Por Maru de Aragón
martes, 6 de enero de 2009
Se ordena el traslado de las boletas electorales del 2006 de las Juntas Distritales a Bodegas Estatales y del Distrito Federal
5 de Enero de 2009. No dejó de trascender que este día se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el cual el IFE ordena que se abran las bodegas de las Juntas Distritales Ejecutivas, para efecto de que se haga el traslado y almacenamiento de los paquetes electorales, de valga la redundancia, de las elecciones federales del 2006.
Es interesante leer este acuerdo, pues en los antecedentes se da constancia de lo que ha sido un largo camino de batallas legales para que se den a conocer las boletas electorales de esta controvertida jornada electoral.
Tal vez muchos piensen que es vano que algunos ciudadanos hayan promovido juicios de amparo e incluso recursos ante instancias internacionales, contra la negativa de dar conocer dichas boletas, sin embargo, como se puede ver en el Acuerdo de marras, gracias a estos procedimientos judiciales se ha evitado la quema de las boletas electorales, como es el caso de la suspensión de la quema de los paquetes electorales concedida por el Juez Noveno de Distrito al quejoso Sergio Aguayo Quezada. En el mismo sentido, existe un requerimiento de suspensión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para evitar que las boletas electorales sean incineradas, en tanto no se dé respuesta a la CIDH sobre una petición presentada en relación a la presunta violación al derecho de acceso a la información pública contemplado en el artículo 13.1 de la Convención Americana, el cual de acuerdo con el artículo 133 Constitucional tiene carácter de ley federal en nuestro país y por lo tanto debe ser respetado su contenido.
Así pues, debido a que ya está muy próximo el proceso electoral del 2009, y debido a los impedimentos legales que tiene el IFE para quemar las boletas del 2006, se ha visto obligado a tener que emitir este acuerdo para efecto de desocupar las bodegas de las Juntas Distritales y concentrar esta paquetería en 32 bodegas Estatales y del Distrito Federal, para efecto de tener el espacio libre para la documentación que se genere en las elecciones del 2009.
Por lo tanto, se puede concluir que una vez más el poder ciudadano se ha dejado sentir ante los abusos de autoridad, falta mucho es cierto, no se ha ganado la guerra pero si varias batallas que sin duda serán decisivas para lograr el tan anhelado cambio en la vida pública de nuestro país, lo cual sólo se va a lograr como dice el Presidente Legítimo, mediante una revolución de conciencias que derive en una nueva corriente de pensamiento que se arraigue en las mentes y corazones del pueblo de México.
L.D. Jesús Palma.
Llega la guerra a las calles de Gaza
Buscan casa por casa a gente de Hamas; soldados de Israel matan a tres de sus compañeros; más de 500 muertos, la mayoría civiles en Gaza
GIRA 87: ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR
FECHA: Del jueves 8 al domingo 11 de enero de 2009
ESTADOS: SONORA (Benjamín Hill, Santa Ana, Cucurpe, Magdalena de Kino, Imuris, Cananea, Santa Cruz, Nogales, Trincheras, Altar, Caborca, Sáric, Tubutama, Atil, Oquitoa, Pitiquito, Puerto Peñasco, Sonoita, San Luis Río Colorado); BAJA CALIFORNIA (Mexicali, Playas de Rosarito)
JUEVES 08 DE ENERO DE 2009
10:00 horas Mitin en Benjamín Hill
11:20 horas Mitin en Santa Ana
12:50 horas Mitin en Cucurpe
14:10 horas Mitin en Magdalena de Kino
16:20 horas Mitin en Imuris
18:20 horas Mitin en Cananea
VIERNES 09 DE ENERO DE 2009
10:00 horas Mitin en Santa Cruz
11:50 horas Mitin en Nogales
16:00 horas Mitin en Trincheras
17:40 horas Mitin en Altar
18:50 horas Mitin en Caborca
SÁBADO 10 DE ENERO DE 2009
10:00 horas Mitin en Sáric
11:10 horas Mitin en Tubutama
12:10 horas Mitin en Atil
13:15 horas Mitin en Oquitoa
14:25 horas Mitin en Pitiquito
18:10 horas Mitin en Puerto Peñasco
DOMINGO 11 DE ENERO DE 2009
10:00 horas Mitin en Sonoita
12:50 horas Mitin en San Luis Río Colorado
16:00 horas Mitin en Mexicali, BC
19:00 horas Mitin en Playas de Rosarito, BC
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Se enreda la Suprema Corte con resolución sobre transexualidad
Ministros no pudieron definir alcances de la protección de la justicia para la parte quejosa
Jesús Aranda
En una decisión salomónica, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el artículo 138 bis del Código Civil del Distrito Federal, el cual establece que el cambio de sexo debe quedar registrado en el acta de nacimiento original; sin embargo, la mayoría se pronunció en favor de conceder amparo a la quejosa, porque el artículo referido es “discriminatorio” y viola sus garantías individuales.
En la sesión de ayer los ministros se enredaron con su decisión, porque no pudieron definir los alcances del amparo que otorgarán en la sesión de este martes. Por ello decidieron aplazar la resolución. El ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, exhortó a sus compañeros “a reflexionar sobre ello y analizar los escenarios posibles para precisar la condición general de los efectos (del amparo)”.
Si bien la mayoría –seis ministros– votó por la constitucionalidad del artículo mencionado, también se integró una mayoría que está por conceder la protección de la justicia federal a efecto de que el Registro Público del Distrito Federal emita una nueva acta sin anotaciones marginales y que sólo el interesado tenga acceso al acta original –que tenga la corrección del género y nombre de la demandante– o mediante mandato judicial o ministerial.
Para los ministros que se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la norma, ésta radica en el acto de aplicación, porque el artículo señalado prevé la modificación del acta y las notas marginales, pero no la emisión del nuevo documento.
La mayoría (Ortiz Mayagoitia, Fernando Franco, José de Jesús Gudiño, Sergio Aguirre Anguiano, Mariano Azuela y Margarita Luna Ramos; esta última cambió el criterio expresado en sesiones previas por la inconstitucionalidad) estableció que, al haberse aprobado de manera reciente modificaciones al Código Civil capitalino, que en su artículo 135 bis señala que el acta con las anotaciones es de acceso reservado y que la persona que cambie de sexo obtendrá una nueva, era suficiente dicha prevención para proteger los derechos individuales.
En cambio la minoría (José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls –autor del proyecto–, Juan N. Silva Meza y Genaro Góngora Pimentel) determinó que la anotación en el acta primigenia es inconstitucional.
Al respecto, Góngora argumentó que “aunque la anotación marginal en sí misma puede no ser discriminatoria, sus consecuencias sí, lo cual la hace violatoria del principio de igualdad”. Añadió que la discriminación por preferencia sexual “no es cuestión hipotética, que puede ocurrir o no”, sino “realidad cotidiana”. Agregó que la primera encuesta nacional sobre discriminación en México, publicada en mayo de 2005, reveló que 48.5 por ciento de mexicanos no permitirían que una persona homosexual viviera en su casa. Comentó que, según estimaciones, de 1995 a 2005 ocurrieron 337 homicidios por razones homofóbicas.
Al igual que sus compañeros, indicó que no se trata de que desaparezca la persona que cambia de sexo al expedirse un acta nueva, porque su nombre y género estarán en el acta primigenia, que obrará en el Registro Civil, por lo que seguirá siendo responsable de las obligaciones contraídas.
Se espera que en la sesión de hoy el pleno conceda el amparo a una persona hermafrodita que, después de haber sido tratada hormonalmente, tiene aspecto físico, sicológico y social de una mujer. Posteriormente se sometió a una cirugía de reasignación sexual para superar “la discordancia entre sus características biológicas de nacimiento y su sentido de pertenecer al género femenino”, señala el expediente de la causa.
El quejoso, quien ya se maneja como mujer en su vida cotidiana, interpuso una serie de recursos para exigir la expedición de una nueva acta, posibilidad que le fue negada en última instancia en la primera sala de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el cual determinó que la nota marginal en su acta no violaba los principios de igualdad, discriminación, privacidad, salud y dignidad humana. La Corte atrajo hace unos meses el asunto a petición del ministro Cossío.
