miércoles, 27 de julio de 2011

El VIH aún es un problema grave de salud y no hay una atención integral

El VIH aún es un problema grave de salud y no hay una atención integral

Se llamó la atención sobre la crisis que existe entre sociedad civil y su relación con Censida

Los participantes denunciaron el desabasto de antirretrovirales en diversas entidades

Ángeles Cruz Martínez
Enviada
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de julio de 2011, p. 40

Villahermosa, Tab., 26 de julio. El VIH/sida todavía es un problema grave de salud y aún existen grandes pendientes como la atención integral para mujeres y adolescentes; sin embargo, la división entre organizaciones civiles y activistas, y de éstos con autoridades del sector salud afecta la respuesta del país frente a la epidemia. Con estos señalamientos dio inicio anoche el 12 Congreso Nacional de VIH/sida y otras Infecciones de Transmisión Sexual.

El congreso está marcado por las ausencias de los activistas más críticos y la persistencia de añejos reclamos, tales como que en Querétaro se mantiene la política de obligar a las y los trabajadores sexuales a realizarse la prueba de detección de VIH/sida. También se denunció el desabasto de antirretrovirales en varias entidades de la República. De Veracruz llegó la exigencia de que se garantice el abasto de leche para hijos de mujeres que viven con el virus.

En esta ocasión el cónclave coincide con la conmemoración de los 30 años de existencia de la enfermedad en el mundo y tocó a Juan Jacobo Hernández, coordinador de Colectivo Sol y pionero en la lucha contra el sida en México, llamar la atención sobre la crisis en la sociedad civil y su relación con los directivos del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida).

Hernández resaltó las claras exclusiones de personas como Alejandro Brito, director de Letra S; Andrea González, jefa de Programa de VIH/sida del Distrito Federal; Luis Adrián Quiroz, de Derechohabientes viviendo con VIH del IMSS; y Víctor Dante, del Comité Humanitario de Esfuerzos Compartidos contra el Sida (Checcos), entre otros que “no están porque serían vetados y aislados… (ellos) levantan la voz aunque a muchos no les cuadre… son el acicate de nuestra conciencia y deberían estar aquí. No debemos permitir que se excluya a nadie”.

De igual modo, criticó que a través de Internet circulen mensajes anónimos que descalifican y difaman a otros. Advirtió sobre la necesidad de evitar que el tema del VIH/sida deje de verse como un problema de salud y que, por el contrario, se realicen acciones para fortalecer los liderazgos y desarrollar otros nuevos.

Antes, representantes de jóvenes y mujeres expusieron los resultados de los foros que en los dos días pasados llevaron a cabo. Llamaron la atención sobre la falta de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva y la deficiente atención médica que aún enfrentan las mujeres, por ejemplo, en el área de ginecología.

La ceremonia de inauguración inició más de media hora después de lo previsto por el retraso del secretario de Salud, José Ángel Córdova Villalobos. Por eso tocó al gobernador Andrés Granier Melo leer las pancartas con quejas sobre el desabasto de medicamentos antirretrovirales en Tabasco, las que, dijo, serán atendidas porque el tema que más preocupa es la salud y yo estoy a favor de ella. Ya en el acto oficial, y luego de las participaciones de los activistas y del representante de Onusida, César Núñez, tocó el turno a Salomón Chertorivski, titular de la Comisión Nacional de Protección Social en Salud, quien enfrentó los gritos de el Seguro Popular no sirve, así como quejas por las carencias de medicinas. Una pancarta decía: “la cobertura universal, un reality show”.

El funcionario ofreció un trabajo conjunto entre el Seguro Popular y la sociedad civil para corregir lo que haga falta y fortalecer la prevención.

Reconoció que hay mucho que hacer para asegurar que la inversión llegue con oportunidad y de manera efectiva a los afiliados de ese esquema de salud.

Ya en su turno, el secretario Córdova dio algunas respuestas y dijo que se ampliará la cobertura del Seguro Popular a las enfermedades que afectan a las personas que viven con VIH y a causa del cual desarrollan males que pueden resultar mortales.

