jueves, 27 de junio de 2013

CARTONES DE LA JORNADA







Un impuesto de 30% en el precio del refresco bajaría su consumo: INSP

Un impuesto de 30% en el precio del refresco bajaría su consumo: INSP
Los beneficios se verían en la siguiente década
 La medida ha mostrado un descenso inmediato en 19 países
Tres estudios sobre el tema serán presentados a la Secretaría de Salud
Ángeles Cruz Martínez
Enviada
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 38
Cuernavaca, Mor., 26 de junio.
El sobrepeso y obesidad que afecta a 70 por ciento de los adultos y 30 por ciento de los niños en México podría bajar en una cuarta parte con un impuesto de 30 por ciento en el precio de los refrescos. Esta medida que bajaría el consumo de las bebidas azucaradas también tendría impacto en la prevalencia de diabetes, cuyo riesgo disminuiría 16 por ciento, aseguraron investigadores del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) y de la Universidad de Michigan.
Los beneficios en salud se verían en la próxima década, explicó Tonatiuh Barrientos, miembro del Departamento de Investigación sobre Tabaco del INSP. El cálculo está hecho sobre el consumo de más de 350 mililitros de refresco al día por persona, que en el país corresponde a 25 por ciento de los individuos que toman estas bebidas; la mayoría (68 por ciento) son adultos de entre 20 y 44 años de edad.
Con un impuesto de 30 por ciento, se calcula que la ingesta basal de 882 mililitros pasaría a 535 mililitros diarios por persona.
Durante el seminario Generación de evidencia para la formulación de políticas públicas contra la obesidad: el caso del impuesto a los refrescos, se presentaron los resultados de tres trabajos sobre el tema, los cuales se llevarán a la Secretaría de Salud (Ssa) como evidencia de la eficacia que una medida fiscal de este tipo tendría en el combate del sobrepeso y la obesidad en el país.
Las políticas públicas deben tener un componente de salud y a la Ssa le toca hacer la labor de abogacía para que los mercados se regulen. Está claro que el problema de exceso de peso corporal que afecta a la población se debe, en parte, al elevado consumo de refrescos, afirmó Mauricio Hernández Ávila, director del INSP. Las consecuencias de ese nivel de ingesta se reflejan en los servicios de salud que atienden cada vez más pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, de alto costo, dijo.
El trabajo de Barrientos consistió en la aplicación de un modelo matemático para estimar el impacto que tendrían diferentes porcentajes de impuesto a los refrescos, siendo 30 por ciento el mayor. Con este porcentaje, la obesidad bajaría 23 por ciento y el sobrepeso 29 por ciento, mientras la cantidad de personas con un peso adecuado aumentaría en 26 por ciento en un plazo de 10 años.
Estos cambios en el consumo y el peso tendrían, a su vez, un impacto en la prevalencia de diabetes, explicó Rafael Meza Rodríguez, profesor del Departamento de Epidemiología de la Universidad de Michigan.
Actualmente 9 por ciento de la población general tiene un diagnóstico de la enfermedad.
De mantenerse la tendencia para el año 2050, el indicador subirá a 17 por ciento, pero si se aplicara el gravamen de 30 por ciento sólo a los refrescos se podría reducir para situarse en 14.7 por ciento. Se podrían prevenir 3.5 millones de nuevos casos de diabetes, indicó.
Además, con que los mexicanos que ahora tienen sobrepeso u obesidad redujeran su peso corporal también disminuiría en 16 por ciento su riesgo de desarrollar diabetes.
Antes, Mishel Unar, quien cursa el doctorado en Ciencias en Nutrición Poblacional en el INSP, resaltó que los impuestos al consumo de refrescos existen en 19 países donde ya demostraron su efectividad para disminuir el consumo de manera inmediata

El programa contra la obesidad debe regular la publicidad y el etiquetado

El programa contra la obesidad debe regular la publicidad y el etiquetado
Ángeles Cruz Martínez
Enviada
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 38
Cuernavaca, Mor., 26 de junio.
El programa nacional contra la obesidad que prepara la Secretaría de Salud (Ssa) debe incluir de manera obligatoria la regulación de la publicidad dirigida a la infancia y un etiquetado de alimentos claro. También debe modificar los entornos de las personas a fin de que los alimentos saludables sean la opción más fácil de obtener, afirmaron expertos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP).
De no incluir estos y otros lineamientos será una estrategia débil, sentenció el director del instituto, Mauricio Hernández Ávila, quien resaltó que la autorregulación en el tema de la publicidad no funcionó. Las empresas incumplen con el programa conocido como Código Pabi, como lo hacen también con el relativo a los sucedáneos de la leche materna.
Este último suscrito en 2007 plantea que la industria no debe promover el consumo de esos sustitutos, pero no lo hacen y la evidencia está, dijo Hernández, en que México reporta los menores niveles de lactancia materna en la historia del país.
Por eso la necesidad de que las nuevas políticas para combatir el sobrepeso y la obesidad sean de carácter obligatorio. Recordó que el planteamiento original del Código Pabi establecía que con el paso del tiempo la regulación de la publicidad se haría más estricta y eso no ocurrió.
De acuerdo con información de la Ssa, la nueva estrategia de control de sobrepeso y la obesidad podría darse a conocer en julio y es algo que estamos ansiosos por conocer, dijo el investigador Juan Rivera Dommarco. Subrayó, asimismo, que el problema que afecta a los mexicanos tiene consecuencias graves en la salud y sobre todo entre los sectores de menores ingresos económicos.
Los especialistas participaron en el seminario Generación de evidencia para la formulación de políticas públicas contra la obesidad: el caso del impuesto a los refrescos. Ahí, Hernández Ávila recordó que existe el Acuerdo Nacional por la Salud Alimentaria (Ansa ) de 2010.
Fue una idea buena que hoy se puede fortalecer con mecanismos que garanticen su cumplimiento y con la ventaja de que su contenido ya no se tiene que negociar con los distintos sectores. Eso ya se hizo y nos tomó dos años, dijo Hernández, a quien le tocó participar en dicho proceso cuando se desempeñó como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud.
Comentó que en el Ansa se incluyeron acciones como la instalación de bebederos en escuelas, la actualización de la normatividad en materia de etiquetado de los alimentos y el impuesto a las bebidas azucaradas, entre otros. Pero, como fueron acuerdos voluntarios, no se cumplieron.
Ahora, dijo, con los temas de obesidad y diabetes que el gobierno federal incluyó en su Plan Nacional de Desarrollo, se tiene el marco legal para que las acciones sean de observancia obligatoria y con disponibilidad de recursos económicos