Jesús Aranda
En una decisión salomónica, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional el artículo 138 bis del Código Civil del Distrito Federal, el cual establece que el cambio de sexo debe quedar registrado en el acta de nacimiento original; sin embargo, la mayoría se pronunció en favor de conceder amparo a la quejosa, porque el artículo referido es “discriminatorio” y viola sus garantías individuales.
En la sesión de ayer los ministros se enredaron con su decisión, porque no pudieron definir los alcances del amparo que otorgarán en la sesión de este martes. Por ello decidieron aplazar la resolución. El ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, exhortó a sus compañeros “a reflexionar sobre ello y analizar los escenarios posibles para precisar la condición general de los efectos (del amparo)”.
Si bien la mayoría –seis ministros– votó por la constitucionalidad del artículo mencionado, también se integró una mayoría que está por conceder la protección de la justicia federal a efecto de que el Registro Público del Distrito Federal emita una nueva acta sin anotaciones marginales y que sólo el interesado tenga acceso al acta original –que tenga la corrección del género y nombre de la demandante– o mediante mandato judicial o ministerial.
Para los ministros que se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la norma, ésta radica en el acto de aplicación, porque el artículo señalado prevé la modificación del acta y las notas marginales, pero no la emisión del nuevo documento.
La mayoría (Ortiz Mayagoitia, Fernando Franco, José de Jesús Gudiño, Sergio Aguirre Anguiano, Mariano Azuela y Margarita Luna Ramos; esta última cambió el criterio expresado en sesiones previas por la inconstitucionalidad) estableció que, al haberse aprobado de manera reciente modificaciones al Código Civil capitalino, que en su artículo 135 bis señala que el acta con las anotaciones es de acceso reservado y que la persona que cambie de sexo obtendrá una nueva, era suficiente dicha prevención para proteger los derechos individuales.
En cambio la minoría (José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero, Sergio Valls –autor del proyecto–, Juan N. Silva Meza y Genaro Góngora Pimentel) determinó que la anotación en el acta primigenia es inconstitucional.
Al respecto, Góngora argumentó que “aunque la anotación marginal en sí misma puede no ser discriminatoria, sus consecuencias sí, lo cual la hace violatoria del principio de igualdad”. Añadió que la discriminación por preferencia sexual “no es cuestión hipotética, que puede ocurrir o no”, sino “realidad cotidiana”. Agregó que la primera encuesta nacional sobre discriminación en México, publicada en mayo de 2005, reveló que 48.5 por ciento de mexicanos no permitirían que una persona homosexual viviera en su casa. Comentó que, según estimaciones, de 1995 a 2005 ocurrieron 337 homicidios por razones homofóbicas.
Al igual que sus compañeros, indicó que no se trata de que desaparezca la persona que cambia de sexo al expedirse un acta nueva, porque su nombre y género estarán en el acta primigenia, que obrará en el Registro Civil, por lo que seguirá siendo responsable de las obligaciones contraídas.
Se espera que en la sesión de hoy el pleno conceda el amparo a una persona hermafrodita que, después de haber sido tratada hormonalmente, tiene aspecto físico, sicológico y social de una mujer. Posteriormente se sometió a una cirugía de reasignación sexual para superar “la discordancia entre sus características biológicas de nacimiento y su sentido de pertenecer al género femenino”, señala el expediente de la causa.
El quejoso, quien ya se maneja como mujer en su vida cotidiana, interpuso una serie de recursos para exigir la expedición de una nueva acta, posibilidad que le fue negada en última instancia en la primera sala de lo familiar del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el cual determinó que la nota marginal en su acta no violaba los principios de igualdad, discriminación, privacidad, salud y dignidad humana. La Corte atrajo hace unos meses el asunto a petición del ministro Cossío.
Comunicado del Gobierno Legítimo
Ante la cuesta del 2009, el Gobierno Legítimo de México urge a que se aplique un Plan Anticrisis
México, Distrito Federal
Lunes 05 de enero de 2009
* Bajar el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la luz, propone
* Aumentar de emergencia el salario mínimo para recuperar lo perdido por la inflación plantea
* Se deben extender los apoyos al desarrollo social, indica
Debido a la difícil situación económica que afecta a la mayoría de los mexicanos y que se agravará en el transcurso del año, volvemos a exigir al gobierno usurpador que ponga en marcha, con urgencia, un plan anticrisis utilizando todos los instrumentos del Estado para la protección del pueblo.
Como lo hemos venido reiterando y lo hicimos por última vez el 16 de diciembre de 2008, este plan anticrisis debe incluir, cuando menos, las siguientes medidas:
1. Debe bajar el precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la luz.
2. Aumentar de emergencia el salario mínimo para recuperar, cuando menos, lo perdido por la inflación en la canasta básica durante los dos últimos años.
3. Se debe derogar el IETU como apoyo a trabajadores asalariados, comercios y empresas.
4. El gobierno debe intervenir para evitar más pérdidas en los fondos de retiro de los trabajadores.
5. Se debe impulsar al sector agropecuario para producir en México lo que consumimos y dejar de comprar los alimentos en el extranjero.
6. Es urgente fortalecer a la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos.
7. Se deben extender los apoyos al desarrollo social (pensiones alimentarias y becas a adultos mayores, madres solteras y a personas con discapacidad; atención médica y medicamentos gratuitos; becas para estudiantes de preparatoria y acceso a todos los jóvenes a las universidades públicas).
8. Es indispensable reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos, eliminar los privilegios en el gobierno y aplicar un plan de austeridad republicana para ahorrar y destinar fondos a la atención de la crisis económica y al bienestar social.
Por último, reafirmamos nuestro compromiso de utilizar toda la organización, la capacidad de movilización y la fuerza de nuestro movimiento para ayudar al pueblo de México a enfrentar la difícil situación económica y social que nos aqueja.
Fuente Gobierno Legítimo
Propone PRD quitar patria potestad a quienes cometan delitos sexuales contra menores
Raúl Llanos Samaniego
Cifras del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional revelan que de 1997 a 2003 se denunciaron 53 mil violaciones sexuales a menores de edad, que equivalen a 21 ilícitos de este tipo al día.
Ante ese panorama, la fracción del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) promoverá reformas a los códigos Penal y Civil, y de Procedimientos Civiles y Penales para que aquellas personas que incurran en delitos de tipo sexual en contra de niños y adolescentes pierdan la patria potestad de sus hijos, sean éstos o no las víctimas de esos hechos.
En conferencia de prensa, la diputada del PRD, Esthela Damián Peralta, detalló que entre las modificaciones que se plantean a esos ordenamientos legales está que el tiempo de prescripción para esos ilícitos empiece a correr a partir de que la víctima cumpla 12 años.
La legisladora enumeró nueve conductas punibles por las cuales una persona perderá la patria potestad, y que son privación de la libertad con fines sexuales, tráfico de menores, retención o sustracción de menores, violación, abuso sexual, hostigamiento sexual, corrupción de personas menores, turismo sexual y pornografía.
Una de las reformas que también se incluye es que las victimas de una agresión como las mencionadas tendrá derecho a recibir atención especializada en materia sicológica.
Incluso, para evitar la revictimización de los agredidos, se plantea que las diligencias derivadas de las denuncias penales se realicen en un lugar acorde a la seguridad de la víctima, sin tener contacto alguno con ella, y en donde no puedan ser vistas o identificadas por el presunto responsable.
De igual manera, se propone que las diligencias en materia de exploración médica, ginecológica y siquiátrica se practiquen por personal especializado en atención de infantes.
Damián añadió que las agresiones de tipo sexual en contra de menores de edad son muy recurrentes, a grado tal que una de cada cinco mujeres adultas afirman que en su infancia fueron objeto de algún tipo de estos abusos, mientras que en el caso de los hombres adultos esta relación es de uno de cada 10.
Cifras del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) nacional revelan que de 1997 a 2003 se denunciaron 53 mil violaciones sexuales a menores de edad, que equivalen a 21 ilícitos de este tipo al día.