Asimismo, anunció la aprobación de una nueva formulación farmacológica para el control del virus, Atripla, que contiene en una sola tableta tres sustancias: Tenofovir, Emtricitabina y Efavirenz.

Serán vacunadas contra el sarampión 2.5 millones de personas susceptibles

Serán vacunadas contra el sarampión 2.5 millones de personas susceptibles
Foto
Vacacionistas con rumbo a Canadá, Estados Unidos y Europa son vacunados contra el sarampión en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de MéxicoFoto Guillermo Sologuren
Fabiola Martínez y José Antonio Román
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de julio de 2011, p. 40

El secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora, se reunió ayer con secretarios de Estado que integran el Consejo de Seguridad Nacional con quienes revisó alertas.

La situación epidemiológica es uno de los aspectos incluidos en las sesiones del gabinete de seguridad, por lo que este martes trabajaron en el Palacio de Covián el titular de la Secretaría de Salud, José Ángel Córdova Villalobos, y los titulares de Hacienda y Desarrollo Social, entre otros.

Trascendió que se hizo un balance de las medidas preventivas adoptadas sobre todo en aeropuertos ante la aparición de un caso de sarampión. Al mismo tiempo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, Mauricio Hernández, reiteró que no se ha detectado ningún nuevo caso de sarampión en el país.

La dependencia hizo un pedido de 3 millones de vacunas contra el virus para atender a la población susceptible que asciende a 2.5 millones de personas, mismas que no tuvieron la segunda dosis del biológico.

La doctora Vesta Richardson, directora del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, informó que las dosis solicitadas a Virmex estarán disponibles hasta finales de septiembre, por lo que la población con prioridad para vacunarse son los niños de seis años que no han recibido refuerzo y los jóvenes nacidos antes de 1985 que no recuerden haber recibido una segunda dosis.

Según fuentes consultadas, también participó en la reunión el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, Guillermo Valdés, a quien se le menciona como próximo a dejar el cargo que ocupa desde el inicio del actual sexenio. Al respecto, las mismas fuentes señalan que se buscará dar al funcionario nuevas atribuciones en materia de seguridad nacional en el área operativa.

Al mismo tiempo, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) se han aplicado 3 mil 697 dosis de vacunas contra sarampión-rubeola y 22 más de la llamada vacuna triple, en los primeros cuatro días de la medida sanitaria aplicada por el gobierno federal y capitalino. Además, autoridades de sanidad internacional adscritas a la terminal aérea dijeron que no se ha identificado ningún otro caso como el que dio origen al cerco sanitario instalado la semana pasada.

Los cuatro módulos ubicados en los pasillos principales del AICM –dos en la Terminal 1 y dos en la T2– operarán hasta el 15 de agosto. La meta es aplicar 30 mil vacunas.

(Con información de Itza Varela) Huerta)

Presenta el Conapred guía contra la discriminación

El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) sigue recibiendo de manera continua quejas y reclamaciones por prácticas discriminatorias dentro de las instituciones públicas, como requisitos de contratación inaceptables o un clima laboral adverso, afirmó su titular, Ricardo Bucio, luego de presentar la Guía de acción contra la discriminación-institución comprometida con la inclusión (Guía ICI).

La finalidad de dicho instrumento es alcanzar la igualdad de derechos, trato y oportunidades a partir de diferentes medidas autoaplicables que se pueden impulsar en escuelas, empresas, organizaciones civiles, gobiernos, iglesias, clubes, instituciones u organismos públicos o privados para detectar, visibilizar y prevenir acciones discriminatorias.

El plan propuesto por la Guía ICI consta de seis fases y el Conapred ofrecerá asesoría gratuita y a distancia a las instituciones que apliquen esa guía, que puede ser consultada en www.conapred.org.mx.