Oaxaqueña de 100 años terminó la primaria

Oaxaqueña de 100 años terminó la primaria
Dpa
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 43
Una mexicana de 100 años que de niña no pudo ir a la escuela por ser pobre terminó la primaria con un programa especial de educación para adultos.
Casi no puede caminar y ha sido un logro bastante importante, dijo hoy la jefa del departamento de planeación del Instituto Estatal de Educación para Adultos de Oaxaca, Norma Jiménez López.
La recién graduada, Manuela Hernández, nacida el 17 de junio de 1913 en Tuxtepec, relató que cuando era pequeña un tío la ayudó a entrar a la escuela, pero sólo pudo completar el primer grado porque sus padres necesitaron que empezara a trabajar.
Según Jiménez, el sistema de educación para adultos es un modelo flexible y abreviado que permite a los adultos mayores completar la primaria en promedio en unos dos años y medio a tres, en lugar de los seis habituales. Hernández tuvo que hacer sólo uno porque ya sabía leer y escribir

El tema de la legalización de la mariguana divide a perredistas

El tema de la legalización de la mariguana divide a perredistas
En el sol azteca y en los otros partidos existen mitos al respecto: Esthela Damián
La ALDF no tiene facultades para legislar en la materia, sostiene Eduardo Santillán
Bertha Teresa Ramírez
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 35
A unas cuantas horas de que comenzó el debate sobre la conveniencia de legalizar el consumo de la mariguana en la ciudad de México, afloraron diferencias en la fracción del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
La diputada Esthela Damián Peralta aseveró que los legisladores de su partido (PRD) que impulsan despenalizar el consumo de mariguana no claudicarán en el debate sobre ese tema.
Señaló que de manera responsable han abierto el debate porque en el PRD y el resto de los grupos parlamentarios existen mitos al respecto, y no vamos a poder derribarlos si antes no hacemos llegar la información suficiente para que convenzamos con nuestra propuesta o se convenzan de lo otro.
Indicó que el objetivo del debate es que gane el conocimiento sobre el tema y no la ignorancia; nosotros lo que queremos es que gane la ciudad, que gane la seguridad, que gane la salud, que gane la prevención del delito. Eso es lo que queremos que gane; no que gane la ignorancia.
Por separado, el también diputado perredista Eduardo Santillán se manifestó en contra de la legalización del consumo de la mariguana. Aseveró que su partido no irá en conjunto en el debate por la despenalización.
El PRD no irá en conjunto; no hay consenso dentro del partido. El PRD lo que plantea es que se abra el debate. En el grupo parlamentario hay posturas encontradas y hay quienes ya han fijado una postura muy clara de ir por la legalización. Habrá otro grupo de diputados que no coincidimos, señaló en entrevista.
Consideró que se debe dimensionar muy claramente adónde llegar en un debate. La ALDF no tiene facultad para legislar en materia de estupefacientes; esta es una materia de índole federal; hay que recordar que es la Ley General de Salud la que estipula cuáles son las sustancias que se consideran drogas en el país y por lo tanto eso corresponde al Congreso de la Unión.
Santillán precisó que su postura es que no hay condiciones en la ciudad ni en el país para legalizar el consumo de mariguana.
Consideró que existen argumentos muy sólidos, como los que arrojó la presentación de la encuesta sobre las adicciones entre jóvenes de secundaria; resultados que no son nada halagüeños. Me parece que uno de los principales problemas que tenemos son las adicciones.
El legislador calificó de fracaso la política en contra de la redes del narcotráfico de los años recientes en nuestro país. Dijo que a escala federal, “el crecimiento no sólo del tema del consumo, sino del tráfico, en todas las modalidades, ha crecido sustancialmente. El problema de narcomenudeo en la ciudad de México es el principal problema de seguridad”, señaló

Plantea la CDH consulta pública sobre drogas

Plantea la CDH consulta pública sobre drogas
Raúl Llanos
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 35
En el contexto del debate sobre la despenalización del consumo de mariguana, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González Placencia, consideró que no deberá sujetarse a plebiscito o referendo un tema de ese tipo, pero tampoco deben tomarse decisiones legislativas con base en los resultados de una encuesta.
El ombudsman fue entrevistado luego de participar en un foro en la Asamblea Legislativa. Mencionó que sería interesante que hubiera una consulta pública sobre la conveniencia de legalizar las drogas, porque eso permitiría saber qué piensa la ciudadanía.
Remarcó que el debate que empezaron los diputados locales debe ser lo suficientemente amplio para escuchar todas las voces, fundamentalmente a los consumidores, que son los que tendrán mucho que decir.
El presidente del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones, Rafael Camacho Solís, dijo que no es el momento más oportuno para legalizar las drogas, ya que si son las drogas legales las que más se consumen, es fácil deducir qué pasaría en ese otro escenario

Trifulca en el Metro entre vagoneros y policías

Trifulca en el Metro entre vagoneros y policías
Mirna Servín
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 37
Tras intentar realizar un operativo contra vagoneros de la estación Deportivo 18 de Marzo del Metro, policías auxiliares y vendedores ambulantes protagonizaron una riña que dejó saldo de tres uniformados lesionados y 12 comerciantes detenidos.
Alrededor de las 13:19 horas ocurrió un enfrentamiento en el que participaron elementos de Fuerza de Reacción, de la policía auxiliar, y vendedores ambulantes, en la estación Deportivo 18 de Marzo, a los que momentos antes se les había pedido que se retiraran de las instalaciones de la línea 3 del Sistema de Transporte Colectivo (STC), en el andén con dirección a Universidad.
Cuando los elementos de seguridad, en el operativo contra los comerciantes informales, trataron de detener a algunos de ellos, los vagoneros arremetieron contra los uniformados a golpes y con objetos.
Los policías lesionados, que fueron trasladados en la ambulancia Ciriux número 12 de la policía auxiliar, son: Gabriel Balderas Álvarez, con una herida en la ceja izquierda; Eustaquio Juárez Castillo, con herida en la parte frontal de la cabeza, y Erick Soberanes Padilla, por golpe en la cabeza, ya que en la persecución éstos lo empujaron por la escalera fija.
Los uniformados fueron trasladados al hospital Álvaro Obregón para su atención. Ningún usuario resultó lesionado y el servicio tampoco fue interrumpido.
En tanto, los 12 detenidos fueron remitidos a la agencia 3 del Ministerio Público, en la delegación Gustavo A. Madero.
El STC informó que no se permitirá la presencia de los llamados vagoneros, por lo que continuarán los operativos de vigilancia y seguridad