Ante ese panorama, la fracción del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) promoverá reformas a los códigos Penal y Civil, y de Procedimientos Civiles y Penales para que aquellas personas que incurran en delitos de tipo sexual en contra de niños y adolescentes pierdan la patria potestad de sus hijos, sean éstos o no las víctimas de esos hechos.
En conferencia de prensa, la diputada del PRD, Esthela Damián Peralta, detalló que entre las modificaciones que se plantean a esos ordenamientos legales está que el tiempo de prescripción para esos ilícitos empiece a correr a partir de que la víctima cumpla 12 años.
La legisladora enumeró nueve conductas punibles por las cuales una persona perderá la patria potestad, y que son privación de la libertad con fines sexuales, tráfico de menores, retención o sustracción de menores, violación, abuso sexual, hostigamiento sexual, corrupción de personas menores, turismo sexual y pornografía.
Una de las reformas que también se incluye es que las victimas de una agresión como las mencionadas tendrá derecho a recibir atención especializada en materia sicológica.
Incluso, para evitar la revictimización de los agredidos, se plantea que las diligencias derivadas de las denuncias penales se realicen en un lugar acorde a la seguridad de la víctima, sin tener contacto alguno con ella, y en donde no puedan ser vistas o identificadas por el presunto responsable.
De igual manera, se propone que las diligencias en materia de exploración médica, ginecológica y siquiátrica se practiquen por personal especializado en atención de infantes.
Damián añadió que las agresiones de tipo sexual en contra de menores de edad son muy recurrentes, a grado tal que una de cada cinco mujeres adultas afirman que en su infancia fueron objeto de algún tipo de estos abusos, mientras que en el caso de los hombres adultos esta relación es de uno de cada 10.
arroz contaminado ALERTA
Este correo me lo envió el presidente del capítulo Morelos de la Academia Mexicana de Medicina y Cirugía, por lo que considero que es confiable, además lo firma la directora del centro investigación de la UAEM. Activistas de Greenpeace, con los ojos vendados, comen arroz ante la Secretaría de Salud, en protesta porque esta dependencia NO informa qué clase de arroz está entrando a México procedente de Estados Unidos, luego del escándalo de contaminación transgénica del cereal estadounidense.El arroz que está llegando a nuestras mesas NO está autorizado para consumo humano. Es parte de un experimento que se salió de control en los Estados Unidos.En agosto de 2006, el gobierno estadounidense RECONOCIO que sus cargamentos de arroz estaban contaminados con un transgénico NO apto para consumo humano que 'se fugó' de campos experimentales.
Aunque rápidamente las autoridades de Estados Unidos 'autorizaron' este transgénico, no pudieron evitar la CANCELACION de compras de arroz estadounidense por parte de Japón y de los 25 países de la Unión Europea. Esto provocó el desplome de los precios de este cereal.Desde el primer momento, Greenpeace ha solicitado al gobierno mexicano acciones urgentes, pues en el mundo, México es el principal comprador de arroz estadounidense. Se estima que 70 % del arroz que comen los mexicanos proviene de Estados Unidos, por lo que el riesgo de que estemos comiendo el arroz contaminado es muy alto.En agosto y septiembre pasados, la Comisión Federal de Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud tomó muestras del arroz importado para enviarlas a laboratorio y analizarlas. Sorpresivamente, NO ha querido informar los resultados de estos análisis.Aunque el gobierno mexicano ha decidido GUARDAR SILENCIO sobre este problema, es necesario que toda la gente se entere de esta situación que amenaza la salud de los mexicanos.
Tú puedes ayudarnos difundiendo esta información entre tus amigos y familiares. En este momento SÓLO ES SEGURO comer el arroz que porta el sello del Consejo Mexicano del Arroz, pues este cereal es producido en México y está libre de la contaminación.Difunde esta información y sigue de cerca nuestras actividades para exigir que las autoridades informen a la ciudadanía y protejan de manera efectiva la salud de los mexicanos.Soriana, Chedrahui y Central de Abastos venden arroz contaminado.Reenvía este correo a un familiar o amigo, ellos también pueden ciberactuar. Al convertirte en ciberactivista actúas en la protección del medio ambiente desde cualquier lugar y a cualquier hora, a través de tu computadora. Dra. María Cristina Saldaña Fernández
Aunque rápidamente las autoridades de Estados Unidos 'autorizaron' este transgénico, no pudieron evitar la CANCELACION de compras de arroz estadounidense por parte de Japón y de los 25 países de la Unión Europea. Esto provocó el desplome de los precios de este cereal.Desde el primer momento, Greenpeace ha solicitado al gobierno mexicano acciones urgentes, pues en el mundo, México es el principal comprador de arroz estadounidense. Se estima que 70 % del arroz que comen los mexicanos proviene de Estados Unidos, por lo que el riesgo de que estemos comiendo el arroz contaminado es muy alto.En agosto y septiembre pasados, la Comisión Federal de Prevención contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de la Secretaría de Salud tomó muestras del arroz importado para enviarlas a laboratorio y analizarlas. Sorpresivamente, NO ha querido informar los resultados de estos análisis.Aunque el gobierno mexicano ha decidido GUARDAR SILENCIO sobre este problema, es necesario que toda la gente se entere de esta situación que amenaza la salud de los mexicanos.
Tú puedes ayudarnos difundiendo esta información entre tus amigos y familiares. En este momento SÓLO ES SEGURO comer el arroz que porta el sello del Consejo Mexicano del Arroz, pues este cereal es producido en México y está libre de la contaminación.Difunde esta información y sigue de cerca nuestras actividades para exigir que las autoridades informen a la ciudadanía y protejan de manera efectiva la salud de los mexicanos.Soriana, Chedrahui y Central de Abastos venden arroz contaminado.Reenvía este correo a un familiar o amigo, ellos también pueden ciberactuar. Al convertirte en ciberactivista actúas en la protección del medio ambiente desde cualquier lugar y a cualquier hora, a través de tu computadora. Dra. María Cristina Saldaña Fernández
ONG repudian plan del clero de evangelizar las fuerzas armadas
Gabriel León Zaragoza
Organismos defensores de derechos humanos y libertad de culto reprobaron la pretensión de la Iglesia católica de evangelizar a las fuerzas armadas, en el contexto de la lucha que emprende la institución castrense contra el crimen organizado y el narcotráfico. Se pronunciaron porque impere la convivencia social que ha mantenido el Estado laico.
El Observatorio Eclesiástico alertó que el apremio de ese culto forma parte de la crisis mundial que vive por la pérdida de feligresía y por el proselitismo religioso que impulsa –pretextando libertad de culto– en México y América Latina de institucionalizar su enseñanza en escuelas públicas e instancias de gobierno, como empezaron a dar los primeros pasos en el sexenio pasado con Carlos Abascal.
El representante de la red que agrupa a un variopinto de organizaciones sociales de inspiración cristiana, José Guadalupe Sánchez, advirtió que muy pocas acciones de la Iglesia católica en el país “no son actos de proselitismo”, debido a que su actuación obedece en gran parte a una amplia agenda política que busca imponer sus dogmas en la enseñanza pública de nivel básico y que intenta extenderse en la atención a militares y a pacientes de hospitales, “a petición de los interfectos, apelando a la libertad de culto”.
La Red Todos los Derechos para Todos señaló que partiendo del hecho de que se está un Estado laico, las instituciones deben mantener esa característica y el Ejército debe permanecer en esa línea.
“En esa clara distinción, no creo que deba darse pie a una actitud donde la Iglesia católica sea la única a la que se le abran las puertas a una participación pastoral mucho más activa dentro del Ejército”, refirió Édgar Cortez, secretario de la red, en entrevista.
Organismos defensores de derechos humanos y libertad de culto reprobaron la pretensión de la Iglesia católica de evangelizar a las fuerzas armadas, en el contexto de la lucha que emprende la institución castrense contra el crimen organizado y el narcotráfico. Se pronunciaron porque impere la convivencia social que ha mantenido el Estado laico.