Asistieron al acto Margarita Zavala, esposa del presidente Felipe Calderón; Martha Sánchez Néstor, coordinadora de la Alianza de Mujeres Indígenas de Centroamérica y México, y Salomón Chertorivski, comisionado nacional de Protección Social en Salud

Este año, 67 homicidios dolosos contra mujeres, señala el procurador Mancera

Este año, 67 homicidios dolosos contra mujeres, señala el procurador Mancera
Gabriela Romero
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de julio de 2011, p. 36

En lo que va de 2011 se han registrado en la ciudad de México 67 homicidios dolosos contra mujeres, cuyas edades van de 28 a 40 años, en su mayoría solteras, informó el procurador general de Justicia del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, en el encuentro Protección de las mujeres tipo penal: feminicidio, realizado en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubon, reiteró que no se puede pensar en una sociedad equitativa o de derechos si la mayoría de la población, que son las mujeres, están en condición de desventaja y viven en violencia todo el tiempo.

“Tipificar el feminicidio es un paso más relevante y significativo, por el cual han luchado muchísimas personas. Es una causa social, de un gran colectivo”, expresó el mandatario capitalino.

El Gobierno del Distrito Federal publicó en la Gaceta Oficial del martes 26 de julio el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los códigos Penal y de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, mediante las cuales se tipifica el feminicidio como delito.

Ebrard Casaubon aclaró que no se trata sólo de hacerlo visible, lo que en sí es muy relevante, sino de tipificarlo, lo que facilitará que se tipifique el feminicidio en el resto del país, porque ha habido gran resistencia a ello.

El procurador amplió que con la entrada en vigor de la tipificación del feminicidio se sancionará hasta con 60 años de cárcel a quien prive de la vida a una mujer por razones de género, mientras la PGJDF deberá contar con una base de datos sobre este delito, la cual estará integrada por un registro fotográfico de la víctima, la descripción de sus lesiones, objetos y la vestimenta con que haya sido encontrada.

Alcances de la acción

Martha Lucía Mícher Camarena, directora del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal (Inmujeres-DF), remarcó que esta reforma es un instrumento más para decir alto a los agresores, para reiterarles que en esta ciudad no está permitida y no se tolera la violencia contra las mujeres.

El artículo 148 bis del Código Penal establece que comete feminicidio quien, por razones de género, prive de la vida a una mujer, y se consideran razones de género cuando la víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo; cuando se le hayan infligido lesiones degradantes o mutilantes, previas o posteriores a la privación de la vida; haya recibido amenazas, acoso, violencia o lesiones; haya estado incomunicada o su cuerpo sea expuesto, depositado o arrojado en un lugar público

Mancera: quedó incluido en el operativo Conago 1 el combate a la trata de personas

Mancera: quedó incluido en el operativo Conago 1 el combate a la trata de personas
Tania Sánchez
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de julio de 2011, p. 39

El delito de trata de personas quedó incluido en el catálogo de los ilícitos a combatir con el operativo Conago I, al mismo tiempo que se impulsa una reforma a nivel federal, con el objetivo de que todos los estados de la República tengan una legislación para castigarlo y establecer de manera definida una diferencia entre éste y aquellos como explotación y esclavitud, dijo el titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Miguel Ángel Mancera.

El funcionario destacó que fue por conducto del jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, presidente en turno de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), y del gobernador del estado de Chihuahua, César Duarte, que ese delito ya forma parte de la agenda nacional.

Durante la presentación del libro Del cielo al infierno en un día, de la autoría de Rosi Orozo, diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), y la periodista Evangelina Hernández, Mancera Espinosa reconoció que esta conducta delictiva no se ha podido combatir fácilmente. Destacó el apoyo de la legisladora del blanquiazul en el “rescate de las personas, de las niñas que son instrumentalizadas y que se venden prácticamente como objetos” por los delincuentes.

Agregó que las autoridades del Distrito Federal nos hemos comprometido a apoyar la reforma que se está planteando a nivel federal, que de acuerdo con la legisladora Rosi Orozco se trata de una iniciativa trabajada por algunos diputados de manera conjunta con senadores; que ha sido consensuada con organizaciones de la sociedad civil, y que está lista para ser presentada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión en breve.

Horas antes, Mancera Espinosa detalló que, en el caso de la ciudad de México, la Procuraduría de Justicia capitalina ha logrado que se dicten más de 20 sentencias condenatorias por esa actividad delincuencial; ejercida principalmente en zonas como Tlalpan, Buenavista y La Merced.