Andrés Granier insiste en que es inocente y perseguido por Núñez

Andrés Granier insiste en que es inocente y perseguido por Núñez
Su familia es de solvencia económica, dice
La juez Cruz Parcero, impedida para definir situación del acusado; canalizará el caso a Tabasco
Foto
Ingreso de reporteros al Reclusorio Oriente, donde ayer rindió declaración el ex gobernador de Tabasco Andrés Granier MeloFoto Carlos Ramos Mamahua
Alfredo Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 30
Con la voz firme, Andrés Granier Melo sostuvo ayer, frente a un tumulto de periodistas y la juez federal Taissia Cruz Parcero, que es inocente. No cometí ilícito alguno. Hemos pertenecido a familias de solvencia económica y moral. No le debo nada a nadie, declaró detrás de la ventanilla enrejada del juzgado cuarto de distrito de procesos penales federales en el Reclusorio Oriente.
Granier escuchó en voz de un secretario de acuerdos la lectura de las imputaciones que le hizo la Procuraduría General de la República (PGR) por lavado de 35 millones 338 mil 315 pesos.
El funcionario del juzgado refirió que existieron diversos depósitos a las cuentas bancarias de Granier que no concordaban con sus ingresos, entre ellos 35 millones 338 mil pesos de procedencia ilícita por los cuales está sujeto a proceso penal.
En la audiencia de ayer sólo se hizo mención de ese delito, pero nada se dijo de los cargos por defraudación fiscal.
Granier pidió un juicio justo y solicitó ampliar de 72 a 144 horas el plazo constitucional para presentar pruebas de su inocencia, el cual vencerá la noche del próximo martes.
–¿Desea agregar algo más? –le preguntó la juez Cruz.
–Manifiesto que me encontraba fuera del país por tres motivos: uno, por un distanciamiento político con el actual gobernador de Tabasco, Arturo Núñez; dos, porque tengo un problema de salud que atendía en Miami, del corazón y de la próstata, y tres, porque recibí amenazas del crimen organizado durante mi gestión; una fue un mes antes de que concluyera mi administración y que iban a atentar contra mi vida –respondió.
Sin embargo, me presenté en la Seido (Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuancia Organizada) porque es mi voluntad (aclarar) todos y cada uno de los cargos que se me imputan porque creo en las leyes mexicanas y porque me queda claro que ésta es una persecución política del gobernador Arturo Núñez, añadió.
Los abogados del político priísta, encabezados por Eduardo Luengo Creel, no manifestaron inconformidad alguna, al menos de manera verbal, por el hecho de que la juez sea esposa de Renato Sales Heredia, designado el 4 de junio subprocurador de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la PGR.
Por ese lazo con el tercer funcionario en importancia en la PGR, la juez Cruz está impedida legalmente para resolver la situación jurídica de Granier (si lo sujeta a proceso penal o decreta su libertad). Lo único que le está permitido es efectuar la audiencia preparatoria, pero de inmediato deberá turnar las actuaciones al juez de Tabasco.
El artículo 444 del Código Federal de Procedimientos Penales ordena: Los magistrados y jueces deben excusarse en los asuntos en que intervengan por cualquiera de las causas de impedimento que señale la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación.
En tanto, el artículo 146 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación estipula: “Los ministros de la Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito (como en este caso), los miembros de la Judicatura Federal y los jurados están impedidos para conocer de los asuntos por algunas de las causas siguientes:
“I. Tener parentesco en línea recta sin limitación de grado, en la colateral por consanguinidad hasta el cuarto grado y en la colateral por afinidad hasta el segundo, con alguno de los interesados, sus representantes, patronos o defensores;
III. Tener interés personal en el asunto o tenerlo su cónyuge (como es el caso) o sus parientes, en los grados que expresa la fracción primera de este artículo, indica esa norma jurídica.
Granier vestía el uniforme caqui de los reclusos. En varias ocasiones pidió sentarse y en otras se levantaba y, tomado de la rejilla, escuchaba al secretario de actas.
¿Me puedo sentar? No puedo estar parado. Por favor, continúe. Me acaban de operar, fueron algunas de las frases que dijo Granier durante la diligencia, asistido por paramédicos, que en algún momento le ofrecieron una pastilla para aminorar sus malestares.
Citan para hoy al ex secretario de Salud
René Alberto López Corresponsal
Villahermosa, Tab., 26 de junio.
Las autoridades federales deben trasladar a Tabasco al ex mandatario estatal Andrés Granier Melo porque en esta entidad se lleva a cabo el proceso penal en su contra y se encuentra radicado el juez federal que autorizó su aprehensión, informó el gobernador Arturo Núñez Jiménez.
Durante una gira por el municipio de Huimanguillo, informó que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) mantiene el arraigo contra el priísta porque no han pasado los 30 días de que fue dictada la orden, el 14 de junio.
El mandatario perredista advirtió que todos los que pudieran estar involucrados en el desfalco al erario serán llamados por las autoridades. Explicó que una vez que Granier sea enviado a Tabasco se terminará de integrar la averiguación previa DGI-67/2013 y girar una orden de aprehensión local.
Mencionó que no sólo espera que se castigue a los responsables del saqueo al presupuesto (calculado en más de mil 900 millones de pesos), sino recuperar parte de los recursos. Núñez Jiménez dijo que se necesita un escarmiento ejemplar y descartó que el proceso contra su antecesor sea una revancha política o ajuste de cuentas.
La PGJE informó la tarde de este miércoles que notificó al ex secretario de Salud, Luis Felipe Graham Zapata, para que se presente ante la agencia del Ministerio Público investigador adscrita a la Dirección General de Investigaciones este jueves a las 10 horas para que declare como testigo y/o como persona relacionada con los hechos que se investigan en la averiguación DGI-067/2013. También se notificó al ex director administrativo de la dependencia, Adalberto Vázquez Gómez, para que comparezca a las 12:30 horas.
El 14 de junio Graham no se presentó al primer citatorio para declarar ante la fiscal Luz del Alba Pardo Cruz. El ex aspirante a la candidatura del PRI al gobierno del estado y abanderado a la alcaldía de Villahermosa en julio pasado, estuvo al frente de la Secretaría de Salud desde el inicio del gobierno de Granier, del primero de enero de 2007, hasta el 5 de diciembre de 2011, cuando renunció para buscar la postulación. Lo sustituyó el entonces diputado local Carlos Manuel de la Cruz, quien compareció el 14 de junio como testigo.
En diciembre de 2012 estalló la crisis en el sistema hospitalario de la entidad por falta de medicamentos, materiales de curación y oxígeno. Pacientes del Hospital del Niño, en la capital del estado, tuvieron que ser trasladados a otros nosocomios