El Observatorio Eclesiástico alertó que el apremio de ese culto forma parte de la crisis mundial que vive por la pérdida de feligresía y por el proselitismo religioso que impulsa –pretextando libertad de culto– en México y América Latina de institucionalizar su enseñanza en escuelas públicas e instancias de gobierno, como empezaron a dar los primeros pasos en el sexenio pasado con Carlos Abascal.
El representante de la red que agrupa a un variopinto de organizaciones sociales de inspiración cristiana, José Guadalupe Sánchez, advirtió que muy pocas acciones de la Iglesia católica en el país “no son actos de proselitismo”, debido a que su actuación obedece en gran parte a una amplia agenda política que busca imponer sus dogmas en la enseñanza pública de nivel básico y que intenta extenderse en la atención a militares y a pacientes de hospitales, “a petición de los interfectos, apelando a la libertad de culto”.
La Red Todos los Derechos para Todos señaló que partiendo del hecho de que se está un Estado laico, las instituciones deben mantener esa característica y el Ejército debe permanecer en esa línea.
“En esa clara distinción, no creo que deba darse pie a una actitud donde la Iglesia católica sea la única a la que se le abran las puertas a una participación pastoral mucho más activa dentro del Ejército”, refirió Édgar Cortez, secretario de la red, en entrevista.
CALDERÓN NOS QUIERE SEGUIR VIENDO LA CARA O ...
DE VERAS NO TENEMOS DE QUÉ PREOCUPARNOS CON ESTE CATARRITO...
Si lo dice el presidente de los millones de empleos, y que prometió bajar los precios de los energéticos quitar la tenencia, etc.No pasa de ser un catarrito, y si ellos y sus familiares y cuates siguen ganando igual...
México, preparado para enfrentar complejo 2009 en materia económica: Calderón
Las variables del país lo sitúan con menor riesgo financiero y macroeconómico a comparación de naciones como Chile, Brasil, Ruisa o Sudáfrica, señaló el mandatario.
Notimex / La Jornada On Line Publicado: 05/01/2009 15:02
Cuautitlán, Edomex. El presidente Felipe Calderón señaló que aunque 2009 será un año complejo en materia económica, reiteró que México está mucho mejor preparado que en cualquier otra coyuntura similar ocurrida en el pasado.
El mandatario se refirió a un reporte de la firma Merrill Lynch, según el cual al examinar diversas variables, México tiene menor riesgo financiero y macroeconómico que Chile, Brasil, Rusia, Sudáfrica e India.
Incluso detalló que México se ubica con mucho menor riesgo financiero y macroeconómico para enfrentar la crisis, que grandes economías consolidadas como Japón, Reino Unido y Estados Unidos.
En la inauguración del tramo Lechería-Cuautitlán del Tren Suburbano, Calderón Hinojosa destacó que a diferencia del pasado la economía mexicana es en la actualidad mucho más sólida y estable.
Anunció que ante los desafíos que se avizoran, el gobierno federal trabajará incansablemente para mitigar los efectos de las crisis financieras y superar esa situación lo antes posible.
El Ejecutivo federal invitó a sumar esfuerzos y a hacer de cada reto y de cada problema una oportunidad para transformar a México en el país que se pretende para las nuevas generaciones.
Indicó que el gobierno mantendrá la entereza, la firmeza y la decisión, por lo que enfrentará con éxito los problemas más urgentes del país.
En 2009 seguirá la inversión en obras de infraestructura en todo el territorio nacional, y con esa misma determinación se impulsarán los programas sociales, los apoyos al campo, a la educación y a la salud en beneficio de las familias que menos tienen, aseguró.
De acuerdo con el mandatario, como toda crisis económica, la actual es cíclica y la coyuntura internacional, por difícil que sea, finalmente quedará atrás, por lo cual se deben mitigar los efectos.
Al terminar esta crisis, lo que perdurarán son los cambios, las acciones y las obras que se llevan a cabo para hacer de México la nación más desarrollada, justa y próspera, enfatizó.
En el acto, al que asistieron el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, y el gobernador Enrique Peña Nieto, el presidente de México mencionó nuevamente la preparación del país ante la coyuntura económica.
Calderón Hinojosa refirió que México se coloca en mejor posición cuando se examinan los grados de préstamo respecto del capital y delos activos de los bancos, o el tamaño de las reservas internacionales con respecto del endeudamiento de corto plazo.
Las reservas internacionales mexicanas son varias veces la deuda de corto plazo, así como el circulante que se mantiene en la economía, lo que posiciona mejor al país, puntualizó el presidente.
Se extiende protesta de pescadores; se suman 5 mil yucatecos
Inconformes con el alza al precio del diesel preparan protestas en Campeche y Salina Cruz, Oaxaca
Anuncia aseguradora Cigna recorte de mil 100 empleos
Pide CNC juicio político contra titular de Sagarpa(el panista Alberto Cárdenas) por "ignorar y mentirle" al sector rural
López Aguilar también recriminó al gobierno federal su “pasividad” ante los efectos de la crisis económica mundial y dijo que 2009 será un año plagado de manifestaciones campesinas. Y es que, mencionó, el panorama financiero augura "pérdidas de empleos, regreso de migrantes, disminución de remesas e ingresos, despidos masivos y crecimiento de la inflación", que derivarían en un "panorama de recesión e inflación".
Si lo dice el presidente de los millones de empleos, y que prometió bajar los precios de los energéticos quitar la tenencia, etc.No pasa de ser un catarrito, y si ellos y sus familiares y cuates siguen ganando igual...
México, preparado para enfrentar complejo 2009 en materia económica: Calderón
Las variables del país lo sitúan con menor riesgo financiero y macroeconómico a comparación de naciones como Chile, Brasil, Ruisa o Sudáfrica, señaló el mandatario.
Notimex / La Jornada On Line Publicado: 05/01/2009 15:02
Cuautitlán, Edomex. El presidente Felipe Calderón señaló que aunque 2009 será un año complejo en materia económica, reiteró que México está mucho mejor preparado que en cualquier otra coyuntura similar ocurrida en el pasado.
El mandatario se refirió a un reporte de la firma Merrill Lynch, según el cual al examinar diversas variables, México tiene menor riesgo financiero y macroeconómico que Chile, Brasil, Rusia, Sudáfrica e India.
Incluso detalló que México se ubica con mucho menor riesgo financiero y macroeconómico para enfrentar la crisis, que grandes economías consolidadas como Japón, Reino Unido y Estados Unidos.
En la inauguración del tramo Lechería-Cuautitlán del Tren Suburbano, Calderón Hinojosa destacó que a diferencia del pasado la economía mexicana es en la actualidad mucho más sólida y estable.
Anunció que ante los desafíos que se avizoran, el gobierno federal trabajará incansablemente para mitigar los efectos de las crisis financieras y superar esa situación lo antes posible.
El Ejecutivo federal invitó a sumar esfuerzos y a hacer de cada reto y de cada problema una oportunidad para transformar a México en el país que se pretende para las nuevas generaciones.
Indicó que el gobierno mantendrá la entereza, la firmeza y la decisión, por lo que enfrentará con éxito los problemas más urgentes del país.
En 2009 seguirá la inversión en obras de infraestructura en todo el territorio nacional, y con esa misma determinación se impulsarán los programas sociales, los apoyos al campo, a la educación y a la salud en beneficio de las familias que menos tienen, aseguró.
De acuerdo con el mandatario, como toda crisis económica, la actual es cíclica y la coyuntura internacional, por difícil que sea, finalmente quedará atrás, por lo cual se deben mitigar los efectos.
Al terminar esta crisis, lo que perdurarán son los cambios, las acciones y las obras que se llevan a cabo para hacer de México la nación más desarrollada, justa y próspera, enfatizó.
En el acto, al que asistieron el secretario de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez, y el gobernador Enrique Peña Nieto, el presidente de México mencionó nuevamente la preparación del país ante la coyuntura económica.
Calderón Hinojosa refirió que México se coloca en mejor posición cuando se examinan los grados de préstamo respecto del capital y delos activos de los bancos, o el tamaño de las reservas internacionales con respecto del endeudamiento de corto plazo.
