procreación, se aplicara cabalmente, tendrían que prohibirse los enlaces entre personas de la tercera edad, a mujeres que a causa de alguna enfermedad se les haya sido extraído el útero o a hombres estériles. Sería absurdo, además de ilegal, como lo es negar este derecho a los homosexuales.
Saavedra recuerda, por último, que iniciativas como ésta ya existen en algunas entidades de Estados Unidos, en Canadá, Bélgica, Holanda y Sudáfrica. De aprobarse el proyecto del Distrito Federal, México se colocaría a la vanguardia entre los países de América Latina, apunta.
Proponen diputados alianza social en favor de portadores del VIH
Se buscará coordinación gubernamental para protegerlos
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Diputados de todos los grupos parlamentarios consideraron ayer que para hacer más efectiva la lucha contra el VIH/sida se requiere no sólo incrementar las campañas de prevención, sino una “alianza social” en favor de las personas que son portadoras del virus y de defensa de sus derechos. Convergencia presentó en la sesión ordinaria una iniciativa con proyecto de decreto para contar con un marco jurídico que proteja y defienda a los enfermos.
Al presentar la posición de su partido, la diputada priísta Lilia Merodio resaltó: “el sida se ha convertido en una catástrofe humana, social y económica con consecuencias de largo alcance para los individuos, las comunidades y los países” y, como ninguna otra enfermedad, “ha puesto dramáticamente de relieve las disparidades y desigualdades en el acceso a la atención a la salud, las oportunidades económicas y la protección de los derechos elementales”.
Consideró que parte fundamental de la prevención es hacer un llamado a toda la sociedad para que se informe sobre la transmisión y tratamiento de la enfermedad, y para que el sector salud redoble esfuerzos con políticas que permitan controlar la pandemia y proporcionar a todos el tratamiento necesario.
En tribuna, Merodio resaltó que, de acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida, en México 195 mil personas adultas están infectadas, mientras la mortalidad aumentó de un promedio de 1.8 a 4.6 defunciones por cada 100 mil habitantes entre 1990 y 2007. En el mismo periodo, expuso, la mortalidad entre los hombres pasó de 3.0 a 7.6 defunciones, y entre las mujeres, de 0.6 a 1.7 por cada 100 mil personas.
En nombre de Convergencia, el diputado Juan Abad de Jesús aseguró que México es el único país de América Latina que no cuenta con una ley sobre el VIH/sida, pero acotó que una legislación explícita ha provocado en otras naciones que se contravengan los adelantos en materia de protección y defensa de los derechos humanos.
Por ello, explicó que su grupo parlamentario presenta una iniciativa con proyecto de decreto para que cuente con todo el peso y la formalidad propios de una ley, y asuntos particulares y temporales en la materia.
El proyecto, explicó, busca tres propósitos: la coordinación de los tres niveles de gobierno para la difusión de la no discriminación, el fomento a la prueba de detección del VIH y la prevención en general del contagio; la coordinación entre el Poder Legislativo y las secretarías de Gobernación y del Trabajo para sancionar a los centros laborales que soliciten como requisito de ingreso la prueba del VIH, que despidan personal por ser portador o impidan un ascenso por la misma causa, y la coordinación del Congreso con la Procuraduría General de la República y Gobernación para adicionar o reformar el Código Penal, con el propósito de sancionar a los responsables de un contagio doloso o a quienes omitan informar con prontitud a quienes sean portadores, a los que divulguen información privada de éstos, y a los que los obliguen a tomar medidas terapéuticas.
Mientras, el perredista Alejandro Sánchez Camacho consideró que el Congreso tiene pendiente el fortalecimiento de las leyes y los reglamentos para eliminar todas las formas de discriminación contra las personas que viven con VIH, y para asegurarles el pleno disfrute de todos sus derechos y libertades, así como reforzar las medidas en contra del rechazo en los centros de trabajo.
Enrique Méndez y Roberto Garduño
Diputados de todos los grupos parlamentarios consideraron ayer que para hacer más efectiva la lucha contra el VIH/sida se requiere no sólo incrementar las campañas de prevención, sino una “alianza social” en favor de las personas que son portadoras del virus y de defensa de sus derechos. Convergencia presentó en la sesión ordinaria una iniciativa con proyecto de decreto para contar con un marco jurídico que proteja y defienda a los enfermos.
Al presentar la posición de su partido, la diputada priísta Lilia Merodio resaltó: “el sida se ha convertido en una catástrofe humana, social y económica con consecuencias de largo alcance para los individuos, las comunidades y los países” y, como ninguna otra enfermedad, “ha puesto dramáticamente de relieve las disparidades y desigualdades en el acceso a la atención a la salud, las oportunidades económicas y la protección de los derechos elementales”.
Consideró que parte fundamental de la prevención es hacer un llamado a toda la sociedad para que se informe sobre la transmisión y tratamiento de la enfermedad, y para que el sector salud redoble esfuerzos con políticas que permitan controlar la pandemia y proporcionar a todos el tratamiento necesario.
En tribuna, Merodio resaltó que, de acuerdo con el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/sida, en México 195 mil personas adultas están infectadas, mientras la mortalidad aumentó de un promedio de 1.8 a 4.6 defunciones por cada 100 mil habitantes entre 1990 y 2007. En el mismo periodo, expuso, la mortalidad entre los hombres pasó de 3.0 a 7.6 defunciones, y entre las mujeres, de 0.6 a 1.7 por cada 100 mil personas.
En nombre de Convergencia, el diputado Juan Abad de Jesús aseguró que México es el único país de América Latina que no cuenta con una ley sobre el VIH/sida, pero acotó que una legislación explícita ha provocado en otras naciones que se contravengan los adelantos en materia de protección y defensa de los derechos humanos.
Por ello, explicó que su grupo parlamentario presenta una iniciativa con proyecto de decreto para que cuente con todo el peso y la formalidad propios de una ley, y asuntos particulares y temporales en la materia.
El proyecto, explicó, busca tres propósitos: la coordinación de los tres niveles de gobierno para la difusión de la no discriminación, el fomento a la prueba de detección del VIH y la prevención en general del contagio; la coordinación entre el Poder Legislativo y las secretarías de Gobernación y del Trabajo para sancionar a los centros laborales que soliciten como requisito de ingreso la prueba del VIH, que despidan personal por ser portador o impidan un ascenso por la misma causa, y la coordinación del Congreso con la Procuraduría General de la República y Gobernación para adicionar o reformar el Código Penal, con el propósito de sancionar a los responsables de un contagio doloso o a quienes omitan informar con prontitud a quienes sean portadores, a los que divulguen información privada de éstos, y a los que los obliguen a tomar medidas terapéuticas.
Mientras, el perredista Alejandro Sánchez Camacho consideró que el Congreso tiene pendiente el fortalecimiento de las leyes y los reglamentos para eliminar todas las formas de discriminación contra las personas que viven con VIH, y para asegurarles el pleno disfrute de todos sus derechos y libertades, así como reforzar las medidas en contra del rechazo en los centros de trabajo.
Expuestas al acoso sexual en el ámbito laboral, 40% de las mujeres: especialista
Carolina Gómez Mena
Aunque es difícil contar con cifras certeras en torno al acoso sexual en el ámbito laboral, se estima que 40 por ciento de las mujeres estarían expuestas a este tipo de situaciones, que van desde las más leves, como insinuaciones, hasta tocamientos o coacción, señaló la antropóloga social María de Jesús Pinto Iglesias, quien remarcó que se calcula que entre 9 y 10 por ciento de los casos son extremos, es decir es un acto sistemático, totalmente identificado y que daña la salud sicológica y corporal de la persona violentada.
En entrevista concedida durante el encuentro Las trabajadoras en la lucha contra la violencia y su erradicación en los espacios laborales, realizado en el Sindicato de Telefonistas, la experta española –quien colabora con el Consorcio de Infancia Mundo Urbano (Cimu), del ayuntamiento de Barcelona– refirió que este tipo de violencia está ligado a las relaciones de poder, y que aún para muchos es “invisible”, pese a que se da en todos los países, en todos los tipos de espacios laborales, formales o informales, empresas pequeñas o grandes, y puede ser ejercido por trabajadores con el mismo rango que la persona agredida, o por directivos o dueños de las empresas.
Tras remarcar que lo primero que se debe entender es que el hostigamiento o acoso sexual “no es algo normal en el ambiente de trabajo”, la especialista en temas de género expuso que este fenómeno es más frecuente en los espacios en que no existe la sindicalización, y acotó que son justamente las organizaciones gremiales las que más pueden hacer para frenar estas situaciones.