Seguridad pública

Dan mil 955 años al dueño de PubliXII

El propietario de la empresa Publi XIII, José Luis González González, fue sentenciado por el juez 25 penal a mil 955 años de prisión por su responsabilidad en el delito de fraude genérico. Además deberá resarcir el daño a los 782 afectados, quienes le pagaron entre 20 mil y 30 mil pesos de enganche por autos nuevos que nunca entregó. Por este motivo deberá cubrir más de 28 millones de pesos, y de no garantizar el pago se le confiscarán sus propiedades hasta cubrir la cantidad señalada. PubliXIII comenzó a operar en 2000, ofreciendo automóviles a precios muy bajos, con la condición de que deberían portar publicidad durante determinado tiempo. Tres años después comenzaron las denuncias contra González González, quien se declaró en quiebra y estuvo prófugo cinco años hasta que fue detenido en Guadalajara, Jalisco, cuando viajaba en un vehículo de lujo, y fue ingresado al Reclusorio Norte.

Presentación de acusados confronta a PGJ y CDH

En medio de contradicciones, los titulares de la CDHDF y la PGJDF, Luis González Placencia y Miguel Ángel Mancera Espinosa, respectivamente, intentan llegar a un acuerdo en torno a la presentación de presuntos delincuentes ante los medios de comunicación. Mientras el primero afirmó que hay un acuerdo en que estas presentaciones no se realicen hasta que un juez haya dictado el auto de formal prisión, el segundo se desmarcó y dijo que en realidad lo que se planteó fue que se realizaran cuando se gire la orden de aprehensión. El planteamiento de González Placencia implicaría que estos actos se realizaran en el reclusorio donde se encuentre el presunto delincuente, sin que hasta el momento se haya definido cuál sería la logística. Mancera Espinosa, por su parte, dijo que las presentaciones se pueden realizar cuando ya ha habido una valoración judicial, que es cuando el juzgador ordena la detención del implicado, aunque reconoció que no hay nada definido.

Conocidos habrían matado a Christian Sánchez: PGJDF

La PGJDF no descarta que el asesinato de Christián Sánchez Venancio, integrante de la Coordinación de Diversidad Sexual del PRD-DF, haya sido cometido por un integrante de la misma comunidad homosexual. El titular de la dependencia, Miguel Ángel Mancera, reconoció que ésa es una de las principales líneas de investigación que se tienen en torno al caso. Agregó que existen elementos para elaborar el retrato hablado de por lo menos un presunto responsable del homicidio, en el cual pudo haber participado más de una persona. Según las investigaciones de la PGJDF, todo apunta a que el o los agresores eran conocidos de Sánchez Venancio, que tenían acceso a su domicilio, ya que entraron a él sin forzar la puerta

Persiste crisis financiera en la UdeG, pese a convenio con las autoridades

Persiste crisis financiera en la UdeG, pese a convenio con las autoridades

La institución recibirá en agosto 480 millones de pesos y una cantidad igual durante 2012

El gobierno federal se compromete a restablecer nivel de aportaciones

Se revisarán salarios

Foto
El rector de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado, ofreció una conferencia de prensa con directivos de la institución para dar a conocer los términos del acuerdo para la entrega de recursos federales y estatalesFoto Arturo Campos Cedillo
Juan Carlos García Partida
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de julio de 2011, p. 33

Guadalajara, Jal., 26 de julio. El rector de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Marco Antonio Cortés Guardado, dio a conocer los pormenores de un acuerdo logrado el lunes con el gobierno federal para que esa casa de estudios reciba 480 millones de pesos en agosto y una cantidad similar en 2012, como parte del subsidio ordinario, lo que conjuró una marcha que la comunidad universitaria planeaba realizar este martes en la ciudad de México.

Cortés Guardado, acompañado por autoridades de la UdeG, dijo en conferencia de prensa que la entrega de 960 millones de pesos resolverá lo inmediato, pero no la crisis financiera de la institución.

El acuerdo entre la UdeG y las secretarías de Hacienda y Crédito Público y Gobernación también prevé la restitución gradual de las aportaciones federales al presupuesto de la casa de estudios, que debe sumar 52 por ciento, más 48 por ciento proveniente del gobierno estatal, proporción que se fue reduciendo en la década reciente.