Las reservas internacionales mexicanas son varias veces la deuda de corto plazo, así como el circulante que se mantiene en la economía, lo que posiciona mejor al país, puntualizó el presidente.
Se extiende protesta de pescadores; se suman 5 mil yucatecos
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Anuncia aseguradora Cigna recorte de mil 100 empleos
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López Aguilar también recriminó al gobierno federal su “pasividad” ante los efectos de la crisis económica mundial y dijo que 2009 será un año plagado de manifestaciones campesinas. Y es que, mencionó, el panorama financiero augura "pérdidas de empleos, regreso de migrantes, disminución de remesas e ingresos, despidos masivos y crecimiento de la inflación", que derivarían en un "panorama de recesión e inflación".
Exige el gobierno legítimo al calderonismo un plan anticrisis para proteger al pueblo
Propone que se impulse al campo para dejar de comprar alimentos en el extranjero
De la redacción
Ante la cuesta de enero, agravada por la crisis económica y los constantes aumentos a las gasolinas, el diesel y el consumo de energía eléctrica, el gobierno legítimo exigió a la administración de Felipe Calderón un plan anticrisis en el que utilice todos los instrumentos del Estado para la protección del pueblo.
En un comunicado, la oficina del “presidente legítimo” insistió, como lo ha hecho desde el 16 de diciembre, en la aplicación de un conjunto de medidas en favor de las familias mexicanas y para evitar el deterioro de su economía. Consideró que entre estas medidas deben incluirse al menos ocho que forman parte del proyecto que Andrés Manuel López Obrador ha presentado como parte del Movimiento en Defensa de la Economía Popular.
Resaltó que el plan debe considerar en primer lugar la reducción del precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la luz; también considerar un aumento de emergencia al salario mínimo para recuperar, cuando menos, lo perdido por la inflación en la canasta básica durante los pasados dos años; derogar el impuesto empresarial a tasa única, como apoyo a trabajadores asalariados, comercios y empresas.
Además, planteó que el gobierno federal debe intervenir para evitar más pérdidas en los fondos de retiro de los trabajadores, derivadas de la caída en los valores en papel en los que están invertidos actualmente y que perdieron su valor por la recesión en Estados Unidos, que arrastró a otras economías.
En quinto lugar sugirió dar impulso al sector agropecuario para producir en México lo que se consume y dejar de comprar los alimentos en el extranjero. Adicionalmente consideró urgente el fortalecimiento de la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos.
Además plantea que se deben extender los apoyos al desarrollo social: pensiones alimentarias y becas a adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad; atención médica y medicamentos gratuitos; becas para estudiantes de preparatoria y acceso a todos los jóvenes a las universidades públicas.
Finamente consideró indispensable reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos, eliminar los privilegios en el gobierno y aplicar un plan de austeridad republicana para ahorrar y destinar fondos a la atención de la crisis económica y al bienestar social.
El gobierno legitimo ha convocado para el 25 de enero próximo a una concentración en el Zócalo, donde se esperan conocer nuevos lineamientos como parte de la defensa de la economía popular. En su comunicado de ayer aseguró que “reafirmamos nuestro compromiso de utilizar toda la organización y la fuerza de nuestro movimiento para ayudar al pueblo de México a enfrentar la difícil situación económica y social que nos aqueja”.
De la redacción
Ante la cuesta de enero, agravada por la crisis económica y los constantes aumentos a las gasolinas, el diesel y el consumo de energía eléctrica, el gobierno legítimo exigió a la administración de Felipe Calderón un plan anticrisis en el que utilice todos los instrumentos del Estado para la protección del pueblo.
En un comunicado, la oficina del “presidente legítimo” insistió, como lo ha hecho desde el 16 de diciembre, en la aplicación de un conjunto de medidas en favor de las familias mexicanas y para evitar el deterioro de su economía. Consideró que entre estas medidas deben incluirse al menos ocho que forman parte del proyecto que Andrés Manuel López Obrador ha presentado como parte del Movimiento en Defensa de la Economía Popular.
Resaltó que el plan debe considerar en primer lugar la reducción del precio de las gasolinas, el diesel, el gas y la luz; también considerar un aumento de emergencia al salario mínimo para recuperar, cuando menos, lo perdido por la inflación en la canasta básica durante los pasados dos años; derogar el impuesto empresarial a tasa única, como apoyo a trabajadores asalariados, comercios y empresas.
Además, planteó que el gobierno federal debe intervenir para evitar más pérdidas en los fondos de retiro de los trabajadores, derivadas de la caída en los valores en papel en los que están invertidos actualmente y que perdieron su valor por la recesión en Estados Unidos, que arrastró a otras economías.
En quinto lugar sugirió dar impulso al sector agropecuario para producir en México lo que se consume y dejar de comprar los alimentos en el extranjero. Adicionalmente consideró urgente el fortalecimiento de la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos.
Además plantea que se deben extender los apoyos al desarrollo social: pensiones alimentarias y becas a adultos mayores, madres solteras y personas con discapacidad; atención médica y medicamentos gratuitos; becas para estudiantes de preparatoria y acceso a todos los jóvenes a las universidades públicas.
Finamente consideró indispensable reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos, eliminar los privilegios en el gobierno y aplicar un plan de austeridad republicana para ahorrar y destinar fondos a la atención de la crisis económica y al bienestar social.
El gobierno legitimo ha convocado para el 25 de enero próximo a una concentración en el Zócalo, donde se esperan conocer nuevos lineamientos como parte de la defensa de la economía popular. En su comunicado de ayer aseguró que “reafirmamos nuestro compromiso de utilizar toda la organización y la fuerza de nuestro movimiento para ayudar al pueblo de México a enfrentar la difícil situación económica y social que nos aqueja”.
Recibe la CIDH los argumentos de Proceso
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
"Este texto viene en el número 1679 de Proceso, que está en circulación".
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió los argumentos de Proceso para que admita la demanda presentada contra el Estado mexicano por su negativa a permitir el acceso a los paquetes de la elección presidencial de 2006.
Entregado en las oficinas del organismo interamericano en Washington el 23 de diciembre pasado, este documento es la respuesta al escrito que el gobierno de México presentó el 8 de octubre pasado para que la comisión deseche la demanda.
Contrario a lo señalado por el gobierno de Calderón, Proceso sostiene que sí agotó todas las instancias internas antes de acudir a la justicia interamericana; que sufrió violación de sus garantías judiciales, y sobre todo que México carece de mecanismos para garantizar plenamente el derecho de acceso a la información.
Conocidos ya los argumentos jurídicos de las dos partes, la CIDH resolverá en los próximos meses si admite o rechaza la demanda iniciada en abril de 2007 por el director de este semanario, Rafael Rodríguez Castañeda, por la presunta violación a su derecho de acceso a la información. Esa garantía está protegida tanto por la Constitución Política mexicana como por la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
El escrito del 23 de diciembre siguió a la decisión de la CIDH, dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA), de mantener las medidas precautorias a favor del demandante para que las autoridades mexicanas eviten la destrucción de las boletas de los comicios que adjudicaron el triunfo a Calderón (Proceso 1670).
Ese dictamen fue impugnado por el gobierno de Calderón. En un escrito fechado el 18 de julio de 2007, éste advirtió a la CIDH que el acceso a las boletas "puede generar daños a los intereses nacionales", incluso le reprochó no haber valorado "el impacto" que tendrían tales medidas no sólo en México, sino en todos los países de la región.
Y el 8 de octubre reciente, antes de ser derrotado en su pretensión de revertir esas prevenciones, el gobierno de Calderón entregó a través de la misión permanente de México ante la OEA otro escrito al organismo interamericano. En éste arguyó que la demanda no debe ser admitida porque el peticionario "no agotó los recursos internos" ni hubo "violación alguna de sus derechos de garantías y protección judicial".
Esto motivó que Graciela Rodríguez Manzo y Luis Miguel Cano, abogados del Centro de Análisis e Investigación Fundar que patrocinan a la revista, expusieran por escrito a la CIDH que con esos argumentos el gobierno de Calderón oculta los obstáculos legales que pone el Estado mexicano para impedir el acceso a la información.