Lo anterior se logra mediante el establecimiento de cláusulas que sancionen estas actitudes y procedimientos que tengan que ser acatados por los empresarios y sus directivos, particularmente que se establezcan “protocolos de actuación” y que los gremios emprendan campañas de sensibilización.
Apuntó que también el acoso sexual ya está considerado en muchas leyes nacionales y locales de diversos países, e incluso tipificado en códigos penales. Citó que por ejemplo en Europa todas las naciones condenan estos hechos con cárcel o pago de multas, pero destacó que aunque la sanción es importante, lo primordial es que la persona agredida sea reparada en su situación.
En el caso de España comentó que al estar tipificado en el Código Penal, los castigos van de seis a 12 semanas de cárcel hasta la imposición de multas, y estas penas son más altas dependiendo de la gravedad del hecho, esto es si el acosador es un jefe, si se impidió una promoción laboral o si la mujer, por ejemplo, fue contratada de forma temporal.
La antropóloga manifestó que, aunque es muy poco frecuente, también existe acoso de mujeres hacia hombres y de hombres a hombres o mujeres a mujeres, y apuntó que cuando es una mujer la agresora, ésta siempre tiene un cargo de jerarquía y “ejerce estas acciones porque ha interiorizado los comportamientos machistas de los hombres”.
Apuntó que muchas mujeres agredidas experimentan manifestaciones corporales de lo que les sucede y pueden presentar agotamiento, dolores de cabeza, desgano, así como baja autoestima, o incluso, “como en muchas violencias de género, la víctima termina sintiéndose culpable de la actitud que toma el agresor, al pensar que se lo incitó a ello”.
Aunque es difícil contar con cifras certeras en torno al acoso sexual en el ámbito laboral, se estima que 40 por ciento de las mujeres estarían expuestas a este tipo de situaciones, que van desde las más leves, como insinuaciones, hasta tocamientos o coacción, señaló la antropóloga social María de Jesús Pinto Iglesias, quien remarcó que se calcula que entre 9 y 10 por ciento de los casos son extremos, es decir es un acto sistemático, totalmente identificado y que daña la salud sicológica y corporal de la persona violentada.
En entrevista concedida durante el encuentro Las trabajadoras en la lucha contra la violencia y su erradicación en los espacios laborales, realizado en el Sindicato de Telefonistas, la experta española –quien colabora con el Consorcio de Infancia Mundo Urbano (Cimu), del ayuntamiento de Barcelona– refirió que este tipo de violencia está ligado a las relaciones de poder, y que aún para muchos es “invisible”, pese a que se da en todos los países, en todos los tipos de espacios laborales, formales o informales, empresas pequeñas o grandes, y puede ser ejercido por trabajadores con el mismo rango que la persona agredida, o por directivos o dueños de las empresas.
Tras remarcar que lo primero que se debe entender es que el hostigamiento o acoso sexual “no es algo normal en el ambiente de trabajo”, la especialista en temas de género expuso que este fenómeno es más frecuente en los espacios en que no existe la sindicalización, y acotó que son justamente las organizaciones gremiales las que más pueden hacer para frenar estas situaciones.
Lo anterior se logra mediante el establecimiento de cláusulas que sancionen estas actitudes y procedimientos que tengan que ser acatados por los empresarios y sus directivos, particularmente que se establezcan “protocolos de actuación” y que los gremios emprendan campañas de sensibilización.
Apuntó que también el acoso sexual ya está considerado en muchas leyes nacionales y locales de diversos países, e incluso tipificado en códigos penales. Citó que por ejemplo en Europa todas las naciones condenan estos hechos con cárcel o pago de multas, pero destacó que aunque la sanción es importante, lo primordial es que la persona agredida sea reparada en su situación.
En el caso de España comentó que al estar tipificado en el Código Penal, los castigos van de seis a 12 semanas de cárcel hasta la imposición de multas, y estas penas son más altas dependiendo de la gravedad del hecho, esto es si el acosador es un jefe, si se impidió una promoción laboral o si la mujer, por ejemplo, fue contratada de forma temporal.
La antropóloga manifestó que, aunque es muy poco frecuente, también existe acoso de mujeres hacia hombres y de hombres a hombres o mujeres a mujeres, y apuntó que cuando es una mujer la agresora, ésta siempre tiene un cargo de jerarquía y “ejerce estas acciones porque ha interiorizado los comportamientos machistas de los hombres”.
Apuntó que muchas mujeres agredidas experimentan manifestaciones corporales de lo que les sucede y pueden presentar agotamiento, dolores de cabeza, desgano, así como baja autoestima, o incluso, “como en muchas violencias de género, la víctima termina sintiéndose culpable de la actitud que toma el agresor, al pensar que se lo incitó a ello”.
Impulsará el PRD local candidatos afines a AMLO
Rocío González Alvarado
Los líderes de las corrientes del PRD que integran Izquierda Unida, Martí Batres, Armando Quintero y Dolores Padierna, se manifestaron por impulsar en el proceso electoral de 2009 candidaturas afines al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y que reivindiquen sus causas en los diferentes espacios de gobierno.
“Si todos piensan como neoliberales a la gente le da igual quién llegue al poder, por eso es importante que los candidatos tengan un perfil de lucha”, apuntó Batres, quien agregó que es necesario tener un referente en la Asamblea Legislativa que vaya construyendo el mismo proyecto que con muchos trabajos dirige el gobierno capitalino.
En coincidencia, Quintero afirmó que no se quiere diputados que no tengan claridad ideológica sobre qué es la izquierda, pues después, inclusive, se convierten en opositores de su propio gobierno. “Eso no lo vamos a tolerar, no lo vamos a permitir”, aseguró, tras señalar que serán los afines a López Obrador los que obtendrán la mayoría de los espacios en los próximos comicios.
Padierna sostuvo que se requieren candidatos afines a este movimiento, para posicionarlo en las campañas, pero también pidió cerrar filas para apoyar a López Obrador como candidato presidencial del PRD en 2012.
Los perredistas participaron ayer por la tarde en el segundo foro Así gobierna la izquierda.
Los líderes de las corrientes del PRD que integran Izquierda Unida, Martí Batres, Armando Quintero y Dolores Padierna, se manifestaron por impulsar en el proceso electoral de 2009 candidaturas afines al movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador, y que reivindiquen sus causas en los diferentes espacios de gobierno.
“Si todos piensan como neoliberales a la gente le da igual quién llegue al poder, por eso es importante que los candidatos tengan un perfil de lucha”, apuntó Batres, quien agregó que es necesario tener un referente en la Asamblea Legislativa que vaya construyendo el mismo proyecto que con muchos trabajos dirige el gobierno capitalino.
En coincidencia, Quintero afirmó que no se quiere diputados que no tengan claridad ideológica sobre qué es la izquierda, pues después, inclusive, se convierten en opositores de su propio gobierno. “Eso no lo vamos a tolerar, no lo vamos a permitir”, aseguró, tras señalar que serán los afines a López Obrador los que obtendrán la mayoría de los espacios en los próximos comicios.
Padierna sostuvo que se requieren candidatos afines a este movimiento, para posicionarlo en las campañas, pero también pidió cerrar filas para apoyar a López Obrador como candidato presidencial del PRD en 2012.
Los perredistas participaron ayer por la tarde en el segundo foro Así gobierna la izquierda.
Denunciarán por prostitución infantil al edil de Hueytlalpan
Puebla, Pue., 2 de diciembre. El presidente municipal de Hueytlalpan, Juan Martín Barrientos Ramos, militante del Revolucionario Institucional (PRI), solapó actos de prostitución y pornografía infantil durante un jaripeo nocturno que se realizó el 29 de noviembre en esa comunidad con motivo de la fiesta patronal, aseguró la diputada local del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Irma Ramos Galindo, quien anunció que promoverá denuncias penales y administrativas en contra del edil.
La legisladora relató que el animador del jaripeo, quien fue contratado por Barrientos Ramos, hizo que 20 menores indígenas de entre ocho y 13 años de edad se desnudaran ante más de 600 personas a cambio de pagarles 50 pesos por cada prenda.
“Les pidió que se quitaran la camisa, el pantalón y el calzón. Después les pidió que dieran dos vueltas al ruedo para ganarse 50 pesos más, pero fue ahí cuando exigí que se cancelaran esos eventos, porque era denigrante ver cómo en este lugar se estaban fomentando la prostitución y la pornografía infantil”, afirmó Irma Ramos. Aseguró que durante la fiesta patronal el conductor pidió, en nombre del ayuntamiento de Hueytlalpan, que los asistentes donaran dinero en efectivo para premiar a los niños participantes.
La perredista apuntó que Barrientos Ramos deberá responder ante las instancias judiciales y administrativas y anunció que este martes interpondría quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, pues “el presidente municipal debería ser el primero en poner orden en su localidad, y no encubrir ni solapar estos actos”.