Pide PGJE de Aguascalientes orden de reaprehensión contra Reynoso Femat

Pide PGJE de Aguascalientes orden de reaprehensión contra Reynoso Femat
Claudio Bañuelos
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 32
Aguascalientes, Ags., 26 de junio.
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) solicitó a Laura Elena Delgado, juez segunda de lo penal, que gire orden de reaprehensión contra el ex gobernador Luis Armando Reynoso Femat, acusado de peculado y uso indebido del ejercicio público.
El procurador Felipe Muñoz Vázquez dijo que el ex mandatario no acudió el lunes pasado a depositar la fianza de 11 millones de pesos que le habría permitido mantener el amparo contra el auto de formal prisión que la misma juez dictó hace tres semanas.
El mismo lunes el fiscal solicitó a Guillermo Baltazar, juez tercero de distrito, revocar el amparo del que goza el ex mandatario y confió en que aceptará la petición.
Muñoz Vázquez recordó que al político panista se le persigue por simular la compra de un tomógrafo valuado en 13.8 millones de pesos. Agregó que otras ocho averiguaciones contra Reynoso Femat están listas para ser consignadas. Estos expedientes se refieren a irregularidades en la PGJE, el Instituto de Vivienda y las secretarías de Obras Públicas y de Desarrollo Económico.
Sobre la versión de que Reynoso Femat está fuera del estado comentó:No se espanten. El mundo es muy chiquito, y a donde quiera que vaya lo podemos alcanzar.
Reiteró que sigue la investigación por lavado de dinero contra el ex mandatario estatal y su hijo, Luis Reynoso López, y que incluso se investiga sí éste tiene propiedades en otros países y no sólo en Estados Unidos, como se dio a conocer recientemente. Extraoficialmente se informó que tiene dos departamentos en el emirato árabe de Dubai

Pareja de mujeres logra registrar a su hija

Pareja de mujeres logra registrar a su hija
L. Ramos y L. Ovalle
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 33
Saltillo, Coah., Una pareja de mujeres que contrajo matrimonio en el Distrito Federal recibió del gobierno de Coahuila el acta de nacimiento de su hija, Natalia Cobas Badillo, quien nació hace seis meses en el municipio de Frontera, en el centro del estado. La menor fue concebida mediante inseminación artificial y es hija de Cristal Jazmín Cobas Barrón y Alejandra Badillo Valdés, quienes dijeron que su siguiente meta es conseguir que la Iglesia católica, a la que ambas pertenecen, les permita bautizar a la menor

Sigue aumentando en México la tortura, advierten ONG y Amnistía Internacional

Sigue aumentando en México la tortura, advierten ONG y Amnistía Internacional
Las autoridades no llevan a cabo acciones verdaderas para erradicar este delito de lesa humanidad
Las recomendaciones emitidas distan de ser implementadas, sostienen
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 6
A pesar de que el Estado mexicano ha firmado diversos convenios internacionales contra la práctica de la tortura, este crimen de lesa humanidad sigue aumentando en el país sin que las autoridades lleven a cabo acciones verdaderas para eliminarlo, señaló la Red de Organismos Civiles Todos los Derechos para Todas y Todos.
En el contexto del Día Internacional de Apoyo a Víctimas de la Tortura, que se conmemoró ayer, los más de 70 colectivos que integran la red en todo el país enviaron un mensaje de solidaridad a las personas afectadas por ese delito y le exigieron a las autoridades nacionales que lo erradiquen por completo.
‘‘Si bien el Estado mexicano ha suscrito los principales tratados internacionales en materia de tortura y se ha sujetado a las evaluaciones periódicas de mecanismos de derechos humanos, las recomendaciones emitidas por dichos mecanismos distan de ser implementadas en el país’’, lamentaron.
De igual manera, aunque las reformas constitucionales promulgadas en México en años recientes han significado una oportunidad para erradicar la tortura, el país ‘‘dista de contar con un marco normativo armónico a los estándares internacionales en materia de tortura en todos los estados’’. Además, hay ‘‘figuras y vacíos’’ en la legislación en la materia, como el arraigo, que permite un espacio de escasa vigilancia y alta vulnerabilidad para las personas detenidas por alguna autoridad, lo cual suele derivar en actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Por todo lo anterior, advirtió la red, ‘‘se atestigua un aumento en la práctica de la tortura en nuestro país, así como de la impunidad que continúa alrededor de los casos que han sido denunciados ante las autoridades correspondientes’’.
De su lado, Amnistía Internacional (AI) dio a conocer que logró recabar más de 42 mil firmas de personas de 120 países que llaman al presidente Enrique Peña Nieto a combatir la tortura y garantizar los derechos de las víctimas, haciendo énfasis especial en el caso de Miriam López, quien fue torturada por elementos del Ejército Mexicano en Baja California, en 2011.
El organismo internacional agregó que un caso paradigmático de cómo este delito de lesa humanidad es utilizado con frecuencia por los agentes de seguridad del Estado para incriminar a inocentes es el de Israel Arzate Meléndez, quien luego de ser torturado y amenazado fue acusado de participar en la masacre de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, Chihuahua.
Sobre el mismo tema, el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, José Rosario Marroquín, dijo que aunque un estudio del Protocolo de Estambul –método internacional para comprobar que una persona fue víctima de tortura– fue realizado a Arzate por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con resultado positivo, el joven aún permanece detenido bajo arraigo, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá resolver el asunto en los próximos meses