Ambos señalan que los propios razonamientos del Estado mexicano demuestran la falta de recursos legales que existen en México para que los ciudadanos accedan a la información contenida en las boletas electorales, a pesar de tratarse de documentos públicos.
Según el gobierno calderonista, Rodríguez Castañeda no agotó los recursos internos porque, ante la negativa del Comité de Información del Instituto Federal Electoral (IFE) de darle acceso a las boletas, debió impugnar mediante un recurso de revisión ante la Unidad de Enlace del propio instituto.
Además, que en el ámbito jurisdiccional debió promover un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En lugar de esas instancias, el director de Proceso optó por buscar un amparo de la justicia federal en contra de la negativa del IFE. Pero después de año y medio de litigio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en una votación dividida de seis a cinco, rechazó en definitiva conceder el recurso por considerar que la petición de acceso a las boletas es un asunto electoral y no de acceso a la información.
Los abogados le dicen a la CIDH que con el argumento de los recursos internos, el Estado mexicano oculta que la impugnación de la revista es en contra del artículo 254 del anterior Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe).
Ese ordenamiento -que quedó intacto en el artículo 302 del Cofipe, vigente a partir de enero de 2008 como resultado de la reforma electoral- dispone la destrucción de todos los documentos electorales una vez concluido el proceso electoral.
El documento
Los abogados Graciela Rodríguez Manzo y Luis Miguel Cano explican que mediante las instancias señaladas por la administración de Calderón no es posible combatir la constitucionalidad de esa norma, que ordena la destrucción sin considerar la garantía constitucional de acceso a la información.
En el caso del IFE se trata de un recurso administrativo, mientras que en el del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en el momento en que Proceso solicitó el amparo, el TEPJF no estaba facultado para resolver asuntos relacionados con la inconstitucionalidad de leyes electorales. La reforma electoral de diciembre de 2007 le regresó al tribunal electoral esa facultad que en 1999 le había retirado la SCJN.
Los litigantes también le dicen a la CIDH que el camino era el de la justicia federal. Arguyen que, de acuerdo con la propia Ley de Amparo, este recurso tiene por objeto "restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada". En el caso de la demanda, insisten, se trata de una presunta violación al derecho constitucional de acceso a la información.
Aseguran que así como ocurrió en el caso de Jorge Castañeda, las instancias internas mencionadas por el gobierno de Calderón no se ajustan a lo establecido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el sentido de que los recursos jurídicos de protección de los derechos ciudadanos deben ser "idóneos y efectivos".
En agosto pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano por no garantizar la protección de los derechos políticos -considerados como un derecho humano- de Jorge Castañeda Gutman. El exsecretario de Relaciones Exteriores careció de mecanismos efectivos para impugnar la decisión del IFE de negarle su registro como candidato presidencial independiente para las elecciones de 2006.
En su resolución, la Corte estableció con claridad que hasta antes de la reforma electoral "no era posible" que mediante el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, el TEPJF revisara la constitucionalidad del anterior Cofipe, también impugnado por Castañeda.
Los abogados remiten también a los integrantes de la CIDH al caso Camacho, referido al amparo interpuesto por el exregente Manuel Camacho Solís cuando fue impedido para inscribirse como candidato al gobierno del Distrito Federal.
En ese juicio, la propia SCJN determinó que en ciertas ocasiones el amparo es adecuado para salvaguardar derechos humanos fundamentales o garantías individuales frente a ordenamientos generales de contenido político-electoral.
Rodríguez y Cano señalan que el amparo intentado por Proceso "era el medio idóneo y efectivo... porque no se trataba de combatir vulneración a derechos político-electorales... sino que se tenía que buscar (la reparación de) una violación al derecho de acceso a la información".
Aclaran incluso que, a diferencia de lo asegurado por el gobierno mexicano para que la CIDH no admita la demanda, la revista no cuestiona en su totalidad el régimen de transparencia en el país, mucho menos algo que pueda "alterar los resultados electorales de 2006".
Lo que se aduce como violación al derecho humano es que el IFE, en su calidad de autoridad administrativa, y la SCJN, como máximo tribunal del país, hayan negado el acceso a las boletas y previsto su destrucción, sin permitir su consulta una vez concluido el proceso electoral.
El argumento central del gobierno de Calderón para negar el acceso a la papelería electoral es que la solicitud de Rodríguez Castañeda tiene que ver con la materia electoral, ámbito reservado para las autoridades y partidos políticos.
En su escrito del 23 de diciembre, los abogados insisten en que la petición tiene que ver con la transparencia, sobre todo si se trata de información que no es reservada ni confidencial: "La opacidad que se combate no se sitúa del lado de los resultados electorales, sino... (en el) acceso a las boletas".
La negativa
Cuando el Estado mexicano dio respuesta a la demanda (Proceso 1657) le dijo a la CIDH que la información "exacta" de las boletas se encuentra en las actas electorales, que de acuerdo con la normatividad electoral son los únicos documentos de acceso público.
La defensa le recuerda a la CIDH que las actas levantadas el día de los comicios presidenciales de 2006 no necesariamente reflejan la información contenida en las boletas electorales, "como se demuestra en las sentencias (de) los juicios de inconformidad promovidos en ese año por distintos partidos políticos" ante la Sala Superior del TEPJF.
En esa ocasión, la máxima instancia judicial en materia electoral después de haber ordenado un recuento rectificó el cómputo distrital reflejado en las actas originales al hallar inconsistencias con las boletas de las casillas impugnadas.
Ante la justificación que pretende hacer valer el gobierno para negar el acceso a partir de los principios constitucionales de certeza y definitividad de las elecciones, los abogados sostienen que el acceso a las boletas no compromete el carácter anónimo del voto porque no se pidió el acceso a las listas nominales.
Subrayan que el acceso requerido no se enmarca en un proceso electoral en marcha, "por lo que ninguna disposición electoral resulta aplicable".
Lo único que sostiene la alegada indisponibilidad de las boletas y la pretensión de destruirlas "es la propia actuación estatal violatoria de derechos, consistente en crear un precepto como el artículo 254 del anterior" Cofipe, dice el escrito de la defensa.
Añade: Mientras no se tenga acceso al dato duro que conforman las boletas y no se cancele en definitiva la destrucción prevista por mandato legal, de nada sirve que las actas electorales sean públicas. Lo contrario, insisten los abogados en el documento, equivale a "suplantar el derecho a saber por un acto de fe", como es creer que las actas reflejan fielmente los contenidos de las boletas electorales.
Los abogados aseguran que en tanto las actas no puedan contrastarse con las boletas, en lo que sería un ejercicio de rendición de cuentas respecto a las autoridades electorales, continuará la violación denunciada al derecho a la información.
Sobre el argumento de Calderón de que "no existió violación alguna a los derechos de garantías y protección judicial" del demandante, sostienen que tanto el IFE como la SCJN "se apartaron del principio de debido proceso, al desconocer las disposiciones normativas y los precedentes judiciales que debían regir su actuación".
Así mismo, mencionan que las autoridades mexicanas "le atribuyeron el carácter de indisponible a información pública", además de asumir como electoral algo que no lo es, "con lo que dejó sin recurso efectivo y sin garantía el derecho a la información".
Precisan que la SCJN privó a Rodríguez Castañeda de un recurso efectivo para garantizar su derecho de acceso a la información, pues caracterizó como resultado del ejercicio de un derecho político-electoral la resolución del Comité de Información del IFE cuando le negó el acceso a los paquetes electorales.
Aclaran que, contrario a lo sostenido por el gobierno de Calderón, no se solicita a la CIDH que se constituya en un tribunal de alzada ni que se convierta en una cuarta instancia, ya que no se busca la revocación de la sentencia de la SCJN.
Según explican, el propósito de la demanda es solicitar a la CIDH que verifique que la negativa del gobierno de Calderón a tener acceso a las boletas invalida el recurso efectivo para enfrentar las violaciones al derecho de acceso a la información en nuestro país, ocurridas fuera de un proceso electoral y a partir de un código y no de una ley electoral.
En Chiapas, ni para comer...