Refirió que el incidente fue grabado por la sobrina del alcalde de Hueytlalpan, Guadalupe Barrientos Ramos, quien además es tesorera municipal, lo que representa un acto de nepotismo.
Ramos Galindo dijo que presentará una denuncia ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado en contra del edil. Además, adelantó que presentará ante el Congreso estatal un exhorto a los 217 municipios poblanos para que se abstengan de realizar actos que “denigren la calidad del ser humano” y se violen las garantías individuales de las personas, en especial de los niños.
“Esto no debe quedar ahí, porque muchas veces nuestros niños indígenas compiten por necesidad, y no es justo aprovecharse de eso”, consideró.
La legisladora relató que el animador del jaripeo, quien fue contratado por Barrientos Ramos, hizo que 20 menores indígenas de entre ocho y 13 años de edad se desnudaran ante más de 600 personas a cambio de pagarles 50 pesos por cada prenda.
“Les pidió que se quitaran la camisa, el pantalón y el calzón. Después les pidió que dieran dos vueltas al ruedo para ganarse 50 pesos más, pero fue ahí cuando exigí que se cancelaran esos eventos, porque era denigrante ver cómo en este lugar se estaban fomentando la prostitución y la pornografía infantil”, afirmó Irma Ramos. Aseguró que durante la fiesta patronal el conductor pidió, en nombre del ayuntamiento de Hueytlalpan, que los asistentes donaran dinero en efectivo para premiar a los niños participantes.
La perredista apuntó que Barrientos Ramos deberá responder ante las instancias judiciales y administrativas y anunció que este martes interpondría quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla, pues “el presidente municipal debería ser el primero en poner orden en su localidad, y no encubrir ni solapar estos actos”.
Refirió que el incidente fue grabado por la sobrina del alcalde de Hueytlalpan, Guadalupe Barrientos Ramos, quien además es tesorera municipal, lo que representa un acto de nepotismo.
Ramos Galindo dijo que presentará una denuncia ante el Órgano de Fiscalización Superior del Estado en contra del edil. Además, adelantó que presentará ante el Congreso estatal un exhorto a los 217 municipios poblanos para que se abstengan de realizar actos que “denigren la calidad del ser humano” y se violen las garantías individuales de las personas, en especial de los niños.
“Esto no debe quedar ahí, porque muchas veces nuestros niños indígenas compiten por necesidad, y no es justo aprovecharse de eso”, consideró.
Retorna a México Lucía Morett luego de medio año de virtual asilo en Nicaragua
Managua, 2 de diciembre. Lucía Andrea Morett Álvarez, la única sobreviviente del grupo de cinco jóvenes mexicanos que se encontraban en el campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en Ecuador atacado por el ejército de Colombia el 1º de marzo pasado –los otros cuatro murieron en el bombardeo– regresa este miércoles a México, poniendo punto final a seis meses y medio de virtual asilo en este país.
Dos diputados –José Antonio Almazán e Isidro Pedraza– y un senador, Silvano Aureoles Cornejo, todos del Partido de la Revolución Democrática, volaron esta noche a la capital nicaragüense para acompañar a Morett y a sus padres en el viaje de regreso a la ciudad de México. También participan en el grupo Édgar Sánchez, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y el abogado Hugo Rosas de León, del área jurídica de la oficina de la senadora Rosario Ibarra de Piedra, quien ha trabajado en la defensa legal de la universitaria frente a la demanda penal por “terrorismo internacional” que interpusieron en su contra Guillermo Velazco Arzac y Antonio Sánchez Ortega en abril pasado.
Ataque relámpago
En el ataque relámpago al campamento de las FARC, en el que según se demostró posteriormente participó el Pentágono, murieron más de 20 colombianos, entre ellos el segundo jefe de las FARC, Raúl Reyes, cuatro mexicanos –Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Fernando Franco, Juan González del Castillo y Soren Ulises Avilés, y un ecuatoriano. Sólo sobrevivieron tres mujeres, Morett Álvarez y dos jóvenes colombianas, Doris Torres Bohórquez y Martha Pérez Gutiérrez.
Rosas de León estima que “sí hay un riesgo latente” de que las autoridades mexicanas pretendan actuar contra Lucía Morett, “aunque no se le ha notificado que tenga calidad de indiciada” en la averiguación previa que existe en la Suprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. “Hay un estado de incertidumbre jurídica, ya que se sabe que está denunciada y la instrucción no ha sido cerrada, a pesar de que no se ha probado ningún elemento que sostenga las acusaciones de los demandantes.”
La Procuraduría General de la República (PGR) dio entrada el 18 de abril a la denuncia contra Lucía y otras 13 personas, entre ellas la propia senadora Ibarra de Piedra, por considerar que forman parte de una estructura de apoyo “o núcleo” de apoyo a las FARC y que, por tanto, son responsables de delitos de “narcotráfico y terrorismo”.
Mientras, en Ecuador, donde Lucía se recuperaba de las heridas sufridas en el ataque de Sucumbíos, una franja selvática fronteriza al departamento del Putumayo colombiano, el fiscal de Sucumbíos y Orellana, Wirmar Gonzabay, opositor al gobierno de Rafael Correra, inició también una investigación en contra de las tres sobrevivientes “por atentar contra el Estado”, en la línea impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe, intentando demostrar que los universitarios mexicanos “no eran unos angelitos”, como expresó el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos.
Ante esta presión, el embajador de Nicaragua en Ecuador y Perú, Tomás Borge –antiguo líder de la revolución sandinista y aliado del presidente Daniel Ortega–, ofreció a la familia Morett la protección de su gobierno. En este contexto y en medio de una fuerte polémica interna, Lucía Morett viajó a Managua y se acogió a la protección oficial. Semanas después, el gobierno de Ortega envió un avión militar a Ecuador para trasladadar a Managua a las otras dos sobrevivientes.
Rosas promovió ese mismo mes un juicio de amparo en favor de Morett Álvarez que finalmente no se concedió. “Este fallo es explicable porque la PGR no ha emitido ninguna orden de aprehensión en su contra y porque la acusada no tiene calidad de indiciada. Pero al mismo tiempo, se corrobora que no existe ningún elemento en su contra. Al no cerrar el caso, la procuraduría mantiene la denuncia en un estado de indefinición. Ahí radica el riesgo para Lucía”, explicó el defensor.
A mediados del año, los padres de Lucía, Jorge Morett y María de Jesús Álvarez, pudieron reunirse brevemente con el procurador general Eduardo Medina Mora. “Lo que nos dijo es que no tenían nada contra nuestra hija... por el momento. Esa ambigüedad por supuesto que nos preocupa mucho”, señalan.
El regreso de Lucía ocurre después de casi un año de ausencia. A fines de enero de 2008 emprendió un viaje a Quito con cuatro compañeros y amigos. Iban estar fuera poco más de un mes. El 1º de marzo los perdió. Este miércoles regresa sin Verónica, sin Soren ni Fernando ni Juan.
Dos diputados –José Antonio Almazán e Isidro Pedraza– y un senador, Silvano Aureoles Cornejo, todos del Partido de la Revolución Democrática, volaron esta noche a la capital nicaragüense para acompañar a Morett y a sus padres en el viaje de regreso a la ciudad de México. También participan en el grupo Édgar Sánchez, secretario técnico de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, y el abogado Hugo Rosas de León, del área jurídica de la oficina de la senadora Rosario Ibarra de Piedra, quien ha trabajado en la defensa legal de la universitaria frente a la demanda penal por “terrorismo internacional” que interpusieron en su contra Guillermo Velazco Arzac y Antonio Sánchez Ortega en abril pasado.
Ataque relámpago
En el ataque relámpago al campamento de las FARC, en el que según se demostró posteriormente participó el Pentágono, murieron más de 20 colombianos, entre ellos el segundo jefe de las FARC, Raúl Reyes, cuatro mexicanos –Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Fernando Franco, Juan González del Castillo y Soren Ulises Avilés, y un ecuatoriano. Sólo sobrevivieron tres mujeres, Morett Álvarez y dos jóvenes colombianas, Doris Torres Bohórquez y Martha Pérez Gutiérrez.
Rosas de León estima que “sí hay un riesgo latente” de que las autoridades mexicanas pretendan actuar contra Lucía Morett, “aunque no se le ha notificado que tenga calidad de indiciada” en la averiguación previa que existe en la Suprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada. “Hay un estado de incertidumbre jurídica, ya que se sabe que está denunciada y la instrucción no ha sido cerrada, a pesar de que no se ha probado ningún elemento que sostenga las acusaciones de los demandantes.”