Los 480 millones de pesos que se recibirán el mes entrante formarán parte del subsidio irreductible para la UdeG, lo que incrementó el presupuesto federal de 2 mil 764 a 3 mil 244 millones de pesos. El gobierno estatal deberá entregar a lo largo del año 3 mil 439 millones.

El incremento de 2012 asegura que el subsidio federal sumará alrededor de 3 mil 725 millones de pesos. Mientras, las aportaciones del gobierno estatal no deberán ser inferiores a las de 2011.

Cortés Guardado reiteró la petición de aumentar el presupuesto de la UdeG para alcanzar el subsidio promedio por alumno en las universidades públicas del país. Actualmente la institución recibe unos 12 mil 820 pesos anuales por alumno, el apoyo más bajo entre las instituciones de educación superior de México, que es de 25 mil 380 pesos por estudiante, en promedio.

Dijo que el acuerdo resuelve por ahora los problemas de gasto operativo y pago de pensiones y jubilaciones, aunque persiste el rezago financiero y limitará el avance de algunos proyectos.

La institución, insistió, no podrá tener mayor presencia internacional sin la ayuda de los gobiernos estatal y federal, lo que implica que el subsidio por alumno debe llegar por lo menos, a la media nacional.

Afirmó que parte del acuerdo consiste en iniciar negociaciones para elevar el subsidio por estudiante. Además, en 2012 se revisarán los sueldos de trabajadores académicos y administrativos de la UdeG

Detienen a 11 presuntos explotadores sexuales de al menos ocho menores

Detienen a 11 presuntos explotadores sexuales de al menos ocho menores
Arturo Alfaro Galán y David Carrizales
La Jornada de Oriente y corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de julio de 2011, p. 13

La Procuraduría General de la República (PGR) detuvo, mediante un operativo en 17 bares de la capital de Puebla, a 11 personas acusadas de los presuntos delitos de explotación laboral y sexual, en contra de ocho menores de edad. Asimismo, incautó seis inmuebles, armas de diferentes calibres, dinero en efectivo y un vehículo.

En la acción fueron rescatados los ocho menores, quienes fueron entregados a sus padres; del total de personas presentadas, sólo tres obtuvieron la libertad con reservas de ley, mientras que las otras serán procesados por presunta trata infantil y portación ilegal de armas.

Entre los bares cateados por elementos de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo), figuraron los denominados Vértigo, Jarocho, Impacto, Texas, Cazador y Adrenaline, todos ubicados en el municipio de Puebla y sus límites con las localidades de San Andrés Cholula, Cuautlancingo y Coronango.

La PGR informó que durante el operativo también se confiscaron seis armas cortas, una larga con dos cargadores y 15 cartuchos en cada uno de éstos, además 550 cartuchos de diferentes calibres, tres bolsas de polvo blanco –al parecer cocaína– y un paquete con otra sustancia prohibida no especificada; además de 17 mil 543 pesos y un vehículo.

Mientras, el presidente municipal de Monterrey, Nuevo León, Fernando Larrazábal Bretón, adelantó que unos 50 bares de la localidad serán clausurados por incurrir en violaciones al Reglamento de Alcoholes, principalmente por no respetar los horarios de cierre.

Entre los establecimientos que serán cerrados de manera definitiva, dijo, está El Sabino Gordo, bar y centro de baile con música en vivo donde el 8 de julio anterior un grupo de la delincuencia organizada dio muerte con armas de alto poder a 20 personas, y dejó lesionadas a otras seis. La cifra de muertos por este incidente se elevó a 21, al fallecer el sábado anterior una persona que resultó herida en la agresión

La CIDH niega "medidas cautelares" a asesino intelectual de Ruiz Massieu

La CIDH niega medidas cautelares a asesino intelectual de Ruiz Massieu

El organismo planteó al gobierno mexicano concretar un procedimiento de solución amistosa

Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de julio de 2011, p. 14

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) negó medidas cautelares a Fernando Rodríguez González, quien fue acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) de actuar en complicidad con Raúl Salinas de Gortari en el homicidio del priísta José Francisco Ruiz Massieu, ocurrido en septiembre de 1994, reveló ayer una fuente jurídica conocedora del tema.