Decreta juez auto de libertad para un activista indígena

Decreta juez auto de libertad para un activista indígena
Miguel Vázquez fue obligado a autoinculparse de varios delitos
Hermann Bellinghausen
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 7
Este miércoles salió libre en Ocosingo, Chiapas, Miguel Vázquez Deara, preso político adherente a la Sexta declaración de la selva Lacandona del ejido San Sebastián Bachajón. Al vencer el plazo para determinar su situación jurídica, el juez mixto de primera instancia del distrito judicial con residencia en Ocosingo decretó el auto de libertad en su favor.
Al igual que otros dos compañeros suyos, aún presos en Playas de Catazajá y El Amate, Vázquez Deara ha sido perseguido judicialmente por las autoridades, sostuvo el martes el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), mediante actos cuyo propósito es minar las acciones por la defensa del territorio que el ejido emprende desde hace varios años.
Vázquez Deara fue detenido en septiembre de 2011 con base en una denuncia fabricada por oficialistas que tienen intereses en la cascada de Agua Azul, y obligado bajo tortura a firmar una declaración autoinculpatoria.
El 22 de noviembre de 2012 se había dictado sentencia definitiva por los presuntos delitos de robo con violencia y asociación delictuosa, y fue condenado a siete años y nueve meses de prisión. La sentencia fue apelada, y luego de un inexplicable retraso de cinco meses del juzgado para enviar el expediente de Ocosingo a San Cristóbal de las Casas –cuya distancia se recorre en hora y media–, los magistrados de la sala mixta del Supremo Tribunal de Justicia en San Cristóbal ordenaron la reposición del procedimiento hasta la declaración preparatoria, considerando que existieron violaciones a sus derechos de defensa adecuada, y ayer en la mañana el juez decidió liberarlo.
El Frayba ejemplifica el caso como uno de los que reflejan que en Chiapas se niega el acceso a la impartición de justicia, pronta, expedita e imparcial, además de la falta de defensa adecuada para personas indígenas, y de la aplicación de la ley acorde con el principio de presunción de inocencia. En este caso se criminaliza a quienes se organizan en defensa de los derechos a la tierra, la libre determinación y la autonomía.
El 26 de septiembre de 2011, Vázquez Deara, entonces policía comunitario, fue detenido por agentes adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Selva y Policía Estatal Preventiva, mientras se encontraba trabajando en la ciudad de Palenque. Él mismo ha señalado que Juan Álvaro Moreno, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), acompañaba a los policías. Este individuo pertenece al grupo oficialista del cual los ejidatarios de la Sexta han recibido amenazas y hostigamientos, debido a su lucha en defensa de su tierra y territorio.
Vázquez Deara no fue asistido durante su declaración ministerial por defensor ni traductor que conocieran su lengua y cultura, algo contrario a lo dispuesto en el artículo segundo constitucional.
Él mismo refiere: “Recuerdo que subí unas escaleras donde me estuvieron preguntando quiénes son mis compañeros los asaltantes; era como un patio, yo contestaba en tzeltal, decía que no sabía hablar castilla. La policía me decía: ‘habla hijo de la verga, que te vamos a preparar una calentada’.
Me esposaron mis manos, mis pies, y taparon con pañuelo mi boca y mis ojos con un trapo color negro, me desnudaron completamente. Después me metieron una bolsa en la cabeza, me golpearon en el estómago con culatazos y también en el pecho. Me golpeaban la nuca y cuello con el puño cerrado, me dieron un arma y me tomaron fotos. Luego llegó un policía, que preguntó dónde estaba la persona balaceada en el banco de grava, y me acusaron de robo de una camioneta y muchos delitos.
Acto seguido, fue obligado a firmar una declaración ministerial que, según el Frayba, se convertiría en la prueba principal que lo autoinculpa y sirve de base para fabricarle otros delitos que nunca cometió

Exigen ONG acelerar revisión del caso Patisthán

Exigen ONG acelerar revisión del caso Patisthán
Foto
Integrantes de grupos civiles se manifestaron frente al Consejo de la Judicatura Federal para exigir la revisión de la sentencia de 60 años de prisión dictada contra el indígena Alberto Patisthán GómezFoto Cristina Rodríguez
Matilde Pérez U.
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 7
Lucharé para que las comunidades indígenas de Chiapas sean autónomas y puedan elegir a sus propias autoridades; como joven, no me gusta ver la entidad militarizada, afirmó Héctor Patishtán, hijo del indígena tzotzil Alberto Patishtán Gómez, sentenciado a 60 años de prisión por ser autor intelectual de una emboscada contra seis policías, según las autoridades estatales, ocurrida en junio de 2000 en el municipio El Bosque, en los Altos de Chiapas.
Frente al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Héctor, de 16 años, y representantes de más de 20 organizaciones sociales –Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, Colectivo El Amate, Servicios y Asesoría para la Paz, #YoSoy132, Sociedad Civil Las Abejas y Centro de Investigación Laboral, entre otros– exigieron la designación del magistrado encargado de analizar la sentencia. Se trata del último recurso legal, por eso demandamos que se haga justicia, pues el profesor es inocente, explicó el abogado Sandino Rivero.
De mi padre he aprendido el amor hacia los demás, tanto que arriesgó su vida en la huelga de hambre en el penal chiapaneco (en 2008). Ahora ministros religiosos, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, indígenas y legisladores han solicitado la libertad de mi padre, pero el tribunal colegiado en Chiapas, donde está radicado el expediente, no avanza en la designación del magistrado, agregó Héctor.
Afirmó que su padre sigue preso porque hay políticos y autoridades que lo consideran un hombre peligroso, pues saben que al salir de la cárcel continuará luchando al lado de los pobres. Respecto de Manuel Gómez Ruiz, el ex presidente municipal que acusó a Alberto Patishtán de ser autor intelectual de la emboscada contra los policías, dijo: es mi vecino; está enfrente de mi casa y hay quienes quieren que salga del pueblo, pero no queremos venganza sino justicia.
Durante más de tres horas los activistas exigieron la libertad del indígena tzotzil. Sandino Rivero informó que el CJF se comprometió a vigilar que el primer tribunal colegiado en Chiapas aborde el caso de Patishtán a fondo, que actúe con imparcialidad y sea objetivo. Es posible, abundó, que hasta agosto se analice el asunto ante la cercanía del periodo vacacional