La Procuraduría General de la República (PGR) dio entrada el 18 de abril a la denuncia contra Lucía y otras 13 personas, entre ellas la propia senadora Ibarra de Piedra, por considerar que forman parte de una estructura de apoyo “o núcleo” de apoyo a las FARC y que, por tanto, son responsables de delitos de “narcotráfico y terrorismo”.
Mientras, en Ecuador, donde Lucía se recuperaba de las heridas sufridas en el ataque de Sucumbíos, una franja selvática fronteriza al departamento del Putumayo colombiano, el fiscal de Sucumbíos y Orellana, Wirmar Gonzabay, opositor al gobierno de Rafael Correra, inició también una investigación en contra de las tres sobrevivientes “por atentar contra el Estado”, en la línea impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe, intentando demostrar que los universitarios mexicanos “no eran unos angelitos”, como expresó el ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos.
Ante esta presión, el embajador de Nicaragua en Ecuador y Perú, Tomás Borge –antiguo líder de la revolución sandinista y aliado del presidente Daniel Ortega–, ofreció a la familia Morett la protección de su gobierno. En este contexto y en medio de una fuerte polémica interna, Lucía Morett viajó a Managua y se acogió a la protección oficial. Semanas después, el gobierno de Ortega envió un avión militar a Ecuador para trasladadar a Managua a las otras dos sobrevivientes.
Rosas promovió ese mismo mes un juicio de amparo en favor de Morett Álvarez que finalmente no se concedió. “Este fallo es explicable porque la PGR no ha emitido ninguna orden de aprehensión en su contra y porque la acusada no tiene calidad de indiciada. Pero al mismo tiempo, se corrobora que no existe ningún elemento en su contra. Al no cerrar el caso, la procuraduría mantiene la denuncia en un estado de indefinición. Ahí radica el riesgo para Lucía”, explicó el defensor.
A mediados del año, los padres de Lucía, Jorge Morett y María de Jesús Álvarez, pudieron reunirse brevemente con el procurador general Eduardo Medina Mora. “Lo que nos dijo es que no tenían nada contra nuestra hija... por el momento. Esa ambigüedad por supuesto que nos preocupa mucho”, señalan.
El regreso de Lucía ocurre después de casi un año de ausencia. A fines de enero de 2008 emprendió un viaje a Quito con cuatro compañeros y amigos. Iban estar fuera poco más de un mes. El 1º de marzo los perdió. Este miércoles regresa sin Verónica, sin Soren ni Fernando ni Juan.
ARTICULO DE ESTA SEMANA
Compañer@:
Te envío el artículo de la Arq. Laura Itzel Castillo Juárez titulado "La bancarización de la política social" publicado el día de hoy en el Universal Gráfico. http://www.eluniversal.com.mx/columnas/75531.html
Asimismo te recuerdo que tenemos una cita con el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México el martes 9 de diciembre a las 17:00 horas en Televisa Chapultepec para pedir respuesta del documento dejado en la anterior asamblea.
Saludos, Josefa.
Te envío el artículo de la Arq. Laura Itzel Castillo Juárez titulado "La bancarización de la política social" publicado el día de hoy en el Universal Gráfico. http://www.eluniversal.com.mx/columnas/75531.html
Asimismo te recuerdo que tenemos una cita con el Lic. Andrés Manuel López Obrador, Presidente Legítimo de México el martes 9 de diciembre a las 17:00 horas en Televisa Chapultepec para pedir respuesta del documento dejado en la anterior asamblea.
Saludos, Josefa.
El PRD será adversario del FAP en 2009, lamentan directivos de PT y Convergencia
Muchos mexicanos sienten que el sol azteca los ha traicionado, expresa Luis Maldonado
Alma E. Muñoz
Los partidos del Trabajo (PT) y Convergencia advirtieron que el de la Revolución Democrática (PRD) será uno de sus adversarios electorales en 2009. Y coincidieron en señalar incongruencias de Jesús Ortega Martínez como presidente nacional de ese instituto político: porque en su discurso de toma de protesta convoca a la unidad y un día después decide “rehabilitar” el edificio de Monterrey 50, que fungía como sede del Frente Amplio Progresista (FAP), para instalar allí sus oficinas de transición.
“Nos preocupan las rudezas innecesarias”, dijo el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya. “Es una situación que no habla de congruencia, después de la exhortación del domingo a buscar puntos de acuerdo, e inmediatamente hacer el desalojo de personalidades ligadas a Andrés Manuel López Obrador (los integrantes de su gabinete, Mario Di Costanzo y Laura Itzel Castillo), y la propia oficina de Porfirio (Muñoz Ledo, coordinador nacional del FAP)”. Calificó el hecho, incluido el desmantelamiento de pendones con las siglas y el lema del frente, de “acto unilateral” e “imprudente”.
Anaya consideró que los perredistas de Ortega “ya traen acuerdos que les limitan su quehacer político”. ¿Acuerdos con quién? –se le preguntó al senador–. “Con quienes han pactado las contrarreformas, como la electoral”, respondió.
Responsabilidades abandonadas
En ese sentido se expresó Luis Maldonado, presidente nacional de Convergencia. Si no es Ortega quien actúa y se pronuncia de manera incongruente, “su equipo es el que está siendo evidente. Es claro que, desde hace prácticamente un año, el PRD no contribuye económicamente al sostenimiento del FAP. Ellos han ido abandonando de alguna manera las responsabilidades que teníamos pactadas en un acuerdo”.
De tal manera, dijo, “si quiere permanecer o no con nosotros, no le veo inconveniente, pero tampoco el caso. Mantendremos nuestra coincidencia política con el PT y juntos seguiremos impulsando al FAP”. De cualquier manera, continuó el senador, “lamentablemente en este momento no hay puente de comunicación” con el PRD. “Muchos actores de ese partido inclusive han tratado de agraviar la configuración de esta coalición –electoral establecida con el PT para 2009, y a la cual se sumaron el PPS y el PRT–, y que al parecer ha ofendido a algunos actores del PRD”.
Consideró que desde el punto de vista de Convergencia, el sol azteca “se salió del corazón de muchos mexicanos, que se sienten traicionados, porque algunas banderas que se enarbolaron en la plataforma electoral de 2006 fueron lamentablemente socavadas y traicionadas por algunos actores de ese partido”.
–¿El PRD va a ser el enemigo político del FAP?
–No, pero vamos a ser adversarios electorales. Enemigos no tenemos, pero adversarios sí, y uno de ellos va a ser el PRD. Así está previsto y así será en 2009.
Ayer finalmente, como informó este diario, Di Costanzo y Laura Itzel Castillo sacaron sus cosas de las oficinas que ocupaban en Monterrey 50, donde la gente de Ortega Martínez continuó con trabajos de remodelación y acondicionamiento del edificio. Horas después, Herón Escobar, del PT, informó que la coordinadora nacional del partido tomó la decisión de albergar en las oficinas de ese instituto político en la capital del país a los dos secretarios de gabinete del “gobierno legítimo”.
Decidimos abrirles espacio para “dar respuesta al golpe que dio Ortega, porque lo ocurrido significa un golpe contra Andrés Manuel López Obrador, contra el FAP y nos confirma la decisión de que no vamos en alianza electoral con el PRD encabezado por Jesús Ortega Martínez”.
Alma E. Muñoz
Los partidos del Trabajo (PT) y Convergencia advirtieron que el de la Revolución Democrática (PRD) será uno de sus adversarios electorales en 2009. Y coincidieron en señalar incongruencias de Jesús Ortega Martínez como presidente nacional de ese instituto político: porque en su discurso de toma de protesta convoca a la unidad y un día después decide “rehabilitar” el edificio de Monterrey 50, que fungía como sede del Frente Amplio Progresista (FAP), para instalar allí sus oficinas de transición.
“Nos preocupan las rudezas innecesarias”, dijo el dirigente nacional del PT, Alberto Anaya. “Es una situación que no habla de congruencia, después de la exhortación del domingo a buscar puntos de acuerdo, e inmediatamente hacer el desalojo de personalidades ligadas a Andrés Manuel López Obrador (los integrantes de su gabinete, Mario Di Costanzo y Laura Itzel Castillo), y la propia oficina de Porfirio (Muñoz Ledo, coordinador nacional del FAP)”. Calificó el hecho, incluido el desmantelamiento de pendones con las siglas y el lema del frente, de “acto unilateral” e “imprudente”.
Anaya consideró que los perredistas de Ortega “ya traen acuerdos que les limitan su quehacer político”. ¿Acuerdos con quién? –se le preguntó al senador–. “Con quienes han pactado las contrarreformas, como la electoral”, respondió.