En julio de 2010, la CIDH admitió una queja contra el Estado mexicano, la cual fue presentada por un importante despacho de abogados penalistas mexicanos, cuyos servicios fueron contratados por Rodríguez.

En la queja se alegaron presuntas torturas y violación a las garantías procesales de Rodríguez, quien enfrenta una condena penal por haber sido encontrado responsable como uno de los autores intelectuales de ese crimen político.

Las medidas cautelares son un recurso legal de protección internacional que se solicita ante la CIDH cuando la parte quejosa considera que corre peligro su vida, su libertad o su patrimonio.

Al solicitar esas medidas, el peticionario requiere a las autoridades jurisdiccionales internacionales que ordenen al Estado acusado garantizar la tutela de las garantías y derechos humanos del quejoso.

El organismo internacional planteó en días pasados al gobierno de México un procedimiento de solución amistosa a esta controversia en la que el quejoso solicita su excarcelación, indemnización y cancelación del registro de antecedentes penales, pues alega haber sido víctima de una persecución en contra de su persona, diseñada por las intereses de políticos ligados al Partido Revolucionario Institucional.

Rodríguez fue colaborador del ex diputado tamaulipeco Manuel Muñoz Rocha, y ocupaba el cargo de secretario técnico de la Comisión de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados cuando, según la acusación que hizo en su contra la PGR, contrató por 50 mil pesos los servicios de Daniel Aguilar Treviño, el asesino material de Ruiz Massieu.

Según consta en el informe 73/10 de la CIDH, derivado de la petición 980-04, Rodríguez alega en el recurso que los testimonios donde confiesa el crimen fueron obtenidos bajo torturas y que por ello carecen de valor probatorio. Sostiene además que la investigación fue parcial de origen, pues Mario Ruiz Massieu, hermano de José Francisco, era el subprocurador de la PGR encargado de las pesquisas.

Fernando Rodríguez fue aprehendido el 10 de octubre de 1994 en el estado de Zacatecas.

Exige el Frayba respeto a las garantías de ejidatarios de San Sebastián Bachajón

Exige el Frayba respeto a las garantías de ejidatarios de San Sebastián Bachajón

En total impunidad, los responsables de la violencia ocurrida a principios de febrero, dice la ONG

Hermann Bellinghausen
Enviado
Periódico La Jornada
Miércoles 27 de julio de 2011, p. 20

San Cristóbal de las Casas, Chis. 26 de julio. Luego de presentar a los ex presos políticos del ejido San Sebastián Bachajón, municipio de Chilón, quienes fueron liberados el sábado pasado del penal de Playas de Catazajá, el director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), Víctor Hugo López, anunció que el organismo dará a conocer en breve la valoración jurídica de los procesos, así como sobre el despojo territorial sufrido por los indígenas, además de la situación del quinto preso, Mariano Demeza Silvano, quien fue liberado de la correccional juvenil de Berriozábal, pero sigue bajo caución.

Los ejidatarios tzeltales, señaló Hugo López, “recuperaron su libertad física; no obstante, llegaron a su comunidad y encontraron que ésta sigue ‘presa’ de un proceso unilateral, con la policía y el Ejército federal en sus tierras, y ante proyectos gubernamentales que no fueron consultados con los pobladores”.

También subrayó que, debido a los abusos que sufrieron en prisión, Domingo Pérez Álvaro, Juan Aguilar Guzmán, Jerónimo Guzmán Méndez y Domingo García Gómez vivieron uno de los peores momentos dentro de la actual la situación de los presos en los penales del estado. Lo anterior fue denunciado repetidamente por ellos mismos y por sus familiares.

Este lunes, en las oficinas del citado centro de derechos humanos, y en presencia de los tres primeros, el defensor Marcelino Hernández Gómez recordó que la ONG hizo denuncias constantes de violaciones a los derechos de los indígenas, cometidas por funcionarios de todos los niveles de gobierno del estado.

Manifestó que “el gobierno es responsable de criminalizar la inconformidad, administrar el conflicto y violentar los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de la comunidad tzeltal.