Insiste el PAN en criminalizar la protesta social, advierten

Insiste el PAN en criminalizar la protesta social, advierten
Pretende vincular delitos de lesiones y daños a las manifestaciones
Roberto Garduño y Enrique Méndez
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 9
Los grupos parlamentarios de PRD, PT y Movimiento Ciudadano (MC) en la Cámara de Diputados afirmaron que el PAN presiona para aprobar en la Comisión de Justicia la reforma quecriminaliza la protesta social, incluirla en el periodo extraordinario de julio y contar con un instrumento para reprimir las movilizaciones en general, principalmente las que se anticipan contra la reforma energética.
En conferencia de prensa, la diputada Loretta Ortiz Ahlf (PT), secretaria de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que aun cuando ya existen los tipos penales de lesiones y daños en propiedad ajena y a terceros, el PAN quiere vincularlos a las movilizaciones sociales y agravar las sanciones para quien participe en protestas con algún embozo que impida su identificación.
En tanto, la diputada Lilia Aguilar (PT), secretaria de la Comisión de Justicia, dijo que aun cuando se pretendía votar el dictamen este jueves, debido a las críticas por el alcance de la reforma el presidente de esa instancia legislativa, Ricardo Fidel Pacheco (PRI), decidió abrir un periodo de consulta.
Ofreció volver a analizar el proyecto de dictamen, que avala la iniciativa de Francisco Sotomayor (PAN), un personaje pro nazi, que sería precedente para aprobar la iniciativa de Enrique Peña Nieto, que quiere tipificar el daño a las personas o las cosas como terrorismo, explicó.
Ortiz Ahlf refirió que aun cuando la Comisión de Derechos Humanos aprobó la semana pasada una opinión contra la iniciativa que busca adicionar un párrafo al artículo 141 bis del Código Penal Federal, la Comisión de Justicia circuló un proyecto de dictamen favorable.
Ni siquiera se toma en cuenta la opinión de la Comisión Nacional de los de Derechos Humanos y se respalda la intención del PAN para reprimir las manifestaciones e inhibirlas de manera mañosa, y eso no es aceptable, expuso.
Destacó que si las lesiones y daños causados por participantes en movilizaciones ya están tipificados y son inaceptables, no hay argumento para asociarlos al derecho a ejercer las libertades de opinión, expresión, reunión y manifestación pública o protesta, reconocidos en la Constitución.
Presentó un pronunciamiento de diputados de las tres bancadas en el cual se indica que la iniciativa del PAN tiene como antecedente la represión que ejercieron la Policía Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal el primero de diciembre, durante la toma de protesta de Enrique Peña Nieto como presidente.
En aquellas manifestaciones se detuvo arbitrariamente y con extrema violencia a un sinnúmero de personas, como demostró la recomendación 7/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, bajo la acusación de ataques a la paz pública, señala el documento.
Ese día, agrega, policías federales y capitalinos detuvieron a ciudadanos que se expresaban libremente, como los estudiantes del Colegio de Literatura Dramática y Teatro de la Universidad Nacional Autónoma de México, y a transeúntes que circulaban por las zonas de las protestas

Plantea a ONG trabajar para resaltar las violaciones

Plantea a ONG trabajar para resaltar las violaciones
Elizabeth Velasco C.
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 9
Los grupos civiles deben influir en los organismos internacionales de derechos humanos para hacer visible la falta de justicia y exigir la reparación de daños producidos a mujeres víctimas de violencia física y sexual, planteó Alejandra Nuño Ruiz-Velasco, directora ejecutiva de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos.
Indicó que casos como el de Valentina Rosendo Cantú –llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a que la indígena mephá de17 años fue violada y torturada por militares del 41 batallón de infantería que operaba en Cruz Grande, Guerrero–, muestran que sólo mediante litigios estratégicos es posible hacer notoio ante el Estado que personas y colectivos sufren violaciones graves a sus garantías.
Señaló que los casos llevados a la CIDH han dado como resultado recomendaciones para reparar los daños de las víctimas, que incluyen reformas legislativas, protocolos de investigación, publicación de sentencia, actos públicos de reconocimiento de responsabilidad y pedido de disculpas, entre otros..
En el Encuentro Internacional por la Igualdad y la No Discriminación, organizado por el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, Nuño Ruiz-Velasco refirió que es necesario involucrar a las víctimas que hayan sufrido cualquier acto de discriminación o violación a sus derechos en la estrategia del litigio, a quienes se tiene que empoderar.
Gonzalo Hernández Licona, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, lamentó que siga existiendo discriminación, lo cual se debe no sólo a la falta de oportunidades para grupos vulnerables, sino al respeto de usos y costumbres en comunidades que no permiten acabar con los círculos discriminatorios

La redistritación provoca disputa entre partidos y el instituto electoral

La redistritación provoca disputa entre partidos y el instituto electoral
Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 11
El proceso de redistritación que el Instituto Federal Electoral (IFE) pretende aprobar en octubre ha generado objeciones entre los partidos en su conjunto que cuestionan los plazos para concluirlo y por algunos aspectos técnicos relacionados con la fórmula para integrar la geografía de los 300 nuevos distritos electorales.
Obligado por disposición legal a revisar los distritos electorales cada tres comicios federales, el IFE considera pertinente concluirlo en octubre, tanto por motivos de orden presupuestal –impactar los costos para el ejercicio 2014–, como por la necesidad de aprobarlo antes de que salgan los cuatro consejeros que concluyen su gestión en ese mes, según lo dio a conocer María Marván, quien preside la comisión del Registro Federal de Electores.
Marván explicó que el IFE considera necesario que la actual integración de ese cuerpo apruebe la redistritación por dos razones centrales: la experiencia reciente obliga a considerar la posibilidad de que en noviembre próximo pudiera no estar conformado plenamente el Consejo General, ante la salida, por término de gestión de cuatro consejeros electorales.
En segunda instancia estimó que no sería institucionalmente procedente que los nuevos integrantes del IFE que se incorporen prácticamente al momento de asumir el encargo tengan que votar sobre un tema que es técnicamente muy complejo.
De igual forma dijo que la reconformación de los distritos y los cambios que implicarán en algunos de ellos de entidad, derivado de las modificaciones demográficas que ha registrado el país en los pasado 10 años, tiene un impacto presupuestal. Asumió que algunas juntas distritales tendrán que cambiar de entidad y en algunos casos, implicará también mover los centros de monitoreo de promocionales en radio y televisión, lo cual repercutirá en el presupuesto 2014.
En cualquier caso, señaló que se tienen proyectadas tres revisiones de las propuestas que deriven de la aplicación del modelo técnico que se desarrollará –planteamiento del comité de expertos– y se tiene considerado que los partidos tengan tiempo suficiente para su revisión y plantear sus observaciones.
Sin embargo, de entrada, los partidos aprobaron ya en la Comisión Nacional de Vigilancia, modificaciones en el calendario de cada etapa, porque existe inconformidad en torno a los plazos determinados por el IFE. En reunión de la Comisión Nacional de Vigilancia, con el voto en contra del responsable del Registro Federal de Electores, René Miranda, se avaló este replanteamiento.
Al explicar las razones por las cuales todos los partidos promovieron los cambios, el representante del PRD ante la Comisión Nacional de Vigilancia, Eduardo Ramírez, señaló que existe coincidencia en la necesidad de que se amplíen los plazos y que, en su caso, la conclusión del periodo de gestión del consejero presidente, Leonardo Valdés, no debe ser un factor que acelere un proceso que es muy complejo.
Mencionó que de entrada, algunos partidos tienen dudas sobre el modelo técnico que se aplicará para procesar la redistritación, por lo cual requieren más tiempo para conocerlo, al igual para tratar el análisis de los tres escenarios que, en sucesivas etapas les presentará el IFE