Responsabilidades abandonadas
En ese sentido se expresó Luis Maldonado, presidente nacional de Convergencia. Si no es Ortega quien actúa y se pronuncia de manera incongruente, “su equipo es el que está siendo evidente. Es claro que, desde hace prácticamente un año, el PRD no contribuye económicamente al sostenimiento del FAP. Ellos han ido abandonando de alguna manera las responsabilidades que teníamos pactadas en un acuerdo”.
De tal manera, dijo, “si quiere permanecer o no con nosotros, no le veo inconveniente, pero tampoco el caso. Mantendremos nuestra coincidencia política con el PT y juntos seguiremos impulsando al FAP”. De cualquier manera, continuó el senador, “lamentablemente en este momento no hay puente de comunicación” con el PRD. “Muchos actores de ese partido inclusive han tratado de agraviar la configuración de esta coalición –electoral establecida con el PT para 2009, y a la cual se sumaron el PPS y el PRT–, y que al parecer ha ofendido a algunos actores del PRD”.
Consideró que desde el punto de vista de Convergencia, el sol azteca “se salió del corazón de muchos mexicanos, que se sienten traicionados, porque algunas banderas que se enarbolaron en la plataforma electoral de 2006 fueron lamentablemente socavadas y traicionadas por algunos actores de ese partido”.
–¿El PRD va a ser el enemigo político del FAP?
–No, pero vamos a ser adversarios electorales. Enemigos no tenemos, pero adversarios sí, y uno de ellos va a ser el PRD. Así está previsto y así será en 2009.
Ayer finalmente, como informó este diario, Di Costanzo y Laura Itzel Castillo sacaron sus cosas de las oficinas que ocupaban en Monterrey 50, donde la gente de Ortega Martínez continuó con trabajos de remodelación y acondicionamiento del edificio. Horas después, Herón Escobar, del PT, informó que la coordinadora nacional del partido tomó la decisión de albergar en las oficinas de ese instituto político en la capital del país a los dos secretarios de gabinete del “gobierno legítimo”.
Decidimos abrirles espacio para “dar respuesta al golpe que dio Ortega, porque lo ocurrido significa un golpe contra Andrés Manuel López Obrador, contra el FAP y nos confirma la decisión de que no vamos en alianza electoral con el PRD encabezado por Jesús Ortega Martínez”.
Material militar por 90 millones de dólares para el Plan México
Material militar por 90 millones de dólares para el Plan México
Kristin Bricker
Narco News
Traducido del inglés para por Germán Leyens
Fuentes del Congreso de EE.UU. confirmaron a Narco News que el gobierno de EE.UU. ha destinado aproximadamente 90 millones de dólares de los 116,5 millones de dólares del Financiamiento Militar del Exterior (FMF) bajo el Plan México, también conocido como Iniciativa Mérida o Plan Mérida. Los 90 millones incluyen aproximadamente un 77% de la asignación total para México bajo el Plan México en 2008. El Congreso de EE.UU. autorizó la entrega de hasta un 85% o sea 99 millones de dólares, de los fondos del FMF hasta que exista un informe de la Secretaria de Estado respecto al cumplimiento de México de las condiciones sobre derechos humanos establecidas en el Plan México. Sin embargo, fuentes del Congreso señalan que México todavía no ha satisfecho las condiciones de derechos humanos, de modo que el Departamento de Estado no ha sometido el informe. Las condiciones de derechos humanos son mínimas – requieren el establecimiento de una comisión para recibir quejas sobre la conducta de la policía, que el gobierno mexicano se reúna regularmente con las organizaciones mexicanas de derechos humanos para que puedan "hacer recomendaciones sobre la implementación del" Plan México (excluyendo con ello de las consultas a toda ONG que se oponga al paquete de ayuda militar), que fiscales y jueces civiles investiguen y procesen a policías federales y fuerzas militares que son acusadas de cometer abusos de los derechos humanos, y que no se utilice ante los tribunales evidencia obtenida mediante la tortura. Este último punto es particularmente difícil de certificar para la Secretaria de Estado ya que el semanario mexicano Proceso reveló este mes que tres sospechosos arrestados por la Oficina del Procurador General (PGR) por el caso del ataque "narcoterrorista" con granadas de Morelia, Michoacán, fueron torturados por un cartel de la droga o por fuerzas de seguridad mexicanas para que dijeran que eran miembros de la organización criminal Los Zetas y que lanzaron las granadas que mataron a ocho personas el Día de la Independencia de México. Memorandos oficiales filtrados a Proceso por una agencia no identificada de inteligencia confirman que autoridades de seguridad en Michoacán se reunieron con representantes del cartel de la droga La Familia antes de los arrestos "y que acordaron que detendrían a varias personas" y que las acusarían de realizar el ataque en Morelia. Una teoría que rivaliza con la hipótesis oficial de que Los Zetas realizaron el ataque de Morelia es que La Familia realizó el ataque a fin de provocar medidas de fuerza militares contra Los Zetas, que han estado contrabandeando a través del territorio de La Familia. Material militar La Agencia de Cooperación en la Seguridad del Departamento de Defensa, que administra el programa FMF, define el Financiamiento Militar del Exterior como "programa del gobierno de EE.UU. para financiar, mediante subvenciones o préstamos, la adquisición de artículos, servicios y entrenamiento militares de EE.UU." Por el momento no se sabe qué material militar fue comprado con los 90 millones de dólares y qué material sigue esperando la publicación del informe de derechos humanos. Sin embargo, el plan de gastos del Plan México, publicado por Narco News en septiembre, delinea cómo se gastará el FMF para 2008. Según el plan de gastos, el financiamiento del FMF proveerá hasta dos aviones CASA 235. El plan de gastos señala: "Aparte de hasta dos aviones, el paquete suministrado incluirá apoyo logístico (sobre todo repuestos apoyo técnico limitado) durante tres años. El financiamiento también apoyará el entrenamiento de transición (entrenamiento para pilotos experimentados para que vuelen un nuevo tipo de avión) para pilotos mexicanos." Los aviones CASA 235 tienen la capacidad de utilizar equipos de visión nocturna, dos ordenadores para transmitir y recibir información de una base militar o de un centro de control, y espacio para 57 soldados con todo su equipo o para 48 paracaidistas. El CASA 235 también puede llevar seis misiles contra barcos y dos torpedos MK47 o misiles contra barcos Exocet M-39. México recibirá hasta cinco helicópteros utilitarios de carga mediana BH-412 EP (Helicóptero Bell) junto con un paquete de apoyo logístico para dos años para aviones nuevos y posiblemente cuatro helicópteros de propiedad mexicana que ya están en servicio. Esto incluye la capacitación para pilotos. Los BH-412 han sido diseñados para desplegar rápidamente fuerzas militares, que, según el plan de gastos, "establecerán la seguridad requerida para la inhabilitación exitosa de armas, drogas, y personas." El BH-412 lleva entre 1 y 2 miembros de la tripulación y entre 13 y 14 soldados y está equipado para vuelos de día y de noche. El financiamiento del FMF también restaurará y equipará completamente dos aviones de vigilancia Cessna Citation II C-550 de la Oficina del Procurador General mexicano (PGR). Los Cessna Citation tienen radar y cámaras. Pueden ser equipados de armas y a menudo lo son cuando sirven en la guerra contra la droga. En 2001, Cessna Citations suministrados por el gobierno de EE.UU. y piloteados por pilotos peruanos bajo la dirección de agentes de la CIA mataron a una misionera estadounidense y a su bebé en Perú cuando los confundieron con narcotraficantes. El Plan México proveerá una cantidad indeterminada de escáneres de iones "para apoyar los esfuerzos de la Armada mexicana (SEMAR) y del Ejército y la Fuerza Aérea de México (SEDENA) por controlar su territorio nacional y la vía de entrada al sur de EE.UU." Los escáneres de iones vienen con un paquete estándar de mantenimiento. El plan de gastos señala que son "capaces de detectar explosivos y narcóticos" y que serán "utilizados por la SEDENA para ayudar a detectar tráfico de drogas ilícitas y armas a través de áreas remotas de México y apoyarán el esfuerzo del GOM [gobierno de México] por montar un sistema robusto de inhabilitación a través de las rutas terrestres." Se sabe que los escáneres de iones producen más positivos falsos que positivos reales y que son ampliamente abusados por las autoridades carcelarias para acosar a visitantes a la prisión, negándoles acceso. Es el primer año en la memoria reciente en el que México recibirá fondos del FMF de EE.UU. Hasta ahora, México había sido excluido de la recepción de ayuda militar de EE.UU., porque participa en el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional (CPI). Según la ley de EE.UU., los países que forman parte del Estatuto de Roma, sólo pueden recibir ayuda militar de EE.UU. si llegan a un acuerdo según el Artículo 98, en el que prometen no procesar a ciudadanos de EE.UU. en la CPI. México no ha llegado a un acuerdo según el Artículo 98, pero la ley que excluye a partes del Estatuto de Roma contiene una escapatoria: el presidente puede no aplicar la ley, permitiendo al país que reciba fondos del FMF, si considera que es en función del "interés nacional" de EE.UU. Más armamento Según el plan de gastos. México también recibirá vehículos blindados, chalecos a prueba de balas, y "ayuda técnica" relacionada según la sección anti-narcóticos del Plan México. Esos fondos, sin embargo, esperan la firma de una carta de acuerdo entre los gobiernos de EE.UU. y México. La carta de acuerdo esboza cómo se transferirá el entrenamiento y el equipo del Plan México. El Financiero informa que la contraparte mexicana de Condoleezza Rice, la Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa Cantellano, piensa que la carta de acuerdo será finalizada y firmada esta semana.