CARLOS ACOSTA CóRDOVA
"Este texto viene en el número 1679 de Proceso, que está en circulación".
Tras la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas el 1 de enero de 1994 -que puso al descubierto la magnitud de los rezagos sociales en el país-, el gobierno federal inyectó presupuestos millonarios a esa entidad y diseñó políticas públicas para revertir, en todo el país, la pobreza extrema y la profunda desigualdad.En su sexto informe de gobierno Carlos Salinas de Gortari se jactó incluso de que ese año los recursos federales para Chiapas fueron "1000% más que en 1989". Sus sucesores Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón, en los dos años que lleva, apostaron todo al gasto social para esos propósitos.
Tan sólo entre 1996 y 2007 dicho gasto creció 276% en términos reales, al pasar de 537 mil millones de pesos a poco más de 1.1 billones de pesos. Los dos años previos, de desaceleración económica (1994) y severa crisis posdevaluatoria (1995), el gasto social se retrajo 23%, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
De hecho, desde que los zapatistas obligaron a poner el reflector en la descomunal miseria de Chiapas y la pobreza extendida en el país, el presupuesto federal para el desarrollo social concentra cada año, hasta la fecha, alrededor de 60% del gasto público no programable.
Junto con la andanada de recursos, se han multiplicado programas sociales específicos, que se suman o forman parte del programa general de cada gobierno. Inició Salinas con Solidaridad; siguió Zedillo con Progresa; Fox, con Oportunidades, que continúa Calderón, quien no acierta a hacer sentir la nueva estrategia "Vivir Mejor".
Junto con ellos, se han ido creando en el tiempo programas sociales federales para atender necesidades específicas, del campo y las ciudades. A la fecha hay 179 programas, que consumen 80% del gasto social. De ellos, 145 están concentrados en cinco secretarías: Sagarpa, Educación, Salud, Sedesol y Hacienda. Los 34 restantes están distribuidos en otras nueve dependencias.
De los programas 25% tiene como área de atención la agropecuaria; otro 14% va dirigido a educación, ciencia y tecnología; 12% va al fomento de la actividad económica o productiva, y 7%, a la infraestructura.
Además de los programas que son comunes a todos los municipios y regiones -como Empleo Temporal, Jóvenes por México, Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Opciones Productivas, Microrregiones- existen específicos por entidad. En Chiapas, por ejemplo, están los programas Altos-Selva-Norte y Cañadas Inversión Municipal, entre otros.
A todos estos se suman los programas sociales estatales y municipales, con recursos públicos y privados locales. También participan, en la misma cascada de apoyos para combatir la pobreza, dineros provenientes de organizaciones no gubernamentales, del país y del extranjero.
No faltan, tampoco, los apoyos -en efectivo, en organización, en asesoría, en capacitación- de organismos internacionales. En Chiapas, por ejemplo, la Agencia de Cooperación Internacional de Japón apoya en programas de fortalecimiento de las capacidades productivas de las mujeres. Así mismo, el gobierno de esa entidad tiene convenios con agencias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para definir estrategias y programas de combate a la pobreza.
No han faltado, tampoco, recursos de organismos financieros internacionales para el combate a la pobreza. En diciembre, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó un crédito por 2 mil millones de dólares, que se canalizarán, a través de Oportunidades, a zonas marginadas, rurales y urbanas del país. Con ese préstamo sumaron 6 mil millones las líneas de crédito otorgadas por el BID durante 2008.
Sin embargo, a 15 años de la irrupción del EZLN, y de la embestida presupuestal de los distintos gobiernos, la situación en Chiapas y en las demás entidades no es muy distinta: Chiapas sigue siendo el estado con la pobreza más extrema, acompañado por Guerrero y Oaxaca, y el país sigue registrando altos niveles de pobreza -alrededor de 45 millones, según cifras oficiales- y de desigualdad: mientras que el 10% de la población más pobre del país concentra 1.6% del ingreso nacional, el 10% más rico acapara 40% de ese ingreso, según el Coneval.
"México es uno de los países donde el ingreso presenta mayor concentración. Esta situación la comparte con varios países de África y América Latina. La distribución del ingreso en México es tan desigual como lo era hace 15 años", dice el Consejo en su primer Informe de evaluación de la política de desarrollo social en México 2008, presentado a principios de diciembre.
El propio Consejo ilustra así la desigualdad: "Mientras que Baja California tiene un ingreso mensual promedio estimado de 4 mil 998 pesos, el de Chiapas tan sólo alcanza mil 215 pesos". En Baja California, 9.2% de su población es pobre; en Chiapas, 76% de sus habitantes está en esa condición.
Eufemismos
La actual metodología para medir la pobreza desechó los términos "pobreza extrema" y "pobreza en general". Ahora se consideran tres niveles de pobreza -en función del ingreso corriente total de las personas-, que se definen así:
Pobreza alimentaria, la más grave, es la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta. Sería lo que en la terminología anterior era la pobreza extrema. Las personas que están en esta condición no alcanzan a tener un ingreso neto diario de 20 pesos, que -según el Coneval- sería, en la zonas rurales, el mínimo (en 2006) para cubrir apenas las necesidades básicas de alimentación. En las zonas urbanas, este mínimo sería, para el mismo año, de 27 pesos diarios.
Pobreza de capacidades es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y en educación, aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más para estos fines. Están en este nivel de pobreza quienes tienen un ingreso neto diario por debajo de los 24 pesos en las zonas rurales, y de 33.10 pesos en las urbanas.
Pobreza de patrimonio es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la canasta alimentaria, así como para realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar sea utilizado exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. Caen en esta condición quienes no alcanzan a percibir, al día, 36.20 pesos en las zonas rurales, y 54.15 pesos en las urbanas.
En función de esas definiciones, se tiene -de acuerdo con el informe del Coneval- que la entidad con mayor pobreza alimentaria es Chiapas: 47% de su población (2 millones 18 mil personas, en 2005) está en situación de sobrevivencia: sus ingresos no le alcanzan ni para comer.
Le siguen Guerrero, con 42% (poco más de 1 millón 300 mil habitantes); Oaxaca, con 38.1% (1 millón 340 mil personas); Tabasco, con 28.5% (567 mil), y Veracruz, con 28% (casi 2 millones de personas).
Todos esos estados rebasan por mucho el promedio nacional: en todo el país, la pobreza alimentaria alcanzaba en 2005 a 18.2% de la población total, es decir, a casi 19 millones de habitantes.
En contraste, los estados con menor incidencia de pobreza alimentaria son Baja California (1.3%), Nuevo León (3.6%), Baja California Sur (4.7%), Distrito Federal (5.4%), Coahuila y Chihuahua (ambos con 8.6%).
En el segundo nivel de pobreza, la de capacidades, mientras la tasa nacional es de 24.7% (dato de 2005, equivalente a 26 millones de habitantes), Chiapas tiene a 56% de su población (2 millones 400 mil) en esa condición; Guerrero, a 50.2% (casi 1 millón 600 mil), y Oaxaca, a 47% (1 millón 650 mil).
La pobreza de patrimonio alcanza en el país a poco menos de la mitad de la población, pero -otra vez- en Chiapas la media es rebasada ampliamente: para 2005, el 76% de su población (casi 3 millones 300 mil habitantes) estaba en esa condición; en Guerrero, 70% (2 millones 200 mil), y en Oaxaca, 68% (2 millones 400 mil).
Si las cifras por estado evidencian la gravedad de la pobreza en el país, a nivel municipal ésta se advierte en toda su profundidad. Y Chiapas sigue a la cabeza: de los 20 municipios con mayor incidencia de pobreza alimentaria en el país, 11 son de esa entidad; cinco, de Oaxaca, y los cuatro restantes están ubicados en Puebla, Durango, Veracruz e Hidalgo. Todos ellos localizados en zonas montañosas y de difícil acceso. En su mayoría, con población predominantemente indígena.
La pobreza alimentaria en ellos va desde 84% de la población en Santiago el Pinar (Chiapas), cuyas condiciones de vida son -según la ONU- equiparables a las del Congo, en África, hasta 78% en Yahualica, en Hidalgo.