Descarta Morena unirse a partidos en la lucha por no privatizar la paraestatal

Descarta Morena unirse a partidos en la lucha por no privatizar la paraestatal
René Ramón
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 12
Nezahualcóyotl, Méx., 26 de junio.
El Movimiento Regeneración Nacional (Morena) no se sumará a otros actores políticos de izquierda en la lucha contra la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex) informó su dirigente nacional Martí Batres Guadarrama.
Morena tiene su propia ruta en la lucha contra la propuesta de reforma energética que recientemente anunció a la prensa extranjera el presidente Enrique Peña Nieto durante su visita a Londres, dijo el ex asambleísta, quien llevó a cabo una campaña informativa en el primer cuadro de esta localidad.
El martes la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y otros actores de izquierda, como Cuauhtémoc Cárdenas, Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera, anunciaron su rechazo a la propuesta del mandatario. Interrogado acerca de sí la dirigencia nacional de Morena buscaría unir esfuerzos con el PRD, Batres Guadarrama respondió que ese movimiento tiene su propia ruta y va a convocar al pueblo de México.
Morena, agregó, no presentará una propuesta de reforma legislativa en el Congreso, donde los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional tienen mayoría, y cualquier negociación legislativa la van a llevar al plano de la privatización.
Consideramos que no hacen falta reformas para construir refinerías, combatir la corrupción y bajar el precio a la gasolina, entonces es un problema de voluntad, destacó.
–Si no hay posibilidad de debate en el Congreso, ¿la lucha se centrará con la ciudadanía?
–En la ciudadanía y la opinión pública, porque es una fuerza ciudadana muy importante. El país no quiere privatización del petróleo –respondió.
La mayoría del pueblo mexicano no quiere que haya privatización de Pemex y el gobierno federal lo que quiere es privatizar, aunque utilice otros términos como abrir, complementar, asociar, apertura, modernizar: es lo mismo, es meter al capital privado.
Martí Batres repartió la prensa de Morena a los transeúntes del primer cuadro de esta ciudad, así como a pasajeros de las unidades del transporte público que circulan por la avenida Chimalhuacán.
Respecto de la situación del ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, Martí Batres dijo que desconfía del gobierno federal y por ello hizo un llamado a la Procuraduría General de la República a no protegerlo. Es muy importante que se entregue Granier a las autoridades de Tabasco, para que allá se haga el juicio y el proceso por la presunta malversación de los recursos públicos, dijo

Tras décadas de lucha persisten el maltrato y explotación contra el gremio de las costureras

Tras décadas de lucha persisten el maltrato y explotación contra el gremio de las costureras
Las afectadas mantienen un plantón en las instalaciones de la maquiladora para evitar saqueos
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 13
Laboré 16 años maquilando camisas Paco Rabane y Nina Ricci, ganando poco más del mínimo, 8 o 10 horas cada día, según se necesitara, con un sólo día de descanso, sin Seguro Social, ni Infonavit. Hace unas semanas el dueño de la empresa Maquilas Cartagena, Ernesto Kuri Segur, nos despidió a todas las trabajadoras de manera ilegal, sin liquidación y sin que mediara aviso. Al otro día llegó y empezó a sacar la maquinaria.
Es la voz de una de las 90 costureras despedidas por este empresario, la cual pide anonimato porque teme consecuencias de su denuncia, desde represión o que la boletinen para que no le den trabajo en ninguna parte.
A casi 30 años de que el sismo de 1985 desnudó la situación laboral de las costureras en el Distrito Federal, las condiciones de estas trabajadoras no han cambiado. Padecen maltrato, violaciones a sus derechos laborales y humanos, cero prestaciones, pago de salarios míseros, pago por destajo que prácticamente está extinguido en el país, y no tienen seguridad social, señaló ayer Alejandra Martínez Hernández, secretaria general del Sindicato Nacional de la Industria de la Costura, de la Confección 19 de septiembre.
En el sector de las maquiladoras de ropa y productos textiles, dijo, subsisten prácticas laborales de explotación, ya que la mayor parte de estas empresas mantienen contratos colectivos de protección y se arreglan entregando mensualidades a seudolíderes de sindicatos blancos, que les permiten todo, desde no tener asegurados a los trabajadores, hasta despedirlos sin liquidación.
Según información del Frente Auténtico del Trabajo (FAT) la referida empresa constantemente ha cambiado de razón social para eludir al fisco y al IMSS, a pesar de que tiene grandes contratos con Consorcio Rimu, que comercializa las camisas Paco Rabane y con Representación de Camisas, que vende la línea Nina Ricci.
Así, Maquilas Cartagena, ubicada en Calzada de la Viga 1425, colonia Retoño, en Iztapalapa, primero se llamó Maquilas Madrid, después Maquilas Ebro, posteriormente Maquilas Bari. Hay trabajadoras que tienen 30 años a su servicio, y padecen las mismas condiciones laborales que indignaron hace tres décadas, cuando se descubrió su situación luego del sismo de 1985, apuntó Alejandra Martínez.
Indicó que la acción de Ernesto Kuri es otro golpe contra las costureras, que refresca la memoria de lo que pasaba hace tres décadas, e hizo ver que el despido masivo se perpetró el 21 de junio pasado, pero antes, no tenía registrada a ninguna trabajadora en el IMSS; cuando la mayoría de ellas tiene problemas de salud graves. Además,simplemente les dijo que estaban despedidas, que iba a cerrar la fuente de trabajo y empezó a llevarse la maquinaria y mobiliario a otro lugar, sin otorgar la liquidación de ley.
Ante esta situación, las y los trabajadores se han instalado en plantón permanente frente a la maquiladora para evitar sigan saqueándola. Solicitan que las máquinas y mobiliario sean devueltas, pues representan su crédito laboral por tantos años de trabajo; presentarán una demandada por el despido injustificado con el apoyo del Sindicato 19 de Septiembre y piden a los ciudadanos que se manden emails a las empresas que dan contratos a este empresario, para que le exijan que cumpla con sus obligaciones.
Piden a las autoridades laborales que actúen para salvaguardar sus derechos laborales y humanos violentados por Ernesto Kuri