Kristin Bricker
Narco News
Traducido del inglés para por Germán Leyens
Fuentes del Congreso de EE.UU. confirmaron a Narco News que el gobierno de EE.UU. ha destinado aproximadamente 90 millones de dólares de los 116,5 millones de dólares del Financiamiento Militar del Exterior (FMF) bajo el Plan México, también conocido como Iniciativa Mérida o Plan Mérida. Los 90 millones incluyen aproximadamente un 77% de la asignación total para México bajo el Plan México en 2008. El Congreso de EE.UU. autorizó la entrega de hasta un 85% o sea 99 millones de dólares, de los fondos del FMF hasta que exista un informe de la Secretaria de Estado respecto al cumplimiento de México de las condiciones sobre derechos humanos establecidas en el Plan México. Sin embargo, fuentes del Congreso señalan que México todavía no ha satisfecho las condiciones de derechos humanos, de modo que el Departamento de Estado no ha sometido el informe. Las condiciones de derechos humanos son mínimas – requieren el establecimiento de una comisión para recibir quejas sobre la conducta de la policía, que el gobierno mexicano se reúna regularmente con las organizaciones mexicanas de derechos humanos para que puedan "hacer recomendaciones sobre la implementación del" Plan México (excluyendo con ello de las consultas a toda ONG que se oponga al paquete de ayuda militar), que fiscales y jueces civiles investiguen y procesen a policías federales y fuerzas militares que son acusadas de cometer abusos de los derechos humanos, y que no se utilice ante los tribunales evidencia obtenida mediante la tortura. Este último punto es particularmente difícil de certificar para la Secretaria de Estado ya que el semanario mexicano Proceso reveló este mes que tres sospechosos arrestados por la Oficina del Procurador General (PGR) por el caso del ataque "narcoterrorista" con granadas de Morelia, Michoacán, fueron torturados por un cartel de la droga o por fuerzas de seguridad mexicanas para que dijeran que eran miembros de la organización criminal Los Zetas y que lanzaron las granadas que mataron a ocho personas el Día de la Independencia de México. Memorandos oficiales filtrados a Proceso por una agencia no identificada de inteligencia confirman que autoridades de seguridad en Michoacán se reunieron con representantes del cartel de la droga La Familia antes de los arrestos "y que acordaron que detendrían a varias personas" y que las acusarían de realizar el ataque en Morelia. Una teoría que rivaliza con la hipótesis oficial de que Los Zetas realizaron el ataque de Morelia es que La Familia realizó el ataque a fin de provocar medidas de fuerza militares contra Los Zetas, que han estado contrabandeando a través del territorio de La Familia. Material militar La Agencia de Cooperación en la Seguridad del Departamento de Defensa, que administra el programa FMF, define el Financiamiento Militar del Exterior como "programa del gobierno de EE.UU. para financiar, mediante subvenciones o préstamos, la adquisición de artículos, servicios y entrenamiento militares de EE.UU." Por el momento no se sabe qué material militar fue comprado con los 90 millones de dólares y qué material sigue esperando la publicación del informe de derechos humanos. Sin embargo, el plan de gastos del Plan México, publicado por Narco News en septiembre, delinea cómo se gastará el FMF para 2008. Según el plan de gastos, el financiamiento del FMF proveerá hasta dos aviones CASA 235. El plan de gastos señala: "Aparte de hasta dos aviones, el paquete suministrado incluirá apoyo logístico (sobre todo repuestos apoyo técnico limitado) durante tres años. El financiamiento también apoyará el entrenamiento de transición (entrenamiento para pilotos experimentados para que vuelen un nuevo tipo de avión) para pilotos mexicanos." Los aviones CASA 235 tienen la capacidad de utilizar equipos de visión nocturna, dos ordenadores para transmitir y recibir información de una base militar o de un centro de control, y espacio para 57 soldados con todo su equipo o para 48 paracaidistas. El CASA 235 también puede llevar seis misiles contra barcos y dos torpedos MK47 o misiles contra barcos Exocet M-39. México recibirá hasta cinco helicópteros utilitarios de carga mediana BH-412 EP (Helicóptero Bell) junto con un paquete de apoyo logístico para dos años para aviones nuevos y posiblemente cuatro helicópteros de propiedad mexicana que ya están en servicio. Esto incluye la capacitación para pilotos. Los BH-412 han sido diseñados para desplegar rápidamente fuerzas militares, que, según el plan de gastos, "establecerán la seguridad requerida para la inhabilitación exitosa de armas, drogas, y personas." El BH-412 lleva entre 1 y 2 miembros de la tripulación y entre 13 y 14 soldados y está equipado para vuelos de día y de noche. El financiamiento del FMF también restaurará y equipará completamente dos aviones de vigilancia Cessna Citation II C-550 de la Oficina del Procurador General mexicano (PGR). Los Cessna Citation tienen radar y cámaras. Pueden ser equipados de armas y a menudo lo son cuando sirven en la guerra contra la droga. En 2001, Cessna Citations suministrados por el gobierno de EE.UU. y piloteados por pilotos peruanos bajo la dirección de agentes de la CIA mataron a una misionera estadounidense y a su bebé en Perú cuando los confundieron con narcotraficantes. El Plan México proveerá una cantidad indeterminada de escáneres de iones "para apoyar los esfuerzos de la Armada mexicana (SEMAR) y del Ejército y la Fuerza Aérea de México (SEDENA) por controlar su territorio nacional y la vía de entrada al sur de EE.UU." Los escáneres de iones vienen con un paquete estándar de mantenimiento. El plan de gastos señala que son "capaces de detectar explosivos y narcóticos" y que serán "utilizados por la SEDENA para ayudar a detectar tráfico de drogas ilícitas y armas a través de áreas remotas de México y apoyarán el esfuerzo del GOM [gobierno de México] por montar un sistema robusto de inhabilitación a través de las rutas terrestres." Se sabe que los escáneres de iones producen más positivos falsos que positivos reales y que son ampliamente abusados por las autoridades carcelarias para acosar a visitantes a la prisión, negándoles acceso. Es el primer año en la memoria reciente en el que México recibirá fondos del FMF de EE.UU. Hasta ahora, México había sido excluido de la recepción de ayuda militar de EE.UU., porque participa en el Estatuto de Roma, que estableció la Corte Penal Internacional (CPI). Según la ley de EE.UU., los países que forman parte del Estatuto de Roma, sólo pueden recibir ayuda militar de EE.UU. si llegan a un acuerdo según el Artículo 98, en el que prometen no procesar a ciudadanos de EE.UU. en la CPI. México no ha llegado a un acuerdo según el Artículo 98, pero la ley que excluye a partes del Estatuto de Roma contiene una escapatoria: el presidente puede no aplicar la ley, permitiendo al país que reciba fondos del FMF, si considera que es en función del "interés nacional" de EE.UU. Más armamento Según el plan de gastos. México también recibirá vehículos blindados, chalecos a prueba de balas, y "ayuda técnica" relacionada según la sección anti-narcóticos del Plan México. Esos fondos, sin embargo, esperan la firma de una carta de acuerdo entre los gobiernos de EE.UU. y México. La carta de acuerdo esboza cómo se transferirá el entrenamiento y el equipo del Plan México. El Financiero informa que la contraparte mexicana de Condoleezza Rice, la Secretaria de Relaciones Exteriores Patricia Espinosa Cantellano, piensa que la carta de acuerdo será finalizada y firmada esta semana.
Acuerda el Senado que el 2 de octubre sea considerado día de “duelo nacional”
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
A 40 años de la matanza de Tlatelolco, el Senado aprobó ayer modificaciones legales para reconocer el 2 de octubre como una fecha de “duelo nacional”, por lo que cada año ese día se izará la bandera a media asta en escuelas y edificios públicos, así como en las sedes de las representaciones diplomáticas y consulares de México.