También vulneró el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, así como las garantías de protección a los pueblos frente al abuso del poder, a la autodeterminación y autonomía, a la paz y la tierra.

Hasta la fecha se encuentran en total impunidad los responsables de los hechos violentos ocurridos a principios de febrero en San Sebastián, en el acceso a las cascadas de Agua Azul, por los cuales fueron perseguidos los indígenas, dijo.

Hernández Gómez declaró que el Frayba “demanda respeto a las garantías de los ejidatarios de la otra campaña en San Sebastián para ejercer la defensa de su tierra y territorio, a su autodeterminación como pueblo tzeltal, y que se finquen responsabilidades a los funcionarios responsables de estas violaciones”.

Poco antes, a nombre de los liberados, Domingo Pérez Álvaro había expresado: Estuvimos presos casi seis meses por defender nuestras tierras. Desde hace tres años nos vienen persiguiendo los malos gobernantes porque como ejidatarios y autoridades defendemos las tierras y riquezas naturales que nos dejaron nuestros tatarabuelos. El objetivo del gobierno es desaparecer nuestra organización, aseguró.

“Nuestra liberación como presos políticos no fue de gra- tis. Fue toda la presión política que hicieron nuestros compañeros de la otra campaña a escala nacional e internacional”, así como la resistencia sostenida de la comunidad.

Juan Aguilar Guzmán, el liberado de mayor edad, agradeció en lengua tzeltal las movilizaciones de solidaridad con ellos realizadas en distintas partes del mundo

El CJF da trámite a queja contra magistrados que favorecieron a obispo

El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) admitió a trámite la queja administrativa presentada contra dos magistrados que fallaron en favor del obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda Silva, por lo que el órgano administrativo y disciplinario de los jueces y magistrados iniciará una investigación sobre la evolución patrimonial de Manuel Baraibar Constantino y José Pablo Pérez Villalva, miembros del octavo tribunal colegiado en materia penal. La queja fue presentada por la empresa Arthinia Internacional, que acusó al tribunal de parcialidad en el fallo judicial que libró al prelado de ir a prisión por un presunto fraude de 130 millones de dólares. El documento de Arthinia, presentado ante el CJF, solicitó a las autoridades disciplinarias del Poder Judicial Federal sancionar a los magistrados con la destitución de sus cargos, por no preservar la dignidad, imparcialidad y profesionalismo en su desempeño jurisdiccional. El pasado 16 de junio los magistrados del octavo tribunal colegiado penal revocaron el amparo que Arthinia había ganado en primera instancia judicial, y con ello dejaron sin efecto la orden judicial que obligaba a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal a ejercitar acción penal contra Cepeda Silva. Ante la resolución del tribunal colegiado, la empresa Arthinia reaccionó con una denuncia ante la Procuraduría General de la República, entre otros, contra Onésimo Cepeda, el magistrado electoral Alejandro Luna Ramos, el hijo de éste, Alejandro Luna Fandiño, y Jesús Hernández Alcocer. Estos dos últimos fueron fotografiados junto con el obispo de Ecatepec cuando festejaban el fallo judicial que lo libró de prisión.

La judicatura cambia de sede a juez blindado

Por primera vez, tras más de dos años consecutivos de permanecer inamovibles, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) cambió a uno de los siete jueces federales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones telefónicas, identificados en el argot jurídico como jueces blindados, ya que por sus funciones jurisdiccionales son los únicos que despachan en sedes altamente custodiadas y a las que se impide el acceso de litigantes y público en general. Se trata de una rotación que incluyó tres cambios en juzgados de distrito de procesos penales federales con sede en la ciudad de México. La judicatura nombró a Eduardo Torres Carrillo titular del juzgado primero de distrito de procesos penales federales en el Reclusorio Norte y se convirtió en el primer impartidor de justicia que pasa de un juzgado especializado en medidas cautelares, a uno de procesos penales. Además, el CJF designó como nuevos titulares de los juzgados octavo y décimo cuarto de distrito en el Reclusorio Sur a Jesús Díaz Guerrero y Rubén Darío Noguera Gregoire

CARTONES DE LA JORNADA