En el extremo opuesto de la desigualdad nacional, de los 20 municipios con menor incidencia de población en pobreza alimentaria, ocho son de Chihuahua; cuatro, de Baja California; tres, de Nuevo León; dos, del Distrito Federal; los estados de Puebla, Baja California Sur y Quintana Roo tienen uno respectivamente.
El rango de población en ese nivel de pobreza va de 1.9% (6 mil 800 personas) en la delegación Miguel Hidalgo del Distrito Federal a 0.1% en Gómez Farías, Chihuahua, equivalente a ocho personas (en 2005), y San Pedro Garza García, Nuevo León, con 143 personas (2005) en pobreza alimentaria.
Mejoras ficticias
El Coneval reconoce en su informe que diversos indicadores de salud y educación han mejorado en el país en los últimos 15 años, inclusive para 20% de la población más pobre. Sin embargo, la calidad de esos servicios deja mucho que desear.
Entre los logros se cuentan los siguientes: la esperanza de vida al nacer, a nivel nacional, se incrementó de 71.7 años a 74.8 años entre 1992 y 2006. En el caso de la educación, el porcentaje de jefes de familia con educación básica o más pasó de 29.9% en 1992 a 47% en 2006.
También: para 20% más pobre de la población entre 1992 y 2006, el porcentaje de niños entre ocho y 12 años que no asistían a la escuela pasó de 8.9% a 3.5%; el porcentaje de niños entre 13 y 15 años que trabajaban y no asistían a la escuela se redujo de 15.6% a 9.8%; el porcentaje de personas analfabetas de 15 años y más bajó de 26.8% a 20.8%, y el porcentaje de personas de 15 años y más con primaria incompleta pasó de 64.8% a 44.8%.
Otra: El porcentaje de viviendas sin energía eléctrica, en 20% de la población más pobre del país, disminuyó de 19.9% a 3.1%; el porcentaje de viviendas con piso de tierra pasó de 46.2% en 1992 a 22.3% en 2006; el porcentaje de viviendas sin agua entubada disminuyó, en el mismo grupo de población, de 43.9% a 23%.
Pero una cosa es que se haya ampliado la cobertura, con todo y lo positivo que sea, y otra es la calidad de los servicios. Pone ejemplos el Coneval: la mortalidad materna ha disminuido en los últimos años, pero se está lejos de llegar a la meta de 22 defunciones por cada 100 mil nacimientos -una de las metas del Milenio a las que se comprometió el gobierno de México-: en 2004 se registraron 62.4 muertes por cada 100 mil nacimientos; aun con toda la tecnología disponible, 90% de esas muertes pudo evitarse.
Otros indicadores también muestran que el avance ha sido más cuantitativo que cualitativo: En 2006, México disponía de 1.4 médicos, en contacto con el paciente, por cada mil habitantes, mientras que en el mismo año Cuba, Uruguay y Argentina contaban, respectivamente, con 6.2, 3.9 y 3.2 facultativos por cada mil habitantes. Además, la entidad que más enfermeras tiene es el Distrito Federal, al contar con cuatro por cada mil habitantes, mientras que estados como Chiapas, Oaxaca, Puebla y Michoacán tenía sólo una enfermera por cada mil habitantes.
En materia educativa, pese a los grandilocuentes anuncios de cada sexenio, la calidad sigue siendo baja, dice el Coneval. En las pruebas de matemáticas que cada año hace la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México siempre ocupa los últimos lugares entre los países miembros del organismo. Y entre quienes no forman parte de ese grupo, en 2006, de 26 países analizados por la OCDE México apenas llega al lugar 18.
Reconoce el Coneval que entre 2004 y 2006 la pobreza, en números absolutos, se redujo, particularmente en las zonas rurales, "aunque esta reducción no es estadísticamente significativa". Dice el informe: "El número de personas pobres alimentarias (en el país) disminuyó de 17.9 millones a 14.4 millones; las personas en pobreza de patrimonio pasaron de 48.6 millones a 44.7 millones.
Ello fue posible, en efecto, debido a las transferencias monetarias a los beneficiarios de los programas antipobreza, pero también a las remesas y a un crecimiento notable del empleo informal, que inciden en un aumento de los ingresos de las personas. Los envíos de dinero de mexicanos que trabajan en Estados Unidos crecieron 405.5% entre 1992 y 2006. En ese último año, fueron superiores a los 24 mil millones de dólares, más que lo que entró por Inversión Extranjera Directa y más que lo captado por el turismo.
Dice el Coneval: si no hubiera entrado ese dinero, la pobreza alimentaria en 2006 se hubiera ubicado en 15.9% de la población, pero fue de 13.8%. Es decir, gracias a las remesas, 2.3 millones de personas pudieron rebasar la línea de pobreza extrema.
También, dice el Consejo, gracias a que millones han podido emplearse en la informalidad se han podido abatir, así sea ligeramente, los índices de pobreza. Entre 1992 y 2006, mientras se crearon apenas 5.1 millones de ocupaciones formales, el número de trabajadores en el mercado informal -sin protección y seguridad social- creció en 10.2 millones de personas, el doble del crecimiento que registró el empleo formal.
Y, de hecho, en los últimos años creció el número de familias sin protección y seguridad social. Dice el informe del Coneval: "Los jefes de hogar sin derechohabiencia, es decir, sin afiliación a una institución pública para recibir seguridad social -IMSS, ISSSTE, Sedena o Marina- pasaron de 69.3% en 1992 a 71% en 2006. La situación de derechohabiencia formal para el 20% más pobre de la población es más precaria: 89.8% de los jefes de hogar no tenían derechohabiencia en 2006".
Finalmente, como "existe una estrecha relación entre el desempeño económico y el desarrollo social, especialmente reflejado en la pobreza medida con ingresos", el futuro inmediato no es nada halagüeño: menos empleos, bajas remesas y una caída en la actividad económica se traducirán, sin duda, en un aumento de la pobreza. Como pasó entre 1994 y 1996, con la crisis devaluatoria, que significó una brutal caída del PIB de 7%, y que llevó a la pobreza extrema a 16 millones de personas más, según el Coneval.
Exige AMLO aplicar plan de contingencia
ROSALíA VERGARA
MÉXICO, DF, 5 de enero (apro).- El autodenominado "presidente legítimo", Andrés Manuel López Obrador, urgió al gobierno de Felipe Calderón a echar a andar un plan de contingencia que incluya la reducción en precios de gasolinas, diesel, gas doméstico y suministro eléctrico.
En un comunicado, el político tabasqueño propuso además un aumento de emergencia el salario mínimo. "Debido a la difícil situación económica que afecta a la mayoría de los mexicanos --y que se agravará en el transcurso del año--, volvemos a exigir al gobierno usurpador que ponga en marcha, con urgencia, un plan anticrisis".
López Obrador recordó que ya había hecho esta propuesta el 16 de diciembre pasado y el plan incluía bajar el precio de las gasolinas, diesel, gas y energía eléctrica.
También exigió derogar el llamado impuesto empresarial a tasa única (IETU), como una manera de apoyar a asalariados, comercios y empresas; además instó a evitar más pérdidas en los fondos de retiro de los trabajadores.
Dijo que se debe impulsar al sector agropecuario para producir en México lo que consumimos y dejar de comprar los alimentos en el extranjero; fortalecer a la industria de la construcción para reactivar la economía y generar empleos, y extender los apoyos al desarrollo social.
Entre éstos, destacó las pensiones a adultos mayores, madres solteras y a personas con discapacidad; atención médica y medicamentos gratuitos; becas para estudiantes de preparatoria, y acceso a todos los jóvenes a las universidades públicas.
Consideró indispensable reducir los sueldos de los altos funcionarios públicos, eliminar los privilegios en el gobierno y aplicar un plan de austeridad para ahorrar y destinar fondos a la atención de la crisis económica y al bienestar social.
Por último, refrendó su "compromiso de utilizar toda la organización, la capacidad de movilización y la fuerza de nuestro movimiento para ayudar al pueblo de México a enfrentar la difícil situación económica y social que nos aqueja".
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