En el dictamen elaborado por las comisiones de Gobernación –que preside el priísta Jesús Murillo Karam– y de Estudios Legislativos –encabezada por el panista Ricardo García Cervantes–, a la iniciativa que presentó el senador perredista Pablo Gómez el 19 de abril de 2007, destacan que “se trata de un reconocimiento histórico trascendente por parte del Estado mexicano de su responsabilidad en una acción brutal de ejercicio desmesurado de su fuerza represiva, durante un régimen político cerrado al respeto de las libertades ciudadanas”.
Ambas comisiones sostienen que el dictamen que se sometió a votación del pleno “sería un medio idóneo para sufragar un adeudo histórico con la sociedad mexicana, pero se trata también de reconocer aquel hecho como un hito en la ruptura de un sistema político obsoleto, fraguado sobre cimientos formales con las instituciones de la democracia política de la modernidad –soberanía residente en el pueblo, representación popular, división y equilibrio de poderes–, pero sostenido por mecanismos reales de poder autoritario”.
Resaltan en las consideraciones del mismo que es acertado el objetivo de la iniciativa de mérito”. Se trata de hechos históricos que se reconocen, cada vez con mayor amplitud, como un símbolo que permanentemente nos recuerda aquello que no debe volver a suceder en el camino que cotidianamente trazamos para alcanzar un sistema político, económico y social efectivamente democrático.
Las comisiones dictaminadoras precisan que “no se trata de otorgar al movimiento estudiantil del 68 un lugar en la historia, pues éste ya le pertenece, como tampoco de renacer o avivar una confrontación entre ciudadanos y gobierno. Por el contrario, “se propone dar un reconocimiento oficial al hecho histórico como elemento de conciliación ante la persistencia de una memoria fúnebre de los hechos”.
Pablo Gómez, autor de la iniciativa, propuso en tribuna una modificación a la Ley de la Bandera y el Escudo Nacionales, “a efecto de instituir a media asta el lábaro patrio en señalar de luto el 2 de octubre de cada año.
“El objetivo de esta iniciativa, contenida en el dictamen, es que el Estado mexicano dé un paso muy importante en el reconocimiento de hechos del pasado que se dieron en el marco de la lucha por la democracia, y que desgraciadamente concluyeron en represiones violentas”. Es obligación del Estado actual hacerlo de forma institucional”.
Su propuesta ante el pleno fue modificar el texto que decía: “2 de octubre, aniversario de las víctimas por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, 1968”, por “2 de octubre, aniversario de los caídos en la lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en 1968”.
Desde la tribuna, el perredista aseveró: “hace semanas, el 2 de octubre yo leí aquí la lista conocida de los caídos, y leí también los nombres de los militares que cayeron ese día en la Plaza de las Tres Culturas. Ellos también fueron víctimas de una acción represiva; no olvidamos tampoco a los que perdieron la vida en esa acción”.
El 2 de octubre es un día que forma parte de la memoria histórica del país, quiérase o no”, aseveró, y añadió: “lo que tratamos de recordar es una fecha luctuosa que está en la conciencia nacional, en la búsqueda de algo también en la conciencia actual de las generaciones vivas, que nos lleve a que nunca más se repita un hecho como éste. Esa es la idea. No debemos darle la vuelta a la hoja sin leerla antes completa. En eso estamos y creo que este puede ser el primer paso de la lectura, desde el punto de vista del Estado”.
El dictamen, con la modificación propuesta por el senador perredista, fue aprobado por 77 votos en favor de todas las fuerzas políticas, seis abstenciones y ningún voto en contra.
A 40 años de la matanza de Tlatelolco, el Senado aprobó ayer modificaciones legales para reconocer el 2 de octubre como una fecha de “duelo nacional”, por lo que cada año ese día se izará la bandera a media asta en escuelas y edificios públicos, así como en las sedes de las representaciones diplomáticas y consulares de México.
En el dictamen elaborado por las comisiones de Gobernación –que preside el priísta Jesús Murillo Karam– y de Estudios Legislativos –encabezada por el panista Ricardo García Cervantes–, a la iniciativa que presentó el senador perredista Pablo Gómez el 19 de abril de 2007, destacan que “se trata de un reconocimiento histórico trascendente por parte del Estado mexicano de su responsabilidad en una acción brutal de ejercicio desmesurado de su fuerza represiva, durante un régimen político cerrado al respeto de las libertades ciudadanas”.
Ambas comisiones sostienen que el dictamen que se sometió a votación del pleno “sería un medio idóneo para sufragar un adeudo histórico con la sociedad mexicana, pero se trata también de reconocer aquel hecho como un hito en la ruptura de un sistema político obsoleto, fraguado sobre cimientos formales con las instituciones de la democracia política de la modernidad –soberanía residente en el pueblo, representación popular, división y equilibrio de poderes–, pero sostenido por mecanismos reales de poder autoritario”.
Resaltan en las consideraciones del mismo que es acertado el objetivo de la iniciativa de mérito”. Se trata de hechos históricos que se reconocen, cada vez con mayor amplitud, como un símbolo que permanentemente nos recuerda aquello que no debe volver a suceder en el camino que cotidianamente trazamos para alcanzar un sistema político, económico y social efectivamente democrático.
Las comisiones dictaminadoras precisan que “no se trata de otorgar al movimiento estudiantil del 68 un lugar en la historia, pues éste ya le pertenece, como tampoco de renacer o avivar una confrontación entre ciudadanos y gobierno. Por el contrario, “se propone dar un reconocimiento oficial al hecho histórico como elemento de conciliación ante la persistencia de una memoria fúnebre de los hechos”.
Pablo Gómez, autor de la iniciativa, propuso en tribuna una modificación a la Ley de la Bandera y el Escudo Nacionales, “a efecto de instituir a media asta el lábaro patrio en señalar de luto el 2 de octubre de cada año.
“El objetivo de esta iniciativa, contenida en el dictamen, es que el Estado mexicano dé un paso muy importante en el reconocimiento de hechos del pasado que se dieron en el marco de la lucha por la democracia, y que desgraciadamente concluyeron en represiones violentas”. Es obligación del Estado actual hacerlo de forma institucional”.
Su propuesta ante el pleno fue modificar el texto que decía: “2 de octubre, aniversario de las víctimas por la democracia de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, 1968”, por “2 de octubre, aniversario de los caídos en la lucha por la democracia en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en 1968”.
Desde la tribuna, el perredista aseveró: “hace semanas, el 2 de octubre yo leí aquí la lista conocida de los caídos, y leí también los nombres de los militares que cayeron ese día en la Plaza de las Tres Culturas. Ellos también fueron víctimas de una acción represiva; no olvidamos tampoco a los que perdieron la vida en esa acción”.
El 2 de octubre es un día que forma parte de la memoria histórica del país, quiérase o no”, aseveró, y añadió: “lo que tratamos de recordar es una fecha luctuosa que está en la conciencia nacional, en la búsqueda de algo también en la conciencia actual de las generaciones vivas, que nos lleve a que nunca más se repita un hecho como éste. Esa es la idea. No debemos darle la vuelta a la hoja sin leerla antes completa. En eso estamos y creo que este puede ser el primer paso de la lectura, desde el punto de vista del Estado”.
El dictamen, con la modificación propuesta por el senador perredista, fue aprobado por 77 votos en favor de todas las fuerzas políticas, seis abstenciones y ningún voto en contra.