Protesta del SME cumple 30 días frente a Gobernación

Protesta del SME cumple 30 días frente a Gobernación
Patricia Muñoz Ríos
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 13
El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) cumple este jueves 30 días en el plantón permanente que tiene instalado a las afueras de la Secretaría de Gobernación y la dirigencia del gremio sostiene que no se van a mover de ahíhasta que se tenga una solución definitiva al conflicto por parte del gobierno federal.
Esta organización ha sostenido que su plantón no tiene como propósito desquiciar a nadie. Refutó los señalamientos que han hecho algunos grupos para que sean retirados por la fuerza para liberar la vialidad de la calle Bucareli y respecto de las afectaciones que provoca en comercios, así como el cierre de calles aledañas a Gobernación, justificó que es una acción de los trabajadores en resistencia que ha permitido destrabar la negociación con el gobierno federal.
Según indicó el SME, el gobierno tenía la esperanza de que en el proceso electoral que se lleva a cabo para elegir a la mitad de su comité ejecutivo nacional –incluida al secretario general del gremio, Martín Esparza–, estuviera diluido el voto o no hubiera una buena participación de los trabajadores, para que el sindicato se debilitara en esta mesa de negociación.
Sin embargo, no ha sucedido tal cosa, en las elecciones que se llevan a cabo ha habido una alta participación de los trabajadores, por lo que tendrán que llevar a cabo una salida política negociada al conflicto, expuso el sindicato.
Cabe referir que este jueves es el también el último día de votaciones en el SME, en las que por esta ocasión sólo hubo una planilla que tendrán que ser electa por la mayoría de los trabajadores. Los resultados del proceso se darán a conocer el próximo 3 de julio y el posteriormente habrá una asamblea en la que se tomará la protesta al comité electo y de nueva cuenta la organización pedirá la toma de nota para su dirigencia ante la Secretaría del Trabajo.
Este sindicato indicó que está pendiente de definir los criterios para la obtención de la jubilación de cerca de 3 mil trabajadores; así como la propuesta de reinserción laboral para los trabajadores en resistencia y la liberación del preso político, Jorge Eulises Uribe

Pago de tenencia, innecesario para verificar vehículos, decide la SCJN

Pago de tenencia, innecesario para verificar vehículos, decide la SCJN
Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 16
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) abrió la puerta para que las autoridades del estado de México (y del Distrito Federal) permitan la verificación ambiental obligatoria de vehículos sin necesidad de acreditar el pago de la tenencia vehicular y el refrendo correspondiente.
De acuerdo con fuentes judiciales, de presentarse más amparos en contra del programa de verificación vehicular que se aplica en el estado de México y el Distrito Federal, que impide su revisión a los ciudadanos que no acrediten el pago de los derechos vehiculares de sus automotores, el máximo tribunal estaría en condiciones de establecer jurisprudencia que declare la inconstitucionalidad e invalidez de esa norma.
Después de que un juzgado de distrito estableció que el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio en el Estado de México (similar al de la capital el país) es inconstitucional y amparó a un ciudadano mexiquense para que su auto fuera verificado sin tener que acreditar el pago de derechos, el quejoso acudió ante la Suprema Corte, debido a que ninguno de los centros de verificación aceptó hacer la revisión con el argumento de que el sistema no permitía revisar los autos que tenían adeudos por concepto de tenencia.
En razón de lo anterior, Juan Olguín Sánchez presentó un recurso de inconformidad ante la Corte, el cual fue resuelto ayer por la segunda sala.
Los ministros determinaron de entrada que no hay razón para no permitir la verificación de un auto cuya tenencia no ha sido pagada, ya que una cosa es la cuestión tributaria y otra es la verificación ambiental.
Por ello, la segunda sala ordenó a un tribunal colegiado que emita un oficio para que las autoridades ambientales mexiquenses permitan verificar el vehículo del quejoso, descrito en la demanda, con placas de circulación de esa entidad, correspondiente al primer semestre de 2013, sin necesidad de que acredite el pago de tenencia vehicular y refrendo”.
Incluso, los ministros señalaron en su resolución que, en caso de que ningún verificentro acepte el oficio elaborado por el tribunal colegiado que ordene la revisión del vehículo, las autoridades mexiquenses están obligadas a enviar a un funcionario al centro de verificación para garantizar que el auto pase la revisión, sin la necesidad de demostrar el pago de la tenencia y los derechos

Ratifica gobernador de Guerrero en la CIDH respeto a los derechos humanos

Ratifica gobernador de Guerrero en la CIDH respeto a los derechos humanos
Foto
Al continuar su visita de trabajo a Estados Unidos, el gobernador Ángel Aguirre Rivero se reunió con Mario López Garelli, responsable de la coordinación de las actividades de la Relatoría de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus Familias, a quien ratificó su compromiso con el respeto a los derechos humanos, así como con el fomento de las medidas necesarias para fortalecer la cultura en la materia
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 17
Washington, 26 de junio.
En visita de cortesía a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, ratificó su compromiso con el respeto a los derechos humanos, así como con el fomento de las medidas necesarias para fortalecer la cultura en la materia.
El jefe del Ejecutivo estuvo, además, en el Departamento de Estado, y por separado, con Jay Dimoff, presidente de Student City, considerada la empresa más importante de spring-breakers,donde explicó el esquema de seguridad en Acapulco, por lo que los turistas ya pueden regresar, y por ello se espera que los primeros representantes de ese sector turístico lleguen al puerto en diciembre, donde contarán con todo el apoyo de los hoteleros y los prestadores de servicios.
Al continuar su visita a esta ciudad, el gobernador entregó en la CIDH, de la Organización de Estados Americanos (OEA), documentos en los que se informa sobre el programa en materia de protección a los derechos humanos, a fin de que se conozcan los avances y se hagan las observaciones y sugerencias que se considere

Piden indígenas cancelar concesiones mineras

Piden indígenas cancelar concesiones mineras
Angélica Enciso
 
Periódico La Jornada
Jueves 27 de junio de 2013, p. 17
El Consejo Regional Wixárika en Defensa de Wirikuta promovió un amparo en demanda del respeto al derecho de petición contenido en el artículo 8 de la Constitución, al debido proceso y al principio de legalidad por parte de la Secretaría de Economía, la cual otorgó siete concesiones mineras al proyecto Universo de la minera canadiense Revolution Resources, en territorio sagrado de este grupo indígena. En un comunicado detalló que el primero de marzo interpuso ante la Secretaría de Economía un recurso en que solicita la cancelación de las concesiones mineras, en las que de manera ilegal se han realizado trabajos de exploración sin contar con los permisos que se requieren en materia ambiental