EL ESCENARIO ESTRATÉGICO DEL ATAQUE EN LA INDIA
EL ESCENARIO ESTRATÉGICO DEL ATAQUE EN LA INDIAEEUU VA POR PAKISTÁNLO ACUSA DE PROMOVER LOS “ATAQUES TERRORISTAS” EN MUMBAYTras la sangrienta masacre "terrorista" de tres días en Mumbay (Bombay) los hechos se precipitaron: EEUU, en una clara muestra de que es el directo "beneficiario" de los ataques, señaló a un grupo islamista pakistaní como el responsable de los hechos y exigió a Pakistán un mayor compromiso activo en la "guerra contra el terrorismo". De esta manera, es el propio Washington quién confirma -tácitamente- que el gigante islámico en frrontera con Afganistán estuvo situado como uno de los objetivos encubiertos de la operación de los comandos exterminadores.Tras los ataques "terroristas" en Mumbay, Washington utilizó los patrones de costumbre: La CIA señaló como autor del atentado a un grupo islámico pakistaní, la India (aliada de la maniobra) lanzó el involucramiento del gobierno de Pakistán en la operación, y la Casa Blanca cerró el círculo intimando a Islamabab a una mayor cooperación en la persecución y el exterminio de los grupos talibanes que operan en su frontera con Afganistán.De esta manera, aparece uno de los objetivos encubiertos centrales del exterminio "terrorista" en la India: Romper la reticencia del gobierno pakistaní a colaborar y preparar con EEUU el terreno para una ocupación militar de la frontera con Afganistán donde se encuentran las bases centrales de la resistencia talibán.Siguiendo el manual, el director de Inteligencia Nacional de EEUU (que tiene a la CIA como su columna vertebral) Mike McConnell, acusó al grupo islamista Lashkar-e-Taiba de perpetrar los atentados de la semana pasada en Mumbay. El Gobierno de India, que también centra sus "sospechas" en ese grupo, informó que los autores procedían de Pakistán y tenían vinculaciones con el gobierno de ese país.La cobertura mediática en "vivo" -como viene sucediendo desde el 11-S hasta aquí- multiplicó y niveló planetariamente la conmoción y el "miedo" (el efecto "terrorista" ) fijando y repitiendo imágenes con cadáveres y heridos salpicados de sangre en un escenario de destrucción generalizada. La operación "terrorista" fue ejecutada por una decena de comandos que utilizaron técnicas de fuerzas de élite, duró tres días, en Mumbay (Mumbay), la llamada "capital financiera" de Asia, causó 195 muertos, más de 350 heridos, y tuvo todos los ingredientes para conmocionar y destruir al "blanco" al que fue dirigido: Hoteles cinco estrellas donde se alojaban altos ejecutivos y empresarios trasnacionales."El mismo grupo que creemos es responsable de los atentados en Mumbay realizó un ataque similar a un tren en 2006 y mató a un número similar de personas", dijo McConnell el martes durante un acto en la estadounidense Universidad de Harvard. Desde otro flanco del "aprovechamiento" del acto "terrorista" , la secretaria de Estado de EEUU, Condoleezza Rice, exigió este miércoles a Pakistán una "acción decidida y urgente" contra el terrorismo y cooperación con India en la investigación de los atentados de Mumbay. Rice llegó el miércoles a Nueva Delhi enviada formalmente por Bush con la misión de suavizar las tensiones entre India y Pakistán por los ataques de la semana pasada."Tenemos que actuar urgentemente y con decisión. Es necesario que Pakistán actúe con decisión y rapidez y que coopere de forma transparente y total. Este mensaje ha sido y será el transmitido a Pakistán", dijo la secretaria de Estado en conferencia de prensa."Es la hora de que todo el mundo coopere y lo haga de forma transparente, y especialmente es la hora de que lo haga Pakistán", señaló Rice dejando en claro el objetivo encubierto de los ataques en la India . En una acción coordinada, la presión de EEUU al gobierno de Pakistán se une a la de India, que, además de señalar a Pakistán por la matanza de Mumbay, pidió a su vecino la extradición de 20 supuestos "terroristas" a los que responsabiliza de otros ataques y de idear los de la semana pasada.De esta manera, además de quedar en evidencia uno de los objetivos centrales la "misteriosa" operación masacre en Mumbay, se pone en marcha una maquinaria de aislamiento del gobierno pakistaní que en los últimos días se resistió a colaborar con las operaciones militares contra los talibanes y denunció bombardeos secretos contra poblaciones civiles en su territorio por parte de EEUU y la OTAN.Además de la preparación de un clima de "terrorismo financiero", y de servir para un reciclamiento global de la "guerra contraterrorista" , los ataques en la India se orientaron a generar un conflicto India-Pakistá n para justificar la ocupación militar en el enclave estratégico de la frontera Afganistán-Pakistá n donde se encuentran los búnkeres de la guerrilla talibán que tiene acorraladas a las fuerzas de EEUU y la OTAN.Además, la futura administració n que gobernará la Casa Blanca, a partir del 20 de enero, es coincidente con el objetivo trazado por el gobierno de Bush con respecto a Pakistán.BUSH: ENTREGA “LLAVE EN MANO” A OBAMAEn los últimos días, la prensa norteamericana reveló que el equipo que rodea a Barack Obama ya tiene planificada la ocupación militar de Pakistán para neutralizar y/o destruir las bases y los campos de entrenamiento militar de los talibanes, cuyo núcleo principal y mayoritario está en una guerra de liberación de su territorio contra EEUU y la OTAN.Luego del exterminio en Mumbay, India volvió a apuntar con el dedo a "elementos" con vínculos paquistaníes responsabilizá ndolos por los sangrientos atentados coordinados perpetrados en su capital financiera, en los que, según cifras oficiales, murieron casi 200 personas y 350 fueron heridas."Las evidencias preliminares indican que hay implicados elementos con vínculos con Pakistán", dijo el ministro de Exteriores, Pranab Mukherjee, en una conferencia de prensa en Nueva Delhi. Instó a Pakistán a desmantelar la infraestructura que respalda a los extremistas.Según lo que manejan algunos expertos, Washington ahora privilegia a la India como aliado estratégico en la región y busca el sometimiento militar de Pakistán que se ha tornado en una aliado inestable y poco confiable luego de la renuncia del general Pervez Musharraf.Sin la mano dura de Musharraf, atacado por un vacío de poder ascendente, metido en un espiral de crisis económica, y con una escalada indetenible de violencia y atentados en las grandes ciudades, Pakistán, un resorte geopolítico-militar clave en la estrategia regional de Washington y un aliado invalorable en el marco de la disputa con Rusia e Irán, comienza convertirse en un dilema difícil de resolver para los halcones de la Casa Blanca. Pakistán, con 165 millones de habitantes, está en un avanzado proceso inflacionario con alza de precios de los alimentos, cortes de luz masivos, acompañados de una escalada de violencia y atentados en las grandes ciudades, con espectaculares ataques del talibán y más bombardeos en la frontera con Afganistán.En este cuadro de situación, las usinas conservadoras de EEUU ya comienzan a barajar hipótesis de "salida militar" para retomar el control en un país que se les va de las manos.Obama tiene a Pakistán y a Afganistán como sus principales prioridades en política exterior, y con la continuidad de Gates en el Pentágono y con el nombramiento de Hillary Clinton al frente del Departamento ya ratificó su idea de "no innovar" y continuar con la política de los halcones republicanos.Pakistán, un aliado estratégico clave de EEUU, es un país en crisis y en "guerra permanente", y en este escenario -afirman las usinas conservadoras- resulta suicida dejar el país en manos de políticos débiles y divididos.Cuando se habla de Pakistán, se habla de Afganistán: Una frontera por donde -en la visión de Washington- se infiltra la "guerra contraterrorista" en el gigante islámico con dientes nucleares. Para EEUU y las usinas conservadoras sionistas de EEUU, Pakistán, también en frontera con Irán, es una extensión natural del "combate contra el terrorismo" en Afganistán, metido en la geografía de los corredores energéticos y del conflicto en el Cáucaso. De manera tal que fue el propio Washington el que se encargó de revelar con su accionar posterior el rol de Pakistán como objetivo encubierto de la operación de exterminio en la India.Ahora Washington va por un aislamiento internacional del gobierno de Islamabad para obligarlo a un nuevo pacto que le permita cerrar su objetivo de ocupación militar en el enclave estratégico de la frontera Afganistán-Pakistá n.
Mario Di Constanzo en el Círculo Central, Agenda de la semana!
Redes Universitarias y La Brigada 21
invitan al Círculo de Estudios "José Martí"
La cita es este miércoles 03 de diciembre, a las 19:00 hrs.
En el Patio del Centro Cultural "José Martí"
(Dr. Mora # 1, Col. Centro, a un costado de la Alameda, saliendo del Metro Hidalgo)
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JUEVES 04 DE DICIEMBRECÍRCULO DE ESTUDIOS CENTRAL
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Redes Universitarias y La Brigada 21
invitan al Círculo de Estudios Central
Este jueves 4 de diciembre nos acompañará el Lic. Mario Di Constanzo Armenta (Secretario de La Hacienda Pública del Gobierno Legítimo)
Para hablarnos sobre la crisis y la defensa de la economía popular.
La cita es este jueves 04 de diciembre, a las 19:00 hrs.
En el Club de Periodistas de México
(Filomeno Mata #8, Col. Centro, a unos pasos del Metro Allende).
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¡En defensa del petróleo y la Economía Popular!Te invitamos a unirte al Círculo de Estudios y a la Brigada 21 "Círculos de Estudio y Universitarios"
Informes de los Círculos y de la Brigada 21:
NOTICIERO SDP 2-DIC-08
Amigos, en éste noticiero hablaremos del aumento en el robo de autos en el país, también comentaremos sobre la MUERTE DE CARLOS ABASCAL CARRANZA exsecretario de gobernación, comentaremos los titulares del PERIÓDICO EL SENDERO DEL PEJE y de invitadas, YURIRI8A RODRIGUEZ y DOLORES REMEDIOS.
Esperando sea de su agrado.
Su amigo en resistencia EL BOTE.
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